Ordenación de montes

24
Abr
2021

 

La gestión forestal en Murcia produce créditos de CO2 que, cuando se venden, proporcionan ingresos a los propietarios forestales

El proyecto Life Forest CO2 ha desarrollado una metodología que permite conocer la absorción neta de CO2 por trabajos de gestión forestal sostenible en masas de Pinus hapensis y Pinus pinaster. De momento, el trabajo se ha hecho para la Región de Murcia, en 22 proyectos de gestión forestal que suman 1.500 hectáreas y han generado 13.549 créditos de CO2. Estos créditos se venden ahora a empresas que necesiten compensar sus emisiones. Es la primera vez en España que se generan créditos de CO2 procedente de gestión forestal, lo que permite crear un mercado.

Es una vieja demanda de los propietarios forestales basada en el principio de quien contamina paga, pues quien descontamina, que cobre. Es decir, recibir una compensación por su contribución a la lucha contra el cambio climático gracias a la fijación de carbono que realizan sus bosques por su gestión forestal. El proyecto Life Forest CO2 ha señalado el camino. Ha establecido una metodología que estandariza el cálculo de las absorciones netas de CO2 por hectárea gestionada en masas forestales de pino carrasco (Pinus halepensis) y pino resinero (Pinus pinaster) en la Región de Murcia. La certificación de esa gestión la realiza la Dirección General de Política Forestal de la Región de Murcia.

El Life CO2 ha realizado un proyecto de gestión sostenible, mediante una metodología y unos determinados criterios técnicos, en 22 proyectos de la región. En total son 1.500 ha. Y ha estimado que el potencial de secuestro de CO2 de la atmósfera alcanza 53.400 toneladas a largo plazo.

Todas estas absorciones han sido certificadas en créditos de CO2 por la Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia, a razón de crédito por tonelada de CO2. De todos estos créditos, se han liberado al mercado 13.549, ya que se liberan de forma gradual, y están disponibles para que los adquieran las empresas que necesiten compensar sus emisiones.

Una de ellas ha sido Navantia, que ha adquirido 165 créditos generados en un proyecto de gestión selvícola en el término municipal de Moratalla (Murcia), para la compensación de emisiones del año 2020 de su sede en Cartagena, donde está a punto de botar el primer submarino de tecnología y fabricación enteramente española desde 1888.

El Life ha desarrollado una plataforma, accesible desde la página web del proyecto, que permite poner en contacto a propietarios forestales que dispongan de créditos y a empresas que necesiten compensar sus emisiones mediante certificados que avalen esa compensación.
De momento, se trata de un proyecto desarrollado a nivel regional pero la idea es que se pueda desarrollar a nivel nacional en un futuro.

Estos créditos se venden en el Mercado Voluntario de Carbono, por lo que su precio lo pone el propietario forestal que lo vende. “Se suelen vender entre 15 y 25 € el crédito, aunque en el Mercado del Comercio de Emisiones, regulado por la Unión Europea, el precio suele estar alrededor de 30 €”, asegura Rubén Martínez, técnico de la empresa Ingeniería del Entorno Natural que ha realizado los trabajos.

Este mercado no está pensado con la intención de obtener un beneficio económico, es decir, que los ingresos por venta de créditos de CO2 sean mayores que la inversión necesaria para gestionar de forma sostenible el bosque. “La idea es que esta venta permita financiar la gestión, es difícil que se puedan obtener beneficios con esos precios”, comenta Rubén.

Para Rubén Martínez “esta venta de créditos de CO2 no sólo es un beneficio para los propietarios forestales, sino que también lo es para las empresas y trabajadores del medio rural y las poblaciones del entorno. Permitirá mantener una gestión forestal que es garantía del mantenimiento de los servicios ecosistémicos que dan los bosques gestionados, entre los que se incluyen la mejora de la calidad del aire o la generación de recursos hídricos”.

Curiosamente, no todos los propietarios que han realizado una gestión forestal ajustada a la metodología del proyecto quieren ahora vender los créditos obtenidos. “Las razones pueden ser varias, desde la avanzada edad de los propietarios y cierta dificultad para entender este proceso a la dificultad para ingresar y repartir adecuadamente esos ingresos cuando son varios propietarios. Sin embargo, una vez que han comprobado cómo funciona, cada día son más los propietarios que quieren vender los créditos obtenidos”, asegura Rubén.

