Este trabajo se publicó en una revista italiana (Celulosa y Cartón) en 1997, no esta publicado en español. Su contenido puede interesar a aquellas personas interesadas en conocer la influencia que el proceso repoblador del siglo XX ha tenido en nuestro país, y especialmente en los aspectos relacionados con los cambios de paisaje, la funcionalidad ecológica, los procesos hidrológicos y sociales así como su relación con la producción forestal

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROCESO REPOBLADOR EN ESPAÑA (1940-1995) G. MONTERO
Dpto. Sistemas y Recursos Forestales CIFOR-INIA. Ctra. A Coruña km 7’5 28040 MADRID.
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INTRODUCCION

Los efectos productivos y ambientales de las repoblaciones forestales, realizadas en España durante este siglo, no han sido suficientemente estudiados (GÓMEZ MENDOZA 1992). Una visión ruralista, a veces demasiado atenta a las crisis de las sociedades rurales, ha ocultado a menudo intervenciones forestales de gran trascendencia. El bosque y la agricultura tienen unos ritmos y tiempos de producción diferentes. Las sociedades rurales necesitan de la agricultura para procurar su sustento cotidiano, y el bien general del país necesita contar con abundantes v bien distribuidas superficies forestales, ya que éstas representan un papel esencial en el equilibrio biológico v social del territorio. Por esta razón la sociedad está cada vez mas interesada en controlar dónde, cómo y con qué especies se repuebla.

A su vez, los planteamientos ecológicos actuales parecen haber optado por la incomprensión de las políticas repobladoras, adoptando posiciones maniqueas demasiado generalistas y no siempre respetuosas con la realidad de los hechos.

Por otra parte, los forestales han sido víctimas de la contradicción, que ante la sociedad, crea su doble condición de conservadores de la naturaleza y defensores del aprovechamiento económico de los montes.

Resulta incomprensible como una decisión política de una magnitud y trascendencia como la que ha supuesto la política repobladora en España entre los años 1940 y 1982, ha podido ser tan escasamente estudiada (ORTUÑO 1990). Se conocen muy pocos trabajos que, desde un rigor científico-técnico, hagan una crítica objetiva al proceso repoblador español. Sin embargo son abundantes las ponderaciones y descalificaciones globales; vinculadas más al periodo político en el que se desarrolló, con mayor dinamismo, el programa de reforestación, que al estudio científico de los procesos parciales que potenciaron o limitaron la actividad repobladora.

El esfuerzo repoblador llevado a cabo en España en los últimos 55 años debe ser estudiado desde diferentes campos de la Ciencia, Ecología, Sociología, Economía, Técnica o Ciencia Forestal etc. Los resultados de un estudio racional, y con rigor científico-técnico, son muy necesarios para comprender cómo se ha llegado a la situación actual y, para programar la futura política de reforestación.

ANTECEDENTES

Sin pretender hacer aquí una recopilación histórica de la legislación repobladora y de las condiciones de la vida rural española a lo largo del siglo XIX, que dieron origen el proceso repoblador de 1941; vamos a presentar un breve resumen de éste periodo histórico, que consideramos necesario para comprender el desarrollo y los resultados de la política repobladora.

El proceso repoblador desarrollado en España durante todo este siglo se fue gestando, desde mediados del siglo XIX, como respuesta a la urgente necesidad de frenar el proceso de degradación de la cubierta vegetal que se había producido como consecuencia del pastoreo excesivo, las roturaciones de terrenos forestales para convertirlos en cultivos agrícolas y los abundantes incendios forestales típicos del clima mediterráneo, fomentados por los pastores, en su deseo de incrementar la cantidad y calidad de los pastaderos, aumentando así su producción ganadera.

En la primera mitad del siglo XIX se desarrolló un proceso de transferencia de las tierras forestales de propiedad institucional a los propietarios privados, con el objetivo de que éstos impulsaran un mayor dinamismo económico a través de una mejor explotación de los recursos forestales. Este proceso conocido, genéricamente, como desamortización se llevó a cabo en tres etapas (ORTUÑO, 1990): La de los señoríos o desamortización aristocrática (1820-23), la de los bienes de la Iglesia (1836-44) y finalmente la denominada desamortización civil de las tierras del Estado y los Municipios que se inicia en 1855 y se prolonga, con mayor o menor virulencia, hasta comienzos del siglo XX. Como consecuencia de esta desamortización se privatizaron entre 3,5 y 7 millones de hectáreas de superficie forestal, de la cual una parte importante fue deforestada y convertida en tierras agrícolas marginales o en pastaderos para la ganadería extensiva.

