El cambio climático está provocando mayores olas de calor y veranos mucho más intensos y extensos, lo que genera estrés hídrico en los bosques. Cuando el monte está más seco, cualquier chispa puede provocar un incendio y el fuego avanza más rápidamente. Sin embargo, “no todo es cambio climático”, según recoge Carlos Macías, presidente de la Asociación de Comunicadores de Meteorología y moderador de la mesa ‘La extinción de incendios forestales en un contexto de cambio climático’ celebrada hoy.
En efecto, tanto Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad en España, como María José Gallego Sánchez, técnico de incendios forestales de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de la Junta de Andalucía, coinciden en que el cambio climático no es la causa única del aumento de los incendios, pero sí aceleran la voracidad del fuego.
Lo que de verdad está demostrado que se agrava la problemática de los incendios es la deficiente gestión forestal, que permite que el combustible (en forma de ramas, troncos y todo lo que constituye la biomasa forestal) se acumule y el fuego se expanda sin control. En esto hay acuerdo unánime en la mesa, que también integra Elena Zaloña, piloto de helicópteros de extinción de incendios de Eliance, encargada de hacer un relato realista de lo que es una jornada entre las llamas.
La necesidad de una gestión forestal basada en criterios científicos
“La escasez de población rural, la falta de pastoreo, la deficiente recogida de masa forestal y los monocultivos de especies exóticas (como los eucaliptus, en Galicia y Asturias), hacen que por cada foco encendido haya cada vez incendios forestales más grandes”, advirtió Fernando Prieto.
Las cinco ideas que el experto enumera para hacer frente a la situación contemplan una gestión forestal basada en criterios científicos, la creación de mosaicos para incluir la ganadería extensiva que ayude a quitar la biomasa que se acumula, la estabilidad laboral de los trabajadores forestales, la gestión adaptativa al calentamiento global y el establecimiento de prioridades para proteger especialmente las zonas más valoradas en biodiversidad. No hay que olvidar, señala Prieto, que “los bosques son importantes sumideros de carbono”.
En su intervención, María José Gallego Sánchez alerta de que los medios terrestres dependen de la disponibilidad de agua, al tiempo que asevera que “el fuego cero no existe en ningún ecosistema, pero menos en el mediterráneo”. La especialista técnica de la Junta de Andalucía es clara al enunciar la paradoja de la extinción: “Si estamos apagando cada pequeño foco y no permitimos incendios de baja intensidad, más combustible se acumulará”. En su criterio, “vamos a convivir con el fuego” y, por tanto, es muy necesario “hablar del fuego técnico con todas las letras”. La planificación implica, a su entender, saber “conducir el fuego, utilizar contrafuegos y quemas prescritas para gestionar el paisaje”. Entre sus recomendaciones figura la de incluir al fuego técnico en los planes de operaciones y mantener contratados a los equipos técnicos durante todo el año.
La inflación afecta a la campaña de incendios
Por su parte, Manuel González Gabaldón, asesor de la empresa Martínez Ridao Aviación (perteneciente a ATAIRE, Asociación de Trabajos Aéreos y de Emergencias) puso el acento en la crisis que sufre el sector, en un momento en que les resulta difícil hacer frente a la renovación de una flota demasiado antigua (los aviones y helicópteros se amortizan en 15 años), con contratos a menudo estacionales y con el factor añadido del alza de precios de los combustibles, que implica un gasto exorbitante con respecto a temporadas anteriores. “El año pasado se produjo un sobrecoste por combustibles de unos 10 millones de euros (lo que representa el 6% de la facturación)”, especificó González Gabaldón, quien reclamó “innovación y estabilidad laboral” y se mostró preocupado por cómo puede afectar la crisis actual de su sector a la campaña de extinción de incendios del próximo año.
¿Qué queda de los bosques tras los incendios? Para responder a esta pregunta, Concepción Fidalgo, catedrática de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid, ofrece una didáctica charla de la manera en que las diferentes especies reaccionan a un impacto como el fuego. Detalla, por ejemplo, el comportamiento de las especies pirófitas, que tienen una resistencia más elevada al fuego, y las especies “rebrotadoras” (como el enebro, que es típico del monte mediterráneo). En el monte ibérico, insiste, hay muchas plantas poco o moderadamente inflamables, tales como el madroño, la jara, el brezo, el acebuche o la coscoja, entre otros, frente a otras que arden rápidamente, como sucede con los eucaliptos y los pinos.
“El fuego es un factor ecológico de gran importancia como modificador de la biomasa forestal y, de hecho, nuestros montes ibéricos son el resultado de una serie de intervenciones del hombre”, indica Fidalgo. Como ejemplo de esas interacciones, la catedrática de la UAM cita la competencia entre el haya y la encina, en las regiones del norte de España, cuya dinámica tiene que ver con los atributos de cada especie y las condiciones de pastoreo, el fuego, etcétera. En cuanto a la regeneración de las estructuras del monte, “hemos pasado de la sobreexplotación a un abandono que vuelve antinatural al paisaje, sin seres vivos, con una vulnerabilidad mayor a las llamas”.
En definitiva, la sesión ha puesto de manifiesto que la emergencia climática, la falta de atención a la gestión forestal y la crisis que castiga a las empresas del sector de los trabajos aéreos y las emergencias agravarán el problema de los incendios en España.
Conclusiones y debate sobre incendios forestales en el Congreso Nacional de Medio Ambiente, CONAMA 2022
Las normativas aprobadas asegurarán unas condiciones laborales y de profesionalidad equivalentes en todo el territorio nacional para estos colectivos
Hasta la fecha, ambas figuras se habían configurado de forma heterogénea en los distintos territorios de España
Los agentes forestales y medioambientales pasarán a tener la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico
Se establece un nuevo marco que determina cuáles son los derechos, deberes, los medios de los que deben estar dotados, y medidas de seguridad y coordinación de los bomberos forestales
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha aprobado dos anteproyectos de ley para estandarizar la situación laboral de dos figuras clave en la protección del territorio: los bomberos forestales y los agentes medioambientales. De este modo, las normativas aprobadas asegurarán unas condiciones laborales y de profesionalidad equivalentes en todo el territorio nacional para estos colectivos.
“Los dos importantes instrumentos normativos aprobados hoy apuntalan el compromiso del Gobierno en la prevención y la lucha contra los incendios forestales, y en la protección de quienes nos protegen frente a ellos. Dos realidades que son indisociables”, ha destacado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.