El Life termina en junio. La intención es que la plataforma, donde se pueden ver los proyectos que venden créditos y permite el contacto con las empresas compradoras, se mantenga por si sola, con la actividad de sus asociados. “Es probable que el mantenimiento lo realice la Dirección General del Medio Natural”, comenta Rubén.

Cómo se consiguen créditos de CO2

Los bosques, siempre que crezcan, captan CO2, se haga en ellos gestión o no. Pero está comprobado que una determinada gestión forestal ayuda a fijar mucho más carbono. Esta es la situación de partida de los trabajos del Life, han contemplado dos escenarios que son los que evalúa: de no intervención, es decir, dejarlo sin gestionar y el de gestión forestal.

El Life Forest CO2 realizó un cálculo experimental en ambos casos del carbono contenido en todos los almacenes considerados como tales por el Protocolo de Kioto: biomasa viva aérea, biomasa viva subterránea, detritus, materia muerta, carbono orgánico del suelo y productos madereros.

Estos datos se modelizaron mediante el programa CO2-FIX, que permite la integración de diferentes variables selvícolas para cada uno de los depósitos de carbono medidos, meteorología, estación e incluso el destino de los productos forestales obtenidos. “De esta forma, hemos conseguido valores comparativos en entornos idénticos. La única diferencia estaba en si se trataba de una superficie gestionada o no”, nos dice Rubén.

La diferencia de fijación de carbono entre la intervención y la no intervención, en eso 22 proyectos en toda la región, es de 53.400 toneladas de CO2. El cálculo está basado en una estimación de 150 años (dos turnos) de las absorciones generadas desde la intervención selvícola. El propietario se obliga a mantener esa gestión forestal al menos en un turno de 75 años, a incluir un plan de carbono en los planes técnicos de gestión y a monitorear cada 10 años con el fin de comprobar si se cumplen las previsiones y de incluir correcciones en caso necesario.

Este proyecto demostrativo está cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea, y está liderado por la Dirección General del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en colaboración con Ingeniería del Entorno Natural, la Universidad de Córdoba, Agresta, Fundación Cesefor, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia y el Centro Nacional de la Propiedad Forestal de Francia.

18
Feb
2021

xunta de Galicia

La superficie forestal ordenada de Galicia es de 260.000 ha, algo menos del 10 % de la superficie forestal gallega. Para 2021 la Xunta espera que esa superficie aumente en 200.000 ha tras la ejecución de las ayudas de 4,5 millones de euros a 667 beneficiarios.

Las ayudas para la ordenación están condicionadas a que, en el plazo de un año desde su pago, esos montes obtengan un sello de certificación forestal que garantice que la gestión que se hace de forma sostenible.

En este momento continúa abierto el plazo para solicitar las aportaciones que impulsan la buena gobernanza en las Comunidades de Montes Vecinales en mano Común (CMVMC). Se trata de 1,5 millones de euros que tienen el objetivo de profesionalizar la gestión de estas figuras y consolidar sus propiedades. Estos terrenos ocupan 660.000 hectáreas, algo más del 25 % de la superficie forestal de la comunidad.

 

roble q robur Galicia

El Plan Forestal de Galicia en el Parlamento

Continúan los trámites en el Parlamento Gallego para la renovación del Plan Forestal. Marca las actuaciones en el periodo 2021-2040 con una inversión de 4.900 millones de euros, incluyendo tanto fondos públicos (alrededor de 4.000 millones) como financiación privada de los titulares o gestores de los terrenos forestales.

Entre las cifras más llamativas, el PFG pretende alcanzar 425.000 hectáreas de frondosas y plantará 16.000 nuevas hectáreas de castaño entre producción de madera y castaña. Tiene previsto recuperar otras 8.000 hectáreas de sotos tradicionales y planifica una reducción del 5 % de la superficie con presencia de eucalipto hasta 2040.

18
Sep
2020

dehesa extremeña

La Junta de Extremadura está elaborando una estrategia regional de bioeconomía forestal que abarca la producción de recursos biológicos renovables y su conversión a alimentos y bioenergía, lo que supone la contribución del sector forestal a la economía y al empleo verde. 

