Ecología, gestión y protección de la fauna silvestre

15
Jun
2026

 

Autoría

Miguel Clavero Pineda

Científico titular CSIC, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

Sergio Bedmar Castillo

Estudiante de doctorado en invasiones biológicas, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

La lamprea marina (Petromyzon marinus) se encuentra en declive en España, donde se considera una especie en peligro crítico de extinción. La situación es especialmente preocupante en los ríos sureños, en los que ha sido registrada muy pocas veces en las últimas décadas, hasta el punto de que prácticamente se la consideraba extinta en el río Guadalquivir. Hasta ahora.

Acabamos de capturar una lamprea adulta de casi un metro de longitud en la Rivera de Huelva, uno de los principales afluentes del Bajo Guadalquivir (posteriormente, fue liberada). El hallazgo pone de manifiesto la importancia de los pocos tramos fluviales que aún conservan la conexión con el mar, fundamentales para estos animales. También pone el foco sobre la necesidad de mejorar nuestro conocimiento sobre peces migradores, uno de los grupos de animales más amenazados en España y en todo el mundo.

Malos tiempos para ser un pez migrador

Los peces anádromos nacen en los ríos y tienen un periodo de crecimiento en el mar, por lo que necesitan moverse libremente entre ambos ambientes. Son particularmente sensibles a la fragmentación de ríos por la construcción de barreras (como presas y azudes), ya que el bloqueo de las rutas migratorias hace que pierdan el acceso a las zonas de reproducción.

En el Guadalquivir, la presa de Alcalá del Río, a pocos kilómetros aguas arriba de Sevilla y en funcionamiento desde 1931, hizo que la mayor parte de la cuenca perdiese la conexión con el mar. La peor parte de los impactos generados se la llevaron peces migradores como el sollo (Acipenser sturio), al que hoy llamamos esturión, y el sábalo (Alosa alosa).

En la década de 1970 la lamprea ya se consideraba una especie rara en el Bajo Guadalquivir. Los registros posteriores se cuentan con los dedos de la mano, el último de ellos en 2014.

Sin embargo, vecinos de Guillena, localidad situada a orillas de la Rivera de Huelva, nos contaron que en torno a 1980 podían pescarse muchas lampreas. Es por tanto probable que la escasez de registros de lamprea se deba, al menos en parte, a la falta de cultura culinaria asociada a la especie en el sur de España. De hecho, nos dijeron que las lampreas se solían coger por el simple gusto de la captura, porque “ese pez tan raro” no lo comían.

En el Bajo Guadiana sí existe una explotación comercial de la lamprea debido a su gran valor en la gastronomía portuguesa. Es por esto que, desde hace años, se dedican importantes esfuerzos a su estudio y monitorización, algo que no se hace en el Guadalquivir. Además, estas pesquerías dirigidas a la especie dan lugar a capturas más frecuentes y trazables.

Aún así, la lamprea también se ha convertido en un animal extraordinariamente escaso en el Bajo Guadiana, hasta el punto de que los pescadores portugueses se quejan de que ya casi no vale la pena salir a pescarla.

Un ciclo complejo

La vida de la lamprea sigue un ciclo fascinante. Los individuos reproductores, como el capturado en la Rivera de Huelva, remontan los ríos buscando lugares apropiados para el desove. Hacen nidos en zonas de arena, en los que eliminan las piedras, moviéndolas con su boca en forma de ventosa.

De las puestas nacen larvas que, rápidamente, se entierran en sedimentos arenosos, donde viven filtrando agua para alimentarse. Cuando acaba esa fase filtradora, que puede durar más de cinco años, las larvas sufren una metamorfosis durante la que, por primera vez, desarrollan ojos funcionales, una boca succionadora repleta de dientes córneos y una lengua raspadora.

Estas lampreas juveniles abandonan la arena y viajan al mar. Allí se alimentan como parásitos de otros peces, a los que se aferran con la ventosa que forma su boca. En el Mediterráneo se les ha visto alimentándose de peces tan grandes como el pez luna (Mola mola) o la manta de espina (Mobula mobular).

Después de entre dos y tres años de vida en el mar, las lampreas dejan de comer y emprenden su regreso a los ríos para reproducirse.

