La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE Castilla y León han suscrito un acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia forestal, para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León. Se mantiene el modelo dual público-privado, pero habrá un dispositivo permanente los doce meses del año, prácticamente se duplica el presupuesto en tres años, se amplía la plantilla de agentes medioambientales, se incrementa la estabilidad de todo el dispositivo y se decide apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal.
El presupuesto de la lucha contra incendios forestales en Castilla y León se incrementará en los próximos tres años de forma progresiva hasta alcanzar una cifra de 65 millones de euros más de los que se invierten ahora. Con respecto al presupuesto actual, en 2023 se incrementará en 22 millones de euros; el presupuesto de 2023 tendrá casi 40 millones de euros más que el de 2022; y en 2025 serán 65 millones más con respecto a lo de este año. Esto quiere decir que en estos tres próximos años el presupuesto de lucha contra incendios forestales en Castilla y León se incrementará en 127 millones de euros.
De esta cantidad, algo más de 86 millones irán destinados a la estabilización del personal del dispositivo y a la mejora de las condiciones de trabajo. En concreto 54 son para el personal público y 32 para el personal de la empresa pública Tragsa y las empresas privadas contratadas. Los algo más de 40 millones restantes van destinados a nuevo material, vehículos, formación y resto demoras contempladas en el acuerdo.
De las 837 personas del dispositivo que tienen categoría de personal laboral fijo discontinuo, 781 pasarán a ser personal fijo continuo. Las cuadrillas contratada a Tragsa y a empresas privadas pasarán a trabajar un mínimo de nueve meses.
Se acuerda actualizar el marco normativo, de planificación y organización, incluyendo la reforma del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), así como la actualización y reforma del Decreto por el que se establece el Operativo y se regula el sistema de guardias.
Algunos puntos de este acuerdo, para ponerse en marcha, necesitarán concretarse en sus correspondientes mesas de negociación, como es el caso del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de Castilla y León, o el de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en cuya negociación intervienen otras organizaciones sindicales.
La Consejería de Medio Ambiente apostó desde el primer momento de las negociaciones por potenciar el modelo integrado del Operativo, con “un refuerzo de las tareas de prevención activa y los tratamientos selvícolas fuera de la época de peligro alto de incendios”. Con estos cambios espera incrementar la capacidad de respuesta del dispositivo frente a “incendios de gran potencia destructiva en los episodios de extremos climáticos, que, como se ha vivido en este año, cada vez son más frecuentes como consecuencia del cambio climático y de la mayor acumulación de combustibles en los montes”, asegura en su comunicado.
Según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones “esto permitirá incrementar la estabilidad de todos los integrantes del operativo, conformado por más de 4.500 profesionales: técnicos, agentes medio ambientales y celadores de medio ambiente, centros de mando, cuadrillas, autobombas, medios aéreos, maquinaria pesada, torretas de vigilancia y otros”.
Las mejoras afectan tanto al personal funcionario, como al personal laboral fijo de la Junta, hasta ahora discontinuo, como a las empresas públicas y privadas que colaboran en el Operativo. Esto supondrá que los centros de mando estén activos todos los días del año, “con personal especializado y con capacidad de dar una respuesta adecuada las 24 horas del día”, según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. El personal que atiende las autobombas incrementará sus tiempos de prestación de servicio de manera progresiva, incorporándose ya en el 2023 un primer turno a 12 meses, y un segundo durante el mismo periodo en 2025. Se modernizará el sistema de detección y vigilancia y el personal que lo atiende incrementará su tiempo de contratación a 6 meses en 2023 y a 12 meses en 2025, asumiendo nuevas tareas de apoyo al operativo. Las cuadrillas terrestres, las helitransportadas y los retenes de maquinaria pesada, reforzarán sus dotaciones fuera del periodo estival y verán ampliado su tiempo de prestación de servicios hasta mínimo de 9 meses, lo que permitirá incrementar las superficies de tratamientos selvícolas preventivos de incendios”.
De las 837 personas que forman parte del dispositivo de extinción de incendios de Castilla y León con la categoría de fijos discontinuos, 781 pasarán a ser fijos continuos. Las cuadrillas contratadas a la empresa pública Tragsa y a empresas privadas pasarán a trabajar “un mínimo” de 9 meses, según destacó Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La formación del personal, aspecto clave en el que coinciden todas las partes, ha recibido una atención específica, pues se considera imprescindible para “la mayor especialización y profesionalización de los trabajadores y para maximizar su seguridad”.
