En España entre el 40 y 50% de la superficie del territorio forestal se encuentra en situación de falta de gestión o abandono. Esto implica un alto riesgo de incendios en estas zonas, así como una pérdida de oportunidades y beneficios tanto sociales como económicos para los municipios donde se encuentran. Ante esta necesidad el grupo operativo SAGEFER desarrolla una herramienta informática con el fin de valorizar el territorio forestal, generar empleo rural y la puesta en marcha de negocios que mejoren la administración de los montes.
Dicha solución pasa por construir una herramienta de software - desarrollada en código abierto y basada en tecnología SIG (Sistemas de Información Geográfica), la cual da acceso rápido y fácil a la información registrada y mejora la funcionalidad de una cartografía estática.
Esta aplicación – además de cartografiar los terrenos - sirve para unir a los diferentes actores del medio rural (propietarios, asociaciones, administraciones, empresas, comunidad científica y académica, ciudadanía, etc.) creando una red de contacto entre ellos.
Asimismo, la aplicación ofrece una solución integradora que puede ser implementada en cualquier territorio forestal de España ya que proporciona una hoja de ruta para lograr un desarrollo óptimo de los recursos forestales, es un repositorio de información al servicio de todos los agentes a los que se dirige el servicio y permite la visualización y gestión a través de un visor SIG de datos, informes, mapas, gráficos, etc.
El proyecto se ha implantado en tres territorios piloto - Galicia, Castilla y León y Andalucía - con distintas características de tamaños, aprovechamientos y titularidades forestales, para asegurar la réplica del modelo en otros territorios. La idea es que una vez desarrollado pueda transferirse a todos los territorios de España.
En Galicia, el proyecto se está testando en Gondomar (Pontevedra), mientras que en Castilla y León SAFEGER está actuando en Ávila. En Andalucía se ha implantado en la Serranía Suroeste de Sevilla y en el norte de Cádiz en localidades con zonas de alto valor paisajístico (Parque Natural de los Alcornocales).
Agustín Rubio Sánchez, Universidad Politécnica de Madrid (UPM);
Rafael Calama Sainz, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)
El pasado 21 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Aunque supone un gran paso en la lucha contra el cambio climático, desde muchos ámbitos se considera que debería haber sido más ambiciosa y entre ellos está el sector forestal. Baste recordar que aproximadamente un tercio del CO₂ de origen humano emitido a la atmósfera es capturado por los ecosistemas terrestres, principalmente por los sistemas forestales. Por eso son una herramienta fundamental en las estrategias de mitigación del cambio climático.
Sin embargo, no se debe olvidar, obviar o menospreciar la importancia de la gestión forestal sobre las masas ya existentes, tanto para favorecer su adaptación al nuevo escenario climático –y evitar así su degradación y el posible retorno del CO₂ a la atmósfera– como para mejorar y aumentar su capacidad de fijación de carbono (sin olvidar garantizar la provisión del resto de servicios ecosistémicos que los bosques proporcionan a la sociedad).
Desde el punto de vista de la intervención sobre el bosque, son dos los aspectos principales en los que la selvicultura puede incidir en la capacidad de fijación de carbono, modificando la composición y la espesura.
1. Aumento de la cantidad de especies presentes en un bosque. La diversificación de una masa forestal se puede conseguir mediante la aplicación de cortas de liberación, la apertura de huecos en el dosel e incluso mediante plantaciones de enriquecimiento. Esta diversificación conlleva un aumento de la productividad total y de su capacidad de fijación de carbono, así como una menor vulnerabilidad frente a agentes bióticos y abióticos.
2. Reducción de la competencia y aumento del vigor y crecimiento de los árboles. Es el resultado de la aplicación de claras y cortas de mejora. Estos tratamientos permiten aumentar la capacidad de fijación de CO₂ del arbolado remanente, permitiendo la obtención de productos finales de mayor dimensión y calidad. Productos que suelen tener mayor vida útil, de manera que en ellos el carbono quedará retenido durante mayor tiempo.