La reproducción de la lamprea nunca se ha descrito en la cuenca del Guadalquivir, pero el tramo en el que ahora la hemos detectado podría tener las condiciones necesarias para albergarla, por sus grandes lechos de arena y aguas permanentes. De hecho, puede haber sido un lugar tradicional de reproducción, pero nadie ha estudiado esta posibilidad. Lo que sí es evidente es que en toda la cuenca del Guadalquivir quedan pocos lugares, si es que queda alguno, tan adecuados para la reproducción de la especie.

Un tramo excepcional y amenazado

El tramo de la Rivera de Huelva que queda aguas abajo del embalse del Gergal, del que se toma el agua que abastece al área metropolitana de Sevilla, es excepcional por ser el principal ecosistema fluvial de la cuenca del Guadalquivir que aún mantiene contacto directo con el estuario y, a través de él, con el mar.

En ese tramo coexisten anguilas, llegadas del mar, y lisas (llamadas albures en la zona), que se mueven entre este, el estuario y el río, con especies típicamente fluviales como el barbo, el camarón de río y hasta tres especies de náyades –grandes y muy amenazadas almejas de agua dulce–.

Este es seguramente el tramo más importante en toda la cuenca del Guadalquivir para la conservación de los peces y otra fauna acuática. Pero las figuras de protección de ríos, como las Reservas Naturales Fluviales, suelen establecerse en zonas de montaña, protegiendo tramos de río de aguas limpias y bien oxigenadas, que recorren bonitos paisajes con pocos impactos. Pero eso no implica que sean los más importantes para la conservación de la biodiversidad.

A pesar de sus indudables valores, el tramo bajo de la Rivera de Huelva enfrenta numerosas amenazas, entre las que destacan una nutrida representación de especies invasoras. Una especialmente preocupante es el siluro (Silurus glanis), capaz de comerse los elementos más valiosos de esta zona, como la anguila y, ahora lo sabemos, la lamprea.

La porción de la Rivera de Huelva que queda accesible a los peces migradores podría no ser suficiente para garantizar su conservación o favorecer su recuperación en la cuenca del Guadalquivir. Lo que vemos hoy es un residuo ínfimo de lo que debía ser una frecuente y abundante presencia en ríos y arroyos, un escenario que ha desaparecido de la memoria colectiva.

El descubrimiento de la lamprea en el Guadalquivir es una buena noticia. Sería todavía mejor si empezáramos a recuperar para los peces migradores parte de la enorme cantidad de hábitat que les hemos quitado.

En la cuenca del Guadalquivir sería fundamental eliminar las barreras que forman las presas de Alcalá del Río y Cantillana, estructuras antiguas, pequeñas, con una exigua producción eléctrica, pero con un impacto gigantesco. Sin esas barreras, el tramo bajo de la Rivera de Huelva no sería tan excepcional y daríamos una oportunidad a varias especies de peces que están a punto de desaparecer, de los ríos y de nuestra memoria.

15
Jun
2026

 

Autoría

Carlos Cano-Barbacil

Investigador postdoctoral en ecología, Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC)

Emili García-Berthou

Catedrático de Ecología, Universitat de Girona

Francisco José Oliva Paterna

Catedrático de Zoología, Universidad de Murcia

Los resultados de un reciente estudio en el que analizamos la presencia de peces introducidos en los ríos de la región mediterránea son alarmantes: hay más de 150 especies invasoras en el territorio. Y su llegada está estrechamente vinculada a las actividades humanas. De estas especies, 106 han logrado establecer poblaciones, es decir, se mantienen por sí mismas sin intervención humana.

Los países con mayor número de peces invasores son Italia, España y algunos estados balcánicos. En ciertos sistemas acuáticos, la magnitud de este fenómeno resulta especialmente llamativa. En el río Segura (España) o en el lago Pamvotis (Grecia), más del 70 % de las especies de peces presentes son introducidas, lo que refleja hasta qué punto se ha transformado la composición original de estas comunidades.

Sospechosos habituales

Las especies más extendidas en la región mediterránea son la gambusia, establecida ya en 21 países, y la carpa, en 20. La perca sol, presente en 16 países, es la tercera en la lista.

Las especies más ampliamente distribuidas comparten una serie de rasgos comunes: suelen tener una alta capacidad reproductiva y gran tolerancia ambiental. Sus introducciones suelen estar vinculadas a actividades humanas dado su interés comercial o recreativo. Este es el caso de algunos salmónidos, o especies como el siluro, uno de los más buscados en la pesca deportiva de agua dulce en Europa.

