Actualidad y noticias

14
Jul
2018

La Junta de Castilla-La Mancha excluye a los Forestales para gestionar todo lo relacionado con el medio natural


Nota de Prensa del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales colegio forestales

 

 

 

La Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha ha convocado para los días 17 y 18 de julio la Mesa Sectorial de Personal Funcionario y la Comisión Negociadora del VIII Convenio Colectivo del Personal Laboral, respectivamente, para que sea estudiada la propuesta de oferta de empleo público de 2018.
Dicha oferta no incluye ninguna plaza de Ingeniero Forestal, una profesión ligada íntimamente a nuestro medio natural y especialmente en Castilla-La Mancha donde casi la mitad del territorio es forestal (más de 3 millones y medio de hectáreas).
Todos somos conscientes del enorme papel que juegan los bosques para garantizar la conservación de la biodiversidad, en la producción de bienes y servicios ambientales y en la generación de empleo verde. Por lo que la Administración pública no puede desligarse de su responsabilidad de exigir que al frente de esta materia estén los mejores profesionales y eso pasa porque estos tengan una buena formación básica.
La propuesta de empleo refleja el claro abandono del medio ambiente y natural por parte de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, que en los últimos 8 años, sólo saco plazas de esta escala el pasado año 2017 (6 plazas). En ese periodo, más de una treintena de estos titulados han abandonado la Administración por ceses y jubilaciones, principalmente, realizándose además la amortización de las plazas vacantes.
La Dirección General de Política Forestal y Espacios Protegidos se encuentra en una precaria situación de personal cualificado, igual que todos sus Servicios Provinciales, donde apenas existen técnicos con competencias en gestión forestal. Los puestos son ocupados ahora por otros titulados sin competencias en esta materia, como los ingenieros técnicos agrícolas, por ejemplo, para los que en esta propuesta se han ofertado sorprendentemente 28 plazas.
La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural demuestra con esta decisión un claro corporativismo, sin importar quién y cómo se gestiona el medio ambiente en Castilla-La Mancha, como ya hizo recientemente al modificar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario de la citada Consejería y crear cinco plazas de Director del Centro de Operaciones Provincial (uno por provincia) y una de Director del Centro de Operaciones Regional y una Jefatura de Sección y abrir la posibilidad a que Ingenieros Técnicos Agrícolas e Ingenieros Agrónomos ocupen unas plazas muy sensibles para las que no están formados.
Basta echar un vistazo atrás para descubrir que desde 2005 la Junta de Comunidades apenas ha convocado plazas para los técnicos forestales y sí para los técnicos agrícolas. Tal es la diferencia, que para igualar la proporción de plazas ofertadas desde entonces para ambos tipos de técnicos según la clase de terrenos que gestionan en la Región, haría falta convocar en 2018, más de 50 ingenieros de montes y más de 160 ingenieros técnicos forestales.
Y la situación seguirá agravándose, dado que las vacantes que se seguirán produciendo serán cubiertas con toda probabilidad, con personal procedente de la nueva oferta de empleo de 2018, ingenieros técnicos agrícolas, técnicos sin competencias en la gestión del medio natural. Sin lugar a dudas, las Administraciones públicas deben contar entre sus filas con los profesionales más idóneos y conocedores de las vicisitudes que implica cada una de las plazas; los profesionales que se prepararon y se siguen preparando día a día para ello; y que, en definitiva, es su trabajo habitual.
El abandono en el que se encuentra la actual Consejería provoca también el olvido de las más de 3,5 millones de hectáreas de montes existentes en Castilla-La Mancha como evidente fuente de empleo. Los servicios generados por los montes como la caza o el turismo rural deben ser potenciados, así como las posibilidades que ofrece, por ejemplo, la biomasa forestal porque es bueno para todos, pero sobre todo es bueno para nuestro medio rural.
Los 480 millones de euros que los montes de Castilla- La Mancha van a recibir hasta el año 2020 en el presente programa de desarrollo rural con cargo a los fondos FEADER son suficiente razón como para replantear el impulso del sector forestal en esta Comunidad. Y tenemos que estar preparados para el siguiente periodo. La contratación de empleados públicos capacitados para desarrollar tareas de planificación forestal es clave para poder ejecutar el presupuesto asignado y poder convertir a los montes en una fuente de empleo entre los vecinos más ligados al monte. Sin personal técnico forestal se volverán a cometer los errores de anteriores años, que han supuesto la pérdida de decenas de millones de euros de presupuesto público para invertir en zonas rurales a través de los montes. Sí, en Castilla-La Mancha se han perdido millones de euros por no tener personal cualificado para gestionarlo.
Conviene recordar que en el pasado programa de desarrollo rural (2007-2013) Castilla-La Mancha disminuyó el presupuesto de las medidas destinadas a los montes en sucesivas revisiones ante su incapacidad de ejecutar el presupuesto por el simple hecho de no tener suficiente plantilla de funcionarios de ingenieros de montes e ingenieros técnicos forestales y algo similar está sucediendo en el periodo 2014-2020.
¿Y qué pasa con los titulados de Grado?, ¿cuándo se van a incorporar a la oferta de empleo público en Castilla-La Mancha? Desde el año 2010 se imparten en nuestro país (como consecuencia de la Declaración de Bolonia y la adaptación española al espacio europeo de enseñanza superior) las titulaciones universitarias de Grado. A pesar de ello, no hay ni rastro de estos titulados en la propuesta de oferta de empleo pública de 2018.
El Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural exige a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha un replanteamiento de la propuesta de oferta de empleo público. Y por coherencia, realizar una profunda reflexión para consensuar y definir cómo se quiere armar el músculo de la administración pública castellano manchega, o lo que es lo mismo, como queremos que sea su plantilla en los tiempos que vivimos y ante los retos medioambientales que como sociedad tenemos que afrontar. Aún estamos a tiempo de corregir un error histórico. Castilla-La Mancha se lo merece.

 

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