Investigadores de la EE Forestal desenvuelven una metodología dirigida a certificar valores inmateriales de los bosques que pondrán a prueba en masas forestales del Camino de Santiago
La conservación de los bosques implica numerosos beneficios, a los que se suman otros de carácter inmaterial como los ligados al ocio y bienestar del ser humano. Investigadores de la Escuela de Ingeniería Forestal de Vigo trabajan en el desarrollo de una metodología dirigida a certificar los valores inmateriales o espirituales ligados a los bosques, que tratarán de poner a prueba en masas forestales ligadas al Camino de Santiago. El grupo de investigación AF-4 cuenta con la ayuda a la innovación del IV Plan Social Ence Pontevedra.
Enrique Valero, el investigador principal, indica que se trata de “conseguir en un futuro una certificación forestal de los bienes inmateriales e intangibles de los bosques”. El proyecto toma como punto de partida los Criterios de la Gestión Forestal Sostenible, definidos en la conferencia interministerial del Helsinki. El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una metodología que garantice “la consideración de aspectos sociales, culturales y espirituales que las masas arbóreas proporcionan a los usuarios que las visitan”. Para lograrlo deberán definir un conjunto de indicadores que permitan evaluar si una masa forestal o un tramo de bosque cumplen una serie de criterios que permitan reconocerlos “como de excelencia” a través de una certificación, al igual que otros productos derivados de los bosques son reconocidos con certificaciones como PEFC.
“Tenemos que proponer indicadores y ver en que medida se pueden computan”, explica Valero. La idea es valorar aspectos ligados a la calidad, al paisaje o el recreo, lo que hará que sea preciso evaluar, añade, una amplia serie de aspectos, desde la calidad del aire a la propia “experiencia emocional”, pasando por las “experiencias cumbre en las visitas a los bosques” o porque no existan “elementos distorsionadores”, visuales o acústicos, en el trecho a certificar, sino que se trata “de un entorno paisajístico de calidad”.
Tratarán de vincularlas con el Camino de Santiago, en el que se insieren “recorridos a través de las masas forestales que tienen multitud de usuarios, a los que tienes de alguna manera que garantizar la sostenibilidad de esa experiencia”, apunta Valero. En ese sentido, la idea es tratar en un primer momento, de aplicar la metodología “en masas forestales gestionadas por Ence, si puede ser, próximas o en el entorno de los Caminos de Santiago”. El objetivo final, añade, es tratar de generar “una metodología replicable” y aplicable en el futuro a diferentes tipos de masas forestales, lo que, como recoge la memoria del proyecto, contribuiría tanto a su conservación, como a la generación de empleo y al desarrollo de las zonas rurales.
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
09/02/2024
Las iniciativas seleccionadas contarán con ayudas de entre 100.000 y 2 millones de euros por proyecto
37 de los proyectos seleccionados tienen lugar en municipios con densidades de población iguales o menores a 30 habitantes/km2
Bosque
La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en colaboración con la Secretaría General de Reto Demográfico, ha resuelto la convocatoria de ayudas para el impulso de la bioeconomía ligada al ámbito forestal y a la contribución a la transición ecológica correspondiente a 2023, con la selección de 56 proyectos de entre las 163 candidaturas que se habían presentado. Las iniciativas seleccionadas en una convocatoria que cuenta con 77 millones de euros de dotación contarán con ayudas de entre 100.000 y 2 millones de euros por proyecto, con un máximo de cofinanciación del 95%. Todos estos proyectos deberán haber concluido a 31 de diciembre de 2025, prórrogas incluidas.
El 95% de los proyectos seleccionados se han presentado en agrupación (con un máximo de seis entidades), siendo las entidades líderes de las agrupaciones las administraciones locales, así como otras entidades del sector público y organizaciones sin ánimo de lucro principalmente.
Proyectos en 47 provincias
Los 56 proyectos seleccionados tendrán su ámbito de actuación en 47 provincias. Además, algunos de los proyectos abordan retos a nivel nacional, como la creación de una Red Estatal de Montes Públicos (REMP) y la identificación y comunicación con los propietarios forestales para la puesta en común de la gestión de los montes.
En cuanto a los aspectos de reto demográfico, casi dos tercios de los proyectos seleccionados (37) tienen lugar en municipios o provincias con densidades de población iguales o menores a 30 habitantes/km2. Los pequeños ayuntamientos también tienen un papel relevante siendo beneficiarios de 14 de los 56 proyectos.
De los 56 proyectos, 35 están enfocados hacia el desarrollo y diversificación de aprovechamientos y usos forestales, 14 son proyectos integrales que fomentan la multifuncionalidad y los paisajes más resilientes, 6 se centran en la gestión forestal sostenible y 1 en la restauración ecológica.