La Junta se ha comprometido, también, a apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal, “siempre y cuando respete el marco competencial vigente y sea compatible con el modelo integrado y de base forestal de Castilla y León”. Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Castilla y León, valora especialmente este punto como positivo pues “recoge un compromiso expreso de la Junta de apoyar la normativa laboral básica, es decir el Estatuto de Bombero Forestal, que homogenice en el conjunto del Estado la formación, la cualificación, las funciones para conformar un operativo digno y profesional”.
Para Tomás Pérez Urueña, secretario general de servicios públicos de UGT de Castilla y León, “es la primera vez que en un documento público la Junta reconoce la existencia de los bomberos forestales. Es competencia del Gobierno central sacar esta ley, a la que nos consta que algunas comunidades autónomas no han puesto más que problemas. Este es un avance importante por lo que puede suponer de reconocimiento de categoría profesional que ahora deberá refrendarse en el convenio colectivo que estamos negociando. Lamentablemente esta categoría no está reconocida en el convenio para los trabajadores de empresas privadas, que ya está cerrado aunque nosotros no lo firmamos”.
Finalmente, se han acordado otras mejoras de infraestructuras y equipos, de logística y avituallamiento. Para Tomás este es un aspecto importante “porque los avituallamientos se hacían hasta ahora de cualquier manera, contratados deprisa y corriendo en el bar más cercano. Ahora deberá reunir unas condiciones y ser algo controlado, no hecho de cualquier manera. En ocasiones, se han producido avituallamientos indignos”
También ha señalado el consejero que “los criterios de financiación autonómica por parte del Estado deberían tener en cuenta cuestiones como la extensión territorial en la prestación de servicios a ese territorio, como es la prevención y la extinción de incendios forestales”.
Un nuevo dispositivo con capacidad
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha reconocido que esta nueva dirección en la manera de entender el dispositivo de extinción de Castilla y león viene provocada “por el incendio de Ávila de 2021, que motivó reflexiones del presidente de la Comunidad y mías propias en el parlamento regional, en el sentido de que era necesaria una estabilización del personal y más medios. Fruto de ellas y acuciados por los incendios devastadores de junio y julio de este año este acuerdo se hacía imprescindible”.
Para el consejero se trata de “una transformación intensa del dispositivo de extinción de Castilla y León que busca dar tranquilidad a la ciudadanía”. Para ello, debe estar preparado, con capacidad para acometer estas nuevas realidades por la situación climática”. Reconoció que 2022 ha sido “una campaña particularmente dura de incendios, con el fallecimiento de tres personas”. Y agradeció el compromiso y la voluntad de llegar a acuerdos de todas las partes firmantes de este acuerdo, “a los que ha presidido el interés público”.
Valoración positiva para CC OO
Fernando Fraile hace una valoración “positiva porque supone un avance sustancial en la mejora del tiempo de trabajo, apuesta por una formación continuada y establece la mejora en el avituallamiento, las infraestructuras y las comunicaciones”.
Para CC OO el acuerdo alcanzado no es un punto final “porque todavía hay margen para la mejora. El operativo que hoy mejoramos es el operativo de la Junta, pero el sindicato sigue apostando por uno cien por cien público que realice labores los 365 días del año y que sea profesional. El acuerdo cuenta con presupuesto suficiente para su ejecución y estaremos vigilantes para que se cumpla en su totalidad”.
Otros dos aspectos consideran positivos en CC OO: por un lado, “conseguir que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León trabajen todo el año en extinción”. Por el otro, “la ampliación del tiempo de trabajo en los distintos colectivos que conforman Tragsa a pesar de no alcanzar los doce meses. Es fundamental para el colectivo de Tragsa porque las mejoras que contempla el acuerdo se aplicarán en 2023”.
En el caso de los trabajadores de las empresas privadas contratadas por la Junta como apoyo en verano, Juan Manuel Ramos, secretario de organización y desarrollo federativo de CCOO de Industria de Castilla y Léon, también hace una valoración positiva porque se amplía su tiempo de trabajo y se mejoran sus condiciones laborales. En época de peligro bajo de incendios van a pasar de 5 a 7 integrantes las cuadrillas. Hay una parte del acuerdo que no desarrolla, pero hay comprometida una comisión de seguimiento inmediata para regular los trabajos en la época estival. De esta manera, las personas trabajadoras no estarán sometidas a trabajos forzosos de tratamientos selvícolas. Además, también hay compromiso de mejora en la promoción de las categorías profesionales. Otra consecuencia positiva es el aumento de tiempo de trabajo a 9 meses minimo tanto para las cuadrillas terrestres “Romeos”, Helitransportadas y 5 meses para las November”.
