Humberto Delgado Rosa, director de Biodiversidad de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea
10 Opinión de actualidad. Los espacios protegidos ¿la mejor herramienta de conservación?
Áreas protegidas en España: ¿una herramienta de conservación desaprovechada? [pág. 10]
La ganadería extensiva en los espacios naturales protegidos [pág. 14]
Las microrreservas en Castilla-La Mancha. Una herramienta diversa de protección y conservación de flora y fauna [pág. 17]
La no gestión de Monfragüe, un “modelo” que se extiende a los demás espacios protegidos extremeños [pág. 20]
Espacios naturales protegidos: una herramienta imprescindible para frenar y revertir la pérdida de biodiversidad [pág. 22]
Espacios ¿protegidos? [pág. 24]
26 Publirreportaje
28 Colaboraciones técnicas
Conservación de pastos de montaña y nuevas tecnologías para gestionar la ganadería extensiva [pág. 28]
Economías de los productos públicos de los montes en espacios protegidos de Andalucía [pág. 38]
Compatibilizar la conservación de aves esteparias y la agricultura. Aplicación de medidas agroambientales en las zepa de ambientes esteparios de Castilla-La Mancha [pág. 48]
Conocimientos, habilidades y actitudes para la gestión de las áreas protegidas. La evolución de las áreas protegidas: pasado, presente y futuro [pág. 60]
Educación ambiental en Monfragüe. El programa “promoción de hábitos de vida saludable a través de rutas por espacios naturales” [pág. 67]
Los espacios naturales protegidos como escenarios para la investigación. El ejemplo del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido [pág. 70]
Los bosques frente al desafío del cambio climático: el proyecto Life RedBosques Clima [pág. 78]
Seguimiento fitosanitario de las masas forestales de la Red de Parques Nacionales [pág. 82]
Gestión de la masa forestal en el Parque Natural de la Font Roja. Transición a estados superiores de madurez y adaptación al cambio climático [pág. 92]
La experiencia del seguimiento del cambio global en la Red de Parques Nacionales [pág. 98]
La Lista Verde, una herramienta para la conservación justa y efectiva de las áreas protegidas [pág. 108]
107 Publirreportaje
Parker
116 Reportaje fotográfico
Nuestros parques: territorios fotográficos
126 Noticias forestales y del Colegio
Europarc-España presenta su nuevo Programa Estratégico 2030. Cambio global y áreas protegidas
El crecimiento de la economía española en los últimos 50 años ha sido evidente, sin embargo el modelo de crecimiento ha estado asociado a un modelo de concentración territorial. Un modelo que ha propiciado la convergencia de España con Europa, pero que no ha conseguido una cohesión territorial, como ha quedado acreditado en un reciente estudio realizado por Mercedes Molina Ibáñez, F. Javier Hernando Sanz y Rocío Pérez Campaña. La polarización entre el centro y la periferia peninsular, así como la despoblación de una parte importante del territorio, son insostenibles, por lo que esta desigualdad ha de ser abordada por unas nuevas políticas públicas a establecer tras las últimas elecciones.
Ese crecimiento de los últimos 50 años ha mejorado el producto interior bruto (PIB), la renta per cápita y el empleo, pero se ha seguido un modelo territorial de concentración donde la ciudad y sobre todo su configuración metropolitana asumen un papel primordial. Además, ese crecimiento no se ha reflejado por igual en todas las Comunidades Autónomas, por el contrario, los desequilibrios territoriales constituyen una de las señas de identidad de la economía española, una falta de cohesión interna cuya muestra palpable son los territorios rurales despoblados y desfavorecidos.
