La Comisión Europea presenta una numerosa propuesta legislativa cumplir el Pacto Verde Europeo y sus compromisos contra el cambio climático
Esta legislación trata de adaptar las políticas de la UE en materia de clima, energía, uso del suelo, transporte y fiscalidad para reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero al menos un 55 % de aquí a 2030. La legislación es transversal y afectará a numerosos sectores productivos y comerciales como el transporte, la energía o la selvicultura y los bosques, a los que considera fundamentales para cumplir con los compromisos de fijación de CO2.
El objetivo de la Comisión es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la próxima década y para ello propone una nueva legislación que supondrá su aplicación a: el comercio de derechos de emisión a nuevos sectores y refuerzo del actual régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; mayor uso de las energías renovables; mayor eficiencia energética; despliegue más rápido de los modos de transporte de bajas emisiones y de la infraestructura y los combustibles para sostenerlos; ajuste de las políticas fiscales a los objetivos del Pacto Verde Europeo; medidas para evitar la fuga de carbono; instrumentos para preservar y potenciar sumideros naturales de carbono.
La música suena bien, el ajuste viene después, cuando a cada sector social y económico le toque hacer números y compruebe la transcendencia de esta nueva legislación. Este conjunto de medidas legislativas pondrá a la UE al frente mundial de una apuesta por la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones.
No son pocas las voces de distintos sectores económicos que consideran que puede ser una desventaja competitiva frente a las empresas chinas o norteamericanas que no tendrán que cumplir con los mismos requisitos. A no ser que cunda el ejemplo de la UE, algo en lo que parecen confiar los líderes europeos sin aclarar cómo.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado que “la economía de los combustibles fósiles ha alcanzado sus límites. Queremos legar a la próxima generación un planeta sano y buenos puestos de trabajo y un crecimiento que no perjudique nuestra naturaleza. El Pacto Verde Europeo es nuestra estrategia de crecimiento que avanza hacia una economía descarbonizada. Europa fue el primer continente en declarar el objetivo de la neutralidad climática en 2050, y ahora somos los primeros en poner sobre la mesa una hoja de ruta concreta. Europa predica con el ejemplo en materia de políticas climáticas a través de la innovación, la inversión y la compensación social”.
El vicepresidente ejecutivo responsable del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, ha manifestado que “La Unión Europea ha fijado objetivos ambiciosos y hoy presentamos la manera de alcanzarlos. Conseguir un futuro ecológico y saludable para todos requerirá un esfuerzo considerable en todos los sectores y en todos los Estados miembros. Nuestras propuestas impulsarán los cambios necesarios, permitirán a todos los ciudadanos experimentar lo antes posible los beneficios de la acción por el clima y prestarán apoyo a los hogares más vulnerables. La transición de Europa será justa, ecológica y competitiva”.
Los bosques, la selvicultura y la biomasa
Por lo que respecta a los bosques dos propuestas son las más importantes: el Reglamento sobre el uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura y la Directiva sobre fuentes de energía renovables.
El Reglamento sobre el uso de la tierra, la selvicultura y la agricultura establece un objetivo global de la UE para la absorción de carbono por los sumideros naturales, equivalente a 310 millones de toneladas de emisiones de CO2 para 2030. Esto implicará marcar objetivos nacionales a los Estados miembros lo que supondrá que amplíen sus sumideros de carbono.
De aquí a 2035, la UE deberá alcanzar la neutralidad climática en los sectores del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, incluidas también las emisiones agrícolas distintas del CO2, como las derivadas del uso de fertilizantes y la ganadería.
La nueva estrategia forestal de la UE, en elaboración, pretende “mejorar la calidad, la cantidad y la resiliencia de los bosques de la UE”, aunque no tendrá carácter vinculante al estar fuera del Tratado de la Unión. La propuesta inicial pretende ser un apoyo a los silvicultores y a la bioeconomía forestal, bajo los principios de la gestión sostenible, el uso de la biomasa y la conservación de la biodiversidad. Su plan es plantar tres mil millones de árboles en toda Europa de aquí a 2030.
Janusz Wojciechowski, comisario de Agricultura, ha manifestado algo evidente, probablemente repetido tantas veces como el número de árboles que quieren plantar: “Los bosques son esenciales en la lucha contra el cambio climático. También proporcionan empleo y crecimiento en las zonas rurales, material sostenible para desarrollar la bioeconomía y valiosos servicios ecosistémicos a nuestra sociedad. La estrategia forestal, que aborda conjuntamente los aspectos sociales, económicos y medioambientales, tiene por objeto garantizar y mejorar la multiplicidad de funciones de nuestros bosques, y destaca el papel fundamental que desempeñan millones de silvicultores sobre el terreno”.
La madera, material natural, renovable y de aprovechamiento sostenible que ayuda a fijar carbono
Y se ha mostrado confiado en que “la nueva política agrícola común brindará la oportunidad de prestar un apoyo más específico a nuestros silvicultores y al desarrollo sostenible de nuestros bosques”.
Precisamente, el Plan Estratégico que aplicará la nueva PAC en España ha sido el objeto de la reunión de la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con todas las comunidades autónomas que ha tenido lugar hoy en Madrid. De esta primera reunión, ha trascendido que hay un documento de trabajo presentado por el MAPA que estudiarán todas las comunidades autónomas y que habrá una nueva reunión de la Comisión a finales del mes de septiembre o primeros días de octubre.
