El 14 de enero de 2020 el Gobierno andaluz acordó la renovación del PFA al considerar que su aplicación no era la adecuada en los últimos años. El borrador de “la adecuación del PFA” se encuentra en la fase de consulta a organismos y personas interesadas, lo que dará lugar a un Documento de Alcance que se someterá a un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Una vez supere estos trámites se someterá a información pública. Esta misma semana, la Plataforma por los Montes de Andalucía, solicitaba en el Parlamento Andaluz que el PFA se tramitase “con carácter urgente”, con la mayor participación social posible.

El 14 de enero de 2020 el Gobierno andaluz tomó el acuerdo de una “adecuación de carácter decenal con revisión de su cumplimiento a los cinco años” del PFA.

Fija los objetivos de esta adecuación en:
– Evaluar las actuaciones contempladas en los últimos años de vigencia del Plan.
– Adecuar las políticas públicas de gestión del medio natural a los nuevos retos existentes en un escenario de cambio global.
– Proponer la necesaria adaptación y revisión de la legislación forestal andaluza.

Considera el ejecutivo andaluz que, transcurridos 30 años desde su aprobación, el PFA requiere “revisar sus criterios y directrices”, más teniendo en cuenta los cambios sociales, la despoblación rural y los efectos del calentamiento global “que afecta al decaimiento de los bosques, o la aparición y consolidación de plagas y enfermedades forestales; una nueva situación que hará que en muchos casos sea necesario realizar una adecuación de especies e, incluso, de ecosistemas potenciales como herramientas para la adaptación al cambio climático”.

La Plataforma por el Monte Andaluz, que reúne a casi una treintena de asociaciones sociales y políticas, considera también que “el PFA no se está cumpliendo, ni siquiera en los montes públicos, que deberían ser un referente de obligado cumplimiento”. Joaquín Vega, portavoz de la plataforma, considera que “el PFA duerme en un cajón, es imposible comprobar su grado de cumplimiento y es imprescindible su renovación para enfrentarse a los nuevos retos sociales y ambientales que afectan a los terrenos forestales”. De ahí que esta semana haya enviado una propuesta al Parlamento Andaluz con la intención de tramitar «por la vía urgente» la adecuación del PFA. Pero la tramitación de cualquier plan estratégico tiene marcada por ley sus plazos y procedimiento para garantizar su legalidad y la participación pública.

El Gobierno andaluz afirma que las revisiones del PFA “solo se han ejecutado de forma parcial en sus primeros 30 años de vida. Únicamente se han aprobado tres revisiones del documento original para los periodos 1997-2001, 2003-2007 y 2010-2015, existiendo, por tanto, amplios intervalos de tiempo en los que no existía adecuación en vigor que adaptara dicho plan a la realidad forestal del momento”.

Según la plataforma, la Junta ha dejado de invertir en los terrenos forestales 1.300 millones de euros en estos treinta años de vigencia del PFA, desde que se aprobó en 1989. “En el primer decenio se detectó una clara disminución de las inversiones, concretada en falta de medios materiales y recursos humanos suficientes”, afirma en un comunicado.

Sin embargo, considera que los primeros años de ejecución del PFA fueron “un éxito en cuanto a aspectos cualitativos, al incorporar un modelo de gestión distinto radicalmente del anterior, puesto que priorizaba la conservación de la naturaleza, con una visión mucho más ecológica del patrimonio forestal y no solo mercantilista”.

La oportunidad que se presenta ahora con los fondos europeos Next Generation de recuperación económica post-Covid, orientados a una recuperación verde, comenta Joaquín Vega “debe aprovecharla el Gobierno andaluz para dotar al PFA del presupuesto necesario para desarrollar políticas forestales que reviertan la situación que ya tenemos de pérdida de suelo fértil, desertificación, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos y aguas y cambios en las áreas de distribución de muchas especies vegetales y animales”.

El Gobierno andaluz reconoce el valor de las actuaciones en el medio natural como herramienta para generar economía y mantener la población. Considera necesario “incorporar nuevos instrumentos de apoyo a las zonas rurales en el ámbito forestal, encaminados a la prevención de incendios forestales, la deforestación, la reforestación y la reconversión forestal, la ordenación y la gestión de los bosques”. Coincide con la plataforma en la necesidad de “la forestación de las tierras agrarias marginales y al establecimiento y renovación de sistemas agroforestales”.

Sin embargo, la lectura que hace el Gobierno andaluz de la realidad forestal andaluza y, por extensión, del medio rural, incide también en “el mantenimiento de los bosques como parte integral de los sistemas de producción ganadera extensiva, así como la formación y la promoción del espíritu empresarial”. Para el ejecutivo “los entes locales y las distintas administraciones regionales pueden fomentar considerablemente la explotación económica de los recursos forestales locales y su transición hacia la bioeconomía”.

Considera que “las actividades forestales han sido fundamentales en el desarrollo de la civilización moderna. El monte mediterráneo andaluz sigue siendo fuente insustituible de un gran número de materias primas, productos y bienes de consumo cuyo apoyo y fomento debe acrecentar una traducción económica en valores de mercado”.

Por su parte, la plataforma pone el acento en la gestión pública y especialmente en la compra de fincas “de alto valor ecológico, que la Junta de Andalucía se comprometió a hacer en el PFA y que en estos primeros treinta años no realizó”, comenta Joaquín. “Pensamos que así se consiguen los objetivos de crear empleo en el monte andaluz, porque el monte debe aportar también valor económico, no solo ecológico, a través de la restauración de ecosistemas, los trabajos selvícolas o la apicultura, por ejemplo”, subraya Joaquín Vega.