España abordó la transformación de una economía agraria a otra industrial y de servicios en la segunda mitad del siglo XX, asociada a los valores del PIB, de la renta y el empleo, comenzando así las desigualdades socioterritoriales. En los años 60 del pasado siglo, después del plan de estabilización de 1959, la llamada planificación indicativa configuró una industrialización intensiva en mano de obra no cualificada, propia de las dos primeras revoluciones industriales, que supuso un aumento importante en el empleo (que alivió la presión demográfica de los territorios rurales, sometidos a esta crisis secular no resuelta), del producto interior bruto y de la renta per cápita. También se produjeron importantes cambios territoriales derivados de los movimientos migratorios internos “a partir de una emigración rural forzada”. Un crecimiento económico sustentado en un modelo territorial de concentración de la inversión, de la producción y el empleo, y por consiguiente de la población, en el medio urbano. Los desequilibrios territoriales en España quedaban configurados.
Tras la llegada de la Democracia en 1978, se destacaron aquellos desequilibrios territoriales, incluso en la Constitución se incluyó la necesidad de construir un Estado equilibrado y solidario, se creó el Fondo de Compensación Interterritorial y se indicó el objetivo de conseguir una justa distribución de la renta. Sin embargo, los resultados propuestos no se han conseguido. Se primó afrontar la reindustrialización con el desacoplamiento de la mano de obra de actividades tradicionales, además el retraso tecnológico, innovador y científico determinó la continuidad del esquema dominante en el inicial proceso de industrialización español: crecimiento económico, sustentado en un modelo de concentración urbano, donde la ciudad y los territorios con tradición industrial concentrarían las inversiones.
La modernización económica derivaría en el apoyo a las industrias más intensivas en capital, sumado a los servicios y el turismo. El 1 de enero de 1986 España entraba en la Comunidad Europea, comenzaron a recibirse las ayudas de la Política Agraria Común, así como de los Fondos Estructurales (FEDER) y del Fondo de Cohesión, en un intento de corregir los desequilibrios territoriales, objeto que aparece corroborado en los Tratados de Ámsterdam (1997), Niza (2001) y Lisboa (2009). La dimensión territorial de las políticas en la Unión es una realidad, aunque en el período 2014-2020 España quedó fuera del Fondo especial sobre convergencia territorial, limitado a los países del Este, Grecia y Portugal. Por otra parte, el crecimiento económico español no se ha proyectado por igual entre las Comunidades Autónomas, hemos convergido en niveles de renta, pero existe una falta de cohesión en el territorio español. Las Comunidades de Madrid y Cataluña detentan el 38% del valor del PIB español, al mismo tiempo que estas Comunidades junto con Navarra, Aragón y La Rioja se situaron por encima de la renta media española en 2020. El resultado es que la presión demográfica rural, derivada de la falta de empleo, del acceso a servicios que posibilitaran una mayor calidad de vida y de una promoción social a través de la educación y la formación, siguieron alentando la emigración. Por el contrario, las oportunidades resultantes de necesidades de mano de obra, de dotación de servicios e incluso de acceso a la vivienda, se ubicaban en centros urbanos, que con aquella expansión se transformaron en centros metropolitanos. La ubicación de la industria y el crecimiento de los servicios se asociaron a un modelo de concentración de la inversión, del empleo, de los servicios y, por consiguiente de la población, en las grandes ciudades. El medio rural se asociaba a un mundo atrasado, sin calidad de vida, carente de posibilidades de promoción y empleo, por tanto despreciado. El resultado es la pérdida de protagonismo del medio rural, marginado a la hora de localizar las inversiones públicas que garantizaran la adecuación de los territorios a las exigencias de los nuevos procesos económicos, la pérdida de competitividad, y la persistencia de una gran brecha territorial, agravada por la globalización económica. La modernización de la economía agraria con la mecanización generó una mano de obra excedente que quedó abocada al éxodo rural hacia las ciudades. La despoblación de la España interior quedó consumada, entre los años 1960 y 1990 la emigración “rural forzada” se dirigió a los principales centros industriales y a la periferia más vinculada a la actividad turística, un proceso que se ralentiza a partir del año 1990, dado que la población rural había abandonado ese territorio.
