El estudio en el que ha participado la Federación Extremeña de Caza que preside José María Gallardo revela que Monfragüe y Cabañeros han perdido población, renta y empleo en los últimos diez años, abriendo el debate sobre la reforma de la ley que regula las actividades tradicionales en los parques nacionales y exponiendo la necesidad de seguir cazando en ellos.
El estudio Parques Nacionales de Monfragüe y Cabañeros: informe sobre la situación socioeconómica deja patente la necesidad de reformar la Ley de Parques Nacionales. Ésta, en su artículo 5, define el objetivo de estos territorios como el «desarrollo sostenible de las poblaciones implicadas, en coherencia con el mantenimiento de los valores culturales, del patrimonio inmaterial y de las actividades y usos tradicionales consustanciales al espacio». ¿No es una contradicción que se prohíba la caza en ellos?
–Las políticas conservacionistas de los años 90 en adelante están suponiendo muchos reveses en los aprovechamientos tradicionales del campo: excesivas limitaciones que están provocando el abandono de muchas actividades que habitualmente se realizaban en esos espacios: pesca, caza, aprovechamiento forestal, tránsito de personas, limpieza de monte… El desarrollo sostenible y el mantenimiento de esos valores tradicionales se ha vuelto insostenible con estas políticas. Al final, todos los contribuyentes tendrán que pagar para que se haga lo que los cazadores pagan por hacer: cazar. Un auténtico sinsentido.
–Con la actual interpretación de la Ley de Parques Nacionales la declaración de esta figura de protección, lejos de ser una buena noticia, supone una sentencia de muerte para un territorio desde el punto de vista medioambiental, económico, social y demográfico.
–Así lo demuestra el informe realizado por Juan Ignacio Rengifo y Jesús Francisco Santos, profesores de las universidades de Extremadura y Castilla-La Mancha, junto con Fundación Artemisan y FEDEXCAZA. En él se analizan datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas y el resultado es demoledor. Al impacto socioeconómico se une el impacto ambiental consecuencia de la falta de gestión cinegética, algo que constata el estudio que la Junta de Extremadura encargó a uno de los mayores expertos en ungulados salvajes de España.

José María Gallardo, Carlos Sánchez, de Fundación Artemisan (izquierda), y Juan Ignacio Rengifo (derecha), profesor de la Universidad de Extremadura, en la presentación del informe el pasado 20 de noviembre en Cáceres.

–Los 14 municipios del PN de Monfragüe han perdido un 2% de su población en la última década y visto descender la renta familiar disponible, mientras que el paro ha crecido un 82%. ¿Qué supondría legalizar la caza en estas zonas?
–La caza no es la solución para los habitantes de la zona, pero debe ser una herramienta más. Supondría poder hacer una planificación en el tiempo, dar una estabilidad a los dueños y gestores de fincas, tener una aprovechamiento más, una renta añadida a otros aprovechamientos del agro. Nos encontramos ante una legislación anacrónica. Hoy tenemos suficientes datos que avalan la importancia de la caza para la conservación de la biodiversidad. Además, las condiciones sociales y económicas del mundo rural han cambiado considerablemente. No se puede prescindir de un recurso económico y cultural de tanta relevancia.
–Desde el punto de vista medioambiental la situación de Monfragüe tampoco es la idónea. La Ley de Parques Nacionales sólo permite la actividad cinegética para llevar a cabo controles de poblaciones silvestres. ¿Son suficientes para una correcta gestión de las poblaciones?
–Con este informe queremos abrir un debate sobre la normativa nacional que afecta a las declaraciones de los mismos y que requiere de una revisión urgente; después ya debatiremos sobre cada figura en concreto. La caza en Monfragüe lleva prohibida desde su calificación como parque natural y, desde entonces, unas veces con más problemas que otros, se están llevando a cabo controles poblaciones. Matar animales es algo que se tiene que hacer de todas formas; entonces, ¿por qué no hacerlo de una manera planificada y bajo un estricto criterio técnico? ¿Por qué no realizar una gestión cinegética compatible con el resto de usos y aprovechamientos? El exceso de ungulados ha provocado un impacto alto o muy alto sobre la vegetación del 62,5% de la superficie del PN y se ha detectado hasta un 72% del territorio con calidad genética baja o muy baja en los ejemplares de ciervo de este espacio y su entorno. Según datos del SES (Servicio Extremeño de Salud), la tuberculosis alcanza a un 2-3% de la población de esta especie –y al 25% de los jabalíes–, con un desequilibrio de la proporción de sexos muy acusado, de hasta seis veces más hembras que machos.
–Tanto Fundación Artemisan como su federación consideran «imprescindible» una modificación urgente de la Ley de Parques Nacionales que permita la actividad cinegética en estos espacios. ¿Cómo van a llevar esta propuesta al Congreso?
–Desde la Federación Extremeña de Caza creemos que la Fundación Artemisan y la Real Federación Española de Caza harán un magnífico papel al respecto. Son ellos los que tendrán que trabajar con los diputados para impulsar una modificación de la ley. Desde nuestra humilde posición hemos realizado este trabajo conocedores del problema que existe, lo hemos elevado a nuestros representantes nacionales y lo hemos dado a conocer y enviado a administraciones y grupos políticos, instando a los ayuntamientos afectados a realizar mociones plenarias a favor de la modificación de la ley. Ahora sólo cabe esperar que nuestros mandatarios estén a la altura para dar solución a un problema estadísticamente incuestionable y que afecta a decenas de miles de personas.

Reproducido de Jara y Sedal. 15/1/2018 | Ángel Vidal