Autoría

Héctor S. Martínez Sánchez-Mateos

Profesor Titular de Geografía Humana, Universidad de Castilla-La Mancha

El acceso a servicios es un aspecto clave en la sociedad del bienestar. La calidad depende de la capacidad que tengamos para garantizar qué servicios básicos, como la educación, la salud y el comercio y la banca, llegan de forma adecuada a todos.

Los conceptos de umbral y alcance explican la distribución de bienes y servicios en el territorio. El umbral hace referencia a la demanda necesaria para que un determinado servicio sea rentable en una localización, mientras que el alcance es la distancia que la demanda es capaz de cubrir para llegar a un servicio. La combinación de ambos conceptos jerarquiza la especialización de servicios sobre el territorio, con la población y la distancia como variables fundamentales.

La consecuencia se traduce en dos problemas: el coste y el desequilibrio territorial. Este último plantea dificultades estructurales que tienen que ver con la creciente brecha entre los espacios urbanos y rurales, donde el contraste es cada vez mayor, aumentando en consecuencia los costes y agravando el problema progresivamente.

La situación de los servicios en zonas despobladas

En salud, más del 75 % de los municipios españoles no tienen centro de atención básica. De ellos, más de la mitad están a más de 30 minutos de un hospital. Hablamos de alrededor de 5 millones y medio de habitantes sin acceso directo a un servicio básico de salud, y unos 4 millones de habitantes a más de 30 minutos de distancia de un servicio especializado.

En el ámbito educativo, más del 40 % de municipios no tienen educación infantil de segundo ciclo o primaria, pero la incidencia es de 500 000 habitantes, reflejo de la escasa proporción de población joven en el mundo rural. En educación secundaria son más de 3 millones de estudiantes los que no disponen de un centro en la localidad en la que residen.

Los municipios afectados se localizan preferentemente en la mitad norte peninsular, en áreas de interior y alejadas de las principales capitales provinciales. Castilla y León, Aragón y Extremadura, junto a Castilla-La Mancha y áreas periféricas de Andalucía y la cornisa cantábrica son los espacios que muestran estos déficit de acceso a servicios.

Al reto del sostenimiento de unos servicios básicos se une la desinversión privada, con la exclusión bancaria como consecuencia más reciente y evidente, no sólo desde el punto de vista del cliente individual, sino también por la falta de servicios financieros a empresas locales. El aumento del uso de la banca digital ha impulsado este proceso, que afecta negativamente al acceso a servicios personalizados del tejido productivo rural.

Tecnología, infraestructuras y movilidad: retos y soluciones

En un contexto en el que la retirada de dotaciones e infraestructuras es la tendencia general, la solución que aparece es el incremento de la movilidad rural. Esto dista de ser el ideal, ya que incrementa la dependencia del vehículo privado.

El transporte en coche propio es la alternativa más flexible y viable, los servicios públicos de transporte son, asimismo, escasos, de elevados tiempos de conexión y frecuentes esperas.

Los problemas se pueden resumir en tres:

Áreas de servicio: los ámbitos rurales son generalmente grandes superficies con grandes distancias y muchas paradas, lo que plantea problemas relacionados con la articulación de rutas eficaces.

Coordinación de servicios: los servicios públicos suelen articularse con lógicas diferentes y desde ámbitos de decisión diferentes. Esto genera lógicas que en ocasiones se superponen o excluyen, provocando importantes retos de coordinación y de provisión de servicios.

Infraestructuras: hay un déficit de cantidad y calidad, tanto de transporte físico como en materia de comunicaciones.

Las soluciones pasan por dos caminos. Por un lado, está el papel de la información y su desarrollo en sistemas de información de la demanda aplicados. En segundo lugar, el uso de tecnologías que admitan servicios de transporte flexibles y adaptables a la demanda rural. Ejemplos de estas tecnologías son el acceso de gran capacidad a internet, los teléfonos inteligentes y los equipos informáticos acondicionados.

No obstante, los diferentes niveles de adaptación y la capacidad de uso de la tecnología provoca dificultades de uso, especialmente en comunidades vulnerables a la exclusión digital por edad, género y capacitación. Nos encontramos ante una paradoja en la que la solución enfatiza aún más el problema y el acceso a servicios sanitarios, educativos y comerciales se agrava por la llamada brecha digital.

Las tecnologías ofrecen soluciones que reducen el impacto de la falta de provisión de servicios, pero no los sustituyen. Ejemplos como la información en tiempo real sobre rutas e itinerarios, sistemas de transporte colectivo inteligentes (transporte a la demanda, vehículos compartidos) son alternativas, pero debe haber una dotación mínima y una respuesta por parte de las administraciones.

A pesar de estas posibilidades, la realidad es que su despliegue en entornos rurales es aún bastante limitado, cuando en los espacios urbanos se han convertido en habituales. De nuevo, el contraste es notable.

Si apostamos por el mantenimiento de servicios en el medio rural tenemos que hablar de los profesionales que trabajan allí. Habitualmente se desplazan desde otros ámbitos (urbanos) y compensar sus rentas en relación a la distancia es una forma de fijar su destino en los pueblos.

El compromiso con las áreas despobladas

Ante esta situación sería importante contar, en primer lugar, con un amplio acuerdo que reconociera la problemática y entendiera el acceso a bienes y servicios como una prioridad estatal. En los últimos años se habla de un pacto de Estado al respecto, pero no parece estar en la agenda a corto y medio plazo.

La sociedad urbana, alejada de esta problemática, debería aumentar la sensibilidad y el compromiso ante esta situación. Es necesario construir las soluciones desde el convencimiento de que la justicia territorial de la nueva Agenda Territorial Europea 2030 habla de espacios funcionales y equilibrados, con menor diferencia entre territorios de la Unión, pero esto pasa irremediablemente por una toma de conciencia por parte de la mayoría de la población que no percibe ni experimenta esta problemática.

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