Hasta la fecha, la figura de los agentes medioambientales y forestales se había configurado de forma heterogénea en los distintos territorios de España. Las comunidades autónomas, conforme sus competencias, han regulado y desarrollado tanto la figura de agente forestal como la de agente medioambiental, estableciendo sus propios cuerpos y escalas, con distintas denominaciones y funciones. Al mismo tiempo, la Administración General del Estado cuenta por su parte con la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Para revertir esta situación, que producía desigualdades entre los trabajadores de las diferentes regiones de España, el MITECO ha trabajado intensamente en el desarrollo de este régimen jurídico básico para el sector, en colaboración con todas las administraciones públicas implicadas y de la mano de los agentes sociales. Así, el instrumento normativo presentado hoy establecerá un marco jurídico en el que se define el estatus y las tareas a desempeñar por parte de los agentes forestales y medioambientales, entre las que se encuentran labores de custodia y vigilancia de la naturaleza, apoyo a la gestión del medio ambiente, y auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural.
De este modo, las y los agentes forestales y medioambientales pasarán a tener la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico. Además, en el ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
ANTEPROYECTO DE LEY BÁSICA DE LOS BOMBEROS FORESTALES
Por su parte, las personas que se dedican a la prevención y extinción de incendios forestales en España prestan sus servicios en dispositivos integrados en unos modelos de gestión muy diversos. Esto se debe a que, una vez que se produjeron las transferencias de competencias en materia ambiental y forestal según lo recogido en la Constitución Española, las comunidades autónomas desarrollaron su propia normativa en la organización de los servicios de defensa contra los incendios forestales.
Algunas comunidades enmarcaron esta actividad dentro del ámbito forestal y otras desarrollaron una estructura que se basaba en protección civil, con diferentes modelos existentes en la realidad territorial nacional. En algunos casos, la lucha contra los incendios forestales se lleva a cabo a través de empresas públicas, mientras que en otras se recurre a empresas privadas, con contrataciones directas de las propias comunidades autónomas o sus agencias, o de otras administraciones, como la local.
Por ello, el anteproyecto de ley básica de los bomberos forestales pretende resolver esta situación, estableciendo un nuevo marco que determine de manera explícita cuáles son sus derechos, deberes, los medios de los que deben estar dotados, medidas de seguridad y de coordinación en sus actuaciones. Teniendo en consideración además que, en numerosas ocasiones, trabajan en incendios fuera de su comunidad autónoma de adscripción.
“Los incendios forestales que se han producido en España en los últimos años han provocado consecuencias medioambientales, económicas y humanas irreparables”, ha recordado la vicepresidenta Ribera. A esto hay que sumarle los efectos del cambio climático, como las olas de calor, cada vez más frecuentes y prolongadas, que hacen que los incendios sean más virulentos y se propaguen con más facilidad. “Los incendios no entienden de fronteras territoriales, han cambiado su patrón -ya no son estacionales- y exigen cada vez más una mayor coordinación y cooperación”.
La norma regulará con carácter básico las condiciones en las que estos profesionales, que prestan un servicio esencial y de interés social, llevan a cabo su trabajo. Y con independencia de la naturaleza jurídico-laboral concreta que en cada caso ostente el personal, ya sea funcionario, personal laboral o personal contratado por empresas públicas o privadas a las que las administraciones públicas hayan contratado para la prestación de estos servicios.
Entre las funciones que deberán desempeñar los bomberos forestales, y que recoge el texto, se encuentran las operaciones de extinción de incendios forestales, las tareas de prevención, vigilancia y detección, y el mantenimiento de infraestructuras, equipos e instalaciones para la prevención y extinción de estos incendios. Así, este nuevo marco regulador redundará en una mayor profesionalización y eficacia y permitirá a los bomberos forestales desempeñar su importante labor de una manera óptima y segura.
UNA CONSTITUCIÓN PAULATINA
La diversidad de organizaciones dedicadas a la conservación de la naturaleza se ha ido constituyendo paulatinamente y presenta, en consecuencia, categorías dispares. En el caso del colectivo de agentes forestales y medioambientales, desde aproximadamente 1677, cuando se dictó una real ordenanza sobre la necesidad de que existiese un grupo de personas que vigilasen las masas arbóreas y los animales salvajes. En el de los bomberos forestales, España viene luchando contra los incendios forestales de forma explícita desde mediados del siglo XIX, lo que queda reflejado en normas como las Ordenanzas Generales de Montes de 1833 o la Real Orden de 1858 en las que se configuraba una administración forestal de defensa contra incendios forestales.
Para alcanzar un modelo eficiente de conservación de la naturaleza es imprescindible la labor de agentes forestales y medioambientales, que deben estar plenamente integrados en los equipos de gestión, con formación profesional específica, con presencia y responsabilidad territorializada y combinación de funciones técnicas en dominios públicos junto al asesoramiento y asistencia a la propiedad privada. Del mismo modo, solo manteniendo equipos de prevención y extinción de incendios forestales bien formados y equipados, se podrá actuar de manera eficaz contra los peligros del fuego.
Según las estadísticas disponibles, hay en torno a 6.000 agentes forestales y medioambientales en nuestro país; de ellos, más de 400 en la Administración General del Estado. Es destacable el papel de los y las agentes también en la vertebración del territorio, al trabajar y o vivir frecuentemente en municipios con altos índices de despoblación, la España más rural donde es tan importante lograr la presencia humana y la prestación de servicios públicos a la sociedad.
Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales que acompañan a un ciclón causan un daño tremendo a los ecosistemas, y este daño puede hacerlos más propensos a futuros incendios forestales. A medida que se proyecta que los ciclones intensos se volverán más frecuentes en todo el mundo, un equipo de investigadores examina los vínculos entre los ciclones y los incendios forestales, cómo se alimentan entre sí y por qué podemos ver incendios ardiendo en lugares poco probables en el futuro.
HISTORIA COMPLETA
Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales que acompañan a un ciclón causan un daño tremendo a los ecosistemas, y este daño puede hacerlos más propensos a futuros incendios forestales. A medida que se proyecta que los ciclones intensos se volverán más frecuentes en todo el mundo, un equipo de investigadores que publica en Trends in Plant Science el 13 de octubre examina los vínculos entre los ciclones y los incendios forestales, cómo se alimentan entre sí y por qué podemos ver incendios ardiendo en lugares poco probables en el futuro.
"Las selvas tropicales, por ejemplo, son húmedas por definición, lo que las hace resistentes al fuego. Pero cuando son perturbados por ciclones, puede permitir que el fuego se propague a esos ecosistemas. Para tener un incendio, necesitamos tres cosas: combustible para quemar, microclima lo suficientemente seco y una fuente de ignición", dice el autor principal Thomas Ibanez, ecólogo de plantas en el Instituto Nacional de Investigación para el Desarrollo Sostenible de Francia que trabaja con la Universidad de Montpellier. Los ciclones pueden afectar a los tres elementos".