Entre el 80 y el 90 % de lo que solicitábamos
Tomás Pérez Urueña está “muy contento de lo que hemos firmado dentro de la Mesa de Diálogo Social. En los últimos años, el dispositivo de extinción de Castilla y León ha ido reduciendo lo público mientras iba ganando terreno la privatización. Con este acuerdo, se ha puesto el dinero en la mesa para desarrollar otro modelo y hay voluntad política de hacer los cambios. Se han reconocido las principales reivindicaciones que veníamos haciendo desde hace años. No es todo lo que querríamos, pero ahora se premia lo público, es un cambio radical”.
Recuerda Tomás un detalle importante ya señalado: “todo esto debe concretarse ahora en la negociación del convenio de los trabajadores públicos. El diálogo social es un marco, pone el dinero y reconoce que la Junta lo estaba haciendo mal, que era poco lo que se invertía y que era escaso el tiempo que se dedicaba a extinción. Se ha empezado a hablar de las condiciones laborales pero estas se fijan en las negociaciones del convenio”.
Entre los aspectos positivos más destacables señala que “se trabajará todo el año en extinción, que los fijos discontinuos públicos han pasado a ser fijos con 12 meses de trabajo, que se aumenta la plantilla de agentes medioambientales de 950 a 1.250 agentes y que se apuesta por una buena formación seria y eficaz que garantice especialización y profesionalidad”.
Se ha acordado formar una mesa de seguimiento del acuerdo “para comprobar su cumplimiento, lo cual es también muy positivo”.Castilla y León transforma su dispositivo de extinción de incendios forestales
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, los sindicatos CCOO y UGT y la patronal CEOE Castilla y León han suscrito un acuerdo de la Comisión de Seguimiento del Diálogo Social en materia forestal, para la mejora del operativo de lucha contra incendios forestales de Castilla y León. Se mantiene el modelo dual público-privado, pero habrá un dispositivo permanente los doce meses del año, prácticamente se duplica el presupuesto en tres años, se amplía la plantilla de agentes medioambientales, se incrementa la estabilidad de todo el dispositivo y se decide apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal.
El presupuesto de la lucha contra incendios forestales en Castilla y León se incrementará en los próximos tres años de forma progresiva hasta alcanzar una cifra de 65 millones de euros más de los que se invierten ahora. Con respecto al presupuesto actual, en 2023 se incrementará en 22 millones de euros; el presupuesto de 2023 tendrá casi 40 millones de euros más que el de 2022; y en 2025 serán 65 millones más con respecto a lo de este año. Esto quiere decir que en estos tres próximos años el presupuesto de lucha contra incendios forestales en Castilla y León se incrementará en 127 millones de euros.
De esta cantidad, algo más de 86 millones irán destinados a la estabilización del personal del dispositivo y a la mejora de las condiciones de trabajo. En concreto 54 son para el personal público y 32 para el personal de la empresa pública Tragsa y las empresas privadas contratadas. Los algo más de 40 millones restantes van destinados a nuevo material, vehículos, formación y resto demoras contempladas en el acuerdo.
De las 837 personas del dispositivo que tienen categoría de personal laboral fijo discontinuo, 781 pasarán a ser personal fijo continuo. Las cuadrillas contratada a Tragsa y a empresas privadas pasarán a trabajar un mínimo de nueve meses.
Se acuerda actualizar el marco normativo, de planificación y organización, incluyendo la reforma del Plan de Protección Civil ante Emergencias por Incendios Forestales en Castilla y León (INFOCAL), así como la actualización y reforma del Decreto por el que se establece el Operativo y se regula el sistema de guardias.
Algunos puntos de este acuerdo, para ponerse en marcha, necesitarán concretarse en sus correspondientes mesas de negociación, como es el caso del convenio colectivo del personal laboral de la Administración de Castilla y León, o el de las Relaciones de Puestos de Trabajo, en cuya negociación intervienen otras organizaciones sindicales.
