El incendio de Ávila ocurrido el 14 de agosto puso de manifiesto que el sistema mixto público-privado que mantiene la Junta de CyL no fue suficiente ni en recursos humanos, materiales ni preventivos. CCOO lleva años pidiendo un modelo adecuado a la comunidad con más patrimonio forestal y con menos inversión.
La prevención y limpieza de los montes de la comunidad debe ser una prioridad tanto como para poder hacer frente a los incendios, que cada día son más grandes y frecuentes, como para fijar población.
El sindicato lleva tiempo denunciando que no tenemos un operativo de incendios eficaz y con medios, con una política forestal de prevención y que no se está haciendo un aprovechamiento sostenible.
Tenemos personas trabajando en el ámbito privado con condiciones precarias y bajos salarios, a los que no se les da la formación necesaria y además no son personal fijo de plantilla, en la parte pública el 80% del personal es interino y está 3 meses o 6.
En la parte privada se tienen un convenio colectivo que regula las condiciones laborales caducado desde 2013, atados a licitaciones de TRAGSA, que es un ente público y con pliegos que regulan escaso tiempo de prestación del operativo que oscila entre los 10, 6 y 3 meses, siendo mayoritario en la época estival, periodo único en el que se refuerza el operativo de incendio, totalmente insuficientes con menos 600 personas para toda la región.
Hay otra parte privada de más de 1000 trabajadores y trabajadoras, que también tienen el convenio caducado y no llegan a los 1000€ al mes y trabajan por 3 meses al año
En la parte pública del operativo las condiciones también son insuficientes y los recursos para poder realizar los trabajos de prevención y extinción escasos, sin actualizar una regulación legal que no se adapta a las nuevas condiciones de riesgo, a los veranos más largos y la peligrosidad que este trabajo conlleva
Reclamamos al Gobierno, que está elaborando la Ley del Bombero Forestal, que cumpla su compromiso y elabore un estatuto del bombero y bombera que de esta manera se dignifiquen las condiciones laborales de personas que se juegan la vida cada vez que hay un incendio, además a la Junta de CyL que lo adapte y complemente en cuanto entre en vigor.
La Junta no está dando importancia al problema de nuestros montes y bosques ya que en 2008 redujo al 50% la dotación económica que a día de hoy no se ha recuperado. Es un modelo obsoleto y mixto que no da respuesta a los problemas de nuestra comunidad.
La posición sindical, después de años de reivindicaciones, concentraciones y manifestaciones es que vamos a pasar a los juzgados ya que la instrucción de este año 2021 recoge medidas laborales que no se han negociado en ningún sitio y hemos denunciado a la fiscalía por no recoger las funciones de autoridad de los agentes medioambientales como policía judicial.
Queremos un operativo de incendios dotado de los recursos necesarios, con los medios humanos y materiales suficientes, de gestión pública durante todo el año y reforzado en verano, con trabajadores y trabajadoras a los que se les de formación y derechos acordes a la peligrosidad de su trabajo, como tienen en otras comunidades.