Los ciclones son tormentas que se originan en el Pacífico Sur o los Océanos Índico, y al igual que los huracanes en el Atlántico o los tifones en el Pacífico de Nothwestern, generan fuertes lluvias, marejadas ciclónicas y vientos huracanados. Los ciclones fuertes pueden tener vientos con velocidades muy superiores a 200 kilómetros por hora, lo que puede dañar los bosques y prepararlos para incendios forestales.
"Cuando sopla el viento de un ciclón, daña los árboles, derribando muchas hojas, ramitas, ramas y troncos al suelo, lo que es un gran combustible para futuros incendios", dice Ibáñez. "El viento también abre el dosel, trayendo más luz en la maleza, lo que puede promover el crecimiento de pastos o arbustos que también son un buen combustible. Además, cuando se abre el dosel, hace que la maleza sea más seca porque el dosel generalmente lo protege del sol y bloquea la humedad".
Los ciclones también pueden aumentar indirectamente los casos de ignición generada por el hombre al hacer que los bosques sean lugares prometedores para llevar a cabo la agricultura. "Este fenómeno es común cuando las personas dependen de la agricultura de tala y quema o de los recursos forestales para su sustento", dice Ibáñez. "Después de los ciclones, los bosques dañados pueden ser quemados para proporcionar lechos de cenizas para plantar nuevos cultivos y para facilitar el acceso a los recursos forestales".
Los ciclones no solo aumentan la probabilidad de incendios, sino que los incendios también pueden cambiar las formas en que los ciclones afectan a los bosques. "Por supuesto, el fuego no puede afectar directamente la probabilidad de ciclones, porque los ciclones se originan en los océanos, pero pueden afectar la respuesta del ecosistema a los ciclones", dice Ibáñez. "Si tienes un incendio, puede hacer que los árboles sean más débiles para resistir los vientos ciclónicos o puede matar árboles y promover el rebrote de árboles que son menos resistentes a los ciclones".
En algunas regiones que han tenido fuertes ciclones e incendios históricamente, los eventos son una parte natural del mantenimiento de la tierra. "En las regiones propensas a los ciclones, también hay ecosistemas que están adaptados a ciclones e incendios frecuentes, y las interacciones entre estas perturbaciones en realidad mantienen ecosistemas originales y ricos en especies", dice Ibáñez. "En estos ecosistemas, las actividades humanas que reducen el fuego, como el cambio de uso de la tierra y la supresión de incendios, pueden amenazar la estabilidad del ecosistema y causar pérdida de biodiversidad".
Pero, a medida que el cambio climático aumenta la intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos como los ciclones y las temperaturas continúan aumentando, se proyecta que las tormentas llegarán a lugares que no lo han hecho en el pasado. Ibáñez y sus colegas esperan poder continuar estudiando las interacciones ciclones-incendios.
"Nos gustaría entender mejor cómo varía este fenómeno según la ubicación. Entonces podríamos predecir con el cambio climático qué lugares tendrían más probabilidades de verse afectados por estos cambios", dice. "Un componente importante del cambio global es que los ecosistemas no se enfrentan a una sola perturbación, sino a una mezcla de varias perturbaciones, y la interacción entre nuevas perturbaciones puede dar lugar a efectos inesperados".
Fuente de la historia:
Materiales proporcionados por Cell Press.
Referencia de la revista:
Thomas Ibanez, William J. Platt, Peter J. Bellingham, Ghislain Vieilledent, Janet Franklin, Patrick H. Martin, Christophe Menkes, Diego R. Pérez-Salicrup, Jeremy Russell-Smith, Gunnar Keppel. Las interacciones alteradas entre ciclones e incendios están cambiando los ecosistemas. Tendencias en La Ciencia de las Plantas, 2022; DOI: 10.1016/j.tplants.2022.08.005
Cite esta página:
"La tierra a raíz de un ciclón se vuelve más vulnerable a los incendios forestales". ScienceDaily. ScienceDaily, 13 de octubre de 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/10/221013114809.htm>.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado marte dos esperados anteproyectos de ley con la intención de “estandarizar la situación laboral de dos figuras clave en la protección del territorio: los bomberos forestales y los agentes medioambientales”. La intención es asegurar unas condiciones laborales y de profesionalidad equivalentes en todo el territorio nacional para estos colectivos.
Según la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) Teresa Ribera, estos anteproyectos “apuntalan el compromiso del Gobierno en la prevención y la lucha contra los incendios forestales, y en la protección de quienes nos protegen frente a ellos. Dos realidades que son indisociables”
Ambas regulaciones eran muy esperadas por estos profesionales. Sin embargo, la palabra que define el sentimiento de los bomberos forestales en general es “decepción” y la de los agentes forestales es cuando menos “sorpresa” por las diferencias en el texto final aprobado en el Consejo de Ministros con respecto a lo acordado con ellos unos meses antes.
En el caso de los bomberos forestales, numerosas voces han hecho pública su opinión en cuanto han podido leer el anteproyecto de ley del Ministerio. Sus opiniones, vertidas a través de las redes sociales y en algún comunicado oficial califican el anteproyecto de “papel mojado”, consideran «decepcionante» la propuesta, “tanto tiempo esperando para esto” o “demasiado generalista, poco concreto” son algunos de los comentarios.
La necesidad de dotar de un mínimo de homogeneidad en sus derechos y obligaciones a la figura de agentes forestales o medioambientales, por un lado, y a la de bomberos forestales, por otro, era un consenso generalizado y un compromiso del Gobierno el dotarles jurídicamente de esa homogeneización.
Considera el Miteco para la conservación de la naturaleza es imprescindible la labor de los agentes forestales y medioambientales, que “deben estar plenamente integrados en los equipos de gestión, con formación profesional específica, con presencia y responsabilidad territorializada y combinación de funciones técnicas en dominios públicos junto al asesoramiento y asistencia a la propiedad privada”.
Y, en cuanto a los bomberos forestales, “solo manteniendo equipos de prevención y extinción de incendios forestales bien formados y equipados, se podrá actuar de manera eficaz contra los peligros del fuego”.
a Unidad de Acción de los agentes prefiere lanzar un mensaje conciliador
Las comunidades autónomas, competentes en la gestión del territorio, han regulado y desarrollado la figura de agente forestal y de agente medioambiental, estableciendo sus propios cuerpos y escalas, con distintas denominaciones y funciones. La Administración General del Estado también cuenta con su propia Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, a los que hay que sumar los agentes de algunos municipios. En todo el país hay algo más de 6.000 agentes forestales y medioambientales.