Por ejemplo, se financiarán proyectos que fomentan la industria asociada a la madera de primera y segunda transformación a través de la ordenación, la gestión forestal sostenible y su certificación, la caracterización de nuevos productos y prototipos, como de madera contralaminada; la optimización de la cadena de valor, así como la puesta en marcha y la creación de emprendimientos locales. También se promoverán otros productos forestales de alto valor añadido como la resina, el corcho, los frutos, las setas, el biochar o los aceites esenciales, estudiando sus usos y poniendo en marcha obradores o nuevos productos, promoviendo la comercialización, identificando nuevos mercados y creando sellos de calidad.
97 millones de euros para el impulso de la bioeconomía
Los 77 millones de euros de esta convocatoria se suman a los 20 millones de euros destinados en 2021 a la convocatoria de ayudas para el fomento de la bioeconomía y la transición ecológica que publicó la Fundación Biodiversidad y que han permitido la puesta en marcha de 14 proyectos, actualmente en ejecución (cinco de ganadería extensiva, tres de agricultura-transición agroecológica, dos de restauración de hábitat, dos de aprovechamiento y gestión forestal y dos de acciones integrales de bioeconomía sobre el territorio).
Esta nueva convocatoria, que se enmarca en la inversión 4 (gestión forestal sostenible) del componente 4 (conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, busca apoyar proyectos alineados con la nueva Estrategia Forestal Española horizonte 2050 (EFE) y el Plan Forestal Español 2022-2032 (PFE).
De los pocos recursos que dispone el ciudadano es el voto y cuando percibe que la política aplicada a los ámbitos más próximos es injusta recurre al voto protesta
El creciente malestar del mundo rural europeo centrado en buena medida en la forma en que la Comisión Europea ha venido implementando el Green New Deal ha llegado a la sociedad en forma de sonoras protestas o varapalos electorales.
Una de las medidas que más debate ha originado y que casi descarrila fue la ley europea de restauración de la naturaleza de la que por sus objetivos nadie lo hubiera podido prever.
Obviamente se puede pretender explicar todo desde el ángulo partidista evidenciando una considerable indolencia intelectual. De los pocos recursos que dispone el ciudadano es el voto y cuando percibe que la política aplicada a los ámbitos más próximos es injusta recurre al voto protesta. Criticarlo por las extravagancias de la opción elegida solo hace que agravar el problema en vez de analizar sus causas.
Coinciden aquí diferentes esferas sectoriales, básicamente la ambiental y la rural representadas por los departamentos de agricultura y de medio ambiente. La relativa juventud del ámbito ambiental comporta 2 peculiaridades de gran potencial conflictivo: 1) se confunde la política e incluso las leyes como meros desiderátums de los objetivos a alcanzar, cuando deberían identificar las estrategias y actuaciones para alcanzarlos y 2) se trata del único ámbito de las políticas públicas donde quien pone los deberes no es responsable de implementarlos limitándose su actuación a recordar a terceros que cumplan sus objetivos sin aportar algo a cambio y sin haber sido considerados en los procesos previos.
Como ejemplos valga citar la ley antes mencionada limitada a fijar objetivos de restauración o cuando desde la política climática se establecen reducciones de emisiones sin entrar en como alcanzarlas ni valorar los efectos colaterales de tipo territorial o sobre otros sectores.
La implementación del Green New Deal liderado por el Vicepresidente Timmermans ha asumido en un alto grado el relato y las políticas defendidas por las organizaciones ecologistas sin integrar las propuestas de los representantes del mundo rural europeo. ¿Alguien se extraña de su creciente desafecto?
La protesta solo es síntoma de una política incosistente. En los primeros días de febrero de 2020, Timmermans convocó una Conferencia de alto nivel sobre bosques en la que sin integrar a representantes del sector forestal europeo, escogió como conferenciante estelar a un bestseller esotérico, Wohlleben, cuyas teorías sobre la interrelación de los árboles a través de las raíces han sido reiteradamente refutadas científicamente.
¿Alguien se imagina que la respuesta de la UE al COVID se hubiese basado en las teorías de un curandero? Pero cuando el ecologismo bendice una determinada política se le sobreentiende un aurea de infalibilidad y superioridad moral lo que no hace más que encender aún más el desapego del mundo rural.