La despoblación territorial ha afectado esencialmente a los núcleos rurales (también a las pequeñas ciudades), causada por un modelo de producción de crecimiento intensivo basado en una concentración territorial, generado por los efectos de las políticas públicas y la dinámica asociada a la desigual competitividad territorial en España. El atraso secular y las necesidades del Estado en buscar un crecimiento rápido generaron un modelo basado en la concentración del propio desarrollo económico en determinados territorios, sin que las grandes inversiones, como las infraestructuras, hayan contribuido a subsanar los desequilibrios territoriales y su planificación tampoco ha respondido a la realidad socioterritorial de nuestro país. Las políticas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas, junto con las ayudas europeas, no han servido para frenar la fractura territorial generada en décadas anteriores. Hoy, el 70% de la población nacional residen en municipios con más de 20.000 habitantes (5,1% del total). Mientras que el 53% de la población total reside en localidades de más de 50.000 habitantes (1,8% de los municipios), de hecho el 16% de la población vive en ciudades de más de 500.000 habitantes (0,07 de los municipios). Una localización geográfica que no deriva de una elección personal sino forzada debido a la carencia de oportunidades en el medio rural y a las diferencias de calidad de vida. Por tanto, es necesario conocer las causas verdaderas de la despoblación de la España interior para crear unas estrategias eficaces. La despoblación se ha agravado por el fuerte envejecimiento de la población y la ausencia de un reemplazo generacional en la España vacía, con graves secuelas en la tasa de actividad o los efectos de la masculinización. A ello hay que añadir, las consecuencias económicas, una de ellas derivada de la pérdida progresiva de competitividad territorial, fruto de las escasas inversiones que se han traducido en importantes carencias de infraestructuras de transporte y comunicaciones, lo que genera un grave problema de accesibilidad a las zonas rurales. La consecuencia es el abandono de las actividades económicas tradicionales y la pérdida de un saber hacer local, al mismo tiempo que se mantienen las producciones básicas locales con escaso valor añadido, mientras que se debilita la capacidad de innovación y emprendimiento. Sigue la pérdida progresiva de servicios y el deterioro de los servicios públicos, como la sanidad, educación, mientras la mujer tiene grandes dificultades para acceder al mundo laboral. Se abandona el medio rural con las consecuencias medioambientales, la falta de gestión de los montes, la pérdida de biodiversidad, se erosionan los terrenos y se descuidan los pastos, consecuencia de la escasa capacidad de los núcleos rurales para afrontar estos retos. La ausencia de una ordenación del territorio, las inversiones territorializadas poco eficientes y con escaso efecto transformador, no han ayudado a resolver el problema de la despoblación. Todo ello influye en una menor calidad de vida y en una falta de posibilidades de promoción social, de modo que a la despoblación se suma la desigualdad.
Los territorios despoblados tienen problemas, pero la transición energética y la globalización han determinado que esos territorios también sea una fuente de oportunidades. La Naturaleza están adquiriendo nuevo valor, por sus valores intrínsecos y por la crisis climática, mientras que los recursos naturales han adquirido nueva importancia a raíz de la Guerra de Ucrania, dado que las dependencias exteriores son problemáticas. El cambio del modelo energético a uno sostenible, puede determinar que los territorios que detentan potencialidades naturales adquieran nuevo protagonismo.
Las nuevas formas de alimentación están potenciando nuevas producciones agrícolas, ganaderas y forestales, en las que la calidad y la diferenciación serán determinantes. Existe una demanda de productos naturales, cuya atención puede transformar las economías rurales, para lo cual hay que desarrollar una industria agroalimentaria potente. La fortaleza y la importancia del campo se han demostrado en la pandemia, así como la importancia del turismo rural y del patrimonio natural.
El sector primario impulsa numerosas industrias y el potente sector de la distribución, pero se localizan en otros lugares, quedando los territorios rurales relegados a sus producciones básicas, sin generar una cadena de valor local. El futuro son las nuevas producciones, como el desarrollo de una industria alimentaria de calidad, la puesta en valor de los recursos naturales, las actividades de turismo natural y cultural, la gastronomía, son posibilidades de cambio. El talento, la innovación, la lucha contra la tradicional resignación, son herramientas importantes, junto con la creación de plataformas ciudadanas que representen a los territorios marginados y despoblados, mediante la visualización de los problemas del medio rural y fuercen a los partidos tradicionales a tomar partido en este asunto.