La Consejería de Medio Ambiente apostó desde el primer momento de las negociaciones por potenciar el modelo integrado del Operativo, con “un refuerzo de las tareas de prevención activa y los tratamientos selvícolas fuera de la época de peligro alto de incendios”. Con estos cambios espera incrementar la capacidad de respuesta del dispositivo frente a “incendios de gran potencia destructiva en los episodios de extremos climáticos, que, como se ha vivido en este año, cada vez son más frecuentes como consecuencia del cambio climático y de la mayor acumulación de combustibles en los montes”, asegura en su comunicado.
Según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones “esto permitirá incrementar la estabilidad de todos los integrantes del operativo, conformado por más de 4.500 profesionales: técnicos, agentes medio ambientales y celadores de medio ambiente, centros de mando, cuadrillas, autobombas, medios aéreos, maquinaria pesada, torretas de vigilancia y otros”.
Las mejoras afectan tanto al personal funcionario, como al personal laboral fijo de la Junta, hasta ahora discontinuo, como a las empresas públicas y privadas que colaboran en el Operativo. Esto supondrá que los centros de mando estén activos todos los días del año, “con personal especializado y con capacidad de dar una respuesta adecuada las 24 horas del día”, según el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones. El personal que atiende las autobombas incrementará sus tiempos de prestación de servicio de manera progresiva, incorporándose ya en el 2023 un primer turno a 12 meses, y un segundo durante el mismo periodo en 2025. Se modernizará el sistema de detección y vigilancia y el personal que lo atiende incrementará su tiempo de contratación a 6 meses en 2023 y a 12 meses en 2025, asumiendo nuevas tareas de apoyo al operativo. Las cuadrillas terrestres, las helitransportadas y los retenes de maquinaria pesada, reforzarán sus dotaciones fuera del periodo estival y verán ampliado su tiempo de prestación de servicios hasta mínimo de 9 meses, lo que permitirá incrementar las superficies de tratamientos selvícolas preventivos de incendios”.
De las 837 personas que forman parte del dispositivo de extinción de incendios de Castilla y León con la categoría de fijos discontinuos, 781 pasarán a ser fijos continuos. Las cuadrillas contratadas a la empresa pública Tragsa y a empresas privadas pasarán a trabajar “un mínimo” de 9 meses, según destacó Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La formación del personal, aspecto clave en el que coinciden todas las partes, ha recibido una atención específica, pues se considera imprescindible para “la mayor especialización y profesionalización de los trabajadores y para maximizar su seguridad”.
La Junta se ha comprometido, también, a apoyar una normativa básica estatal del régimen de bombero forestal, “siempre y cuando respete el marco competencial vigente y sea compatible con el modelo integrado y de base forestal de Castilla y León”. Fernando Fraile, secretario de Acción Sindical, Salud Laboral y Medio Ambiente de CCOO de Castilla y León, valora especialmente este punto como positivo pues “recoge un compromiso expreso de la Junta de apoyar la normativa laboral básica, es decir el Estatuto de Bombero Forestal, que homogenice en el conjunto del Estado la formación, la cualificación, las funciones para conformar un operativo digno y profesional”.
Para Tomás Pérez Urueña, secretario general de servicios públicos de UGT de Castilla y León, “es la primera vez que en un documento público la Junta reconoce la existencia de los bomberos forestales. Es competencia del Gobierno central sacar esta ley, a la que nos consta que algunas comunidades autónomas no han puesto más que problemas. Este es un avance importante por lo que puede suponer de reconocimiento de categoría profesional que ahora deberá refrendarse en el convenio colectivo que estamos negociando. Lamentablemente esta categoría no está reconocida en el convenio para los trabajadores de empresas privadas, que ya está cerrado aunque nosotros no lo firmamos”.
Finalmente, se han acordado otras mejoras de infraestructuras y equipos, de logística y avituallamiento. Para Tomás este es un aspecto importante “porque los avituallamientos se hacían hasta ahora de cualquier manera, contratados deprisa y corriendo en el bar más cercano. Ahora deberá reunir unas condiciones y ser algo controlado, no hecho de cualquier manera. En ocasiones, se han producido avituallamientos indignos”
También ha señalado el consejero que “los criterios de financiación autonómica por parte del Estado deberían tener en cuenta cuestiones como la extensión territorial en la prestación de servicios a ese territorio, como es la prevención y la extinción de incendios forestales”.