La desaparición de la cubierta forestal protectora dio lugar a una serie de inundaciones y fenómenos torrenciales que causaron grandes desastres humanos en los núcleos de población situados próximos a los cauces de los ríos y cuantiosas pérdidas económicas al arrasar numerosos cultivos agrícolas ribereños.

Paralelamente a este proceso destructivo, la sociedad fue tomando conciencia del peligro que suponía el gigantesco proceso de degradación que se había producido y se seguía produciendo. Para frenar las actividades destructivas de la cubierta vegetal y desarrollar un programa racional de reconstrucción de la vegetación forestal y velar por su conservación y aprovechamiento, se creó, a mediados del siglo XIX, la Administración Forestal Española. Esta Administración encontró grandes dificultades para desarrollar su labor, dentro de un régimen de economía liberal, que vivía en una permanente contradicción entre la necesidad de fomentar la iniciativa privada y la de no permitir que se degradasen más los ecosistemas forestales, entendiendo que estos eran necesarios para preservar el bien común.

Para dar respuesta a los daños causados por las inundaciones y los desastres torrenciales, se crearon en 1888, las llamadas Comisiones de Repoblación encargadas de repoblar las cuencas hidrográficas mas deforestadas y en las cuales los riesgos de inundaciones eran mas probable. A la vista de los buenos resultados obtenidos y para potenciar y generalizar a todo el territorio nacional la actividad de estas Comisiones, se crearon en 1901 las llamadas Divisiones Hidrológico-Forestales que comenzaron las repoblación y la corrección de torrentes en todas las grandes cuencas hidrográficas de nuestro país. Estas divisiones Hidrológico-Forestales dispusieron de apoyo político y económico suficiente para realizar su labor, y los resultados obtenidos, visto con la perspectiva que dan el paso de casi 100 años, pueden calificarse de excelentes. Conviene recordar que en esta época se repoblaron y corrigieron la mayor parte de las cuencas y torrentes de los Pirineos y la de la vertiente mediterránea, y se fijaron, mediante repoblación, las dunas marinas de Guardamar, Matalascañas, Tarifa y otras, así como las dunas continentales de la meseta norte castellana.

El proceso de degradación continuaba en todos los terrenos forestales y la situación se hizo tan insostenible que el Gobierno de la época se vio obligado a dar el primer paso de importancia para romper la línea política del liberalismo doctrinal, mediante la aprobación de la Ley de 24/6/1908 sobre montes protectores, en la que se anteponen consideraciones de interés general a los deseos de la propiedad privada. En ella se dispone que el Gobierno podrá declarar zonas protectoras, compuestas por montes y terrenos forestales que han de ser repobladas, con independencia de que se trate de terrenos públicos o privados.

Esta Ley establecía una política forestal análoga a las que ya existían en otros países europeos, y reconocía la importancia que la sociedad de la época otorgaba al mantenimiento y conservación de los bosques, tanto por los beneficios económicos que de ellos podían extraerse, como por los, importantes, beneficios indirectos que podían prestar a la sociedad. La Ley suponía una tutela del Estado sobre la propiedad forestal privada, y lógicamente fue muy contestada por los propietarios privados lo que hizo que fuesen necesarios varios intentos y la aprobación de disposiciones administrativas complementarias, para conseguir su implantación definitiva.

A esta Ley la siguieron otras como la Ley de 24/6/1918, cuyo objetivo era frenar la especulación desencadenada por los altos precios de la madera derivados del cierre de los mercados exteriores durante la primera Guerra Mundial. La Ley establecía la obligación de obtener una autorización previa de la Administración Forestal para poder realizar cortas en los montes de propiedad privada. El Decreto de 1924, de Regulación de cortas de arbolado y roturación de monte bajo en los montes de propiedad particular, contribuyó a un mayor control de la propiedad forestal privada por parte de la Administración.

El primer plan Nacional de Repoblación Forestal se aprobó por Real Decreto de 26/7/1926. En su preámbulo se dice que uno de los problemas que más directamente afectan a la riqueza nacional, y que ha llegado a interesar vivamente a la opinión pública es el de la repoblación forestal.

