El Parlamento Europeo adoptó la semana pasada la decisión de negociar la Ley de Restauración de la Naturaleza con 336 votos a favor frente a 300 en contra y 13 abstenciones. En junio de este año el Consejo Europeo llegó a un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea y ahora el Parlamento debía decidir si iniciaba las negociaciones con el Consejo sobre la forma final de la legislación.

restauración-unión-europea-vivero-osboEl texto aprobado en el PE significa que la UE debe contar con medidas de restauración de la naturaleza en vigor para 2030 que cubran al menos el 20 % de sus áreas terrestres y marítimas, según el Parlamento Europeo.

La ponencia aprobada considera que “la restauración del ecosistema es clave para combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, además de reducir los riesgos para la seguridad alimentaria”. Los eurodiputados que ha votado a favor destacan que el proyecto de ley no impone la creación de nuevas áreas protegidas en la UE ni bloquea la nueva infraestructura de energías renovables.

El Parlamento señala que “la ley solo deberá aplicarse una vez que la Comisión haya aportado datos sobre las condiciones necesarias para garantizar a largo plazo la seguridad alimentaria y cuando los Estados miembros hayan cuantificado el área que necesita ser recuperada para alcanzar los objetivos de restauración para cada tipo de hábitat”. Incluso se plantea la “posibilidad de posponer los objetivos en caso de consecuencias socioeconómicas excepcionales”.

La UE firmó los compromisos adoptados en el marco mundial de biodiversidad de Kunming-Montreal de la ONU por lo que se espera que esta Ley sirva para lograrlos. Los eurodiputados apoyan la propuesta de la Comisión de poner en marcha medidas de restauración para 2030 que cubran al menos el 20 % de todas las áreas terrestres y marítimas de la UE.

En el plazo de doce meses desde la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión tendrá que evaluar si hay algún desfase entre las necesidades financieras de restauración y los fondos de la UE disponibles y buscar soluciones, en particular a través de un instrumento comunitario específico.

César Luena, parlamentario español que ha sido el ponente a favor de la ley en el Parlamento, ha señalado que espera que se apruebe a finales de 2023 esta ley y que seguro contará la negociación que se abre ahora, “con el apoyo de la presidencia española de la UE”. La presidencia española deberá liderar ahora los trílogos, las negociaciones a tres bandas entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo Europeo.

En su opinión, “esta ley no perjudica a nadie, no es una ley contra nadie, es falso que perjudique a los agricultores. Otorga tranquilidad y confianza a los estados miembros al marcar objetivos y plazos. Y lo será también para el sector primario, agricultores, pescadores y selvicultores, por pura lógica: si los ecosistemas están sanos rendirán mejor”.

Considera el parlamentario español, por tanto, “que es una buena noticia para la naturaleza la aprobación de la ley porque reconoce el problema de los ecosistemas y hábitats en Europa y necesitamos políticas valientes que lo solucionen”.

La Comisión propuso el 22 de junio de 2022 un reglamento sobre restauración de la naturaleza para contribuir a la recuperación a largo plazo de la naturaleza dañada en todas las zonas terrestres y marinas de la UE y alcanzar los objetivos climáticos y de biodiversidad de la UE. Según el director de Biodiversidad de la Comisión Europea , Humberto Delgado Rosa, “por cada euro invertido en restauración de naturaleza tenemos de media ocho euros de retorno”.

Las principales asociaciones conservacionistas españolas Amigos de la Tierra, ClientEarth, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Oceana, SEO/BirdLife y WWF, se han felicitado de la  aprobación del Parlamento Europeo a favor del Reglamento de Restauración de la Naturaleza, «un paso que será de vital importancia para la supervivencia de los ecosistemas de la Unión Europea», consideran. Y lamentan que el PE no haya sido más ambicioso, «ya que en la negociaciones para aprobar el reglamento, se ha reducido significativamente la propuesta de la ponencia redactada en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento».

Osbo

OSBO digital

22 Agosto 2023

FSC es el único esquema de certificación operativo en España para realizar actividades que promuevan la verificación de los servicios de los ecosistemas en las dehesas en Extremadura.