Figura 2. Pinar de Pinus sylvestris (Sierra de Urbión) tras la realización de una clara. Con la disminución de la densidad se favorece el crecimiento en diámetro de los árboles remanentes y, por tanto, el incremento de biomasa, permitiendo obtener productos maderables con una vida útil más larga. Sierra de Urbión. R. Calama, Author provided
Figura 3. Pinar de Pinus pinaster (en Quintana Redonda, Soria) transcurridos unos años tras efectuar una corta de regeneración. Debido al temperamento heliófilo de esta especie, la exposición del suelo al sol favorece la aparición de nuevas plantas con la consecuente regeneración del arbolado y perpetuación del sistema. R. Calama, Author provided
La mejora del crecimiento individual compensa la reducción puntual del arbolado existente en el bosque. Está demostrado científicamente que la aplicación de determinados esquemas de claras puede incrementar el total del CO₂ absorbido por el bosque a lo largo del ciclo productivo. Este efecto es más patente si consideramos no solo la biomasa en pie, sino también la biomasa extraída a lo largo del ciclo.
Se ha estimado que mientras que en un pinar de Pinus pinaster no intervenido la fijación de carbono en todos los componentes (biomasa aérea, raíces, suelo forestal y productos extraídos) a lo largo del ciclo es de 317 MgC por hectárea, cuando se realizan claras esta cifra aumenta hasta los 373- 379 MgC por hectárea
A esta mayor capacidad de fijación habría que añadir el hecho de que una masa gestionada es más resiliente y menos vulnerable frente a eventos climáticos y perturbaciones como plagas e incendios, con lo que gestionando se reduce la probabilidad de retorno del CO₂ a la atmósfera.
A estas circunstancias hay que sumar, además, el efecto sustitutivo que tiene sobre el balance de carbono la utilización de productos de origen forestal, frente a otros generados a partir de los hidrocarburos o para los que se han necesitado grandes cantidades de energía en su fabricación.
Este enfoque ha de proyectarse obligatoriamente tanto sobre las masas existentes como sobre las futuras nuevas repoblaciones, para garantizar su correcta atención mediante una gestión sostenible. Hay que evitar a toda costa que sufran el abandono que están sufriendo a día de hoy miles de hectáreas arboladas en nuestro país.
Masas de coníferas fruto del esfuerzo repoblador realizado en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX o formaciones forestales aparecidas de manera espontánea como consecuencia del abandono rural experimentado en los últimos 50 años y sobre las que no se ha intervenido en absoluto. Formaciones todas ellas que actualmente se encuentran en un estado evolutivo de alta competencia, impidiendo que el sistema continúe realizando sus funciones de fijación de carbono en la biomasa y en los suelos y restringiendo la provisión de muchos otros servicios ecosistémicos que la sociedad demanda a los sistemas forestales.
Estas masas forestales han fosilizado su estructura y permanecen en un inquietante estado de latencia. Un incendio forestal lanzaría en pocas horas el valioso stock de carbono atesorado lentamente a lo largo de los años. Incendios forestales que todos los modelos pronostican se verán incrementados en frecuencia y severidad en los próximos años y que serán más difíciles de extinguir sin los necesarios tratamientos previos.
Lamentablemente, hasta el momento los diferentes avatares políticos internacionales no han permitido crear ningún mecanismo que favorezca la adopción de medidas para conservar y aumentar la capacidad de los sumideros naturales, tal y como indica el Acuerdo de París en su artículo 5.
El ámbito forestal está quedando relegado de las políticas y del desarrollo socioeconómico asociado al nuevo marco de compromisos. Esto crea incertidumbre respecto a la disposición de recursos para la conservación de los stocks y la adaptación de las formaciones vegetales.
El CO₂ como moneda
Queda patente pues que la importancia de los bosques en la lucha contra el cambio climático es incuestionable. El marco normativo que se está desarrollando para luchar contra el cambio climático ha moldeado al CO₂ eq como una nueva unidad monetaria constituida para vincular la actividad económica basada en los hidrocarburos con el impacto sobre la naturaleza.
Si la normativa medioambiental adopta la aplicación del principio de “quien contamina paga”, es lógico pensar que las actividades forestales que favorecen las absorciones y velan porque no se generen emisiones deberían tener algún tipo de retorno económico. No hacerlo es desvincular al ámbito forestal de las políticas climáticas y, quizás más desasosegante, del nuevo y esperable modelo de desarrollo socioeconómico. No hacerlo es profundizar en acuciantes problemas actuales del medio rural como el envejecimiento, la despoblación o los incendios.