Reconoce este Plan Nacional de Repoblación que las Divisiones Hidrológico-Forestales han desarrollado una gran labor, pero estima que su capacidad de actuación no es suficiente para afrontar toda la demanda de reforestación del país, y que han de ser reforzadas con mayor apoyo político y económico.
El Plan pretendía dos objetivos: El primero continuar con la restauración de la parte alta de las cuencas de los principales cauces fluviales, asegurando su cubierta forestal. Este objetivo ha de ser obra del Estado que ha de formar en las cabeceras de las cuencas un patrimonio de su pertenencia, que evite la erosión, contribuya a disminuir la torrencialidad de los ríos y haga disminuir las inundaciones. Este objetivo fue encomendado a las Divisiones Hidrológico-Forestales que ya venían realizándolo desde 1901. E1 segundo objetivo consistía en repoblar todos los terrenos marginales impropios del cultivo agrícola, y que el interés público demanda que se devuelvan a la producción forestal. Esta iniciativa, por su carácter económico y social requería la colaboración de los Municipios y de otras corporaciones de desecho público y de los propietarios privados. La falta de colaboración por parte de estos entes hizo que el segundo objetivo, prácticamente no pudiera cumplirse.

El Plan preveía una primera etapa de diez años, que se pretendía fuese la base para el desarrollo de un Plan General mas amplio y fue dotado con 100 millones de pesetas que habrían de invertirse entre 1926 y 1936. El escaso desarrollo del segundo objetivo hizo que la parte del presupuesto que realmente se concedió se destinase casi exclusivamente a las repoblaciones de carácter protector.

El último paso para afrontar, eficazmente, el proceso de destrucción de la cubierta vegetal se produce con la aprobación de la Ley de 9/10/1935, por la que se crea un organismo forestal específico para la repoblación, denominado Patrimonio Forestal del Estado (PFE), cuyo principal objetivo era restaurar, conservar e incrementar la superficie forestal del país. Con esta Ley puede decirse que se cerraba un ciclo de cien años que había supuesto la destrucción de una gran parte de los bosques que existían a principios del siglo XIX. La guerra civil española (1936-39), no permitió la puesta en marcha de esta Ley.
El problema de la reforestación, era de tal importancia y urgencia que en plena guerra civil, se aprueba el Decreto de 21/6/1938, por el que se disponía la elaboración de un Plan Nacional de Repoblación Forestal. Este Plan fue elaborado por los ingenieros de Montes Luis CEBALLOS y Joaquín XIMENEZ DE EMBUN, que lo entregaron al Gobierno en 1939.

El cambio de régimen político y el tiempo transcurrido desde su aprobación, hacen que la Ley de 9/10/1935, de creación del PFE, sea modificada por la Ley de 10/3/1941 que puede decirse, que, recogiendo el espíritu de la Ley de 1935, funda nuevamente el Patrimonio Forestal del Estado.

A partir de esta fecha se inicia una fuerte labor repobladora, que ha supuesto un incremento de la superficie forestal arbolada de más de 3,5 millones de hectáreas, y cuyas consecuencias no han sido, todavía, suficientemente evaluadas.

EJECUCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE REPOBLACIÓN FORESTAL (PNRF) de 1939

Sería pretencioso pensar que en este trabajo puede hacerse un estudio exhaustivo del desarrollo del PNRF. Nuestra finalidad solo pretende presentar un pequeño resumen en el que se resaltan las principales etapas por la que pasó el desarrollo del mismo.

El Organismo Patrimonio Forestal del Estado creado en 1941, nace para desarrollar el Plan Nacional de Repoblación Forestal (PNRF). Cuyos objetivos principales eran los siguientes:

• Conseguir mediante la repoblación de pequeños rasos y claros de los montes, el máximo de producción de madera compatible con la especie repoblada y con las características ecológicas de la estación.
• Incrementar la superficie forestal arbolada en seis millones de hectáreas en un periodo de cien años.
• Conseguir el interés de los propietarios privados para que colaborasen en la consecución del objetivo anterior, poniendo sus tierras a disposición del PFE para que fuesen repobladas. Esta colaboración se materializaba mediante la firma de un consorcio.