Fruto de dos años de encuentros y trabajo entre distintos agentes sociales y el Ministerio se presenta ahora este anteproyecto que deberá llevarse al Congreso cuando termine el plazo de alegaciones, abierto hasta el 7 de diciembre. Las previsiones son que para abril de 2023 la ley estuviese aprobada.
El texto final del anteproyecto nos consta que ha decepcionado a numerosos profesionales, aunque la Unidad de Acción, formada por los sindicatos UGT, CC OO, CSIF y la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, reunida esta misma mañana para evaluar la respuesta al anteproyecto, ha considerado positivo mantener públicamente una postura de prudencia.
“Es un texto mejorable sobre el cual debemos de trabajar en el trámite parlamentario. Reconocemos el esfuerzo de la vicepresidenta Teresa Ribera y apostamos por las referidas mejoras, indispensables para la utilidad de la norma que se pretende”. Nos remiten a un comunicado que harán público el 30 de noviembre, cuando presenten sus alegaciones al anteproyecto.
Distintas fuentes cercanas a la Unidad de Acción centran su malestar en “detalles de redacción que podrían quitar en la práctica el poder de autoridad en el campo a los agentes forestales”. Se refieren en concreto a una frase en la que el anteproyecto señala que “como policía genérica se limitará a efectuar las primeras diligencias”.
La incidencia en el verbo “limitará” consideran las fuentes consultadas que “se quiere hacer pensar al ciudadano que “pillado en la comisión de un delito o infracción los agentes deberán llamar a la policía para que abra las diligencias, aunque ese policía no tenga ni idea de la naturaleza ni de delitos ambientales”.
“Desde siempre hemos actuado en la prevención y detección de infracciones y delitos en el medio natural, que el legislador considere ese delito una falta administrativa o penal no es cuestión que debamos opinar nosotros, solo es cuestión reflejarlo de una forma u otra en el informe. Pero pedir a un agente de policía, que seguramente no tenga ni idea de legislación ambiental, que vaya a continuar con las diligencias es un paso atrás en la defensa del medio natural”.
Se refieren al párrafo del comienzo del artículo cinco en el que se dice “recabar auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si la persona requerida no se identifica voluntariamente”. Consideran dentro de la Unidad de Acción que “es una bomba de relojería porque lo que le dice al infractor es que ante el agente no tiene la obligación de identificarse. Antes, la no identificación ante un agente era una falta leve que tenía una consecuencia jurídica y se le informaba al supuesto infractor. Ahora puede entender que se puede marchar hasta que venga la policía a identificarlo. Si no sabemos quién es ¿de qué sirve que venga un tiempo después el guardia civil? No se puede dar la impresión por ley de que no pasa nada”.
Las propias palabras de la vicepresidenta Ribera anunciando que la nueva ley “va a reconocer el papel de policía judicial” consideran que hace pensar a los ciudadanos que si se le reconoce ahora es que antes no lo eran. “Y eso no es cierto, ese reconocimiento no es un logro de esta nueva ley. Si no podemos intervenir en la protección del bien jurídico para el que hemos sido creados estamos dando un paso atrás”.
Consideran que puede ser positivo que refresque la memoria y recuerde unas competencias que ya tenían reconocidas en la propia Ley de Montes de 2003, pero “no se puede llevar a los agentes a un segundo plano en la defensa del medio natural, cuando somos nosotros los especialistas creados para ese fin”.
Otro de los matices importantes “para la profesión” es el cambio en el texto final del verbo “participar” en la extinción de los incendios por el de “colaboran”, cuando en opinión de las fuentes consultadas “la mayor parte de los incendios son solo conatos y o pequeños incendios y el primer ataque está dirigido un agente forestal en casi todo el país”.
La impresión de los profesionales consultados es que “en la profesión existe un malestar generalizado”, consideran que son matices importantes con respecto a lo acordado en el mes de julio que afectan al ejercicio de la profesión, aunque aún están a tiempo de cambiarlos en el proceso de alegaciones y en la negociación parlamentaria, “pero no debería llegar así hasta el Congreso”.
El anteproyecto define el estatus y las tareas a desempeñar por parte de los agentes forestales y medioambientales, entre las que se encuentran labores de custodia y vigilancia de la naturaleza, apoyo a la gestión del medio ambiente, y auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural.
Según el Ministerio, los agentes forestales y medioambientales pasarán a tener la consideración de policía administrativa especial y de policía judicial en sentido genérico. “En el ejercicio de sus funciones, tendrán a todos los efectos legales el carácter de agentes de la autoridad, sin perjuicio de la obligación de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Anteproyecto de Ley Básica de los Bomberos Forestales
La ley básica de los bomberos forestales nace después de que todas las comunidades autónomas tengan organizado el servicio de extinción de incendios forestales. La situación es muy diversa en función de las características más o menos forestales o urbanas de las comunidades autónomas, de sus posibilidades de presupuesto y de sus necesidades técnicas y operativas.
Hay soluciones basadas fundamentalmente en el ámbito forestal y otras más centradas en dar una respuesta de protección civil. En algunos casos, los dispositivos dependen de empresas públicas, y en otras se recurre a empresas privadas, con contrataciones directas de las propias comunidades autónomas o sus agencias, o de otras administraciones, como la local.
La intención de esta nueva ley básica de los bomberos forestales es establecer “un nuevo marco que determine de manera explícita cuáles son sus derechos, deberes, los medios de los que deben estar dotados, medidas de seguridad y de coordinación en sus actuaciones. Teniendo en consideración además que, en numerosas ocasiones, trabajan en incendios fuera de su comunidad autónoma de adscripción”.
Se trata además de un compromiso de gobierno firmado entre el Partido Socialista y Unidas Podemos largamente esperado por el colectivo de bomberos forestales de las distintas administraciones públicas.
“Los incendios forestales que se han producido en España en los últimos años han provocado consecuencias medioambientales, económicas y humanas irreparables”, ha recordado la vicepresidenta Ribera. “Los incendios no entienden de fronteras territoriales, han cambiado su patrón y exigen cada vez más una mayor coordinación y cooperación”.
Dice el Ministerio que “la norma regulará con carácter básico las condiciones en las que estos profesionales, que prestan un servicio esencial y de interés social, llevan a cabo su trabajo”. Estas condiciones afectan, por tanto, a cualquier profesional que ejerza de bombero forestal con independencia de si es funcionario, personal laboral, contratado en una empresa privada o pública.