Hay que tener en cuenta que una gestión y aprovechamiento sostenibles de los recursos forestales nacionales redundaría también en la mejora de la biodiversidad de otras regiones del planeta, evitando la importación de productos forestales de origen no certificado y contribuyendo a evitar importaciones de especies vegetales, animales y microbiológicas de dudoso origen.
Si bien la naturaleza puede parecer un concepto muy amplio a escala global, tiene un significado muy concreto y definido en la escala local. Todos los bosques del mundo presentan diferentes realidades y necesidades que hay que conocer y atender y que, en su conjunto, ofrecerán una excelente herramienta en la lucha contra el cambio climático.
La adaptación de las masas forestales y el aumento de sus almacenes de carbono no podrá alcanzarse sin una gestión sostenible seria y constante, apoyada en criterios científicos y técnicos, con objetivos concretos que permitan hacer seguimiento de los avances que se vayan produciendo.
Debemos establecer las líneas de acción necesarias para conseguir una gestión forestal sostenible y activa de los bosques. Solo esta gestión permitirá disminuir la vulnerabilidad de los bosques frente a los incendios forestales, incrementar su resiliencia (resistencia a plagas, enfermedades, estrés hídrico), garantizar su biodiversidad, promocionar la obtención de distintos servicios ecosistémicos e incrementar su capacidad de fijación de CO₂ atmosférico.
Este artículo ha sido escrito en colaboración con Sergio de la Cruz, director técnico del Foro de Bosques y Cambio Climático.
La superficie forestal ordenada de Galicia es de 260.000 ha, algo menos del 10 % de la superficie forestal gallega. Para 2021 la Xunta espera que esa superficie aumente en 200.000 ha tras la ejecución de las ayudas de 4,5 millones de euros a 667 beneficiarios.
Las ayudas para la ordenación están condicionadas a que, en el plazo de un año desde su pago, esos montes obtengan un sello de certificación forestal que garantice que la gestión que se hace de forma sostenible.
En este momento continúa abierto el plazo para solicitar las aportaciones que impulsan la buena gobernanza en las Comunidades de Montes Vecinales en mano Común (CMVMC). Se trata de 1,5 millones de euros que tienen el objetivo de profesionalizar la gestión de estas figuras y consolidar sus propiedades. Estos terrenos ocupan 660.000 hectáreas, algo más del 25 % de la superficie forestal de la comunidad.
El Plan Forestal de Galicia en el Parlamento
Continúan los trámites en el Parlamento Gallego para la renovación del Plan Forestal. Marca las actuaciones en el periodo 2021-2040 con una inversión de 4.900 millones de euros, incluyendo tanto fondos públicos (alrededor de 4.000 millones) como financiación privada de los titulares o gestores de los terrenos forestales.
Entre las cifras más llamativas, el PFG pretende alcanzar 425.000 hectáreas de frondosas y plantará 16.000 nuevas hectáreas de castaño entre producción de madera y castaña. Tiene previsto recuperar otras 8.000 hectáreas de sotos tradicionales y planifica una reducción del 5 % de la superficie con presencia de eucalipto hasta 2040.
La gestión forestal en Murcia produce créditos de CO2 que, cuando se venden, proporcionan ingresos a los propietarios forestales
El proyecto Life Forest CO2 ha desarrollado una metodología que permite conocer la absorción neta de CO2 por trabajos de gestión forestal sostenible en masas de Pinus hapensis y Pinus pinaster. De momento, el trabajo se ha hecho para la Región de Murcia, en 22 proyectos de gestión forestal que suman 1.500 hectáreas y han generado 13.549 créditos de CO2. Estos créditos se venden ahora a empresas que necesiten compensar sus emisiones. Es la primera vez en España que se generan créditos de CO2 procedente de gestión forestal, lo que permite crear un mercado.
Es una vieja demanda de los propietarios forestales basada en el principio de quien contamina paga, pues quien descontamina, que cobre. Es decir, recibir una compensación por su contribución a la lucha contra el cambio climático gracias a la fijación de carbono que realizan sus bosques por su gestión forestal. El proyecto Life Forest CO2 ha señalado el camino. Ha establecido una metodología que estandariza el cálculo de las absorciones netas de CO2 por hectárea gestionada en masas forestales de pino carrasco (Pinus halepensis) y pino resinero (Pinus pinaster) en la Región de Murcia. La certificación de esa gestión la realiza la Dirección General de Política Forestal de la Región de Murcia.