¿Cómo han llegado a nuestras aguas?

Si bien una parte de los peces introducidos en los países mediterráneos provienen de regiones lejanas, como Asia oriental y Norteamérica, la mayoría llegaron de países vecinos. Curiosamente, ha existido un “intercambio” de especies entre países cercanos, favoreciendo una “homogeneización” de la fauna acuática de la región. En España, por ejemplo, especies como el lucio o el alburno han sido introducidas desde Centroeuropa, mientras que alguna especie ibérica como el barbo del Ebro se ha establecido en algunos ríos italianos.

La principal vía de introducción son los escapes de cría en cautividad en piscifactorías o acuarios que terminan llegando al medio natural. También son relevantes las liberaciones intencionadas motivadas por la pesca deportiva o el control biológico, como ocurre con el siluro o la gambusia, respectivamente.

Aunque en menor medida, también existen introducciones accidentales, que ocurren cuando especies son transportadas de forma inadvertida junto a equipos de pesca o en aguas contaminadas.

Economía, embalses y clima: claves en las invasiones biológicas

La presencia de peces introducidos no es producto del azar, sino que está relacionada con diferentes factores ambientales y socioeconómicos. De acuerdo con diversos estudios, los países con mayor producto interior bruto tienden a tener más especies introducidas. En regiones con más comercio, más transporte y un desarrollo más intenso de actividades como la acuicultura o la pesca recreativa se incrementan las oportunidades de introducción.

Del mismo modo, los embalses funcionan como auténticas “puertas de entrada”. Estos ecosistemas profundamente alterados tienen condiciones más favorables para los peces invasores, mejor adaptados que los autóctonos. Y se ha observado que las zonas con climas más favorables y más hábitats acuáticos disponibles albergan más especies introducidas.

Un impacto profundo en la biodiversidad

Las especies invasoras afectan a las autóctonas de múltiples maneras. Peces como el siluro actúan como depredadores directos, alimentándose de fauna autóctona. Y otros como la gambusia causan “cascadas tróficas”, compitiendo por los recursos disponibles con la fauna autóctona y también atacándola directamente.

A estos efectos se suman impactos menos visibles, pero igualmente importantes, como la transmisión de enfermedades y parásitos, o la hibridación con especies autóctonas. Además, la presencia de especies introducidas altera las cadenas tróficas y cambia el equilibrio natural de los ecosistemas. Como resultado se produce una pérdida progresiva de biodiversidad global.

Un reto para el futuro

Las invasiones biológicas se han convertido en uno de los grandes desafíos ambientales del siglo XXI. Una vez que una especie introducida logra establecerse en un ecosistema, su erradicación a menudo no es posible o resulta extremadamente difícil y costosa. Por ello, los expertos coinciden en que la clave no está tanto en su eliminación, sino en la prevención de nuevas introducciones.

Esto implica reforzar el control del comercio de especies, regular la acuicultura y la pesca recreativa y desarrollar sistemas de alerta temprana para detectar nuevas introducciones lo antes posible. A ello se suma la necesidad de fomentar la educación y la concienciación pública, ya que algunas de estas introducciones están relacionadas directa o indirectamente con actividades humanas cotidianas. Asegurar el equilibrio de nuestros ecosistemas no es solo una función de las autoridades, es responsabilidad de toda la ciudadanía.

09
Feb
2026

 

La prohibición de la caza en parques nacionales vuelve a estar en el centro del debate. En Monfragüe, colectivos del entorno alertan de desequilibrios ecológicos y económicos muy similares a los denunciados en Cabañeros, donde la sobrepoblación de fauna ya ha degradado gravemente el ecosistema.

La discusión sobre la gestión de los parques nacionales españoles ha vuelto a cobrar fuerza tras las advertencias lanzadas desde Extremadura. El Parque Nacional de Monfragüe, uno de los grandes iconos de la conservación en la península, afronta un escenario cada vez más parecido al de Cabañeros, donde la prohibición de la actividad cinegética ha derivado en un crecimiento descontrolado de ciervos y jabalíes, con efectos visibles sobre el hábitat.

