Cada verano, los incendios forestales regresan con fuerza a nuestro país, dejando a su paso miles de hectáreas afectadas, cientos de personas desalojadas o confinadas en sus casas y un paisaje cada vez más expuesto a riesgos sanitarios e hidrológicos. No estamos ante fenómenos imprevisibles, sino ante una consecuencia repetida de múltiples factores que se han ido consolidando con el tiempo. La pérdida de actividad en el medio rural, la falta de gestión forestal continuada y la presión creciente del cambio climático han configurado un escenario especialmente propenso a la propagación del fuego.

Frente a esta realidad, la prevención no puede seguir siendo la gran olvidada. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural se propone una hoja de ruta clara para cambiar de enfoque: de la reacción a la anticipación, de la extinción a la gestión.

Prevenir desde el territorio.

La primera gran clave está en integrar la prevención en todas las políticas públicas que afectan al territorio: planificación forestal, adaptación al cambio climático, desarrollo rural y ordenación urbana deben coordinarse y compartir objetivos. La lucha contra los incendios no es exclusivamente una emergencia, empieza mucho antes, directamente relacionado con  la forma en que gestionamos nuestros paisajes.

Esto exige un modelo de gobernanza más abierto y participativo, en el que administraciones públicas, profesionales forestales y de otros ámbitos, asociaciones (ONG, de agricultores, ganaderas, empresas, entre otros), gestores y propietarios de terrenos, así como la ciudadanía, trabajen juntos desde una visión compartida del territorio. La corresponsabilidad resulta esencial: ninguna estrategia será realmente eficaz si se diseña e impone de manera unilateral, sin la implicación activa de quienes conocen, habitan y gestionan el territorio en su día a día.

Asimismo, resulta imprescindible reforzar los mecanismos de financiación. La prevención no solo es más eficaz, sino también más rentable. Invertir en la conservación de la naturaleza y en prácticas de selvicultura sostenible —como la creación de mosaicos agroforestales, el pastoreo extensivo o la gestión de la biomasa— permite reducir la carga de combustible, disminuir el riesgo de grandes incendios y dinamizar la economía rural mediante la movilización de los recursos forestales. Se recomienda que al menos el 50 % del gasto público en materia de incendios se destine a medidas preventivas, generando un retorno tanto ecológico como social.

Cultura del riesgo y herramientas de futuro.

Prevenir implica también construir una sociedad más consciente e informada. La educación ambiental, la comunicación adaptada y la mejora de la percepción del riesgo deben formar parte de cualquier estrategia preventiva. Sin una ciudadanía informada, las políticas forestales tienen menos recorrido.

Por último, la prevención necesita mejores herramientas de análisis y decisión. Contar con sistemas de información actualizados, mapas de riesgo, datos sobre combustibles y modelos de comportamiento del fuego permitirá anticiparse mejor, priorizar acciones y evaluar resultados con base científica.

Prevenir no es opcional.

Los incendios forestales no son solo una amenaza ambiental. También representan un riesgo creciente para la seguridad de las personas, un lastre económico y un serio desafío para la cohesión territorial. La seguridad se ve comprometida cuando el fuego amenaza núcleos de población, infraestructuras, cultivos o recursos estratégicos. En términos económicos, las pérdidas por incendios son multimillonarias, tanto por el coste directo de la extinción como por los daños a la biodiversidad, el turismo, la producción forestal, la capacidad del suelo para regenerarse y los costes de restauración, sin contar los riesgos de catástrofes que pueden derivarse por fenómenos atmosféricos.

Pero más allá de lo visible, los incendios revelan un problema profundo de desequilibrio territorial. La cohesión territorial se rompe cuando amplias zonas rurales quedan deshabitadas y sin actividad, mientras la población y los servicios se concentran en pocas áreas urbanas. En estos paisajes abandonados, la falta de gestión favorece la acumulación de vegetación inflamable y convierte al fuego en el único actor que interviene. Donde no hay personas, hay más combustible. Donde no hay usos ni rentabilidad económica el fuego manda.

Por eso, invertir en prevención es también invertir en un territorio vivo, diverso y funcional, donde existan oportunidades para quedarse, conservar, producir, cuidar y adaptarse. Cada euro destinado a la gestión forestal, al empleo rural, al pastoreo o a la bioeconomía no solo reduce el riesgo de incendio, multiplica el retorno en forma de ahorro público, resiliencia frente al cambio climático y equilibrio social y territorial.

No podemos seguir actuando como si el fuego fuera solo una emergencia estival. La prevención no es una opción: es la única vía responsable para construir un futuro seguro, habitable y sostenible en nuestro país.