Madrid, 9 de agosto de 2022.- El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes ha valorado hoy el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno el pasado día 1 de agosto, que comporta una serie de modificaciones en la vigente Ley de Montes.

El COIM considera que las medidas incluidas se restringen al ámbito del operativo de extinción de incendios, incluyendo la vigilancia y prevención estricta, modificando la legislación aplicable. En este sentido, el Colegio no entra en la oportunidad de estas, en general justificables, sino en el procedimiento para su aprobación que modifica el habitual realizado hasta la fecha en base a un previo consenso alcanzado dentro de los órganos de coordinación existentes entre el Gobierno y las CC.AA., titulares de la mayor parte de competencias afectadas.

Para el COIM, la posible y necesaria mejora de su contenido debería ser abordada en el trámite parlamentario de convalidación en el caso de que se acordara su trámite como proyecto de Ley ordinaria.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes recuerda los elevados riesgos que supone eliminar los planes de incendios en zonas de alto riesgo y elegir que los planes anuales cubran todo el territorio de una CC.AA., ya que se corre el peligro de una rutinaria reiteración de estos. Además, añade que deberían ser las CC.AA. quienes evalúen la idoneidad de un modelo único de emergencias en un país tan diverso como el nuestro.

El COIM también considera que el verdadero problema de esta norma no se refiere a lo relacionado con la extinción, sino a las omisiones del Real Decreto: esto es, no abordar el problema que supone el estado de excesiva densidad por abandono de los montes, incluyendo las zonas periféricas de los mismos tanto de terrenos agrícolas abandonados como de interfaz urbano-forestal. También recuerda que el reto es demasiado serio y complejo para ser condicionado por demandas a corto plazo de determinados colectivos y por su potencial dimensión electoral.

Desde hace más de una década, ha ido emergiendo y consolidándose una convergencia entre los especialistas en incendios referida a que no hay que reforzar la desproporcionada atención que se presta a la extinción frente al estado de manifiesto abandono de los montes en buena parte de nuestro país. Para el COIM, las políticas que solo invierten en represión (incendios, salud, seguridad) acaban fracasando al no abordar el problema de fondo. Y abordarlo es lo que caracteriza precisamente a políticas progresivas, de largo alcance frente a las meramente reactivas. El Colegio afirma que esta reflexión es compartida en sectores mucho más amplios de nuestra sociedad, como se puso de manifiesto en el pasado 8ª Congreso Forestal Español organizado por la Sociedad Española de Ciencias Forestales.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes asegura que, en el caso de nuestro país, además de los medios que ya tenemos para extinguir los incendios, necesitamos modificar la estructura de nuestros montes para hacerlos mucho más resilientes. Así podremos extinguir los incendios, evitando situaciones explosivas y facilitando su restauración posterior. Para ello, el COIM afirma que se requiere de una prevención que vaya mucho más allá de la actual, apenas limitada a actuaciones lineales (cortafuegos), mantenimiento de los accesos, depósitos de agua y vigilancia.

Abordar ese reto de transformación de las masas forestales, tras décadas de abandono, requiere de un análisis mucho más sereno, sosegado y participativo. En este sentido, el COIM destaca que es necesario trabajar sobre los siguientes puntos:

Complementar el principio de precaución ambiental, que provoca -en un creciente número de casos- la parálisis de toda gestión forestal, con el riesgo que supone no actuar

Entender que la recuperación de la gestión forestal en nuestro territorio es estratégica para conseguir domar el creciente riesgo de incendios catastróficos que, en sus fases álgidas, no pueden ser abordados por ningún medio de extinción existente.

Abordar la asignatura pendiente de la financiación forestal por su peculiar naturaleza y gran extensión territorial y que actualmente apenas dispone de unos recursos marginales (11 €/ha/año) frente a la agricultura (400 €/ha/año) pese a que los bosques generan muchos más servicios ambientales y se ubican en las zonas con más riesgo de despoblación. La base de los recursos de las CC.AA., el PIB, y su relación con su riqueza de bosques, se sitúa en una relación 1/71 entre las CC.AA. más extremas.

 Abordar la financiación de los servicios ambientales que proporcionan los bosques y que suponen la justificación de un excepcional grado de intervencionismo difícilmente comparable y para la que existe base legal (Artículo 65 Ley de Montes, Disposición final 7ª, Ley de Cambio Climático y transición energética, ampliar el principio de plena reversión de costes a los servicios en la Directiva Marco de Aguas, entre otras). El plazo previsto en el caso de la Ley de Cambio Climático expiró en el pasado mes de mayo.

Abordar también el minifundio imperante en la propiedad forestal que permita la gestión de extensas áreas en el Noroeste y zona Mediterránea, especialmente en los límites de los montes con otros usos del suelo.

Priorizar las primas de la PAC para cultivos poco combustibles (vid, frutales) que generen mosaicos de zonas libres de vegetación estratégicamente situados para el trabajo de los equipos de extinción en caso de incendio.

Por último, abordar de forma prioritaria una regulación de la interfaz-urbano forestal incluyendo la coordinación con el urbanismo y las obligaciones de los titulares de los terrenos urbanos afectados.

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes concluye que esta mayor resiliencia será útil para la lucha contra los incendios y para mejorar su resistencia a los extremos del cambio global. Además, también mejorarán los caudales hídricos, la capacidad pastable y la producción de carne de calidad carbono-neutral, la biodiversidad y el paisaje.

Por otra parte, estaremos contribuyendo a generar empleo rural, a luchar contra la despoblación y a disponer de energía renovable, lo que nos permitiría ser mucho menos vulnerables ante crisis de suministro como la actual.