El Life CO2 ha realizado un proyecto de gestión sostenible, mediante una metodología y unos determinados criterios técnicos, en 22 proyectos de la región. En total son 1.500 ha. Y ha estimado que el potencial de secuestro de CO2 de la atmósfera alcanza 53.400 toneladas a largo plazo.
Todas estas absorciones han sido certificadas en créditos de CO2 por la Dirección General del Medio Natural de la Región de Murcia, a razón de crédito por tonelada de CO2. De todos estos créditos, se han liberado al mercado 13.549, ya que se liberan de forma gradual, y están disponibles para que los adquieran las empresas que necesiten compensar sus emisiones.
Una de ellas ha sido Navantia, que ha adquirido 165 créditos generados en un proyecto de gestión selvícola en el término municipal de Moratalla (Murcia), para la compensación de emisiones del año 2020 de su sede en Cartagena, donde está a punto de botar el primer submarino de tecnología y fabricación enteramente española desde 1888.
El Life ha desarrollado una plataforma, accesible desde la página web del proyecto, que permite poner en contacto a propietarios forestales que dispongan de créditos y a empresas que necesiten compensar sus emisiones mediante certificados que avalen esa compensación. De momento, se trata de un proyecto desarrollado a nivel regional pero la idea es que se pueda desarrollar a nivel nacional en un futuro.
Estos créditos se venden en el Mercado Voluntario de Carbono, por lo que su precio lo pone el propietario forestal que lo vende. “Se suelen vender entre 15 y 25 € el crédito, aunque en el Mercado del Comercio de Emisiones, regulado por la Unión Europea, el precio suele estar alrededor de 30 €”, asegura Rubén Martínez, técnico de la empresa Ingeniería del Entorno Natural que ha realizado los trabajos.
Este mercado no está pensado con la intención de obtener un beneficio económico, es decir, que los ingresos por venta de créditos de CO2 sean mayores que la inversión necesaria para gestionar de forma sostenible el bosque. “La idea es que esta venta permita financiar la gestión, es difícil que se puedan obtener beneficios con esos precios”, comenta Rubén.
Para Rubén Martínez “esta venta de créditos de CO2 no sólo es un beneficio para los propietarios forestales, sino que también lo es para las empresas y trabajadores del medio rural y las poblaciones del entorno. Permitirá mantener una gestión forestal que es garantía del mantenimiento de los servicios ecosistémicos que dan los bosques gestionados, entre los que se incluyen la mejora de la calidad del aire o la generación de recursos hídricos”.
Curiosamente, no todos los propietarios que han realizado una gestión forestal ajustada a la metodología del proyecto quieren ahora vender los créditos obtenidos. “Las razones pueden ser varias, desde la avanzada edad de los propietarios y cierta dificultad para entender este proceso a la dificultad para ingresar y repartir adecuadamente esos ingresos cuando son varios propietarios. Sin embargo, una vez que han comprobado cómo funciona, cada día son más los propietarios que quieren vender los créditos obtenidos”, asegura Rubén.
El Life termina en junio. La intención es que la plataforma, donde se pueden ver los proyectos que venden créditos y permite el contacto con las empresas compradoras, se mantenga por si sola, con la actividad de sus asociados. “Es probable que el mantenimiento lo realice la Dirección General del Medio Natural”, comenta Rubén.
Cómo se consiguen créditos de CO2
Los bosques, siempre que crezcan, captan CO2, se haga en ellos gestión o no. Pero está comprobado que una determinada gestión forestal ayuda a fijar mucho más carbono. Esta es la situación de partida de los trabajos del Life, han contemplado dos escenarios que son los que evalúa: de no intervención, es decir, dejarlo sin gestionar y el de gestión forestal.
El Life Forest CO2 realizó un cálculo experimental en ambos casos del carbono contenido en todos los almacenes considerados como tales por el Protocolo de Kioto: biomasa viva aérea, biomasa viva subterránea, detritus, materia muerta, carbono orgánico del suelo y productos madereros.
Estos datos se modelizaron mediante el programa CO2-FIX, que permite la integración de diferentes variables selvícolas para cada uno de los depósitos de carbono medidos, meteorología, estación e incluso el destino de los productos forestales obtenidos. “De esta forma, hemos conseguido valores comparativos en entornos idénticos. La única diferencia estaba en si se trataba de una superficie gestionada o no”, nos dice Rubén.
