• La Comisión Estatal de Conservación de la Naturaleza, que se reúne hoy, 4 de febrero, analizará la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica de incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE)
• La solicitud de protección del lobo fue presentada por la asociación ASCEL en octubre de 2019 y ha encontrado el rechazo de las comunidades autónomas con mayor presencia del lobo: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, que albergan el 95% de los lobos españoles.
• La evolución de la población noroccidental de lobo ha sido claramente expansiva y ha ocupado nuevos territorios en provincias como Ávila, Segovia, Salamanca, Guadalajara y Madrid, incrementando sensiblemente los daños a las explotaciones ganaderas, especialmente en provincias donde la ganadería extensiva tiene gran importancia económica y social, como Ávila y Segovia.
• En la actualidad el problema de esta especie no es tanto una cuestión de conservación como de gestión de conflictos. Ampliar las medidas de protección del lobo, prohibiendo su caza para regularlo, no va a ayudar a resolver el grave conflicto existente entre ganaderos, cazadores y asociaciones conservacionistas, sino a exacerbarlo.

Madrid, 4 de febrero de 2021.- Frente a la solicitud presentada por la asociación para la Conservación y el estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) el pasado 4 de octubre de 2019 con el objetivo de modificar el estatuto de protección de esta especie en todo el país e incorporar todas sus poblaciones al Catálogo Español de Especies Amenazadas, con la categoría de vulnerable, o en su defecto su inclusión en el LESPRE, así como a la propuesta del Ministerio de Transición Ecológica en esta línea, el Colegio de Ingenieros de Montes (COIM) destaca que las poblaciones de lobo se han recuperado en Europa de forma significativa y que ampliar las medidas de protección de la especie no va a ayudar a resolver, sino a exacerbar, el grave conflicto existente entre ganaderos, cazadores y asociaciones conservacionistas.

El COIM sostiene que no hay nuevos argumentos ni razones que justifiquen la incorporación del lobo al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE). Las especies no se deberían catalogar basándose en opiniones o apreciaciones subjetivas o porque haya más o menos entidades dedicadas a su estudio. Es la comunidad científica la que debe aportar, más allá de las meras opiniones, hechos y análisis objetivos que permitan conocer si hay más o menos poblaciones de lobos, su tendencia, sus riesgos y fortalezas, así como su evolución actual y previsible. Y desde este análisis científico, no parece que haya datos objetivos para sostener que la situación del lobo haya empeorado a lo largo de las últimas décadas, más bien todo lo contrario.

Recordamos la posición que ya manifestó el COIM en marzo de 2017 e insistimos en la gran riqueza natural que representa el lobo, pero en la actualidad el problema de esta especie no es tanto una cuestión de conservación como de gestión de conflictos.

El COIM considera que la inclusión del lobo en el LESPRE exacerbará previsiblemente el conflicto con las organizaciones profesionales agrarias y los ganaderos, en comarcas muy amenazadas por la despoblación, alimentando el sentimiento de desatención entre la población rural por decisiones tomadas desde el ámbito urbano.

La realidad es que la evolución de la población noroccidental del lobo ha sido claramente expansiva y ha ocupado nuevos territorios en provincias como Ávila, Segovia, Salamanca, Guadalajara y Madrid, lo que ha incrementado sensiblemente los daños a las explotaciones ganaderas, especialmente en provincias en que la ganadería extensiva tiene gran importancia económica y social, como Ávila y Segovia.

A nivel europeo la polémica en torno al lobo y otros grandes carnívoros como el oso y el lince también es creciente, fundamentalmente por su repercusión en la ganadería extensiva y en la caza. La recuperación de territorio por el lobo y otros grandes mamíferos es un hecho constatado en numerosos países europeos, como reflejan numerosos artículos de investigación (P.Kaczensky et al, 2014).

El Parlamento Europeo encargó y publicó en 2018 “El resurgimiento de los lobos y otros grandes depredadores y su impacto en los agricultores y sus medios de vida en las regiones rurales de Europa (“The revival of wolves and other large predators and its impact on farmers and their livelihood in rural regions of Europe”), que analiza la situación en toda Europa y refleja que se matan alrededor de 900 lobos cada año.

La tensión entre la normativa de conservación y la gestión de las poblaciones, incluyendo la caza y el control de las manadas, ha sido analizada en los diversos países de la Unión Europea (A.Trouwborst y F.Fleurke, 2019) y se han propuesto diversas orientaciones del manejo del problema (D.Kuijper et al., 2019).

La polémica es particularmente fuerte en Noruega, con una población estimada inferior a cien lobos, y, donde tras años de movilizaciones de ganaderos, cazadores y ecologistas, el Parlamento decidió el 3 de junio de 2020 modificar el artículo 18.c de la Ley de Biodiversidad y permitir de nuevo la caza del lobo (E.Kjorstad e I.Bergstrom, 2020). Conviene recordar que en España la población se estima en 297 manadas de lobo, y entre 1.600 y 2.700 lobos, en función de la época del año.

Considerado una alimaña en España hasta 1970, el lobo pasó a clasificarse como especie cinegética gracias a la Ley 1/1970, de 4 de abril, lo que supuso una primera protección de este cánido, evitando que se pudiera eliminar al lobo en cualquier época del año con venenos, cepos o lazos. Este cambio en la consideración del Canis Lupus Signatus como alimaña se debió en gran medida al esfuerzo del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, que formó parte del Consejo de Dirección del Instituto para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).

Entre 1987 y 1988, el ICONA llevó a cabo el primer inventario nacional sobre el lobo, que fue publicado en 1990. El resultado de ese primer inventario nacional se recoge en la Estrategia para la conservación del lobo (Canis lupus) en España, que recoge la existencia de dos poblaciones en 1990: una “vigorosa”, al norte del Duero, que mostraba tendencia creciente, y otra en la mitad sur de la península, formada por “núcleos residuales aislados, al borde de la extinción, en la Sierra de Gata, Extremadura y Sierra Morena”.
La población de Sierra Morena, que hacia 1990 albergaba de 6 a 10 grupos reproductores, tuvo una evolución negativa y seguramente desapareció en la década de los 90. Pese a ello, la Estrategia para la conservación del lobo (Canis lupus) en España reconocía en 2003 la existencia de 6 a 10 manadas.

Entre 2012 y 2014, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades Autónomas con presencia de la especie llevaron a cabo el segundo censo nacional (2016), el primero realizado con una metodología común acordada por el Grupo de Trabajo sobre el Lobo constituido por los expertos en la especie de las comunidades autónomas y el Ministerio, que reflejó la existencia de 297 manadas, con unos 1.600 a 2.700 lobos, en función de la época del año.

Colegio Oficial de Ingenieros de Montes