Los consorcios partían de los siguientes principios:

- Se suponía que la repoblación del terreno suponía un beneficio económico para su propietario, y se le proponía su participación, aportando sus terrenos. E1 estado por su parte se comprometía a repoblar la tierra y se resarciría de la inversión realizada cuando llegase el momento de la corta de madera.

- El monte se convertía de hecho y de derecho en una propiedad en la que el Estado se reservaba la propiedad del vuelo que en todos los casos se inscribía en el Registro de la Propiedad a nombre del Estado.

- Los consorcios podían ser por tiempo indefinido, aunque en los documentos se incluían diferentes plazos, que siempre deberían de ser tan largos como el turno de la especie, o durar el tiempo necesario para que el Estado se resarciera del gasto realizado en la repoblación.

Partiendo del conocimiento del hecho de que la repoblación no consiste sólo en la implantación, sino que es preciso continuar con los primeros cuidados culturales (limpias, claras, podas, etc.), hasta hacer que la zona repoblada comience a ser aprovechada y se conviertan en una masa forestal integrada en la serie natural de la vegetación y capaz de autorregenerarse. Para asegurarse de que este objetivo se alcanzaría el PFE se comprometía, en el Consorcio, a realizar los trabajos selvícolas necesarios para que la repoblación se integrase plenamente en el medio y su aprovechamiento fuese el mejor posible. Este compromiso del PFE no se cumplió, en la mayoría de los consorcios, lo que ha hecho que en una gran parte de las repoblaciones no se haya realizado aún la primera clara o se ha realizado demasiado tarde.

Dado el escaso deseo de colaboración de los propietarios privados el PFE, realizó algunas actuaciones autoritarias propias de la dictadura. Así cuando se puso de manifiesto la escasa colaboración privada, el PFE puso en práctica la declaración de las "Comarcas de repoblación obligatoria" que obligaba a los dueños del terreno a firmar consorcios con el PFE para que éste las repoblase. En el caso de los terrenos propiedad de los Municipios y otras Corporaciones fueron suficientes algunas presiones políticas para que entregasen sus terrenos al PFE para su repoblación. En general puede afirmarse que el mayor obstáculo con que se encontró el PFE para llevar a cabo la ejecución del PNRF, fueron las dificultades que encontró para conseguir terrenos donde repoblar.

ETAPAS DE DESARROLLO DEL P.N.R.F.

El periodo de ejecución del PNRF, puede dividirse en varias etapas en relación con la prioridad de los objetivos que habían de cumplirse en cada una. (ORTUÑO 1990).

La primera etapa, se extendió desde 1940 a 1959. En ella el objetivo prioritario era paliar el alto paro rural. En los primeros años de su ejecución el plan fue un valioso instrumento para desarrollar un programa nacional de empleo rural que pudiera paliar la situación de la población campesina en una España arruinada por la Guerra Civil y sin posibilidad de recibir ayuda exterior debido al aislamiento que supuso el régimen dictatorial y el drama europeo provocado por la Segunda Guerra Mundial. Los principales problemas fueron la falta de terrenos para reforestar. Eran tiempos de pobreza y las tierras se cultivaban para el sustento de la población campesina, o se aprovechaban para pastoreo extensivo. Esta realidad hizo que fuesen frecuentes los conflictos entre el PFE y las poblaciones rurales, y, obligó a concentrar la reforestación en los rasos de los montes de Utilidad Pública, las tierras adquiridas por el estado, que alcanzó la cifra de 700.000 hectáreas y algunos consorcios con Municipios, siempre que la reforestación se produjese en tierras pobres, no aptas para la agricultura y con escaso valor como productoras de pastos. A partir de 1955, se incrementó la actividad, en parte debido a la mejora de las condiciones sociales y económicas del mundo rural, y en parte, también, al inicio de la mecanización (con tracción animal) de los trabajos de reforestación. En este periodo la superficie total repoblada fue de 1.306.100 hectáreas de las cuales 601.400 hectáreas (46%) fueron repobladas en los últimos cinco años.

Las masas forestales creadas en este periodo tienen en la actualidad una edad comprendida entre los 49 y 68 años están situadas en zonas pobres y en muchas no se han iniciado aún las primeras claras.