En el mes de diciembre España deberá presentar a la UE su propuesta final de Plan Estratégico que regule el uso de los 47.724 millones de euros que recibirá de la PAC para el periodo 2021-2027. Este dinero se divide en el primer Pilar, pagos directos a agricultores y ganaderos, con un presupuesto de 34.124 millones de euros, y en el segundo Pilar 2, en el que se encuadran los planes de desarrollo rural, con 7.800 millones de euros.
Es a través de los planes de desarrollo rural que cada comunidad autónoma presente como se podrán financiar las actuaciones en los bosques.
Para el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevičius, el estado de conservación de los bosques europeos “no es el idóneo”, a pesar de ocupar 158 millones de hectáreas, algo más del 37,7 % del territorio de la Unión, de reflejar una enorme diversidad geoclimática, de aumentar cada año la superficie forestal y de ser un referente mundial en gestión forestal sostenible.
Considera que “los bosques constituyen buena parte de la solución para hacer frente a la crisis climática y de biodiversidad. Debemos aumentar el uso de prácticas respetuosas con la biodiversidad y velar por la salud y la resiliencia de los ecosistemas forestales”. Y asegura que la estrategia forestal será “un factor de cambio de la manera en que protegemos, gestionamos y cultivamos nuestros bosques”.
En cuanto a la biomasa como fuente energética, se recoge en la propuesta de Directiva sobre fuentes de energía renovable, que fija el objetivo de producir el 40 % de la energía consumida en Europa en 2030 a partir de fuentes renovables y fija el uso de energías renovables en el transporte, la calefacción y refrigeración, los edificios y la industria.
Esta nueva Directiva reforzará los criterios de sostenibilidad en el uso de la bioenergía “y los Estados miembros deben formular cualquier sistema de apoyo a la bioenergía de manera que se respete el principio de uso en cascada de la biomasa leñosa”. La producción y el uso de la energía representan el 75 % de las emisiones de la UE.
Legislación en otros sectores
coche-electrico-osboLa Comisión, a través del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (RCDE), pone precio al carbono y reduce el límite máximo de emisiones de determinados sectores económicos cada año.
También propone eliminar gradualmente los derechos de emisión gratuitos para la aviación, ajustarse al Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA), e incluir por primera vez las emisiones del transporte marítimo en el RCDE. Establece un nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para la distribución de combustibles para el transporte por carretera y los edificios.
Los Estados miembros deben gastar la totalidad de sus ingresos procedentes del comercio de derechos de emisión en proyectos relacionados con el clima y la energía.
El Reglamento de reparto del esfuerzo asigna objetivos reforzados de reducción de emisiones a cada Estado miembro para los edificios, el transporte por carretera y marítimo nacional, la agricultura, los residuos y las pequeñas industrias. Para los nuevos objetivos se tendrán en cuenta las diferentes situaciones de partida y capacidades de cada Estado miembro y su PIB per cápita.
La Directiva relativa a la eficiencia energética casi duplicará la obligación de ahorro energético anual de los Estados miembros. “El sector público tendrá que renovar el 3 % de sus edificios cada año para impulsar la ola de renovación, crear puestos de trabajo y reducir el consumo de energía y los costes para el contribuyente”.
Se establecen normas más estrictas en materia de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas para “acelerar la transición hacia una movilidad sin emisiones, al disponer que las emisiones de los vehículos nuevos disminuyan un 55 % a partir de 2030 y un 100 % a partir de 2035 en comparación con los niveles de 2021”.
Todos los vehículos nuevos matriculados a partir de 2035 serán de cero emisiones. Para garantizar el suministro de energía renovable para el transporte por carretera, el Reglamento revisado sobre la infraestructura de los combustibles alternativos “exigirá a los Estados miembros que amplíen la capacidad de carga en consonancia con la venta de vehículos de cero emisiones y que instalen puntos de recarga y de repostaje a intervalos regulares en las principales autopistas: cada 60 kilómetros para la recarga eléctrica y cada 150 km para el repostaje de hidrógeno”.
La iniciativa relativa a los combustibles de aviación sostenibles (ReFuelEU) obligará a los proveedores de combustible a incorporar niveles cada vez mayores de combustibles de aviación sostenibles en el carburante para aeronaves en los aeropuertos de la UE, así como garantizar que las aeronaves y los buques tengan acceso a un suministro de electricidad limpia en los principales puertos y aeropuertos.
La revisión de la Directiva sobre fiscalidad de la energía propone “armonizar la fiscalidad de los productos energéticos con las políticas energéticas y climáticas de la UE, promoviendo tecnologías limpias y eliminando las exenciones obsoletas y los tipos reducidos que actualmente fomentan el uso de combustibles fósiles”.
Y un nuevo mecanismo de ajuste en frontera del carbono pondrá precio al carbono en las importaciones de una selección concreta de productos. La intención es evitar que el compromiso de reducir las emisiones de carbono en la Unión Europea no se traduzca en un aumento de las emisiones a nivel mundial por la deslocalización de las empresas. “Con ello, también se animará a la industria de fuera de la UE y a nuestros socios internacionales a adoptar medidas en la misma dirección”.
Nueva financiación para la transición energética
Conscientes en la Comisión Europea que estos cambios pueden suponer un importante esfuerzo económico para hogares, pequeñas y medianas empresas, se propone un nuevo Fondo Social para el Clima “para ayudar a los ciudadanos a costear inversiones en eficiencia energética, nuevos sistemas de calefacción y refrigeración y una movilidad más limpia”.
Este fondo se financiará con cargo al presupuesto de la UE con 72.200 millones de euros en concepto de financiación a los Estados miembros para el período 2025-2032. Se propone alcanzar 144.400 millones con las aportaciones de los Estados miembros.