Es necesario un nuevo modelo territorial donde el equilibrio y la equidad sustituyan gradualmente la actual desigualdad, al propio tiempo que las políticas públicas constituyan verdaderos motores de cambio. Unas políticas públicas que generen una mayor calidad de vida en las zonas rurales y una verdadera competitividad rural, que haga atrayente la vida en el mundo rural.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el Plan Estratégico Nacional asociado a la nueva PAC y los proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Ecológica (PERTE), suponen la gestión de una serie de recursos que han de ser empleados de forma eficiente en la lucha contra la despoblación.
Estos compromisos territoriales deberían formalizarse en un verdadero Pacto de Estado a favor de la España vaciada, que parta del reconocimiento de la desigualdad como un gran problema territorial con importantes consecuencias sociales y económicas esencialmente en los territorios rurales. Aunque hay una gran diversidad territorial que requerirá actuaciones singulares, también serán necesarias medidas supramunicipales donde la figura de la comarca sea imprescindible. La coordinación entre Administraciones deberá llevar consigo Planes de Acción en tres aspectos fundamentales. En primer término, mediante inversiones en infraestructuras que mejoren la accesibilidad, tanto en transporte como en comunicaciones (la conectividad es esencial), así como accesibilidad de los servicios de calidad. En segundo lugar, ha de fomentarse el desarrollo rural, mediante la potenciación de la producción agraria, que atienda la nueva demanda, al propio tiempo que aporte una cadena de valor en la que la industria agroalimentaria asuma un papel fundamental. El sector forestal integra grandes recursos naturales derivados del aprovechamiento de la madera, también la caza y la pesca tienen su valor, mientras que la producción de energías renovables en territorios rurales, sobre todo la hidráulica, eólica y solar, resultará vital en el nuevo modelo energético. Unas instalaciones que deben asentarse en lugares adecuados que no interfieran la actividad agraria y forestal, y lo que es más importante, que los territorios no sean simples productores y abastecedores energéticos para otros lugares, sino que participen en el valor añadido generado. La simple producción de energía no determina desarrollo local, no genera empleo ni otras actividades económicas, por lo que la oportunidad derivada de la transición energética y la descarbonización ha de beneficiar a los núcleos rurales. Un desarrollo rural que exige también discriminaciones positivas para jóvenes y mujeres rurales, y apoyo a la empresa familiar. Por último, ha de dotarse al medio rural los servicios necesarios y esa discriminación positiva de la sociedad rural. El acceso a la sanidad con una atención primaria de calidad, integrada con centros especializados de fácil acceso al paciente, servicios de atención a la infancia, ancianos y dependientes, resulta de especial importancia. Junto con el acceso a la educación y a los servicios sociales, también resulta esencial el acceso a servicios comerciales y bancarios, junto a los servicios de ocio y cultura y el acceso a la vivienda, al mismo tiempo que ha de priorizarse el acceso de la mujer al mundo laboral. Unas políticas públicas que fomenten en fin las potencialidades del mundo rural en colaboración con las empresas e instituciones privadas, amparadas por el consenso político. Una verdadera política de cohesión territorial que está por formalizarse y que será una responsabilidad colectiva.
Vuelve la feria de maquinaria forestal de mayor tamaño y difusión de la península Ibérica. La XIV edición de Asturforesta se desarrollará en el monte Armayán de Tineo (Asturias) del 15 al 17 de junio. Las marcas de maquinaria forestal de referencia internacional mostrarán su capacidad en situaciones reales de trabajo y las actividades informativas paralelas permitirán debatir sobre el futuro del sector forestal y la selvicultura. El presupuesto ronda los 300.000 euros.