Entre las funciones que deberán desempeñar los bomberos forestales, y que recoge el texto, se encuentran las operaciones de extinción de incendios forestales, las tareas de prevención, vigilancia y detección, y el mantenimiento de infraestructuras, equipos e instalaciones para la prevención y extinción de estos incendios
La intención del nuevo marco regulador es aumentar la profesionalización y eficacia de los bomberos forestales y desempeñar su labor de manera segura.
Sin embargo, si su anuncio fue cogido con gran satisfacción en el colectivo, una primera lectura ha provocado “decepción, y un gran malestar” a medida que ha hecho una lectura más reposada del anteproyecto de ley.
Para Comisiones Obreras el anteproyecto “no menciona el marco normativo de aplicación en ninguno de sus artículos, evita mencionar la realidad existente en la normativa sobre Protección Civil donde se incluyen las emergencias por incendios forestales, estando estas integradas dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, en la Directriz Básica que emana de ella y en los Planes de Emergencia Generales Autonómicos y Locales específicos que por Ley deben desarrollarse”.
Señala el sindicato la contradicción de que en la “Exposición de Motivos”, diga que “la propia categoría o figura de bombero forestal carece de reconocimiento legal o reglamentario expreso e individualizado” pero después menciona el Catálogo Nacional de Ocupaciones que “recoge con el código 5932 nuestra categoría profesional. La repercusión normativa que este Catalogo tiene es base para, por ejemplo, el reconocimiento de enfermedades profesionales, una correcta evaluación general de los riesgos de la actividad, y por tanto una posible asignación de coeficientes reductores a la edad de jubilación”.
Para Manuel Menéndez de la Plataforma PASBF “este anteproyecto no cumple el artículo 17 de la ley de Protección Civil de 2015, no cumple el Plan Formativo aprobado por el gobierno del Partido Popular, ni el resto de legislación que afecta a la figura del bombero forestal. Lo que pedimos es una normativa legal básica pero que, como mínimo, cumpla la normativa vigente. No es necesario hacer una nueva ley, lo que debería hacer es coger fusionar la normativa que abraza a los bomberos forestales y meterla en un marco legal. Se trata de cumplir las leyes ya promulgadas. Se trata de crear un servicio eficiente, eficaz y seguro, que dé la mejor respuesta a la sociedad. Necesitamos un plan formativo mínimo estándar para que todo el servicio de toda España hable el mismo idioma profesional y para que todos tengan la misma categoría profesional”.
Coincide CC OO que el anteproyecto excluye el Real Decreto de Certificación Profesional específico para esta profesión. “Omiten nombrar el artículo de la Constitución Española que otorga al Estado la competencia sobre seguridad pública. No se menciona la normativa en materia de Cualificaciones Profesionales existente para esta actividad y que es fundamental para enmarcar el sector de actividad de modo claro y que clarifica la cuestión competencial”.
Según el comunicado de CC OO, “a pesar de que los Planes de Defensa por Incendios Forestales de todas las CC AA, son planes de Protección Civil, se excluye al personal que presta el servicio recogido en esos planes de ese ámbito, relegándolo al añejo marco de trabajadores del campo, como se ejemplifica en el artículo 9. En lugar de aplicarnos el Art.23 “Limitación de los tiempos de exposición al riesgo” del Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, nos enmarcan en el Art.5 aplicable al “Trabajo en el Campo”. Para CC OO esto es un “desprecio de las circunstancias que suponen el trabajo en extinción de incendios forestales”.
Echa en falta CC OO un compromiso sobre estabilidad laboral del personal, “aspecto este fundamental para el colectivo y para responder adecuadamente al problema de las labores preventivas tan necesarias.
No se acota el sector de actividad -CNAE- al que se tienen que acoger las entidades que presten el servicio. En esto coincide Manuel del PASBF “es imprescindible que las empresas que prestan estos servicios se dediquen a esta actividad y estén dadas de alta como tal”.
«Mantienen una incorrecta interpretación de lo que es la segunda actividad, y se confunde con lo que debe ser el derecho de los trabajadores a que se adopten adecuaciones de su puesto de trabajo cuando ya no se reúnen las condiciones para desarrollar el trabajo habitual, suponiendo con ello un perjuicio para buena parte del colectivo que ha avanzado en esta materia».
El PASBF y CC OO coinciden también en que el anteproyecto se olvida de los Coeficientes Reductores, “no cumple con lo que ya está aprobado en Real Decreto que lo regula y que serviría para que se pudiera realizar un correcto análisis de la actividad y de los riesgos que presenta”.
Termina CC OO su comunicado calificando de “sangrante” plantear en la Disposición final primera la creación de un reglamento específico para el personal que presta servicios de prevención y extinción de incendios forestales. “Esto sólo puede servir para crear mayor laxitud en la aplicación de medidas de seguridad en el trabajo y en la correcta elaboración de protocolos de trabajo además de lo que pueda afectar a una correcta evaluación de riesgos”.
Anuncia el sindicato la intención de reunirse con el secretario de Estado de Medio Ambiente del Miteco, Hugo Morán “para reconducir la situación y tratar de conseguir un mínimo de compromiso que suponga un cambio real de las condiciones de trabajo de las bomberas y los bomberos forestales”.
Bomberos forestales y agentes medioambientales se preguntan por separado ¿quién es el sector, ministerio, o grupo interesado en cambiar los textos que ellos acordaron con el MITECO hace dos meses y por qué se ha hecho? Mientras, preparan alegaciones y anuncian llegar hasta los grupos políticos cuando su anteproyecto se discuta en el Congreso de los Diputados.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE Castilla y León han suscrito un acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia forestal, para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León. Se mantiene el modelo dual público-privado, pero habrá un dispositivo permanente los doce meses del año, prácticamente se duplica el presupuesto en tres años, se amplía la plantilla de agentes medioambientales, se incrementa la estabilidad de todo el dispositivo y se decide apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal.
El presupuesto de la lucha contra incendios forestales en Castilla y León se incrementará en los próximos tres años de forma progresiva hasta alcanzar una cifra de 65 millones de euros más de los que se invierten ahora. Con respecto al presupuesto actual, en 2023 se incrementará en 22 millones de euros; el presupuesto de 2023 tendrá casi 40 millones de euros más que el de 2022; y en 2025 serán 65 millones más con respecto a lo de este año. Esto quiere decir que en estos tres próximos años el presupuesto de lucha contra incendios forestales en Castilla y León se incrementará en 127 millones de euros.
De esta cantidad, algo más de 86 millones irán destinados a la estabilización del personal del dispositivo y a la mejora de las condiciones de trabajo. En concreto 54 son para el personal público y 32 para el personal de la empresa pública Tragsa y las empresas privadas contratadas. Los algo más de 40 millones restantes van destinados a nuevo material, vehículos, formación y resto demoras contempladas en el acuerdo.
