Santiago Marraco Solana (Huesca, 1938) es doctor ingeniero de montes y una de las figuras de referencia en la gestión forestal en España. Tras concluir sus estudios, en 1966 ingresó en el Cuerpo Superior de Ingenieros de Montes del Ministerio de Agricultura, siendo destinado al Distrito Forestal de Huesca, organismo que posteriormente se integró en el extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Su trayectoria se amplió en el terreno político: fue presidente del Gobierno de Aragón entre 1983 y 1987 y más tarde dirigió el ICONA entre 1988 y 1996, etapa en la que impulsó políticas de conservación y ordenación del territorio.
En esta entrevista, Marraco aporta una mirada crítica y realista sobre la oleada de incendios que sufre España este verano, desmonta algunos de los mitos más persistentes en torno a sus causas –desde los supuestos intereses urbanísticos hasta el papel de los pirómanos– y analiza las carencias estructurales de nuestro modelo forestal.
El sector forestal y las organizaciones ecologistas han consensuado en los últimos años paquetes de propuestas para la adaptación de los ecosistemas forestales ibéricos que llevan desde hace tiempo encima de la mesa de los partidos políticos
Este verano, el peor desde hace tres décadas, obliga a cambiar el paradigma del modelo forestal y la lucha contra los grandes incendios forestales
Medidas clave: 1.000 millones de euros al año para la gestión de 260.000 hectáreas forestales y una reforma de la fiscalidad aplicada a la pequeña propiedad que frene el abandono de los montes
Greenpeace demanda a los grupos políticos del arco parlamentario que este verano marque un punto de inflexión en materia de prevención de grandes incendios forestales. La lucha contra el fuego continúa y es motivo de preocupación para miles de habitantes de Ourense, Lugo, Zamora, León, Asturias o Cáceres, por eso ahora es también el momento de recordar a los responsables políticos la urgencia de empezar a trabajar desde ya para evitar que esta situación se pueda volver a repetir el próximo verano.
“Greenpeace demanda a los grupos políticos en el Congreso que escuchen el alto grado de consenso alcanzado entre los profesionales de la extinción, el sector forestal y las organizaciones ecologistas para empezar a trabajar en un acuerdo político que haga posible un cambio de paradigma en la lucha contra los incendios forestales”, ha declarado Miguel Ángel Soto, portavoz de la Campaña de Bosques de Greenpeace. “La solución a los grandes incendios forestales y a veranos como el que estamos viviendo no vendrá a través de la utilización de esta grave crisis como arma política y de desgaste del adversario, sino a través de acuerdos de Estado y políticas a largo plazo, de escuchar las propuestas ya consensuadas y de aprobar reformas, presupuestos y medidas concretas para empezar a invertir la tendencia actual que nos lleva al incremento de los grandes incendios de efecto devastador”, ha añadido Soto.
En los últimos años han sido numerosas las voces que han demandado políticas focalizadas en la prevención de los incendios a través de un incremento de las partidas presupuestarias y reformas que eviten el abandono de los montes e incentiven la gestión forestal, promuevan la agrupación de los pequeños propietarios, premien las externalidades positivas de las masas forestales y apoyen medidas de protección y conservación de los montes. Estas voces se han traducido en tres grandes documentos de consenso entre propietarios forestales, sindicatos agrarios, colegios profesionales, empresas, plataformas rurales, organizaciones ecologistas y de conservación y actores económicos y sociales preocupados por el futuro del medio rural y sus masas forestales.
“No podemos aceptar que se defina lo que está ocurriendo estos días como una situación ‘sin precedentes’ o ‘impredecible’. El sector forestal y las organizaciones ecologistas llevan tiempo advirtiendo de que lo que pasó en los veranos de 2006, 2012, 2017 o 2022 volvería a pasar, pero de manera más virulenta debido a la perpetuación de los problemas estructurales del medio rural y el incremento de las temperaturas provocado por el cambio climático”, ha recordado Soto. “Lo que estamos viviendo en el verano de 2025 tenía precedentes y era predecible. Las declaraciones que estamos escuchando estos días en boca de los portavoces de algunos partidos políticos resultan poco útiles, ya que se focalizan en los medios de extinción y diluyen tanto la responsabilidad sobre lo que está ocurriendo como la urgencia de actuar sobre lo que vendrá”.