Posteriormente y mediante la tramitación acelerada durante el confinamiento de la Estrategia de Biodiversidad se intentó someter los bosques y la PAC a ésta. La PAC se condicionó, pero el ecologismo no se pudo hacer con sus 55.000 millones €/año mientras que los diferentes instrumentos de cambio climático (LULUCF, bioenergía, taxonomía, etc.) determinaron muy negativamente la gestión forestal en base a una endeble justificación basada en publicaciones cuestionadas ignorando aquellas que las rebatían. Todo ello se construía sobre una endeble base jurídica sobre la competencia comunitaria.
Uno de los aspectos más sangrantes ha sido como el tratamiento de la mitigación del cambio climático por los bosques que compensan el 10% de las emisiones de CO2 alm excluir a sus propietarios de todo incentivo pese a ser el único sumidero gestionable. Este injusto marco pretendía forzar a los países más forestales (nórdicos, Este de Europa, España) a excluir de su gestión extensos bosques para forzar al máximo el secuestro de carbono obviando los costes sociales para sus territorios, la pérdida de un biomaterial estratégico como es la madera o el alto riesgo de perder todos estos bosques por plagas, vendavales o incendios como reiteradamente nos alertan los expertos.
La adicionalidad impuesta comporta que solo cuando un país sea capaz de secuestrar más de lo previsible podrá ser incentivado, pero todo lo que ha secuestrado en el pasado o en el futuro por debajo de ese umbral no solo no será reconocido, sino que se penalizará cuando no se alcance. Traducido al salario supone que un trabajador solo empezará a cobrar sueldo en la proporción que supere el aumento de productividad previsto y si no lo alcanzase, pagaría por trabajar. Cierto es que en primera instancia es el país miembro al que se le aplica este perverso mecanismo, pero en lógica se escalará hacia los propietarios forestales, en un 60% de los bosques formado por 16 millones de pequeños propietarios familiares.
Otro aspecto muy discutible es la obligación de proteger sin gestión algun el 10% de los bosques (4,3% de UE) sin compensación por la Comisión. No existe que confirme que la conservación pasiva sea la más efectiva a largo plazo por los riesgos de degradación ya mencionados.
A ello se suma el coste que supone a los propietarios afectados la pérdida de toda la cadena de valor de la madera, especialmente de empleos y el efecto territorialmente perverso que tendría dado que las áreas forestales se encuentran principalmente en los lugares más desfavorables por remotos, fríos, montañosos, suelos pobres, etc. Cabe recordar la interpretación restrictiva que la Comisión viene haciendo respecto a los costes que su normativa ambiental comporta para los países aduciendo el principio de subsidiariedad que paradójicamente olvida cuando redacta las restricciones concretas.
El resultado es una tremenda injusticia dado que las regiones y países más urbanos apenas disponen espacios naturales a proteger mientras que las zonas menos pobladas son donde se encuentran las mayores extensiones de bosques que ahora devienen un lastre económico. El PIB/km2 de bosques entre Extremadura y los Países Bajos se encuentra en una relación 1/312 lo que comporta que proteger en igual medida les cuesta a los extremeños un esfuerzo totalmente desproporcionado comparado con los holandeses.
Otro aspecto no menos relevante es el modelo de sociedad que comporta. Paradójicamente, el ecologismo defiende implícitamente uno que favorece a las grandes corporaciones y perjudica a las PYMES mientras que el modelo rural tradicional y sus cadenas de valor se caracterizan por una estructura construida de abajo a arriba. No conviene olvidar que nuestra sociedad democrática se basa en una amplia clase media profesional y empresarial y que modelos fuertemente polarizados hace peligrar.
Finalmente, los prejuicios hacia el uso de la biomasa asumidos por la Comisión Europea carecen de evidencias prácticas: Suecia y Finlandia líderes en el uso de la biomasa son precisamente los países líderes en lo que respecta a las emisiones de CO2/habitante y unidad de PIB.
El debate de cara a las elecciones europeas debería centrarse en las estrategias a la vez de evitar dejar ningún territorio atrás. Estrategias que deben alineándose con los ODSs centrarse en la integración de objetivos, la gradualidad, la razón, pragmatismo y equidad en la distribución de costes y beneficios. Los habitantes del mundo rural que lo han forjado a lo largo de muchas generaciones no pueden ser considerados parte del problema, sino que son una parte determinante de la solución también al cambio climático.
Un aspecto central que ha venido siendo ignorado durante todo este proceso es el modelo territorial que pretendemos para Europa. Amplías zonas protegidas y excluidas de toda actuación humana supone concentrar ésta en un territorio mucho menor lo que comporta un profundo cambio de modelo territorial opuesto al paisaje cultural que ha venido defendiendo la UE. Una minoría no puede pretender revertir un amplio consenso sobre el paisaje cultural europeo y su legado para imponer otro cuyos costes y riesgos están todavía lejos de evaluarse.