Forest Stewarship Council (FSC) España firma un convenio de colaboración (2023-2025) con la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura a través de la Dirección General de Política Forestal, para promover la certificación forestal FSC entre pequeños propietarios forestales privados de dehesas de menos de 200 hectáreas.

El convenio, firmado por Gonzalo Anguita, director ejecutivo de FSC España y Pedro Muñoz Barco, director General de Política Forestal, se encuentra dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, concretamente dentro del proyecto de planificación de dehesas de pequeño tamaño para la adhesión a modelos de gestión forestal y su certificación forestal sostenible y es financiado con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del Next Generation-UE (MRR).

FSC España tiene la misión de promover una gestión forestal ambientalmente adecuada, económicamente viable y socialmente benéficos de los montes españoles, con especial foco en los pequeños propietarios, quienes tienen la responsabilidad de conservar las masas forestales, a la vez que obtienen rentabilidades de sus aprovechamientos forestales.

FSC España realizará, dentro del convenio, diferentes acciones para ayudar a los pequeños propietarios de dehesas de menos de 200 hectáreas a obtener la certificación FSC de gestión forestal. Se realizarán cursos de formación para la implantación del esquema de certificación FSC a personal técnico de la Dirección General de Política Forestal de la Consejería, a propietarios forestales privados y a empresas, se realizará asesoramiento para la implantación de grupos de certificación en dehesas de pequeña superficie y la incorporación de la certificación de productos no maderables, como la caza, la miel, ganadería extensiva, plantas medicinales y aromáticas; y realizará una evaluación de la viabilidad de verificación de servicios de los ecosistemas, especialmente almacenamiento de carbono y la conservación de la biodiversidad.

En este sentido se realizará un análisis detallado de la evolución de la biodiversidad, para obtener posteriormente la verificación FSC de conservación de la biodiversidad.

La certificación de productos no maderables y la verificación de conservación y mejora de los servicios de los ecosistemas, biodiversidad, almacenamiento de carbono, suelo, los servicios de las cuencas hidrográficas y servicios recreativos u ocio, son herramientas FSC que tienen el objetivo de facilitar a los propietarios forestales la obtención de ingresos adicionales, sobre todo en el entorno de las dehesas, menos productivas que otro tipo de bosques y en manos de pequeños propietarios.

Por ello, el acuerdo incluye la colaboración en la creación de un plan para promover e incentivar la inversión en la conservación de los servicios de los ecosistemas verificados, gracias a la gestión forestal sostenible realizada por los propietarios forestales.

FSC es el único esquema de certificación operativo en España para realizar actividades que promuevan la verificación de los servicios de los ecosistemas en Extremadura.

“La verificación de la conservación de valiosos servicios ecosistémicos que prestan los bosques a la sociedad, permite, por un lado, generar ingresos adicionales a los propietarios y por otro, ofrece una gran oportunidad a las empresas que quieran invertir en la conservación de nuestro capital natural. La inversión o patrocinio de servicios de los ecosistemas son acuerdos directos entre la empresa y el propietario. El propietario obtiene un beneficio adicional que reinvertir en la gestión de su dehesa y la empresa obtiene datos reales y contrastables que detallan la conservación y mejora de ese servicio o beneficio ambiental concreto, todo ello bajo los estándares y procedimientos de un esquema de certificación reconocido a nivel internacional que representa un mecanismo de seguridad riguroso, auditado por terceras partes independientes”, destaca Silvia Martínez, responsable de estándares y proyectos en FSC España.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) contempla la “Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad” con el objetivo alcanzar un buen estado de conservación de los ecosistemas mediante su restauración ecológica cuando sea necesaria, y revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos; y destina inversión especifica (Inversión 4) a la gestión forestal sostenible y a los planes de soporte técnico a los propietarios forestales, para las dehesas inferiores a 200 hectáreas y logren cumplir los indicadores de gestión sostenible de los esquemas de certificación que operan en España.

Las actuaciones del acuerdo se financiarán en su totalidad con Fondos de la Unión Europea-Next Generation EU por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, establecido en el Reglamento (UE) 2020/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021.