En esa línea, superficie certificada PEFC de la Comunidad Autónoma de Extremadura alcanza ya las 104.844 hectáreas, habiendo registrado un incremento de un 9,47% en lo que va de año. Esta superficie se reparte en 5 certificados. Uno de ellos cuenta con 65.299 hectáreas y lo gestiona la Junta de Extremadura, siendo así el único de titularidad pública. Los otros cuatro certificados son de titularidad privada y corresponden a las siguientes entidades: Asociación de Propietarios de Monte Alcornocal de Extremadura, APMAE (25.960 ha), Rendimiento Verde (7.433 ha), Cárnicas Joselito (3.531 ha), y Y.S. Venafor (2.621 ha).

El Ejecutivo extremeño, con esta y otras actuaciones, dirige sus políticas en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 y el Pacto Verde Europeo y se encamina hacia un modelo de bioeconomía que favorezca la compra de proximidad y ayude a superar el Reto Demográfico. Este enfoque centrado en la futura estrategia regional de bioeconomía forestal está fomentando que tanto administraciones públicas como entidades privadas decidan certificar sus montes para así poder ofrecer una fuente de múltiples recursos gestionados de manera responsable. De hecho, es una oportunidad para los propietarios y gestores para establecer contratos de gestión con la administración pública con fines de ordenación y certificación de montes protectores.

 

 

 

Montes certificados

Las masas forestales certificadas del territorio extremeño las forman, principalmente, pinares (46%), encinares (25%) y alcornocales (14%), siendo superficies que constan con los servicios ecosistémicos óptimos para criar ibéricos, trabajar el corcho y producir otros productos no madereros como la miel, las setas o la resina. La relevancia de la materia prima autóctona es una oportunidad para impulsar la bioeconomía y este tipo de productos están posicionándose en el mercado y siendo demandados por sus beneficios ambientales y propiedades naturales.

Las dehesas son territorios de alto valor gastronómico por ser el nido de los preciados ibéricos, pero también lo son por su interés turístico. Igualmente, el corcho está revalorizándose como nuevo material sostenible, renovable y sumidero de carbono por tener unas características muy particulares que lo hacen único en el mercado (natural, ligero, duradero y estético) y su extracción ayuda a la regeneración del suelo y al mantenimiento del bien cultural de las actividades forestales con una larga tradición.

La apicultura también se pone en valor por fomentar el empleo rural y ayudar a proteger la biodiversidad ofreciendo a las abejas (ahora amenazadas) asilo y alimento y colaborando así a la polinización de la flora autóctona.

Extremadura tiene la climatología, la superficie y la masa forestal idóneas para los aprovechamientos madereros, apícolas, de plantas aromáticas y de alimentos forestales. Así, el aprovechamiento de estas dehesas y montes fija CO2 y la gestión sostenible del territorio y la trazabilidad de sus recursos crea un tejido económico con perspectiva local que aumenta la resiliencia forestal y mitiga los efectos del cambio climático.

Por ello, es necesario mantener esta dirección hacia una economía verde y con garantías de sostenibilidad, trazando el origen sostenible y asegurando los recursos forestales a través de la Certificación en Cadena de Custodia desde el monte hasta el consumidor final. Cada vez son más las empresas que buscan avalar el trazado de sus productos, al igual que aumenta la demanda de sellos certificados, lo que hace incrementar cada año, los registros de empresas con certificación PEFC.

Cadena de custodia

En Extremadura existen 8 empresas certificadas en Cadena de Custodia dedicadas a la energía (Carbón y Leña Los Rivera S.A.L., Carbonera de Zahinos S.L., Francos Pozo Sánchez S.L., Hermanos Vega Sequedo S.L. y Provisional Verde S.L.), especialmente la biomasa como recurso líder en combustible sostenible y su empleo en cascada, y a la madera (Explotaciones Forestales Orsil S.L., Industria Forestal del Carbón S.L. y Sital S.L.), trabajando la manufactura de los productos que los montes extremeños ofrecen. Llevan desde 2014 apostando por la certificación forestal para trazar así, el origen sostenible de sus productos.