De las 837 personas del dispositivo que tienen categoría de personal laboral fijo discontinuo, 781 pasarán a ser personal fijo continuo. Las cuadrillas contratada a Tragsa y a empresas privadas pasarán a trabajar un mínimo de nueve meses.
Se acuerda actualizar el marco normativo, de planificación y organización, incluyendo la reforma del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), así como la actualización y reforma del Decreto por el que se establece el Operativo y se regula el sistema de guardias.
Algunos puntos de este acuerdo, para ponerse en marcha, necesitarán concretarse en sus correspondientes mesas de negociación, como es el caso del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de Castilla y León, o el de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en cuya negociación intervienen otras organizaciones sindicales.
La Consejería de Medio Ambiente apostó desde el primer momento de las negociaciones por potenciar el modelo integrado del Operativo, con “un refuerzo de las tareas de prevención activa y los tratamientos selvícolas fuera de la época de peligro alto de incendios”. Con estos cambios espera incrementar la capacidad de respuesta del dispositivo frente a “incendios de gran potencia destructiva en los episodios de extremos climáticos, que, como se ha vivido en este año, cada vez son más frecuentes como consecuencia del cambio climático y de la mayor acumulación de combustibles en los montes”, asegura en su comunicado.
Según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones “esto permitirá incrementar la estabilidad de todos los integrantes del operativo, conformado por más de 4.500 profesionales: técnicos, agentes medio ambientales y celadores de medio ambiente, centros de mando, cuadrillas, autobombas, medios aéreos, maquinaria pesada, torretas de vigilancia y otros”.
Las mejoras afectan tanto al personal funcionario, como al personal laboral fijo de la Junta, hasta ahora discontinuo, como a las empresas públicas y privadas que colaboran en el Operativo. Esto supondrá que los centros de mando estén activos todos los días del año, “con personal especializado y con capacidad de dar una respuesta adecuada las 24 horas del día”, según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. El personal que atiende las autobombas incrementará sus tiempos de prestación de servicio de manera progresiva, incorporándose ya en el 2023 un primer turno a 12 meses, y un segundo durante el mismo periodo en 2025. Se modernizará el sistema de detección y vigilancia y el personal que lo atiende incrementará su tiempo de contratación a 6 meses en 2023 y a 12 meses en 2025, asumiendo nuevas tareas de apoyo al operativo. Las cuadrillas terrestres, las helitransportadas y los retenes de maquinaria pesada, reforzarán sus dotaciones fuera del periodo estival y verán ampliado su tiempo de prestación de servicios hasta mínimo de 9 meses, lo que permitirá incrementar las superficies de tratamientos selvícolas preventivos de incendios”.
De las 837 personas que forman parte del dispositivo de extinción de incendios de Castilla y León con la categoría de fijos discontinuos, 781 pasarán a ser fijos continuos. Las cuadrillas contratadas a la empresa pública Tragsa y a empresas privadas pasarán a trabajar “un mínimo” de 9 meses, según destacó Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La formación del personal, aspecto clave en el que coinciden todas las partes, ha recibido una atención específica, pues se considera imprescindible para “la mayor especialización y profesionalización de los trabajadores y para maximizar su seguridad”.
La Junta se ha comprometido, también, a apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal, “siempre y cuando respete el marco competencial vigente y sea compatible con el modelo integrado y de base forestal de Castilla y León”. Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Castilla y León, valora especialmente este punto como positivo pues “recoge un compromiso expreso de la Junta de apoyar la normativa laboral básica, es decir el Estatuto de Bombero Forestal, que homogenice en el conjunto del Estado la formación, la cualificación, las funciones para conformar un operativo digno y profesional”.
Para Tomás Pérez Urueña, secretario general de servicios públicos de UGT de Castilla y León, “es la primera vez que en un documento público la Junta reconoce la existencia de los bomberos forestales. Es competencia del Gobierno central sacar esta ley, a la que nos consta que algunas comunidades autónomas no han puesto más que problemas. Este es un avance importante por lo que puede suponer de reconocimiento de categoría profesional que ahora deberá refrendarse en el convenio colectivo que estamos negociando. Lamentablemente esta categoría no está reconocida en el convenio para los trabajadores de empresas privadas, que ya está cerrado aunque nosotros no lo firmamos”.
Finalmente, se han acordado otras mejoras de infraestructuras y equipos, de logística y avituallamiento. Para Tomás este es un aspecto importante “porque los avituallamientos se hacían hasta ahora de cualquier manera, contratados deprisa y corriendo en el bar más cercano. Ahora deberá reunir unas condiciones y ser algo controlado, no hecho de cualquier manera. En ocasiones, se han producido avituallamientos indignos”
También ha señalado el consejero que “los criterios de financiación autonómica por parte del Estado deberían tener en cuenta cuestiones como la extensión territorial en la prestación de servicios a ese territorio, como es la prevención y la extinción de incendios forestales”.
Un nuevo dispositivo con capacidad
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha reconocido que esta nueva dirección en la manera de entender el dispositivo de extinción de Castilla y león viene provocada “por el incendio de Ávila de 2021, que motivó reflexiones del presidente de la Comunidad y mías propias en el parlamento regional, en el sentido de que era necesaria una estabilización del personal y más medios. Fruto de ellas y acuciados por los incendios devastadores de junio y julio de este año este acuerdo se hacía imprescindible”.
Para el consejero se trata de “una transformación intensa del dispositivo de extinción de Castilla y León que busca dar tranquilidad a la ciudadanía”. Para ello, debe estar preparado, con capacidad para acometer estas nuevas realidades por la situación climática”. Reconoció que 2022 ha sido “una campaña particularmente dura de incendios, con el fallecimiento de tres personas”. Y agradeció el compromiso y la voluntad de llegar a acuerdos de todas las partes firmantes de este acuerdo, “a los que ha presidido el interés público”.
Valoración positiva para CC OO
Fernando Fraile hace una valoración “positiva porque supone un avance sustancial en la mejora del tiempo de trabajo, apuesta por una formación continuada y establece la mejora en el avituallamiento, las infraestructuras y las comunicaciones”.
Para CC OO el acuerdo alcanzado no es un punto final “porque todavía hay margen para la mejora. El operativo que hoy mejoramos es el operativo de la Junta, pero el sindicato sigue apostando por uno cien por cien público que realice labores los 365 días del año y que sea profesional. El acuerdo cuenta con presupuesto suficiente para su ejecución y estaremos vigilantes para que se cumpla en su totalidad”.