La segunda etapa comprende de 1960 a 1971. Como consecuencia de las grandes migraciones de la población campesina a las zonas industriales disminuyó mucho el paro rural, y fue necesario iniciar la mecanización de los trabajos de reforestación debido a la escasez de mano de obra y al aumento, relativo, de los salarios, que encarecían excesivamente el proceso. El abandono de tierras por la población campesina hizo más fácil la firma de consorcios con Municipios y propietarios privados. Aunque ya el Plan no era necesario como elemento de empleo rural, la voluntad política, guiada por los buenos resultados obtenidos, hizo que el plan continuase hasta cumplir los objetivos que se había propuesto. Al disponer de tierras más fértiles para la repoblación -y dado que la importación de madera por parte del Estado español era la segunda partida en divisas después de la importación de petróleo- se comenzó a primar las repoblaciones productivas frente a las de protección y a incrementar el empleo de especies de crecimiento rápido.

La aparición, a gran escala, de las industrias de la madera y las fábricas productoras de celulosa, necesitaban de una mayor vinculación monte-industria, de manera que estas factorías, que eran los mayores consumidores de madera, comenzaron a implicarse en los programas de reforestación.

El aumento del costo de la mano de obra y la incipiente industrialización de la agricultura, hacen necesario y posible la mecanización de todos los trabajos de reforestación. Es la etapa en la cual se producen grandes repoblaciones masivas, olvidándose, casi por completo, de los tratamientos selvícolas que era, necesario y urgente, aplicar en las repoblaciones conseguidas.

En esta etapa se repoblaron 1.196.400 hectáreas, lo que supone una media de casi 100.000 hectáreas anuales.
En 1968 el Programa de Plantaciones Productivas de Alto rendimiento desarrollado por la iniciativa privada con ayuda de la Administración Forestal, que venía desarrollando su actividad dentro del PFE, presenta sus resultados independientemente del PFE.

Las masas forestales obtenidas en este periodo tienen en la actualidad entre 37 y 48 años. Se están comenzando a realizar las primeras claras, pero a un ritmo muy inferior a1 necesario.

En diciembre de 1971, se reestructuró el Ministerio de Agricultura, fue suprimido el PFE y se creó el Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA).

Tercera etapa comprende de 1972 a 1982. Esta etapa se extiende desde la desaparición del
PFE y creación del ICONA (1972), hasta que se produce el traspaso de las competencias forestales a la Comunidades Autónomas, que habían surgido como consecuencia de la implantación del nuevo régimen democrático, tras la desaparición de la dictadura. En esta etapa se produjeron algunas modificaciones importantes en relación con la política seguida en las anteriores. El Programa de Plantaciones Productivas de Alto Rendimiento realizado por la iniciativa privada con subvenciones del Estado se separó del ICONA y pasó a depender de la Dirección General de la Producción Agraria (DGPA) del Ministerio de Agricultura, del cual, también dependía el ICONA, y que a partir de esta fecha daría prioridad a las repoblaciones de alto interés protector, ecológico o social.

El Programa de Plantaciones Productivas de Alto Rendimiento se subvencionó a través de la Ley Para el Fomento de la Producción Forestal aprobada en 1977, que gestionaba la DGPA y que comprendía además de las ayudas a la reforestación un programa de ayudas y subvenciones a fondo perdido para la realización de trabajos culturales en masas naturales y repobladas de propiedad privada.

En esta etapa se generalizan las críticas de los grupos ecologistas y conservacionistas contra los programas de reforestación, a los que acusan de productivistas, empleo masivo de coníferas y especies exóticas (Eucalyptus y Pinus radiata), alta agresividad en la preparación del terreno (terrazas) y en general, se acusa a la actividad repobladora, de ser poco respetuosas con el medio. Estos movimientos alcanzan gran importancia y peso en la opinión pública y obligan a la Administración Forestal a frenar el programa de reforestación, que se reduce a repoblaciones de interés ecológico y social, poniendo en duda, incluso, la eficacia de las repoblaciones protectoras o de alto interés hidrológico forestal. El programa de repoblaciones privadas, más independiente de las críticas ecologistas siguió su desarrollo con total normalidad.

Entre 1972 y 1982, se repoblaron 492.000 hectáreas por el ICONA y 226.000 hectáreas por la iniciativa privada con subvención de la DGPA. TABLA III. Estas repoblaciones tienen en la actualidad de 26 a 36 años y ya ha comenzado su aprovechamiento en las de turno más corto (Chopo y Eucalipto).