Desde diciembre de 2020, la caza deportiva y comercial está prohibida en Monfragüe, en aplicación de la Ley 30/2014 de Parques Nacionales, que la considera incompatible con estos espacios. Cinco años después, la medida empieza a generar un debate creciente entre los municipios del entorno, el sector primario y distintos colectivos sociales.

La formación Somos Cáceres ha salido ahora a defender abiertamente la caza tradicional como una herramienta necesaria para el equilibrio ecológico, el mantenimiento del paisaje y la supervivencia económica de los pueblos que rodean el parque. Su posicionamiento llega en un contexto marcado por el precedente de Cabañeros, donde Europa ya ha puesto el foco en las consecuencias de un modelo estrictamente prohibitivo.

El aviso desde el entorno rural de Monfragüe

Según Somos Cáceres, la eliminación total de la actividad cinegética tiene efectos directos sobre el empleo, la economía local y el control poblacional de las especies. La formación subraya que la caza tradicional ha convivido durante décadas con el turismo de naturaleza y la conservación de la biodiversidad sin generar conflictos estructurales.

Cristina Redondo, portavoz agraria del colectivo, alerta además de un problema añadido que ya empieza a percibirse en la zona. «Si se caza solo en terrenos públicos los jabalíes y venados se refugiarán en los predios particulares», declara. A su juicio, esta situación no soluciona el problema, sino que lo desplaza y lo agrava, incrementando los daños y el riesgo de superpoblaciones en fincas privadas y áreas colindantes.

El temor es que Monfragüe repita una dinámica ya conocida en otros espacios protegidos, donde la fauna silvestre se concentra en zonas sin gestión efectiva, presionando la vegetación, afectando a la regeneración natural y alterando el equilibrio entre especies.

La dehesa, una construcción humana en riesgo

Otro de los argumentos centrales de Somos Cáceres es la defensa de la agroganadería tradicional como pilar básico de los valores naturales del parque. En este sentido, recuerdan que el paisaje que hoy se protege no es un entorno virgen, sino el resultado de siglos de intervención humana sostenible.

En palabras del propio colectivo, «la dehesa y el paisaje actuales son el resultado de siglos de gestión humana sostenible». Sin esa actividad continuada, advierten, el sistema se degrada y pierde diversidad, algo que ya se observa en áreas con una presión excesiva de ungulados.

Esta reflexión conecta directamente con lo ocurrido en el Parque Nacional de Cabañeros, donde la sobreabundancia de ciervos ha sido señalada como una de las causas principales del deterioro del bosque mediterráneo, hasta el punto de que el caso ha llegado al Parlamento Europeo.

Cabañeros como espejo incómodo

El ejemplo de Cabañeros planea ahora sobre Monfragüe como una advertencia difícil de ignorar. Allí, asociaciones de afectados, científicos y representantes europeos han denunciado que la falta de gestión activa ha convertido el parque en un espacio ecológicamente desequilibrado, con hábitats degradados y una biodiversidad en retroceso.

El temor de los colectivos extremeños es que Monfragüe recorra el mismo camino si no se revisa el modelo actual. La cuestión ya no es solo ambiental, sino también social: pueblos vaciados, fincas dañadas y un territorio que pierde su capacidad de sostener vida y actividad.

Mientras tanto, el debate sigue abierto. Lo que ocurre en Monfragüe empieza a sumarse a una lista creciente de parques nacionales donde la prohibición total, lejos de proteger, parece estar poniendo en jaque aquello que se pretendía conservar.

Sobre el autor

Edu Pompa.- Ingeniero técnico forestal. Máster en gestión y conservación de fauna salvaje y espacios protegidos. Experto en redes sociales y cazador desde la infancia, coordina la web y los perfiles sociales de Jara y Sedal.

Jara y Sedal

10
Jun
2026

 

Continúa la tendencia creciente

05/06/2026

La población censada se compuso de 1.711 adultos o subadultos y 952 cachorros, siendo Castilla-La Mancha la comunidad autónoma con mayores tasas de productividad y número de ejemplares: 1.051

La población aumentó un 10,9 % respecto a 2024, con 262 individuos más censados, y prácticamente se ha duplicado en solo cuatro años

La población de lince ibérico (Lynx pardinus) alcanzó un nuevo registro máximo en 2025 desde que existen datos de seguimiento coordinado, llegando a los 2.663 individuos censados. Esta cifra supone un incremento del 10,9 % respecto a 2024, cuando se registraron 2.401 ejemplares, y de alrededor del 95 % entre 2021 y 2025. Los datos muestran la continuación de la tendencia demográfica positiva de la especie en los últimos 25 años, período en el que se han desarrollado los programas coordinados de conservación del lince ibérico en España y Portugal.