Medidas de consenso: ¿por qué no se han implementado?
La primera propuesta consensuada por numerosos actores de la Administración, el sector forestal y la sociedad civil es la Declaración sobre la gestión de los grandes incendios en España1, presentada en junio de 2023 y promovida por la Fundación Pau Costa. Su elaboración de manera colaborativa permitió que se sumaran hasta 400 personas e instituciones, entre ellas entidades ecologistas como Greenpeace y WWF.
La declaración recoge 15 propuestas que inciden en la necesidad de poner el foco en la gestión del riesgo de incendio, es decir, en la prevención más que en la extinción. Para ello, se apunta la necesidad de que la sociedad se implique y corresponsabilice en la gestión del riesgo de incendio y asuma que es inevitable convivir con el fuego, como elemento parte de nuestro ecosistema. Igualmente, se urge a implantar una gestión forestal sostenible, teniendo la biodiversidad como prioridad y contando con el uso de fuego prescrito y medidas económicas que garanticen el desarrollo del mundo rural. Entre las demandas de la declaración, los firmantes solicitaban a los poderes públicos:
Es urgente gestionar anualmente, como mínimo, el 1 % de la superficie forestal a escala nacional (260.000 ha) para preparar el territorio frente al paso de los grandes incendios forestales, priorizando zonas estratégicas de actuación.
Para establecer la acción anterior —urgente, inaplazable e imprescindible— es necesario destinar alrededor de 1.000M €/año para gestionar el paisaje forestal a escala nacional. Esta acción requiere un mantenimiento periódico para ser efectiva.
La segunda propuesta es el manifiesto “La singularidad de los bosques ibéricos y otros terrenos forestales mediterráneos”2, elaborado por el Foro de Bosques y Cambio Climático —asociación integrada por organizaciones del sector forestal y empresas españolas que defienden la función que desempeñan los bosques frente al cambio climático—, WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción. Esta declaración surgió tras la ola de incendios del verano de 2022 y buscaba una mejor comprensión del problema de los montes españoles por parte de los responsables de los grupos políticos en el Congreso y los eurodiputados y eurodiputadas de España en el Parlamento Europeo. Su objetivo era hacer llegar el problema específico que afecta a los ecosistemas forestales del sur de Europa y en especial a los de la península ibérica, con la larga experiencia de España y Portugal en materia de incendios forestales. A la presentación de esta declaración, en octubre de 2023, en el salón de actos del Ministerio de Transición Ecológica, fueron invitados los portavoces de los grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Posteriormente se envió a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo a los que se les solicitó una reunión. En dicha declaración, las organizaciones firmantes proponen y demandan a los poderes públicos:
La consideración de una “excepcionalidad forestal ibérica” como un elemento diferenciador en las políticas ambientales europeas que permitan a España y Portugal incluir los condicionantes, necesidades y riesgos a la hora de ejecutar actuaciones destinadas al aumento de la resiliencia de los montes ibéricos.
La incorporación a las políticas públicas europeas y nacionales de una mirada que tenga en cuenta las peculiaridades de nuestros ecosistemas forestales con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático y, en especial, el incremento de los grandes incendios forestales bajo condiciones climáticas extremas.
El impulso y apoyo a la política forestal, la política de conservación del patrimonio natural, la política de lucha contra el cambio climático, la política agraria, la de desarrollo rural y lucha contra la despoblación, de manera coordinada y coherente.