Colegio Oficial Ingenieros de Montes

22 Agosto 2023

 Comunicación ForesCyL el julio 12, 2023

No podemos mantener por más tiempo esta Ley Agraria porque contribuye a la desaparición del medio rural

Castilla y León se ha considerado siempre a sí misma una amplia meseta cerealista. Sin embargo, actualmente el 54%1 de la superficie de la comunidad es forestal y el 35% está arbolada. La agricultura más productiva se concentra cada vez más en las superficies de regadío, la superficie cultivada se reduce y la ganadería se intensifica a gran velocidad dejando tras de sí un territorio que sufre su mayor transformación desde el neolítico.

Reducir la agricultura y la ganadería a ese 46% del territorio y a las naves ganaderas es una visión reduccionista del medio rural que va a generar problemas a largo plazo. Llorar por el territorio vacío y, simultáneamente trabajar por la concentración de su actividad en una parte cada vez más pequeña, es muy contradictorio.

La actividad rural se basa en tres pilares profundamente conectados: agrario, ganadero y forestal. El abandono de tierras marginales ha supuesto la recuperación, de forma natural o artificial, de mucha superficie arbolada que sustenta una vegetación mayoritariamente muy joven. Los largos ciclos de desarrollo del arbolado dificultan que percibamos el cambio tan drástico que se está produciendo, pero baste decir que el volumen de la masa forestal arbolada se ha multiplicado por 3 en 30 años.

La periferia de la meseta, la cordillera Cantábrica y los sistemas Ibérico y Central tanto en la cuenca del Duero como las vertientes al Miño, Ebro y Tajo son territorios rurales profundamente forestales, donde los productos primarios como pastos, madera, caza, hongos, etc. y sus, actividades industriales asociadas —junto a las actividades terciarias de turismo activo y naturaleza— son la base de la economía.

Las actividades forestales productivas, especialmente las vinculadas a madera-biomasa han experimentado un crecimiento muy importante, la movilización del recurso se ha multiplicado por tres sin que esto haya supuesto aumentar la tasa de extracción. Las industrias del sector forestal-madera de Castilla y León facturan más de 1.600 millones de euros2, más que subsectores mucho más atendidos como el del vino o el azúcar. Mientras que simultáneamente las masas forestales maduran y los ecosistemas forestales mejoran.

Desde la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCYL) queremos levantar la voz para dejar constancia de uno de los obstáculos que, tanto en la forma como en el fondo, lastran el desarrollo forestal, y por tanto rural, en Castilla y León: la Ley Agraria. Si bien es un tema antiguo y conocido por las administraciones responsables, no se le pone solución.

La Ley 1/2014 de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León3 establece en su artículo 3.2 “A los efectos de esta ley, se entenderá como sector agrario exclusivamente al agrícola y ganadero.”. La ley nacional, Ley 19/1995 de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias4, en su artículo 2.1 define “Actividad agraria, el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales” teniendo este artículo consideración de legislación básica de acuerdo con la disposición adicional primera de dicha ley.

Aparentemente, para cualquier ciudadano, la no inclusión de lo forestal en la Ley Agraria podría parecerle apenas significativo, pero los que trabajamos por y para este sector de nuestra Región tenemos constancia de que se está produciendo una situación verdaderamente injusta, de indefensión de una parte de los administrados de la Región (los propietarios forestales, con la no desdeñable cifra de más de 700.000 ciudadanos) producida por este hecho.

Prueba de ello es que, aunque esta Ley dedica por completo su Título II a la “Concentración parcelaria”, cuando una Asociación de propietarios forestales concienciada del problema de la falta de gestión que -tras un incendio forestal- se une y se pone de acuerdo (con la dificultad que entraña) para revertirlo y hace una solicitud de concentración (íntegramente financiada por sus socios), ve cómo la administración, en vez de acompañar en el procedimiento, la paraliza durante años. ¿Pero qué se puede esperar de una Ley donde la palabra “forestal” solo aparece 5 veces en sus más de 130 páginas?

Multifuncionalidad del territorio rural

Esta Ley regional está impidiendo, en la práctica, la gestión forestal del monte privado, muy minifundista, y que representa en torno a la mitad de la superficie forestal, provocando su abandono y que acabe siendo pasto de unos incendios cada vez más virulentos.

Podría parecer un asunto sencillo de corregir o fácil de recurrir, pero el problema es el enfoque de gestión del territorio subyacente. Un enfoque que no podemos tildar sino de corporativo, reduccionista y patrimonialista.