Los detalles de este nuevo censo se recogen en el informe elaborado por el grupo de trabajo del lince ibérico, que coordina la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y que está compuesto por representantes de las comunidades autónomas españolas y del Instituto de Conservación de la Naturaleza y los Bosques (ICNF) de Portugal.

Del total de 2.663 linces censados, 2.269 lo fueron en España (85 %) y 394 en Portugal. Las comunidades autónomas españolas que albergaron linces en sus territorios y aportaron datos al censo fueron seis: Castilla-La Mancha acogió 1.051 ejemplares, lo que supone el 46,3 % de la población española, mientras que en Andalucía se registraron 885 linces (39 %). Las tres principales áreas geográficas para el lince ibérico se encuentran en Sierra Morena con 1.145 individuos contabilizados, en núcleos compartidos por las comunidades autónomas de Andalucía (613 ejemplares en los núcleos de Sierra Morena Oriental en Jaén y Córdoba, y 61 en áreas de conexión de Sierra Morena) y Castilla-La Mancha (471 linces en varios núcleos de las provincias de Ciudad Real y Albacete). En Extremadura se censaron 302 ejemplares y en la Región de Murcia, 19. En 2025 se registraron también linces en Castilla y León (11 individuos) gracias al inicio del proyecto de reintroducción en la comarca del Cerrato palentino, y en la Comunidad de Madrid hubo un ejemplar asentado en el este de la región.

Del total censado, 1.711 linces fueron adultos o subadultos que presentaron una distribución de sexos equilibrada (824 machos y 791 hembras que pudieron ser sexadas). El número de hembras reproductoras o territoriales en 2025 ascendió a 542, que son 72 más que en 2024. Este número de hembras reproductoras se aproxima cada año más a las 750 que se considera como hito demográfico para considerar que el lince se encuentra en un estado de conservación favorable. El número de cachorros nacidos en 2025 llegó a 952, con una tasa de fecundidad de 1,75 calculada como el número de cachorros nacidos entre el número de hembras territoriales.

La población de lince continúa expandiéndose y su presencia se ha constatado hasta en 26 núcleos geográficos distintos. En 18 de dichos núcleos la especie se reprodujo en 2025. La tendencia de la población es positiva; en un período de 24 años, la población ha pasado de menos de 100 ejemplares censados en 2002 a 2.663 en 2025. Y en los últimos años el incremento es aún más destacable, puesto que en 2021 la población total era de 1.365 linces y cuatro años más tarde se ha añadido prácticamente el doble de individuos a la población ibérica, lo que supone una tasa de crecimiento anual del 24% en promedio.

Resulta importante reseñar que el aumento de la población de linces hace cada vez más difícil poder registrar e identificar individualmente a todos los ejemplares presentes en los distintos núcleos, por la gran cantidad de recursos logísticos y esfuerzo que requiere realizar un censo totalmente preciso y completo. Esto resulta especialmente destacable en las dos comunidades autónomas que acogen una mayor proporción de la población en España (Andalucía y Castilla-La Mancha). Es por ello que las cifras dadas para el censo de 2025 habrían de considerarse como un número mínimo de linces.

El informe técnico elaborado en el seno del grupo de trabajo del lince ibérico en España y Portugal, conformado por las administraciones ambientales competentes puede ser consultado en la página web del MITECO.

CONTINUACIÓN DEL ESFUERZO DE CONSERVACIÓN DEL LINCE Y DE LOS PROGRAMAS COORDINADOS

El crecimiento poblacional del lince ibérico en España y Portugal continúa siendo un ejemplo mundial de éxito de un programa de conservación de especies amenazadas. Gracias a los esfuerzos realizados tanto por las administraciones públicas competentes como por entidades sectoriales interesadas, propietarios y gestores de fincas privadas y sociedad en general, el lince avanza en su expansión territorial y numérica. Además, existe un continuado interés para recuperar su antigua distribución en España y son varias las administraciones autonómicas que desarrollan o plantean la ejecución de nuevos proyectos de reintroducción de la especie.