La tercera iniciativa aborda la situación de abandono de la pequeña propiedad en muchos territorios del Estado español. Se trata de una propuesta de Mejora de fiscalidad aplicada a la gestión selvícola3, elaborada por la plataforma Juntos por los Bosques (plataforma que agrupa a más de 100 entidades del sector forestal español), WWF y Greenpeace. En la propuesta se recuerda que la falta de gestión se combina con los efectos del cambio climático para formar un cóctel explosivo que es actualmente el mayor problema al que se enfrentan los montes españoles. Por este motivo es necesaria una fiscalidad adaptada a la producción forestal que incentive la actividad en el monte, la necesidad de agrupar la pequeña propiedad, así como el reconocimiento del papel de los selvicultores en la provisión de servicios ecosistémicos. El documento propone un paquete de medidas fiscales, para el fomento de la gestión forestal sostenible que incluyen:
Desarrollo de un plan sectorial de contabilidad para la actividad selvícola.
Consideración de la gestión forestal sostenible como posible actividad de “interés general”.
Deducciones en impuestos (IRPF, Impuesto de Sociedades, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones) para los gastos e inversiones para la conservación, mantenimiento, mejora y acceso del monte que ejecuten los selvicultores activos.
Reducción de la base imponible del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, del valor de las fincas forestales adquiridas mortis causa y que formen parte de la superficie gestionada por una agrupación de propietarios forestales. O deducciones del mismo impuesto sobre el valor de las fincas rústicas de uso forestal que estén ubicadas en espacios protegidos integrados en el Inventario Español de Espacios Naturales Protegidos o espacios de la Red Natura 2000.
Exención de la cuota del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que corresponda por la formalización de diferentes actos y negocios jurídicos vinculados con la custodia del territorio.
“Focalizarse en los medios de extinción no resuelve el problema, lo aplaza y lo agrava. La respuesta es la prevención, que solo puede llevarse a cabo con amplios acuerdos políticos, incremento del presupuesto y una reforma de la fiscalidad aplicada a la gestión forestal”, ha sentenciado Soto.
Cada verano, los incendios forestales regresan con fuerza a nuestro país, dejando a su paso miles de hectáreas afectadas, cientos de personas desalojadas o confinadas en sus casas y un paisaje cada vez más expuesto a riesgos sanitarios e hidrológicos. No estamos ante fenómenos imprevisibles, sino ante una consecuencia repetida de múltiples factores que se han ido consolidando con el tiempo. La pérdida de actividad en el medio rural, la falta de gestión forestal continuada y la presión creciente del cambio climático han configurado un escenario especialmente propenso a la propagación del fuego.
Frente a esta realidad, la prevención no puede seguir siendo la gran olvidada. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural se propone una hoja de ruta clara para cambiar de enfoque: de la reacción a la anticipación, de la extinción a la gestión.
Prevenir desde el territorio.
La primera gran clave está en integrar la prevención en todas las políticas públicas que afectan al territorio: planificación forestal, adaptación al cambio climático, desarrollo rural y ordenación urbana deben coordinarse y compartir objetivos. La lucha contra los incendios no es exclusivamente una emergencia, empieza mucho antes, directamente relacionado con la forma en que gestionamos nuestros paisajes.
Esto exige un modelo de gobernanza más abierto y participativo, en el que administraciones públicas, profesionales forestales y de otros ámbitos, asociaciones (ONG, de agricultores, ganaderas, empresas, entre otros), gestores y propietarios de terrenos, así como la ciudadanía, trabajen juntos desde una visión compartida del territorio. La corresponsabilidad resulta esencial: ninguna estrategia será realmente eficaz si se diseña e impone de manera unilateral, sin la implicación activa de quienes conocen, habitan y gestionan el territorio en su día a día.
Asimismo, resulta imprescindible reforzar los mecanismos de financiación. La prevención no solo es más eficaz, sino también más rentable. Invertir en la conservación de la naturaleza y en prácticas de selvicultura sostenible —como la creación de mosaicos agroforestales, el pastoreo extensivo o la gestión de la biomasa— permite reducir la carga de combustible, disminuir el riesgo de grandes incendios y dinamizar la economía rural mediante la movilización de los recursos forestales. Se recomienda que al menos el 50 % del gasto público en materia de incendios se destine a medidas preventivas, generando un retorno tanto ecológico como social.