La división competencial en distintas consejerías no debe aparejar la fragmentación del territorio rural en compartimentos estancos independientes. El territorio evoluciona de forma dinámica y multifuncional y, si bien las “cajas” pueden tener una utilidad operativa debe superponerse una visión amplia e integradora.

Como Mesa no podemos admitir que los problemas sean que aquí mandan los agrónomos, los veterinarios o lo forestales porque como sociedad no nos podemos permitir estar en eso.

La problemática de equilibrio entre agricultura, ganadería y monte es compleja y siempre ha existido. Pero precisamente es desde este equilibrio desde el que se optimizan las oportunidades y necesidades del medio rural y lograrlo debe ser el gran reto de una comunidad eminentemente forestal.

Un ejemplo de esta complejidad lo estamos viendo actualmente en las dificultades para gestionar los problemas sanitarios de la ganadería extensiva y la falta de expectativas de alcanzar algún objetivo debido a la pervivencia de las enfermedades en la fauna silvestre.

El monte necesita ganadería extensiva y el exterminio de la fauna silvestre no puede ser la solución. Los problemas complejos necesitan planteamientos equilibrados y para eso disponemos de conocimiento suficiente.

La cuestión es que si vivimos de espaldas a nuestra realidad y permitimos que nuestra legislación margine “lo forestal” es probable que nunca alcancemos ese equilibrio decisivo para el desarrollo rural de Castilla y León. Si la agricultura y la ganadería intensiva parten del supuesto de que tienen derecho a una importante cantidad del presupuesto comunitario, abandonando a su suerte a todos los territorios de mediana y baja productividad, sin preocuparse de los problemas de seguridad ciudadana que se están creando (incendios) y sin enfocar la gestión desde una razonable mejora de la calidad ambiental, se pueden encontrar con que la sociedad urbana no está dispuesta a financiarlos.

No es entendible, en una región tan extensa y con tantos problemas de despoblación rural, que no se aproveche un recurso, con tantos parabienes económicos, medioambientales, sociales… Desde la MIMCYL estamos convencidos de que la lógica y la sensatez se acabarán imponiendo, pero la cuestión es cuándo: estamos perdiendo una oportunidad histórica de aprovechamiento de recursos locales, y de revertir la despoblación del entorno rural, éxodo que puede llegar a ser irreversible en poco tiempo.

Tenemos que pensar como Comunidad. No podemos mantener por más tiempo una Ley Agraria que contribuye a la desaparición del medio rural.

[1] Fuente: Portal de Datos Forestales de Castilla y León. https://datos.pfcyl.es/

[2] Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Fecha de consulta: 1/6/2021 https://datos.pfcyl.es/

[3] https://agriculturaganaderia.jcyl.es/web/es/estadistica-informacion-agraria/ley-agraria-castilla-leon.html

[4] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-16257

FORESCYL

22 Agosto 2023

Autor: Gabinete de Prensa. Publicado: 03/08/2023

Los países mediterráneos sufren este verano una nueva ola de incendios forestales

03 de Agosto de 2023.- Grecia, Italia, Argelia, Túnez… están sufriendo una intensa ola de incendios forestales con daños ambientales, materiales y personales de enormes dimensiones. Mientras España se ha vuelto a enfrentar al verano, época en la que se producen la mayoría de los incendios forestales en nuestro país, confiada en que una climatología más favorable vinculada a las abundantes lluvias de los meses de mayo y junio mejorase nuestros datos con respecto a 2022 pero sin haber llevado a cabo acciones eficaces de prevención. El COIM vuelve hacer hincapié un verano más en que los deberes siguen sin hacerse pese a que el año pasado se puso de manifiesto, y parecía haber consenso con respecto a que solo la gestión forestal y la economía vinculada al medio rural hacen posible una lucha más eficaz contra los incendios forestales. No olvidemos que casi el 55% de la superficie de nuestro país es forestal pero continúa sin ser una prioridad en las políticas económicas de las distintas administraciones.