La feria se ha presentado en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde han asegurado los organizadores que “Asturforesta es punto de encuentro del mundo forestal. Una cita ineludible para quienes deseamos conocer lo último del sector, las novedades y avances tecnológicos, así como la situación del mercado, a nivel nacional e internacional. La protección ambiental, la tecnología y la economía son factores clave de la actual selvicultura. Las duras condiciones del mercado exigen cada día más control sobre los sistemas de gestión; por esto, hoy día el profesional forestal exige más a sus herramientas de trabajo”.
Asturforesta tiene, desde 2013, la calificación de Feria Forestal Internacional y participa, desde entonces, en la Forestry Demo Fairs, la red de ferias internacionales de demostración de maquinaria forestal que integran los certámenes KWF, FinnMETKO, Euroforest y Elmia Wood. La próxima reunión anual de esta asociación se celebrará en Tineo, en octubre de 2023. “Asturforesta es fruto del esfuerzo conjunto de los Gobiernos de España y del Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Tineo y las Asociaciones Profesionales del sector”.
Ya hay inscritas 96 empresas, de las cuales 86 son españolas y 10 son internacionales, 20 de estas empresas participan por primera vez en la feria. Estarán presentes 200 marcas, de las cuales más de la mitad son internacionales. En la edición anterior acudieron más de 15.000 visitantes y el reto “es alcanzar de nuevo esos 15.000 visitantes, para lo que estamos trabajando activamente”, asegura la organización.
Actos paralelos
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Las demostraciones en directo son uno de los principales alicientes de Asturforesta
Paralelamente a las demostraciones continuas de maquinaria en el monte se desarrollan una serie de actividades sociales, de debate e información sobre las claves del presente y futuro de la selvicultura y las actuaciones forestales.
Se entregará el Carbayo de Oro coincidiendo con la inauguración de la feria. Este galardón reconoce la labor de personas o instituciones emblemáticas en beneficio del sector forestal. El primer galardón se entregó en el año 1997 coincidiendo con la celebración de la I Feria Nacional de la Explotación Forestal en Tineo.
Los dispositivos de prevención y extinción de incendios harán varias demostraciones del trabajo que realizan. Se desarrollará también una nueva edición del Open de Motoserristas con la colaboración del Equipo Hacha.
Mención especial merecen las jornadas técnicas de divulgación en materia forestal, que se desarrollarán durante los tres días de feria. En la página web de la feria se actualizará el calendario y participantes en estas jornadas a medida que se confirmen las participaciones.
Se abordarán cuestiones como el valor del sector forestal para el mundo rural, a pesar de “los largos periodos de tiempo de producción de los diferentes productos forestales”, aseguran los organizadores.
La inclusión del mundo forestal dentro de la economía del futuro será otra de las cuestiones que centrarán los debates. La economía circular y la bioeconomía se presentan como una gran oportunidad para convertir a los bosques “en una parte muy importante del desarrollo rural en Europa y en España y a contribuir en la solución de uno de los problemas a que se enfrenta nuestro país en la actualidad, el despoblamiento y abandono de las zonas rurales”.
Además de la madera los boques ofrecen otros productos naturales renovables que deben formar parte de esa economía circular, como plantas aromáticas, frutos y resina, sin olvidar la importancia energética de la biomasa forestal.
Las grandes amenazas para los bosques y los servicios ecosistémicos que prestan, como son como las plagas, las enfermedades e incendios forestales, será otra de las temáticas de estas jornadas.
Y en clave más regional, se hablará sobre el papel de los boques asturianos como sumideros de CO2, el nuevo Plan Forestal de Asturias, el trabajo de las agrupaciones de propietarios forestales, la demanda de una fiscalidad forestal adaptada a la actividad forestal y la importancia del asociacionismo forestal para el desarrollo de actuaciones en el monte.
La importancia de la certificación forestal como herramienta de comunicación de gestión forestal sostenible y “como elemento capaz de vertebrar el sector y su organización”, será otra de las jornadas informativas, que se completarán con los proyectos de I-D+i que se están desarrollando en Asturias dentro del sector forestal.