A pesar de las buenas perspectivas para el lince, aún existen factores de amenaza a los que hacer frente para asegurar el alcance de un favorable estado de conservación. Las tasas de mortalidad no natural registrada aún son preocupantes y en 2025 se detectaron 273 muertes de lince, de las que 212 (77,9%) fueron por atropello en infraestructuras viarias. Ello pone de manifiesto la importancia de avanzar en los trabajos de aplicación de la Estrategia de conservación del lince ibérico en España y Portugal, aprobada en 2024 por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, y de la Estrategia Española de Infraestructura Verde y de Conectividad y Restauración Ecológicas, para mejorar la desfragmentación de hábitats entre núcleos geográficos donde se asienta la especie en nuestro país.

Los trabajos de cría en cautividad y la reintroducción de lince ibérico están resultando esenciales para la recuperación del lince. En 2025 se cumplieron 20 años desde el inicio del programa coordinado ex situ. La cría en cautividad supone un esfuerzo económico muy importante para las administraciones que vienen sufragando este coste con medios propios, que son el ICNF de Portugal en el centro de cría de Silves, la Junta de Andalucía en el centro de La Olivilla (Jaén) y el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN) del MITECO en los centros de Zarza de Granadilla (Cáceres) y El Acebuche (Huelva).

Desde que en 2011 comenzaran las primeras liberaciones al medio natural de individuos nacidos en cautividad, hasta 2025 se han reintroducido 424 ejemplares en distintas áreas que cuentan con condiciones ecológicas y socioambientales favorables para acoger linces ibéricos. A las áreas de reintroducción inicialmente seleccionadas para la liberación de linces en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Portugal, se han incorporado en los últimos años nuevas zonas de reintroducción aprobadas por el grupo de trabajo del lince ibérico que coordina la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del MITECO. En 2025 fue Castilla y León la que inició los trabajos de liberación de linces en el Cerrato Palentino, y en 2026 se han reintroducido los primeros linces en el Valle del Ebro, en el área del río Huerva de la provincia de Zaragoza, en un proyecto liderado por el Gobierno de Aragón. En esta nueva fase de expansión geográfica, se plantea ampliar y consolidar la distribución del lince en nuevas áreas, tanto en nuevas comunidades autónomas, como en nuevos núcleos de Andalucía y Castilla-La Mancha, lo que contribuirá a reducir el riesgo de extinción del lince ibérico.

30
Ene
2026

 

Publicado: 28 enero 2026 23:40 CET

Autoría

Miguel Ángel Gómez-Serrano

Assistant lecturer, Universitat de València

Cerca del 44 % de los hogares de la Unión Europea tiene al menos un animal de compañía, de los cuales más del 90 % son perros o gatos.

La tendencia de incorporar mascotas a nuestras vidas no ha parado de crecer en las últimas décadas, pero se disparó a partir de la pandemia de la covid-19. En concreto, se estima que la población europea de animales de compañía creció un 11 % en 2022, alcanzando los 340 millones, principalmente gatos (127 millones) y perros (104 millones).

Y se sabe que, a medida que crece la población humana en contacto con los animales de compañía, aumenta también el interés por el bienestar animal en la sociedad. Algo similar sucede con la vida salvaje: cuando las poblaciones de las especies silvestres disminuyen, la preocupación por la conservación de la biodiversidad se intensifica.

Pero esta confluencia no siempre convive en armonía. Aunque existe cierto solapamiento entre los objetivos del bienestar animal y los de la conservación de la fauna silvestre, es evidente la existencia de un sesgo a la hora de priorizar entre los animales de compañía y los silvestres, especialmente cuando ambos grupos interactúan.

Un estudio reciente identifica las claves del conflicto entre los defensores del bienestar animal de las mascotas y los partidarios de la conservación de la naturaleza. El trabajo analiza las oportunidades legales en el marco de la Unión Europea para reducir el impacto de las primeras sobre los animales silvestres.

Dos marcos legales que no encajan entre ellos

La Unión Europea cuenta con una sólida legislación ambiental, en la que las directivas sobre aves y hábitats han sido claves para proteger la vida silvestre. En cambio, la legislación sobre bienestar animal —sobre todo la relativa a animales de compañía— es mucho más reciente y aún está en incipiente desarrollo.