La diferencia de fijación de carbono entre la intervención y la no intervención, en eso 22 proyectos en toda la región, es de 53.400 toneladas de CO2. El cálculo está basado en una estimación de 150 años (dos turnos) de las absorciones generadas desde la intervención selvícola. El propietario se obliga a mantener esa gestión forestal al menos en un turno de 75 años, a incluir un plan de carbono en los planes técnicos de gestión y a monitorear cada 10 años con el fin de comprobar si se cumplen las previsiones y de incluir correcciones en caso necesario.
Este proyecto demostrativo está cofinanciado por el programa LIFE de la Unión Europea, y está liderado por la Dirección General del Medio Natural de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en colaboración con Ingeniería del Entorno Natural, la Universidad de Córdoba, Agresta, Fundación Cesefor, la Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio de la Xunta de Galicia y el Centro Nacional de la Propiedad Forestal de Francia.
Un estudio pone de manifiesto que no existe una gestión forestal que mejore la provisión de todos los servicios ambientales a la vez. En una situación como la actual, decidirse por una gestión forestal que reduzca la vulnerabilidad del bosque es una opción sensata. El estudio se ha llevado a cabo por un equipo de investigadores del CTFC, la UdL y el CREAF.
Un artículo liderado por Alejandra Morán-Ordóñez, del Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (CTFC), concluye que las políticas de gestión forestal serán más decisivas que el cambio climático a la hora de predecir los servicios ambientales que ofrecerán los bosques. Así, el rendimiento forestal entendido como el conjunto de productos y servicios que proporcionan los bosques, estará más condicionado por la tipología de gestión que se haga que por el cambio climático. Sin embargo, el estudio también evidencia que ninguna de las estrategias de gestión estudiadas tiene la capacidad de maximizar todos los servicios evaluados y que una gestión orientada a hacer los bosques más resilientes a las perturbaciones es la más recomendable.
El estudio, en el que también han participado investigadores del CREAF y de la Universidad de Lleida (UdL), ha estudiado cuatro estrategias de gestión: continuar con la gestión actual, promover la producción de biomasa, el almacenamiento de carbono, o reducir la vulnerabilidad del bosque al cambio climático. Los servicios ecosistémicos evaluados han sido la cantidad de madera producida, el almacenamiento de carbono, la producción de setas, la provisión de agua, la mitigación de la erosión de los suelos forestales y el hábitat para la biodiversidad.
Los investigadores han llegado a la conclusión de que el equilibrio entre los servicios es prácticamente imposible. “El equilibrio perfecto entre la provisión de servicios ecosistémicos forestales no existe y depende de los objetivos de gestión del bosque”, explica Alejandra Morán-Ordóñez, investigadora del CTFC y del grupo de investigación InForest (CTFC-CREAF) y una de las principales autoras del artículo, junto con Aitor Améztegui, investigador del CTFC y la UdL. “¿Qué servicios queremos promover y a qué precio depende de los intereses socioeconómicos tanto locales como continentales”, añade Morán-Ordóñez. Por ejemplo, si se continúa con la misma gestión realizada hasta ahora, se beneficiarán algunos servicios como la mitigación de la erosión del suelo en detrimento del suministro de agua y se planteará un escenario con bosques más vulnerables frente sequías extremas o incendios forestales.
Reducir la vulnerabilidad, la más razonable
Por otra parte, si se realiza una gestión centrada en reducir esta vulnerabilidad, se reducirá la provisión de algunos servicios en relación al escenario de gestión actual, como el almacenamiento de carbono. En cambio, se obtendrían otros beneficios, como reducir el riesgo de que se produzcan daños en el funcionamiento de los bosques. En este sentido Améztegui explica que “en un contexto en el que se espera que las perturbaciones aumenten en frecuencia y gravedad, este tipo de gestión emerge como una alternativa razonable para atenuar el riesgo de daños irreversibles, incluso si se reduce ligeramente la provisión de algunos servicios”.
Hasta ahora son pocos los estudios que han evaluado explícitamente las consecuencias a largo plazo de aplicar estrategias alternativas de gestión forestal, sobre la prestación de servicios del ecosistema por parte de los bosques y en un contexto de cambio climático.
El trabajo de Morán-Ordóñez y Améztegui pone de manifiesto estas consecuencias y representa una valiosa herramienta para apoyar la toma de decisiones bien informadas y basadas en evidencias en la gestión de los bosques mediterráneos.