 

La cuarta etapa comprende desde 1982 a 1995. Con el traspaso de las competencias forestales a las Comunidades Autónomas en 1982 que no se encuentran vinculadas al PNRF se produce, de hecho, la desaparición del PNRF.

La presión de los movimientos ecologistas, y la vinculación del PNRF al régimen de la dictadura influyo negativamente en la política de reforestación. Los nuevos políticos, no eran partidarios de continuar políticas muy vinculadas a la dictadura, y aunque los propietarios privados, los Servicios Forestales, la economía y la restauración de extensas áreas degradadas en la vertiente mediterránea aconsejaban continuar repoblando, el proceso repoblador sufrió una reducción considerable. Con el asentamiento de la democracia, los políticos fueron tomando conciencia de la importancia del territorio y del sector forestal, y comenzaron a adoptar medidas para reactivar la política forestal y dentro de ésta la reforestación.

En 1992, el Reglamento de la UE n° 2080/92, establece un régimen comunitario de ayudas a la reforestación. Una vez más, se trata de una herramienta de política agraria ajena, en principio, al sector y a las necesidades de reforestación de terrenos degradados o protectores de cuencas hidrográficas y terrenos de baja fertilidad y alta pendiente, abandonados en épocas anteriores y que no pueden ser repobladas con ayudas del R-2080/92.

Esta importante disposición se ha presentado ante la opinión pública como un auténtico Plan de Reforestación, aunque en realidad la reforestación se utiliza como un medio para cumplir un fin.

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La reducción de las producciones agrícolas-. Con independencia de su origen el R-2080/92, ha tenido un efecto muy positivo en la opinión pública que ha tomado conciencia de que es necesario seguir reforestando nuestras tierras deforestadas y degradadas. Actualmente todas las Comunidades Autónomas han elaborado sus propios planes de reforestación, y pese a los problemas presupuestarios por lo que atraviesan, están incrementando su actividad repobladora.

En este periodo se conocen las superficies repobladas por la iniciativa privada con ayuda de la DGPA, pero falta información sobre las repoblaciones realizadas por iniciativa de las Comunidades Autónomas.

Los forestales españoles siempre han partido del hecho de que la repoblación de una zona determinada, no es un fin en si mismo, sino un medio para alcanzar un fin último que siempre es el de conseguir una cubierta vegetal que se integre en el medio y favorezca la evolución progresiva de la vegetación, creando un sistema forestal estable y diverso, que pueda evolucionar y adaptarse a los posibles cambios del medio y a las necesidades de la sociedad, posibilitando la diversidad biológica y de sus producciones para satisfacer la demanda de uso múltiple que la sociedad reclama del bosque.

Actualmente, la actividad repobladora está inscrita en un programa de planificación territorial, que otorga a cada superficie un uso preferente. Para no hipotecar el futuro de las tierras repobladas, es conveniente que con las repoblaciones sean pluriespecíficas, fomentando la biodiversidad desde el comienzo de la repoblación, creando superficies heterogéneas con mezclas de especies por rodales, instalando cada especie en aquellas condiciones microecológicas mas conveniente para su arraigo y desarrollo. Siempre que sea posible, deben evitarse las repoblaciones de extensas masas forestales uniformes y monoespecíficas, fraccionando el territorio en teselas de diferentes especies, si ello es posible. En el medio mediterráneo existe una alta diversidad de condiciones ecológicas geomorfológicas y topográficas que facilitan el objetivo antes indicado.

En el Plan Nacional de Repoblación Forestal, se contemplaban estos criterios y particularmente se insistía en la necesidad de que la repoblación contribuyese a acelerar la reconstrucción de las serie de vegetación facilitando su evolución hacia la vegetación clímax. Este hecho se ha puesto de manifiesto en numerosas repoblaciones de pinos que hall posibilitado la regeneración natural bajo la cubierta de las coníferas de abundantes brinzales de Fagus sylvatica, debajo de Pinus sylvestris, Quercus suber debajo de Pinus pinaster y Pinus pinea, Q. ilex y Q. faginea debajo de repoblaciones de Pinus nigra, etc. Este hecho confirma la teoría de que la repoblación de terrenos degradados con coníferas frugales (únicas especies capaces de instalarse en fases avanzadas de degradación del medio) contribuye positivamente a la evolución de la vegetación hacia la clímax.