Otros dos aspectos consideran positivos en CC OO: por un lado, “conseguir que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León trabajen todo el año en extinción”. Por el otro, “la ampliación del tiempo de trabajo en los distintos colectivos que conforman Tragsa a pesar de no alcanzar los doce meses. Es fundamental para el colectivo de Tragsa porque las mejoras que contempla el acuerdo se aplicarán en 2023”.
En el caso de los trabajadores de las empresas privadas contratadas por la Junta como apoyo en verano, Juan Manuel Ramos, secretario de organización y desarrollo federativo de CCOO de Industria de Castilla y Léon, también hace una valoración positiva porque se amplía su tiempo de trabajo y se mejoran sus condiciones laborales. En época de peligro bajo de incendios van a pasar de 5 a 7 integrantes las cuadrillas. Hay una parte del acuerdo que no desarrolla, pero hay comprometida una comisión de seguimiento inmediata para regular los trabajos en la época estival. De esta manera, las personas trabajadoras no estarán sometidas a trabajos forzosos de tratamientos selvícolas. Además, también hay compromiso de mejora en la promoción de las categorías profesionales. Otra consecuencia positiva es el aumento de tiempo de trabajo a 9 meses minimo tanto para las cuadrillas terrestres “Romeos”, Helitransportadas y 5 meses para las November”.
Entre el 80 y el 90 % de lo que solicitábamos
Tomás Pérez Urueña está “muy contento de lo que hemos firmado dentro de la Mesa de Diálogo Social. En los últimos años, el dispositivo de extinción de Castilla y León ha ido reduciendo lo público mientras iba ganando terreno la privatización. Con este acuerdo, se ha puesto el dinero en la mesa para desarrollar otro modelo y hay voluntad política de hacer los cambios. Se han reconocido las principales reivindicaciones que veníamos haciendo desde hace años. No es todo lo que querríamos, pero ahora se premia lo público, es un cambio radical”.
Recuerda Tomás un detalle importante ya señalado: “todo esto debe concretarse ahora en la negociación del convenio de los trabajadores públicos. El diálogo social es un marco, pone el dinero y reconoce que la Junta lo estaba haciendo mal, que era poco lo que se invertía y que era escaso el tiempo que se dedicaba a extinción. Se ha empezado a hablar de las condiciones laborales pero estas se fijan en las negociaciones del convenio”.
Entre los aspectos positivos más destacables señala que “se trabajará todo el año en extinción, que los fijos discontinuos públicos han pasado a ser fijos con 12 meses de trabajo, que se aumenta la plantilla de agentes medioambientales de 950 a 1.250 agentes y que se apuesta por una buena formación seria y eficaz que garantice especialización y profesionalidad”.
Se ha acordado formar una mesa de seguimiento del acuerdo “para comprobar su cumplimiento, lo cual es también muy positivo”.Castilla y León transforma su dispositivo de extinción de incendios forestales
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE Castilla y León han suscrito un acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia forestal, para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León. Se mantiene el modelo dual público-privado, pero habrá un dispositivo permanente los doce meses del año, prácticamente se duplica el presupuesto en tres años, se amplía la plantilla de agentes medioambientales, se incrementa la estabilidad de todo el dispositivo y se decide apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal.
El presupuesto de la lucha contra incendios forestales en Castilla y León se incrementará en los próximos tres años de forma progresiva hasta alcanzar una cifra de 65 millones de euros más de los que se invierten ahora. Con respecto al presupuesto actual, en 2023 se incrementará en 22 millones de euros; el presupuesto de 2023 tendrá casi 40 millones de euros más que el de 2022; y en 2025 serán 65 millones más con respecto a lo de este año. Esto quiere decir que en estos tres próximos años el presupuesto de lucha contra incendios forestales en Castilla y León se incrementará en 127 millones de euros.
De esta cantidad, algo más de 86 millones irán destinados a la estabilización del personal del dispositivo y a la mejora de las condiciones de trabajo. En concreto 54 son para el personal público y 32 para el personal de la empresa pública Tragsa y las empresas privadas contratadas. Los algo más de 40 millones restantes van destinados a nuevo material, vehículos, formación y resto demoras contempladas en el acuerdo.
De las 837 personas del dispositivo que tienen categoría de personal laboral fijo discontinuo, 781 pasarán a ser personal fijo continuo. Las cuadrillas contratada a Tragsa y a empresas privadas pasarán a trabajar un mínimo de nueve meses.
Se acuerda actualizar el marco normativo, de planificación y organización, incluyendo la reforma del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), así como la actualización y reforma del Decreto por el que se establece el Operativo y se regula el sistema de guardias.
Algunos puntos de este acuerdo, para ponerse en marcha, necesitarán concretarse en sus correspondientes mesas de negociación, como es el caso del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de Castilla y León, o el de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en cuya negociación intervienen otras organizaciones sindicales.
La Consejería de Medio Ambiente apostó desde el primer momento de las negociaciones por potenciar el modelo integrado del Operativo, con “un refuerzo de las tareas de prevención activa y los tratamientos selvícolas fuera de la época de peligro alto de incendios”. Con estos cambios espera incrementar la capacidad de respuesta del dispositivo frente a “incendios de gran potencia destructiva en los episodios de extremos climáticos, que, como se ha vivido en este año, cada vez son más frecuentes como consecuencia del cambio climático y de la mayor acumulación de combustibles en los montes”, asegura en su comunicado.
Según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones “esto permitirá incrementar la estabilidad de todos los integrantes del operativo, conformado por más de 4.500 profesionales: técnicos, agentes medio ambientales y celadores de medio ambiente, centros de mando, cuadrillas, autobombas, medios aéreos, maquinaria pesada, torretas de vigilancia y otros”.
Las mejoras afectan tanto al personal funcionario, como al personal laboral fijo de la Junta, hasta ahora discontinuo, como a las empresas públicas y privadas que colaboran en el Operativo. Esto supondrá que los centros de mando estén activos todos los días del año, “con personal especializado y con capacidad de dar una respuesta adecuada las 24 horas del día”, según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. El personal que atiende las autobombas incrementará sus tiempos de prestación de servicio de manera progresiva, incorporándose ya en el 2023 un primer turno a 12 meses, y un segundo durante el mismo periodo en 2025. Se modernizará el sistema de detección y vigilancia y el personal que lo atiende incrementará su tiempo de contratación a 6 meses en 2023 y a 12 meses en 2025, asumiendo nuevas tareas de apoyo al operativo. Las cuadrillas terrestres, las helitransportadas y los retenes de maquinaria pesada, reforzarán sus dotaciones fuera del periodo estival y verán ampliado su tiempo de prestación de servicios hasta mínimo de 9 meses, lo que permitirá incrementar las superficies de tratamientos selvícolas preventivos de incendios”.
