Pacto Verde, Green Deal, Infraestructuras Verdes. El verde es el color de moda del nuevo pantone político de la Unión Europea desde que la preside Ursula Gertrud von der Leyen, una alemana dispuesta a luchar contra el nuevo enemigo que amenaza al todavía planeta azul: el cambio climático.
Para establecer este nuevo orden mundial contamos con el llamado Pacto Verde o Green Deal, un galeón cargado con miles de millones de euros para cambiar los sistemas energéticos, la producción agrícola e industrial y la movilidad de las personas.
La música suena muy bien, pero el libreto está incompleto. Al analizar los documentos que se han ido generando en esta lucha contra el eje del mal climático abundan las referencias a la nueva energía, vestida de verde para la ocasión. De los bosques, esos si verdaderamente verdes, o de la remediación de los daños provocados por el cambio climático nada de nada, o bueno, poco de poco por aquello del que dirán.
El arma más poderosa de esta guerra euroclimática va a ser la disminución de los gases de efecto invernadero producidos por la combustión del petróleo y del carbón y su sustitución por otras energías alternativas menos contaminantes. Para ello se cuenta con la participación de importantes fondos de inversión y de grandes empresas energéticas que han apostado por esta nueva energía limpia, algunas de ellas las mismas que antaño lo eran de la sucia y que han puesto en marcha su potente maquinaria mediática para mostrar su lado más eólico y fotovoltaico; hay muchos millones en juego.
Sin embargo hay un importante foco emisor de gases de efecto invernadero que ha sido ignorado en el Green Deal: el producido por los incendios forestales, cada día más frecuentes en las zonas donde no lo eran y más devastadores en las zonas en donde eran más frecuentes. Unos incendios que avanzan por Europa, precisamente gracias al cambio climático que se pretende mitigar y que en 2019 quemaron más de 400.000 eurohectáreas, lo que supone aproximadamente una emisión a la atmósfera de unas 15 toneladas de CO2, las mismas que salen del tubo de escape de 4.000.000 coches en un año o de la mayor central térmica de carbón de España en dos años (la de As Pontes en A Coruña).
Aun así, y como los bosques no tienen potentes lobbies, no se contempla ninguna medida para luchar contra estos incendios aun a pesar de que pueden ser un problema mayor en los próximos años en el centro y norte de Europa, como así reconoce el Informe Anual sobre Incendios Forestales en Europa, Oriente Próximo y África del Norte presentado el pasado 30 de octubre por la Comisión Europea. Por poner algunos ejemplos, en países como Alemania o Noruega la superficie quemada creció en 2019 respecto a 2018 un 528% y un 345% respectivamente.
Una posible remediación sería la potenciación de la biomasa como energía alternativa: retirando combustible de los montes arden menos. Además su explotación generaría riqueza en zonas forestales normalmente desfavorecidas y despobladas ya que mientras que una planta de biomasa de unos 40 megavatios crea entre 55 y 100 empleos directos e indirectos, una fotovoltaica crea de 1 a 4 empleos. Por el contrario los costes de inversión de las plantas de biomasa son superiores al resto de las renovables y requieren un apoyo financiero a largo plazo. Ahora entendemos porque los fondos de inversión prefieren las fotovoltaicas.
El debate está servido. De hecho el Vicepresidente Frans Timmermans, que está a cargo del Pacto Verde Europeo, ha señalado que “la cuestión de los biocombustibles debe analizarse con mucho cuidado para determinar si no hace más daño que bien”. No deja de ser significativo que el Sr Timmermans sea Holandés, un país que junto a Irlanda y Bélgica han mostrado su rechazo a apoyar el uso de una energía que procede principalmente de unos bosques y de una agricultura leñosa que, mira por donde, son testimoniales en estos países.
El argumento dado por los países antibiomasa es que su combustión produce CO2, eso sí, antes la vegetación lo ha almacenado tanto en sus ramas como en el suelo por lo que su quema emite menos CO2 del secuestrado ya que parte de él se queda en el suelo. El problema además es que no hay grandes empresas de biomasa en los países centro europeos a diferencia de las fotovoltaícas o eólicas, únicamente los nórdicos, con Finlandia a la cabeza, utilizan de manera significativa esta energía alternativa. Así que sin potentes lobbies ni un apoyo decidido de la Comisión me temo que vamos a ver como se reducen las ayudas que podrían ir a este sector para así no adelgazar las que se puedan destinar a las fotovoltaicas o las eólicas.