Ciertamente, no siempre se tuvieron en cuenta estos aspectos al efectuar las repoblaciones. La menor conciencia ecológica de las primeras épocas, los costos de la repoblación que habían de ser lo mas bajos posible, la mecanización de los trabajos y la disminución de riesgo en el arraigo seguramente hicieron que se empleasen pocas frondosas en la repoblación, y se planificasen grandes áreas monoespecíficas.

SUPERFICIE REPOBLADA EN EL PERIODO 1940-1995

En nuestra opinión, la fragmentación en etapas del proceso repoblador, nos proporciona un mejor conocimiento del mismo, pero es posible que oculte una visión general de la magnitud del Plan. Para facilitar al lector una visión de conjunto hemos elaborado la TABLA V, en la que se expone de forma conjunta la superficie total repoblada anualmente por la administración y la iniciativa privada y sin separar la superficie de primera y segunda repoblación.

ALGUNAS CONCLUSIONES

1. SUPERFICIE REPOBLADA EN lª Y 2ª REPOBLACIÓN:

De las anteriores tablas se desprende que el total de la superficie repoblada en España en el período 1940-1995 es de 4.168,2 miles de ha. De esta cantidad corresponden a repoblaciones efectuadas por el Estado en montes de su propiedad y en montes consorciados un total de 3.246,4 miles de ha (aunque de las cantidades de los años comprendidos entre 1992 y 1995 una parte puede corresponder a montes de utilidad pública no consorciados: imposible conocer su cuantía, pues el dato aparece incorporado al conjunto de las repoblaciones efectuadas por la administración).

De esta cantidad, 2.710,4 miles de ha corresponden a primeras repoblaciones (efectuadas sobre terrenos carentes de cubierta arbórea) y las 535,8 miles de ha restantes lo son de segunda repoblación; se trata en este caso de actuaciones que contribuyen a mantener la superficie forestal arbolada, pero no la incrementan: se trata de repoblaciones realizadas en superficies de bosques cortados o incendiados previamente.

2. SUPERFICIE TOTAL REPOBLADA SEGUN LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y DE LA PROPIEDAD

De lo anterior se deduce que la mayor parte de las repoblaciones se realizaron sobre terrenos desarbolados: sin conocer en qué medida esto fue así en los montes de utilidad pública no consorciados o en los montes repoblados por iniciativa privada, contamos con que al menos un 65 % de lo reforestado lo fue en terrenos carentes de vegetación en el momento de llevar a cabo la plantación o siembra. Como se ha dicho, se trata de repoblaciones efectuadas en montes del Estado y en montes consorciados (de estos últimos un 61,5 % eran montes pertenecientes a entidades locales y otras entidades de derecho público, mientras que el 34,5 % restante lo eran de propietarios particulares).

La superficie repoblada por iniciativa privada durante el período comprendido entre 1968 y 1993, en fincas particulares con ayuda de la Administración pública, asciende a un total de 435,9 miles de ha (un 10,5 % del total).

Por último, las repoblaciones efectuadas en rasos y calveros, realizadas básicamente en montes de utilidad pública no consorciados (aunque también podían corresponder en alguna ocasión a repoblaciones sobre zonas cortadas o incendiadas) suma 485,9 miles de ha (posiblemente sea algo más, pues esta información no puede obtenerse para los años 1992- 95), un 11,7 % sobre el total.

3. SUPERFICIE TOTAL REPOBLADA POR ESPECIES

La distribución de las repoblaciones según especies para el período 1940-95 (a excepción de los años 1988-91, sin datos disponibles) se recoge en el siguiente cuadro:

Aunque no se pueda deducir directamente de la estadística, la diferencia entre el total repoblado por especies (3.254,0 miles de ha) y el total repoblado por años (4.168,2 miles de ha), que asciende a casi un millón de hectáreas, debe obedecer a que en el primer dato no se incluyen las segundas repoblaciones ni las repoblaciones en rasos y calveros de montes de utilidad pública no consorciados.

De la relación anterior se desprende que el 78,3 % ha sido repoblado con pinos y el 21,7 % con diversas frondosas (algo menos, pues una pequeña cantidad de la categoría "otras especies" corresponde a repoblaciones con Pinus uncinata).

 

ANEXO GRAFICO