Un nuevo dispositivo con capacidad
El consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones ha reconocido que esta nueva dirección en la manera de entender el dispositivo de extinción de Castilla y león viene provocada “por el incendio de Ávila de 2021, que motivó reflexiones del presidente de la Comunidad y mías propias en el parlamento regional, en el sentido de que era necesaria una estabilización del personal y más medios. Fruto de ellas y acuciados por los incendios devastadores de junio y julio de este año este acuerdo se hacía imprescindible”.
Para el consejero se trata de “una transformación intensa del dispositivo de extinción de Castilla y León que busca dar tranquilidad a la ciudadanía”. Para ello, debe estar preparado, con capacidad para acometer estas nuevas realidades por la situación climática”. Reconoció que 2022 ha sido “una campaña particularmente dura de incendios, con el fallecimiento de tres personas”. Y agradeció el compromiso y la voluntad de llegar a acuerdos de todas las partes firmantes de este acuerdo, “a los que ha presidido el interés público”.
Valoración positiva para CC OO
Fernando Fraile hace una valoración “positiva porque supone un avance sustancial en la mejora del tiempo de trabajo, apuesta por una formación continuada y establece la mejora en el avituallamiento, las infraestructuras y las comunicaciones”.
Para CC OO el acuerdo alcanzado no es un punto final “porque todavía hay margen para la mejora. El operativo que hoy mejoramos es el operativo de la Junta, pero el sindicato sigue apostando por uno cien por cien público que realice labores los 365 días del año y que sea profesional. El acuerdo cuenta con presupuesto suficiente para su ejecución y estaremos vigilantes para que se cumpla en su totalidad”.
Otros dos aspectos consideran positivos en CC OO: por un lado, “conseguir que los empleados públicos de la Junta de Castilla y León trabajen todo el año en extinción”. Por el otro, “la ampliación del tiempo de trabajo en los distintos colectivos que conforman Tragsa a pesar de no alcanzar los doce meses. Es fundamental para el colectivo de Tragsa porque las mejoras que contempla el acuerdo se aplicarán en 2023”.
En el caso de los trabajadores de las empresas privadas contratadas por la Junta como apoyo en verano, Juan Manuel Ramos, secretario de organización y desarrollo federativo de CCOO de Industria de Castilla y Léon, también hace una valoración positiva porque se amplía su tiempo de trabajo y se mejoran sus condiciones laborales. En época de peligro bajo de incendios van a pasar de 5 a 7 integrantes las cuadrillas. Hay una parte del acuerdo que no desarrolla, pero hay comprometida una comisión de seguimiento inmediata para regular los trabajos en la época estival. De esta manera, las personas trabajadoras no estarán sometidas a trabajos forzosos de tratamientos selvícolas. Además, también hay compromiso de mejora en la promoción de las categorías profesionales. Otra consecuencia positiva es el aumento de tiempo de trabajo a 9 meses minimo tanto para las cuadrillas terrestres “Romeos”, Helitransportadas y 5 meses para las November”.
Entre el 80 y el 90 % de lo que solicitábamos
Tomás Pérez Urueña está “muy contento de lo que hemos firmado dentro de la Mesa de Diálogo Social. En los últimos años, el dispositivo de extinción de Castilla y León ha ido reduciendo lo público mientras iba ganando terreno la privatización. Con este acuerdo, se ha puesto el dinero en la mesa para desarrollar otro modelo y hay voluntad política de hacer los cambios. Se han reconocido las principales reivindicaciones que veníamos haciendo desde hace años. No es todo lo que querríamos, pero ahora se premia lo público, es un cambio radical”.
Recuerda Tomás un detalle importante ya señalado: “todo esto debe concretarse ahora en la negociación del convenio de los trabajadores públicos. El diálogo social es un marco, pone el dinero y reconoce que la Junta lo estaba haciendo mal, que era poco lo que se invertía y que era escaso el tiempo que se dedicaba a extinción. Se ha empezado a hablar de las condiciones laborales pero estas se fijan en las negociaciones del convenio”.
Entre los aspectos positivos más destacables señala que “se trabajará todo el año en extinción, que los fijos discontinuos públicos han pasado a ser fijos con 12 meses de trabajo, que se aumenta la plantilla de agentes medioambientales de 950 a 1.250 agentes y que se apuesta por una buena formación seria y eficaz que garantice especialización y profesionalidad”.
Se ha acordado formar una mesa de seguimiento del acuerdo “para comprobar su cumplimiento, lo cual es también muy positivo”.
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