De hecho en nuestro país ya se han tomado algunas decisiones a tal respecto. A partir de 2021 España tiene previsto subastar anualmente 1.500 MW de Eólica, 1.800 MW de Fotovoltáica, 100 MW de Termosolar y tan sólo 60 MW de biomasa, cantidad ridícula dado nuestro potencial y que en todo caso debería elevarse para absorber proyectos que están aún madurando dados los plazos necesarios para la ejecución de las inversiones. En todo caso parece que Ministerio para la Transición Ecológica no lo sea también del Reto Demográfico al no apoyar suficientemente a aquellas energías que más contribuyan a crear riqueza y empleo en las zonas más desfavorecidas y despobladas de nuestro país.
En esto de la lucha contra el cambio climático no obstante no todo es negativo, contamos con un gran aliado: los bosques. Se calcula que entre un 10 y un 15 por ciento de las emisiones producidas en Europa son absorbidas por sus bosques, -es lo que se llama secuestro de carbono-, por lo que a más bosques más almacenamiento. Pero esto ya está pasando. En los últimos 30 años los bosques en Europa han aumentado más de un 10% en superficie. No obstante como lo de poner más árboles suena muy ecológico y alternativo muchas iniciativas privadas están acogiéndose a la forestación como método para secuestrar CO2 y de paso dar una nota de color verde a sus empresas.
Porque no hacen falta más bosques sino conservar los que ya tenemos amenazados por los incendios, las plagas, las enfermedades y las mortandades y decaimientos masivos provocados por el mismo cambio climático que a su vez combaten. Pero conservar los bosques es caro y complejo de gestionar, mucho más que plantar un árbol para sacarse una foto y presumir de abanderado de la lucha contra el cambio climático, un árbol que, por cierto, tardará muchos años en secuestrar carbono mientras que los que si lo hacen desaparecen sin que ninguna de esas empresas ponga un euro para su mantenimiento.
Y cuando hablamos de secuestro de carbono no estaría de más recordar ese otro bosque que también se dedica a esto: los cultivos agrícolas y en particular los árboles frutales. España es el país con más superficie de frutales de Europa, más de cuatro millones de hectáreas entre olivares, almendros, cítricos, manzanos y otros, que secuestran entre un 8 y un 10 por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero de nuestro país. Y si a esta superficie añadimos otros cuatro millones de hectáreas de dehesas dedicadas a la producción de bellota para el ganado el secuestro de carbono podría alcanzar entre el 12 y el 15% de las emisiones. Solo el olivar secuestra el 6% de las emisiones nacionales de CO2, según un estudio del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, y esta cantidad podría ser mayor con sistemas de cultivo adecuados, algo a considerar en los futuros eco-esquemas de la nueva Política Agrícola Comunitaria.
Pero como los lobbies agroforestales no pueden competir con los de la energía, es de temer que nuestros frutales seguirán secuestrando carbono sin poder pedir ningún rescate a tal respecto. Es cierto que tanto los bosques como los cultivos agrícolas cuentan ya con ayudas procedentes de distintos fondos europeos, pero estos no están relacionados directamente con el secuestro de carbono sino con la producción de bienes o la realización de prácticas compatibles con la conservación del medio ambiente. Dicho de otro modo, si la Unión Europea va a destinar fondos específicos a la disminución de carbono mediante la producción de energía sostenible debería dedicarse otro tanto al almacenamiento del mismo carbono.
Y como la lucha contra el cambio climático va a ser larga tendremos que irnos acostumbrando a sus efectos. Bueno, nos tendremos que acostumbrar sobre todo los países del sur porque mientras que en los del norte se prevé una suavización de las temperaturas y más lluvia, en el sur hará más calor, lloverá menos y torrencialmente y habrá sequías más prolongadas. En el peor de los escenarios, en la cuenca del Mediterráneo la lluvia podría reducirse hasta un 20% en algunas regiones, mientras que en los países nórdicos, aumentarían hasta un 15%. En cuanto a las temperaturas medias se contemplan escenarios de crecimiento de hasta 2’5 grados. Que suba tres graditos la temperatura media de Estocolmo no está mal para ellos, pero Córdoba con tres grados más puede ser la antesala del infierno.
Por esta razón la batalla más importante para los países del sur de Europa en la lucha contra el cambio climático no va a ser la sustitución del modelo energético sino garantizar la seguridad hídrica y la supervivencia de nuestros cultivos y bosques y, por ende, de las regiones más desfavorecidas y despobladas. Pero para ello no se cuenta con presupuestos significativos en el ese Green Deal que va a llenar nuestro paisaje de esos nuevos bosques de paneles solares y aerogeneradores, eso sí, verdes.
Juan Carlos Costa Pérez
Ingeniero de Montes
Vocal del Comité de Expertos del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) y del Green Deal Going Local del Comité de las Regiones