Cultura del riesgo y herramientas de futuro.
Prevenir implica también construir una sociedad más consciente e informada. La educación ambiental, la comunicación adaptada y la mejora de la percepción del riesgo deben formar parte de cualquier estrategia preventiva. Sin una ciudadanía informada, las políticas forestales tienen menos recorrido.
Por último, la prevención necesita mejores herramientas de análisis y decisión. Contar con sistemas de información actualizados, mapas de riesgo, datos sobre combustibles y modelos de comportamiento del fuego permitirá anticiparse mejor, priorizar acciones y evaluar resultados con base científica.
Prevenir no es opcional.
Los incendios forestales no son solo una amenaza ambiental. También representan un riesgo creciente para la seguridad de las personas, un lastre económico y un serio desafío para la cohesión territorial. La seguridad se ve comprometida cuando el fuego amenaza núcleos de población, infraestructuras, cultivos o recursos estratégicos. En términos económicos, las pérdidas por incendios son multimillonarias, tanto por el coste directo de la extinción como por los daños a la biodiversidad, el turismo, la producción forestal, la capacidad del suelo para regenerarse y los costes de restauración, sin contar los riesgos de catástrofes que pueden derivarse por fenómenos atmosféricos.
Pero más allá de lo visible, los incendios revelan un problema profundo de desequilibrio territorial. La cohesión territorial se rompe cuando amplias zonas rurales quedan deshabitadas y sin actividad, mientras la población y los servicios se concentran en pocas áreas urbanas. En estos paisajes abandonados, la falta de gestión favorece la acumulación de vegetación inflamable y convierte al fuego en el único actor que interviene. Donde no hay personas, hay más combustible. Donde no hay usos ni rentabilidad económica el fuego manda.
Por eso, invertir en prevención es también invertir en un territorio vivo, diverso y funcional, donde existan oportunidades para quedarse, conservar, producir, cuidar y adaptarse. Cada euro destinado a la gestión forestal, al empleo rural, al pastoreo o a la bioeconomía no solo reduce el riesgo de incendio, multiplica el retorno en forma de ahorro público, resiliencia frente al cambio climático y equilibrio social y territorial.
No podemos seguir actuando como si el fuego fuera solo una emergencia estival. La prevención no es una opción: es la única vía responsable para construir un futuro seguro, habitable y sostenible en nuestro país.
En lo que ya es el peor año en cuanto a incendios de las últimas tres décadas, y con hasta 350.000 hectáreas quemadas en lo que llevamos de ejercicio (unas 200.000 en los últimos 4 días) según estimaciones de Copernicus, el debate sobre la gestión de los bosques está más vivo que nunca. Incluso, en este contexto, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez propuso el domingo un «Pacto de Estado» para responder a la «emergencia climática». Sin embargo, todavía en los despachos nadie le ha puesto el cascabel al gato (al menos públicamente): cuánto va a costar mantener de forma eficiente los bosques y montes, para evitar episodios como el actual. Desde la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) estiman que, si las administraciones públicas quieren gestionar eficazmente los bosques y montes, tendrán que gastarse al menos 1.000 millones de euros al año. «Sin eso, todo el esfuerzo de las personas quedará en cenizas», subrayan.
Nota de Distrito Forestal.- Mudo Social es un medio de la República de Perú; si hasta la necesidad de claras y desbroces en los montes de España es conocida en Perú, consideramos probable que se hayan enterado en el Congreso de los Diputados e incluyan en los próximos presupuestos la dotación presupuestaria correspondiente.
Durante una emergencia por incendio forestal en España intervienen las denominadas unidades de intervención, las cuales están formadas por personal especializado en incendios forestales, vinculado a instituciones u organizaciones, que desarrolla sus tareas de forma coordinada, tal y como explicamos en nuestro artículo sobre cómo se gestiona una emergencia por incendio forestal.