Lógicamente, el bienestar animal se ha vinculado únicamente a las especies domésticas, dejando a las silvestres bajo la legislación ambiental. Sin embargo, este desequilibrio ha generado un vacío normativo importante: ¿qué ocurre cuando las mascotas causan daños a la fauna silvestre?

Mascotas que se volvieron silvestres

Entre los tipos de impactos más importantes de las mascotas sobre la vida silvestre están los derivados de las que se asilvestran. Los animales abandonados o escapados pueden formar poblaciones autosuficientes en la naturaleza, con consecuencias graves para las especies autóctonas.

Los loros que se escapan de los hogares son un buen ejemplo de ello. Especies como la cotorra de Kramer o la cotorra argentina han establecido colonias en muchas ciudades europeas. Aunque existe cierto consenso en considerarlas como especies invasoras, su gestión representa un complejo conflicto socioambiental.

No hay dudas de que los loros compiten con especies nativas por lugares de nidificación y recursos, pero representan especies carismáticas y apreciadas por parte de la ciudadanía, por lo que su control genera fuertes controversias sociales.

No obstante, si existe una mascota asilvestrada como centro de las preocupaciones es el gato doméstico, considerado como uno de los depredadores invasores más dañinos del planeta, responsables de alrededor del 25 % de las extinciones contemporáneas de reptiles, aves y mamíferos en todo el mundo.

A pesar de las evidencias, en Europa sigue existiendo una gran resistencia a reconocer a los gatos asilvestrados como especies invasoras, lo que limita las opciones legales para gestionar su impacto.

Mascotas con libertad de movimientos

Muchas mascotas con propietario pasan parte de su tiempo sin supervisión en el exterior. En el caso de los perros, los impactos se centran en la depredación de la fauna silvestre y la transmisión de enfermedades.

Por su parte, los gatos que deambulan libremente desde sus hogares también depredan, incluso cuando están bien alimentados, afectando especialmente a aves y pequeños vertebrados en entornos urbanos y periurbanos.

Un caso particular es el de las colonias felinas. El control de las poblaciones de gatos callejeros suele recaer en los Estados miembros de la UE, lo que da lugar a enfoques muy dispares, que van desde la retirada de animales hasta los programas de captura, esterilización y retorno método CER.

Aunque se trata de un método socialmente aceptado, la evidencia científica muestra que, en la mayoría de casos, no es eficaz para reducir la población de gatos ni tampoco el impacto sobre la fauna silvestre a corto plazo.

El paseo de mascotas en la naturaleza

Pasear al perro en la naturaleza se ha convertido en una de las actividades de ocio más comunes. Un buen ejemplo de esta tendencia es la creciente popularidad de las playas para canes. Un tipo de gestión que probablemente sea positiva para la salud de las mascotas y de sus propietarios, pero no para la fauna silvestre.

En playas naturales, por ejemplo, los perros pueden afectar gravemente a aves que nidifican en el suelo, como los chorlitejos patinegros. Incluso cuando no hay depredación directa, la simple presencia de un perro puede provocar que las aves abandonen sus nidos o reduzcan el tiempo de incubación, con efectos negativos sobre el éxito reproductor.

Reconciliar el bienestar animal con la conservación

A medida que la biodiversidad disminuye y la población de animales de compañía aumenta en los hogares europeos, el conflicto entre la conservación de la fauna silvestre y la defensa del bienestar animal se intensifica. Por eso resulta tan urgente reconciliar estas perspectivas divergentes y alinear sus respectivos marcos jurídicos.

La Unión Europea tiene margen legal para actuar. Las directivas ambientales ya obligan a los Estados miembros a prevenir daños a especies protegidas, lo que podría traducirse en restricciones más claras sobre la libre deambulación de mascotas, especialmente en espacios naturales protegidos.

Al mismo tiempo, el desarrollo de una nueva legislación sobre bienestar animal ofrece una oportunidad para reforzar la responsabilidad de los propietarios a la vez que reduce el impacto de la libertad de movimientos y previene el abandono o el asilvestramiento.

Es necesario que las autoridades se tomen en serio la necesidad de regular los impactos de las mascotas y que sus propietarios se impliquen en la tarea de evitarlos. Sólo así no llegaremos al punto irreversible en el que los únicos animales silvestres que observemos en nuestros paseos por la naturaleza sean nuestras propias mascotas.

The Conversation

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