Por ello, promover desde los organismos públicos y privados el material certificado para que las medidas sostenibles se pongan en valor, es un reto que se erigirá como prioritario en esta etapa post-covid ahora que los bosques son más vulnerables que nunca y que irá en línea con las estrategias medioambientales internacionales.

La certificación PEFC es líder en el territorio español abarcando, a finales del primer semestre de 2020, una superficie total de 2.351.359 hectáreas. La gestión forestal sostenible con certificación PEFC es una herramienta transformadora que asegura y garantiza las medidas económicas, sociales y ambientales más rigurosas para crecer de forma responsable, igualitaria y justa.

Fuente: 

PEFC España

12
Oct
2020

pinaster

Un estudio pone de manifiesto que no existe una gestión forestal que mejore la provisión de todos los servicios ambientales a la vez. En una situación como la actual, decidirse por una gestión forestal que reduzca la vulnerabilidad del bosque es una opción sensata. El estudio se ha llevado a cabo por un equipo de investigadores del CTFC, la UdL y el CREAF.

Un artículo liderado por Alejandra Morán-Ordóñez, del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), concluye que las políticas de gestión forestal serán más decisivas que el cambio climático a la hora de predecir los servicios ambientales que ofrecerán los bosques. Así, el rendimiento forestal entendido como el conjunto de productos y servicios que proporcionan los bosques, estará más condicionado por la tipología de gestión que se haga que por el cambio climático. Sin embargo, el estudio también evidencia que ninguna de las estrategias de gestión estudiadas tiene la capacidad de maximizar todos los servicios evaluados y que una gestión orientada a hacer los bosques más resilientes a las perturbaciones es la más recomendable.

El estudio, en el que también han participado investigadores del CREAF y de la Universidad de Lleida (UdL), ha estudiado cuatro estrategias de gestión: continuar con la gestión actual, promover la producción de biomasa, el almacenamiento de carbono, o reducir la vulnerabilidad del bosque al cambio climático. Los servicios ecosistémicos evaluados han sido la cantidad de madera producida, el almacenamiento de carbono, la producción de setas, la provisión de agua, la mitigación de la erosión de los suelos forestales y el hábitat para la biodiversidad.

Los investigadores han llegado a la conclusión de que el equilibrio entre los servicios es prácticamente imposible. “El equilibrio perfecto entre la provisión de servicios ecosistémicos forestales no existe y depende de los objetivos de gestión del bosque”, explica Alejandra Morán-Ordóñez, investigadora del CTFC y del grupo de investigación InForest (CTFC-CREAF) y una de las principales autoras del artículo, junto con Aitor Améztegui, investigador del CTFC y la UdL. “¿Qué servicios queremos promover y a qué precio depende de los intereses socioeconómicos tanto locales como continentales”, añade Morán-Ordóñez. Por ejemplo, si se continúa con la misma gestión realizada hasta ahora, se beneficiarán algunos servicios como la mitigación de la erosión del suelo en detrimento del suministro de agua y se planteará un escenario con bosques más vulnerables frente sequías extremas o incendios forestales.

Reducir la vulnerabilidad, la más razonable

Por otra parte, si se realiza una gestión centrada en reducir esta vulnerabilidad, se reducirá la provisión de algunos servicios en relación al escenario de gestión actual, como el almacenamiento de carbono. En cambio, se obtendrían otros beneficios, como reducir el riesgo de que se produzcan daños en el funcionamiento de los bosques. En este sentido Améztegui explica que “en un contexto en el que se espera que las perturbaciones aumenten en frecuencia y gravedad, este tipo de gestión emerge como una alternativa razonable para atenuar el riesgo de daños irreversibles, incluso si se reduce ligeramente la provisión de algunos servicios”.

Hasta ahora son pocos los estudios que han evaluado explícitamente las consecuencias a largo plazo de aplicar estrategias alternativas de gestión forestal, sobre la prestación de servicios del ecosistema por parte de los bosques y en un contexto de cambio climático.

El trabajo de Morán-Ordóñez y Améztegui pone de manifiesto estas consecuencias y representa una valiosa herramienta para apoyar la toma de decisiones bien informadas y basadas en evidencias en la gestión de los bosques mediterráneos.

 

Fuente: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF)

 

© 2018 Distrito Forestal.