De las 837 personas que forman parte del dispositivo de extinción de incendios de Castilla y León con la categoría de fijos discontinuos, 781 pasarán a ser fijos continuos. Las cuadrillas contratadas a la empresa pública Tragsa y a empresas privadas pasarán a trabajar “un mínimo” de 9 meses, según destacó Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La formación del personal, aspecto clave en el que coinciden todas las partes, ha recibido una atención específica, pues se considera imprescindible para “la mayor especialización y profesionalización de los trabajadores y para maximizar su seguridad”.
La Junta se ha comprometido, también, a apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal, “siempre y cuando respete el marco competencial vigente y sea compatible con el modelo integrado y de base forestal de Castilla y León”. Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Castilla y León, valora especialmente este punto como positivo pues “recoge un compromiso expreso de la Junta de apoyar la normativa laboral básica, es decir el Estatuto de Bombero Forestal, que homogenice en el conjunto del Estado la formación, la cualificación, las funciones para conformar un operativo digno y profesional”.
Para Tomás Pérez Urueña, secretario general de servicios públicos de UGT de Castilla y León, “es la primera vez que en un documento público la Junta reconoce la existencia de los bomberos forestales. Es competencia del Gobierno central sacar esta ley, a la que nos consta que algunas comunidades autónomas no han puesto más que problemas. Este es un avance importante por lo que puede suponer de reconocimiento de categoría profesional que ahora deberá refrendarse en el convenio colectivo que estamos negociando. Lamentablemente esta categoría no está reconocida en el convenio para los trabajadores de empresas privadas, que ya está cerrado aunque nosotros no lo firmamos”.
Finalmente, se han acordado otras mejoras de infraestructuras y equipos, de logística y avituallamiento. Para Tomás este es un aspecto importante “porque los avituallamientos se hacían hasta ahora de cualquier manera, contratados deprisa y corriendo en el bar más cercano. Ahora deberá reunir unas condiciones y ser algo controlado, no hecho de cualquier manera. En ocasiones, se han producido avituallamientos indignos”
También ha señalado el consejero que “los criterios de financiación autonómica por parte del Estado deberían tener en cuenta cuestiones como la extensión territorial en la prestación de servicios a ese territorio, como es la prevención y la extinción de incendios forestales”.
Un nuevo dispositivo con capacidad
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha reconocido que esta nueva dirección en la manera de entender el dispositivo de extinción de Castilla y león viene provocada “por el incendio de Ávila de 2021, que motivó reflexiones del presidente de la Comunidad y mías propias en el parlamento regional, en el sentido de que era necesaria una estabilización del personal y más medios. Fruto de ellas y acuciados por los incendios devastadores de junio y julio de este año este acuerdo se hacía imprescindible”.
Para el consejero se trata de “una transformación intensa del dispositivo de extinción de Castilla y León que busca dar tranquilidad a la ciudadanía”. Para ello, debe estar preparado, con capacidad para acometer estas nuevas realidades por la situación climática”. Reconoció que 2022 ha sido “una campaña particularmente dura de incendios, con el fallecimiento de tres personas”. Y agradeció el compromiso y la voluntad de llegar a acuerdos de todas las partes firmantes de este acuerdo, “a los que ha presidido el interés público”.
Valoración positiva para CC OO
Fernando Fraile hace una valoración “positiva porque supone un avance sustancial en la mejora del tiempo de trabajo, apuesta por una formación continuada y establece la mejora en el avituallamiento, las infraestructuras y las comunicaciones”.
Para CC OO el acuerdo alcanzado no es un punto final “porque todavía hay margen para la mejora. El operativo que hoy mejoramos es el operativo de la Junta, pero el sindicato sigue apostando por uno cien por cien público que realice labores los 365 días del año y que sea profesional. El acuerdo cuenta con presupuesto suficiente para su ejecución y estaremos vigilantes para que se cumpla en su totalidad”.
Otros dos aspectos consideran positivos en CC OO: por un lado, “conseguir que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León trabajen todo el año en extinción”. Por el otro, “la ampliación del tiempo de trabajo en los distintos colectivos que conforman Tragsa a pesar de no alcanzar los doce meses. Es fundamental para el colectivo de Tragsa porque las mejoras que contempla el acuerdo se aplicarán en 2023”.
En el caso de los trabajadores de las empresas privadas contratadas por la Junta como apoyo en verano, Juan Manuel Ramos, secretario de organización y desarrollo federativo de CCOO de Industria de Castilla y Léon, también hace una valoración positiva porque se amplía su tiempo de trabajo y se mejoran sus condiciones laborales. En época de peligro bajo de incendios van a pasar de 5 a 7 integrantes las cuadrillas. Hay una parte del acuerdo que no desarrolla, pero hay comprometida una comisión de seguimiento inmediata para regular los trabajos en la época estival. De esta manera, las personas trabajadoras no estarán sometidas a trabajos forzosos de tratamientos selvícolas. Además, también hay compromiso de mejora en la promoción de las categorías profesionales. Otra consecuencia positiva es el aumento de tiempo de trabajo a 9 meses minimo tanto para las cuadrillas terrestres “Romeos”, Helitransportadas y 5 meses para las November”.
Entre el 80 y el 90 % de lo que solicitábamos
Tomás Pérez Urueña está “muy contento de lo que hemos firmado dentro de la Mesa de Diálogo Social. En los últimos años, el dispositivo de extinción de Castilla y León ha ido reduciendo lo público mientras iba ganando terreno la privatización. Con este acuerdo, se ha puesto el dinero en la mesa para desarrollar otro modelo y hay voluntad política de hacer los cambios. Se han reconocido las principales reivindicaciones que veníamos haciendo desde hace años. No es todo lo que querríamos, pero ahora se premia lo público, es un cambio radical”.
Recuerda Tomás un detalle importante ya señalado: “todo esto debe concretarse ahora en la negociación del convenio de los trabajadores públicos. El diálogo social es un marco, pone el dinero y reconoce que la Junta lo estaba haciendo mal, que era poco lo que se invertía y que era escaso el tiempo que se dedicaba a extinción. Se ha empezado a hablar de las condiciones laborales pero estas se fijan en las negociaciones del convenio”.
Entre los aspectos positivos más destacables señala que “se trabajará todo el año en extinción, que los fijos discontinuos públicos han pasado a ser fijos con 12 meses de trabajo, que se aumenta la plantilla de agentes medioambientales de 950 a 1.250 agentes y que se apuesta por una buena formación seria y eficaz que garantice especialización y profesionalidad”.
Se ha acordado formar una mesa de seguimiento del acuerdo “para comprobar su cumplimiento, lo cual es también muy positivo”.