“Las actividades forestales han sido fundamentales en el desarrollo de la civilización moderna. El monte mediterráneo andaluz sigue siendo fuente insustituible de un gran número de materias primas, productos y bienes de consumo cuyo apoyo y fomento debe acrecentar una traducción económica en valores de mercado”.

El borrador fija los fines generales y objetivos específicos del PFA

El borrador del PFA sometido a consulta establece en el punto 3.1 sus fines generales:

• El aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y económicosde Andalucía bajo el principio de sostenibilidad;
  • la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente;
  • la modernización, la planificación y el desarrollo integral del medio rural.

Estos tres objetivos, ya recogidos de forma previa en el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981, marcan las cuatro áreas clave de la adecuación del PFA:

1. El mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos de los montes en un entorno cambiante.
2. La adaptación al cambio climático y su mitigación.
3. La mejora de la gobernanza en materia de gestión forestal y el desarrollo rural sostenible.
4. El arraigo de población en el medio rural y la transición hacia la bioeconomía.

Tras el análisis de los objetivos específicos de la anterior adecuación del PFA, establecida con el horizonte de 2015, este nuevo borrador establece los objetivos con el horizonte 2030:

1. Controlar la erosión y desertificación y restaurar los ecosistemas naturales degradados.

2. Contribuir a la protección de los recursos hídricos continentales mediante la protección de zonas de recarga de acuíferos, la restauración forestal con fines hidrológicos y la restauración de ríos y riberas.

3. Promover la adaptación al cambio climático con el fin de mejorar la resistencia y resiliencia de los sistemas forestales.

4. Favorecer actuaciones de mitigación del cambio climático, apoyando la gestión sostenible de las masas forestales como sumideros de CO2.

5. Favorecer las funciones ecológicas de los sistemas forestales.

6. Contribuir a la mejora de la infraestructura verde y los procesos de conectividad ecológica mediante soluciones basadas en la naturaleza.

7. Defender el medio natural frente a incendios forestales, en especial mediante la adopción de medidas preventivas en zonas declaradas de alto riesgo y zonas de interfaz urbano-forestal y del refuerzo preventivo vinculado con el aprovechamiento sostenible de los montes, entre ellos el de biomasa forestal con fines energéticos.

Constata el borrador que las nuevas condiciones climáticas más exigentes para los ecosistemas forestales, en un escenario de abandono de la gestión y de las actividades económicas tradicionales en el medio natural, provocan una situación de máximo riesgo de grandes incendios forestales. Entre 1997 y 2006, el 60 % de la superficie forestal quemada en Andalucía se debió a grandes incendios. De 2008 a 2017 la superficie quemada por GIF asciende al 73 %, lo que indica “un aumento considerable del impacto de los grandes incendios”.

8. Defender el medio forestal frente a plagas, enfermedades, especies invasoras y otros agentes nocivos y en particular reducir la incidencia del decaimiento de bosques y dehesas.

9. Defender el patrimonio forestal y de vías pecuarias, como un sistema con capacidad de garantizar la defensa del interés general en la prestación de servicios ecosistémicos.

10. Mejorar la planificación forestal y cinegética como instrumento de gestión forestal sostenible, en un contexto de baja rentabilidad de las explotaciones forestales y agroforestales.

11. Garantizar el mantenimiento de los beneficios que los ecosistemas forestales proveen al bienestar humano promoviendo medios de compensación económica.

En este punto la Plataforma por los Montes Andaluces coincide en la necesidad de establecer contratos de colaboración con los propietarios privados, “una ayuda económica que sirva de incentivo para su gestión, ya que esos terrenos van a producir un beneficio social”, comenta Joaquín Vega.

12. Incrementar el valor añadido de los recursos forestales renovables y la promoción del tejido industrial y comercial andaluz de productos forestales y en particular implementar la bioeconomía circular.

13. Promover un uso público social, recreativo y cultural basado sin riesgos para la conservación del medio natural.

14. Favorecer el compromiso de la sociedad andaluza en la conservación y recuperación del medio natural forestal y el conocimiento acerca de los sistemas de gestión forestal sostenible y de los servicios ecosistémicos que prestan las áreas forestales.

15. Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades rurales favoreciendo su progreso mediante una adecuada política de desarrollo y gestión de los recursos forestales de los montes públicos.

16. Desarrollar la investigación e innovación tecnológica para la adaptación al cambio climático en el ámbito forestal, y establecer mecanismos de transferencia del conocimiento.

17. Reforzar el papel institucional del sector forestal de Andalucía entre diferentes administraciones públicas e instituciones en el ámbito autonómico, nacional e internacional.

El borrador concreta estas líneas estratégicas en ocho programas operativos en los que detalla algunas de las principales actuaciones que desarrollará. No establece un marco de inversiones para desarrollar estos programas y líneas de actuación, aunque anuncia que desglosará esta inversión por anualidades “para facilitar el seguimiento del cumplimiento de las previsiones”.

El borrador fija una vigencia 10 años para esta adecuación y la realización de una revisión intermedia a los cinco años de su aprobación. Además, establece un seguimiento anual a través de las “Memorias anuales del Plan Forestal de Andalucía”. Recogerán información sobre el ritmo con el que se avanza en la ejecución de las medidas establecidas en cada una de las líneas de actuación de cada Programa Operativo. “Las memorias incluirán indicadores con el fin de dar cumplimiento de los nuevos objetivos planteados”.

 

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