Los montes españoles no son ecosistemas primigenios sino sistemas culturales, fuertemente intervenidos y transformados durante milenios, montes que la FAO describe como semi-naturales. España posee uno de los patrimonios forestales más valiosos de la Unión Europea, no solo por la extraordinaria diversidad de sus hábitats forestales, sino también por su gran diversidad de sistemas de aprovechamiento (de los pinares resineros a los alcornocales, de los sotos de castaño a las dehesas, de los puertos cantábricos a los atochales; de las choperas a la laurisilva canaria) y también de sus cadenas de valor (productos de madera, bioenergía, madera para construcción, mueble, corcho, resina, castaña, piña, caza, setas y trufas, plantas medicinales, pastos, turismo de naturaleza, etc.).

España es un país marcadamente forestal, aunque la sociedad española no sea consciente de ello y crea que nos estamos quedando sin bosques como consecuencia de las alarmas estivales de cada año. España posee 28 millones de hectáreas de montes (bosques y otros terrenos forestales) de las cuales 18,6 millones son arboladas, y se estima que en 2050 se superen los 22,5 millones. Si queremos encauzar el problema de los incendios forestales hemos de poner el foco en la rentabilidad de la gestión de estos terrenos y si no, el resultado será el abandono.

Para impulsar la gestión de los montes hay que motivar a sus propietarios a través de: el asociacionismo para llevarla a cabo de forma profesional movilizando a los más de 2 millones de propietarios; la concentración de superficies de gestión (de al menos 500 hectáreas); la mecanización de sus tratamientos y aprovechamientos; la reducción de la carga burocrática en los trámites; la racionalización, simplificación, digitalización y principio de confianza en el propietario forestal. Se necesita también fomentar el arraigo familiar de los propietarios forestales; dignificar a los trabajadores forestales cualificados; incentivar las inversiones en el sector forestal y disminuir el exceso de intervencionismo de la Administración. También hay que incentivar y asegurar las inversiones, fundamentalmente la reinversión de ingresos por aprovechamientos y dotar de un marco fiscal, crediticio y de seguros adaptado al sector forestal que incentive la inversión.

Y como no, fomentar el emprendimiento forestal, tanto en los sectores tradicionales favoreciendo su desarrollo, hoy frenado por restricciones temporales a la gestión desproporcionadas y por el abuso de la contratación directa a las empresas públicas y el minifundio contractual, como en sectores emergentes como turismo de naturaleza, alimentos forestales, salud, etc.

El abandono rural de los montes españoles

Nuestros montes no se encuentran en el mejor estado, de hecho, muchos de ellos llevan décadas de abandono precisamente en las zonas que son más propicias y sensibles a los incendios. Aunque disponemos de grandes profesionales y equipos de extinción en todo nuestro territorio, esta no es la única vía para enfrentarnos al problema de los incendios.

Este abandono, unido a la falta de población en zonas rurales vinculado a la ausencia de oportunidades en estos territorios, ha dado como resultado bosques continuos, tanto en áreas de montaña como en zonas periurbanas, donde se da un importante nivel de carga de biomasa, o sea combustible, que puede superar las 100 toneladas por hectárea, excediendo toda capacidad de extinción y poniendo en riesgo la vida de los efectivos de extinción. Por eso es esencial abordar la gestión forestal de estos territorios si queremos conservarlos.

Además, se echa en falta una política forestal decidida, que debería ser estratégica para el país, pues más de la mitad del territorio nacional depende de ella. Es importante que el sector forestal sea reconocido como un sector primario que, en lugar de constituir un problema, sea clave para ofrecer extraordinarias oportunidades para el estado en general y para el mundo rural en particular.

Eduardo Rojas Briales, decano del COIM indica que “Estas actuaciones requieren de una planificación de prevención y su ejecución continua durante todo el año de mano de profesionales, lo que debe ir acompañado de unos presupuestos suficientes y estables. Es crucial abrir el debate acerca de cómo financiar el territorio interior y forestal de esta España despoblada”.

El COIM también señala que además hay otras medidas de apoyo a la gestión forestal como el uso de las quemas prescritas o la ganadería y agricultura extensiva que generan discontinuidades en el territorio con cultivos de poca combustibilidad, como la vid, y que permiten crear paisajes más resilientes.

COIM

Colegio Oficial Ingenieros de Montes

22 Agosto 2023