SE ROMPE EL CONSENSO EN LA GESTIÓN DE LOS INCENDIOS FORESTALES
La reciente aparición del Real Decreto-ley 15/2022, por el que el Gobierno de la Nación adopta medidas urgentes en materia de incendios forestales, en un momento en el que todas las instituciones, públicas y privadas, debieran dedicar sus esfuerzos a dar apoyo al conjunto de integrantes del dispositivo nacional actual, que han demostrado, con su profesionalidad y entrega, ser capaces de minimizar los daños causados por los recientes incendios, causa sorpresa e incomprensión en una situación meteorológica extrema y que ha tensionado el dispositivo al máximo de sus capacidades.
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Natural, venimos denunciando la falta de gestión de nuestros montes, como la causa intrínseca principal de muchos de los grandes incendios forestales, por ello mostramos nuestro desconcierto y profunda decepción por las medidas propuestas, incluyendo la modificación de la actual Ley de Montes, que no dudamos en calificar de inoportunas, amén de haber sido tomadas de forma unilateral, sin consenso con las comunidades autónomas, y sin contar ni hacer partícipe a los profesionales, que actualmente vienen desarrollando las actuaciones de prevención y extinción en España. La única evidencia de consulta y participación, en este sentido, se ha visto reflejada en la reunión que el Gobierno ha tenido con el movimiento conservacionista hace unos días, tras la cual se ha publicado un documento de acuerdo con estas asociaciones.
Hasta hoy y desde hace más de dos décadas estas medidas se estudiaban previamente en el seno del Comité Español de Lucha Contra Incendios Forestales (CLIF), órgano interadministrativo que agrupa a todas las comunidades autónomas, la Administración Central, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Orden Público y Protección Civil. De ahí surgían propuestas e instrucciones de orden técnico y normativo, para una mejor coordinación de las labores de prevención y extinción de incendios. Propuestas tomadas por consenso y participadas de forma leal y eficiente por todos y cada uno de los miembros. Su alto y valorado prestigio nacional e internacional, se desvirtúa a través de la imposición del Real Decreto-ley, que no contempla la realidad competencial de las diferentes administraciones ni su nivel de coordinación, rompiendo con una tradición de consenso que ha durado décadas y que ahora, por razones que no acabamos de entender, se da por finiquitado.
Desde 1984, las competencias en materia de extinción y prevención de incendios forestales, pertenecen a las diferentes comunidades autónomas, habiendo establecido un modelo de actuación conjunta en la que los medios se coordinan, incluyendo el refuerzo de medios que dispone el Gobierno de España a través del MITECORD y la UME.
Sorprende el anuncio del refuerzo del dispositivo de medios aéreos estatales, cuando este año y por falta de previsión y dotación presupuestaria se encuentran disminuidos, en un 40% en el caso de los anfibios Canadair del 43 Grupo de la FF.AA. (10 sobre 18) y con problemas de suministros para los helicópteros KAMOV afectados por la guerra en Ucrania, que se han ido incorporando paulatinamente a lo largo de la campaña y para los que no se han buscado posibles sustitutos. Todo ello ha mermado de forma sustancial la operatividad del dispositivo estatal en la lucha de los grandes incendios forestales.
Lo responsable hubiera sido esperar al final de la campaña de incendios, para analizar de forma sosegada las debilidades y fortalezas del operativo actual, y en el marco del CLIF, estudiar los cambios normativos necesarios para su mejora. La precipitación, la inoportunidad, la falta de consenso con las comunidades autónomas y el hecho de que nos encontremos en plena campaña, no son buenos ingredientes para una norma de tanto calado. En un tema tan sensible y con tantas derivadas ambientales, sociales y económicas como los incendios forestales, estas medidas propuestas son especialmente delicadas y pueden acarrear una falta de adecuación a la realidad ambiental y social de nuestros montes.