Autoría: Manuel de Castro Muñoz de Lucas; Catedrático de Física de la Tierra, Universidad de Castilla-La Mancha
Antes de la última cumbre climática de Naciones Unidas (COP27) había una sensación bastante extendida de que sería una conferencia de transición entre dos fechas clave del Acuerdo de París: la COP del año 2020 (retrasada a 2021 por la pandemia) y el 2025, cuando se han de rendir cuentas sobre el cumplimiento de compromisos acordados.
El hecho de que se celebrara en un país de África también invitaba a pensar que en esta COP surgiría con mayor presión la componente financiera, un asunto vital para los países menos desarrollados. Y, efectivamente, así parece que ha sido.
Como en la del año pasado en Glasgow, los tres asuntos estrella de la COP27 de Sharm el-Sheikh han sido la mitigación de las causas del calentamiento global, la financiación para acciones de adaptación al clima futuro y las aportaciones para sufragar los daños atribuidos al actual cambio climático en los países más débiles y vulnerables.
En esta COP27 la intensidad en el debate dedicado a cada uno de ellos ha variado. El mayor conflicto para el acuerdo ha estado en el primero, por el insuficiente recorte de emisiones de gases invernadero por parte de ciertos países, y en el último de estos tres asuntos.
Ya en la COP de Glasgow hubo un principio de acuerdo que planteaba como una cuestión de justicia proporcionar ayuda financiera a países en desarrollo para hacer frente a los costes de los daños y pérdidas asociadas a los efectos adversos del cambio climático que ellos no han provocado, incluyendo los eventos extremos (olas de calor, huracanes o sequías) y los que se producen de forma más lenta (elevación de nivel del mar o fusión de glaciares) y atendiendo no solo a la compensación por las perdidas sino también a los costes de la recuperación, rehabilitación y reconstrucción.
¿Compensaciones? ¿Países vulnerables?
En esta COP pronto se alcanzó un cierto consenso en que esa financiación debía ser ágil e inmediata. Para ello, se ha propuesto constituir un fondo finalista con aportaciones de los países desarrollados y de bancos internacionales para el desarrollo. Pero enseguida surgieron fuertes controversias, tanto entre los potenciales donantes como entre los posibles perceptores.
Una de ellas se refiere a si las aportaciones deberían ser proporcionales al volumen total de gases invernadero que cada país ha emitido desde la era preindustrial. O si también debería contribuir de forma relevante China, el principal emisor en la última décadas. O si habría que incluir a los principales países productores de combustibles fósiles. En este punto, incluso la semántica resultó conflictiva. Los países desarrollados no admiten que esta financiación se califique como “reparaciones” ni mucho menos como “compensaciones”, como explícitamente niega el artículo 8 del Acuerdo de París, pues eso podría dar pie a litigios.
Otra fuente de conflicto surgió por la necesidad de acotar los países en desarrollo a quienes se dedicaría este nuevo fondo de ayuda urgente, restringiéndola a aquellos calificados de “vulnerables”. Para ello va a ser preciso establecer unos criterios que inevitablemente resultarán polémicos, sean cuales sean.
Para facilitar la implementación de este fondo económico se ha constituido un Comité de Asesoramiento para que elabore propuestas que se examinen y aprueben en las dos próximas COP.
Una financiación que sigue siendo escasa
En lo que se refiere al asunto de la adaptación al cambio climático, se ha consolidado el compromiso alcanzado en Glasgow para duplicar la financiación en 2025 (unos 40 mil millones de dólares) destinada a mejorar la resiliencia de los países más pobres. Pero se ha visto la conveniencia de implementar mecanismos de transparencia tanto en la contabilidad como en la supervisión de estas ayudas, que siguen sin llegar a las cantidades comprometidas en el Acuerdo de París.
Una buena noticia en este capítulo ha sido la aprobación de un plan de acción ejecutivo dotado con 3 mil millones de dólares entre 2023 y 2027 para proporcionar predicciones meteorológicas de calidad que permitan la alerta temprana de eventos extremos en los países que no dispongan de estos servicios. El objetivo es limitar la gravedad de los desastres asociados a tales eventos.
¿Es aún válido el objetivo de 1,5 ℃?
Pero lo que ha provocado más controversia, hasta el punto de tener que aplazar la clausura de la COP27 dos días, ha sido conseguir el consenso sobre la urgente necesidad de mitigar sustancialmente las emisiones de aquí a 2030 y llegar a un balance neutro a mitad de siglo.
La UE ha apostado muy fuerte por que, como en la COP26 de Glasgow, en la resolución final se explicite claramente que el objetivo sigue siendo procurar que el calentamiento se aproxime a 1,5 ℃ respecto a la era preindustrial. Su temor era que se soslayara la mención a ese compromiso como parece que pretendía un numeroso grupo de países en desarrollo. Esto se debe a que con los compromisos “mejorados” que se han recibido hasta ahora resulta imposible alcanzar ese objetivo. Como señalan los científicos del IPCC, para lograrlo las emisiones globales deben empezar a disminuir como tarde en 2025 y llegar a ser en 2030 un 40 % menores que en 2019.
Este debate se ha enconado aún más porque se ha cruzado el tema de la mitigación con la financiación hacia los países en desarrollo para hacer frente al cambio climático. Los países desarrollados amenazaron con no aportar más financiación mientras no hubiera un compromiso claro para reducir las emisiones globales como ellos se han comprometido. Por su parte, la mayoría de países en desarrollo sostienen que si no hay compromiso en la financiación tampoco están dispuestos a reducir emisiones. En este río revuelto hay pescadores que ganan, por ejemplo China, India o los países productores de combustibles fósiles.
Ante este revuelo, la presidencia de la COP ha optado por prácticamente repetir, para este capítulo de mitigación, la redacción de las conclusiones aprobadas en la conferencia del año pasado en Glasgow. No ha variado siquiera una coma del polémico acuerdo sobre la “disminución progresiva (phase-down) del uso de carbón y la eliminación de los subsidios ineficientes al petróleo y gas”. Podría haberse suprimido (phase-out) al menos el carbón para la producción de energía y reducir los otros combustibles fósiles.
En resumen, si no fuera por el acuerdo sobre la creación del fondo para costear los daños y pérdidas derivados del cambio climático actual y algunos otros de menor entidad, podría decirse que esta COP no sólo ha resultado decepcionante sino que además ha enconado más el enfrentamiento entre bloques, hostigado por algunos actores interesados.
- The Conversation
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