Han presentado alegaciones al proyecto de Zonas Especiales de Conservación (ZEC), que afecta al 28% de la Comunidad.
El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Aragón ha presentado ante el Gobierno de Aragón un escrito de alegaciones al proyecto de decreto que pretende declarar las ZEC (Zonas Especiales de Conservación) y aprobar sus planes de gestión. Según explica el decano, Ignacio Pérez-Soba, es la nueva denominación que se quiere dar a los actuales LIC (Lugares de Importancia Comunitaria), que junto con las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) configuran la red ecológica europea de áreas de conservación de la biodiversidad conocida como Red Natura 2000. En Aragón hay 48 ZEPA y 156 LIC, que suman en total 1.361.739 hectáreas (el 28,5% de la Comunidad Autónoma), afectando a 531 municipios, y a propiedades de todo tipo, incluyendo muchos terrenos privados.
Con este proyecto, señala, el Gobierno de Aragón pretende aprobar, de golpe, los centenares de planes básicos de gestión de los valores naturales y de los Espacios de la Red Natura 2000 aragonesa, "nada menos que 407", 204 referidos a Espacios y 203 a valores (64 de hábitats y 139 de especies). El escrito del colegio profesional incluye un primer apartado de alegaciones de carácter general, en el que señala que el trámite que está siguiendo incumple "de manera evidente" la obligación de haber obtenido una previa evaluación ambiental estratégica favorable, como exige la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón para este tipo de planes.
"Y no solo el Gobierno de Aragón pretende aprobarlos sin haber siquiera iniciado ese procedimiento, sino que tampoco ha aprobado antes ni el Plan Director de la Red Natural de Aragón (que no está redactado), ni el Plan Director de las áreas Red Natura 2000 de Aragón (que está en el inicio de su evaluación ambiental), incumpliendo también la Ley de Espacios Protegidos de Aragón". El escrito denuncia, de hecho, la circunstancia absurda de que los planes básicos a aprobar aluden frecuentemente al Plan Director como si ya estuviera en vigor; "por consiguiente, en el caso de que se aprobaran, remitirían a un Plan inexistente".
A juicio del Colegio, se incurre en varias causas de nulidad, y debe retirarse hasta que se obtenga la previa evaluación ambiental estratégica favorable y se cuente con unos planes directores aprobados y vigentes, "sobre todo cuando el Gobierno de Aragón lleva casi siete años de retraso con respecto al plazo máximo legal que tenía" para los planes de gestión, diciembre de 2013.
El segundo bloque de alegaciones de los ingenieros de montes se centra en aspectos técnicos, empezando por la denuncia de que la actual cartografía oficial de los límites de los espacios de la Red Natura 2000 no se ajusta al ámbito real de los hábitats a conservar, y además se entrecruza de modo generalizado, y en aparente azar, con los límites de términos municipales y con las principales líneas topográficas e infraestructuras, "dividiendo miles de pequeñas parcelas de uso homogéneo, y dando como resultado un mosaico caótico sin razón que lo justifique". El escrito señala que si se aprueba esa delimitación, “las actuaciones posteriores (tanto públicas como privadas) se verán sometidas a un régimen de condicionantes ambientales irracional e injustificado”.
Además el Colegio pone de manifiesto que la única forma de consultar esta ingente cantidad de documentación ha sido un sistema web que presenta multitud de fallos en los buscadores y localizadores. Pone como ejemplo "flagrante" que en un LIC aparecen como problemas simultáneos el sobrepastoreo y el infrapastoreo.
El proyecto ya suscitó las críticas de la Asociación de Entidades Locales del Pirineo Aragonés (Adelpa) ante el temor de que se vaya a condicionar aun más sus actividades. Los ayuntamientos y las comarcas pirenaicas han solicitado al Gobierno de Aragón que prorrogue el proceso de exposición pública, puesto que el plazo previsto es de tan solo un mes, "para una cantidad ingente de documentación".
La postura de Adelpa es que para poder gestionar estos espacios y conservar adecuadamente los hábitats que los han originado, "ha sido y continúa siendo fundamental la presencia humana y su actividad en estos territorios". Entre las reivindicaciones ya planteadas en documentos anteriores está la elaboración de modelos de gestión participativos, contando con autoridades locales, disponer de incentivos financieros, mediante contratos para la gestión agroambiental, o la concreción del personal y medios que se van a dedicar a la gestión de estos espacios.
Al plazo de alegaciones ha concurrido también la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza, que propone añadir como objetivo "reducir el impacto del deporte al aire libre, el ocio y las actividades recreativas", y cita especialmente los del Alto Cinca, Cotiella-Sierra Ferrera y Chistau. Señala las graves molestias a la fauna catalogada que ocasionan las motos de nieve, y pide especificar esta actividad como prohibida. A su juicio también habría que dificultar la realización de pistas forestales nuevas, que permiten llegar en vehículos a donde antes se accedía andando. También piden restricciones para actividades nuevas como el heliesquí o el helibike.
MARÍA JOSÉ VILLANUEVA (Heraldo de Aragón)