El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación celebra el Día Internacional de los Bosques recordando la importancia del patrimonio forestal español y su papel en la bioeconomía
Juan Pajares nos dejó el pasado 30 de diciembre tras una larga enfermedad.
Buen profesional, buen compañero y buena persona. Como profesional llegó a lo más alto en su especialidad: el estudio de las plagas forestales, su biología, su ecología y sus dinámicas poblacionales; sobre todo en los perforadores, las plagas más peligrosas.
Siempre que estuve con Juan tratando de problemas de sanidad forestal algo aprendía. A la vastedad de sus conocimientos unía una gran sencillez y humildad. Tenía el don de la docencia pues, sin perder rigor científico, en sus explicaciones sabía encontrar las palabras que hicieran inteligible a cualquiera sus conocimientos; ese don difícil de encontrar de la capacidad para la divulgación científica.
Nos conocimos hace 35 años, en 1985, cuando, estando yo destinado en los Montes de Valsaín, desde la E.T.S.I. Montes de Madrid me pidieron que le diéramos facilidades para hacer un estudio sobre Ips acuminatus. Volvimos a coincidir diez años después cuando tomó posesión como profesor de plagas y enfermedades forestales en la Escuela de Ingenierías Agrarias de Palencia y yo era el Jefe de la Sección de Sanidad Forestal de Castilla y León. En ese momento ya le avalaban comunicaciones en congresos, estancias en el extranjero como investigador, y numerosas publicaciones que en los años posteriores se multiplicarían hasta superar el centenar. Hubiese podido haber trabajado en el extranjero pero prefirió quedarse en España.
Como profesor formó, desde su cátedra en Palencia, a un numeroso conjunto de técnicos muy bien formados en sanidad forestal, y en el sentido tradicional de la expresión creó escuela.
Fue fácil nuestra colaboración pues a su concepción de la Universidad como lugar de docencia e investigación unía Juan algo inusual en la Universidad española: su preocupación para que lo investigado fuera útil para la gestión. Fueron muchas las ocasiones en que planteándole problemas que teníamos en Castilla y León decidió abordarlos estudiándolos y resolviéndolos.
Cuando en la Junta de Castilla y León se creó el Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos desde el primer momento Juan se involucró ayudando y colaborando con los técnicos del centro. El centro además de nutrirse de técnicos exalumnos suyos participó en proyectos de investigación bajo su batuta generándose una sinergia de colaboración con fructíferos resultados. El Centro de Sanidad Forestal de Calabazanos hoy no sería lo que es sin haber recibido el apoyo y la colaboración de Juan Pajares. Hace doce días hablando por teléfono con él me dijo que estaba satisfecho por la labor hecha en Calabazanos y que sentía al Centro como una herencia que dejaría tras de sí.
Juan ha dejado un hueco en todos aquellos que le conocimos.
Querido amigo y compañero. Gracias por lo mucho que has aportado a la Sanidad Forestal y por el privilegio de haberte conocido, que la tierra te sea leve, descansa en paz.
El Consejo de Ministros ha aprobado el primer Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM), cuyo objetivo es mejorar la coordinación de las administraciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil e integrarlo en el Sistema de Seguridad Nacional. Permitirá atender emergencias inespecíficas y de carácter multirriesgo para las que los planes ordinarios no ofrecen una respuesta específica, especialmente aquéllas con baja probabilidad de que sucedan, pero de muy alto impacto, como es el caso de Covid-19.
El PLEGEM es un instrumento general, esencialmente operativo, que integra todos los planes nacionales y autonómicos y refuerza los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones públicas “gracias a la simplificación de los órganos de gestión de emergencias, la ordenación de las redes de comunicaciones del Estado y el impulso de la interconexión de los centros de emergencias estatales y autonómicos”, según el Ministerio del Interior.
Entre sus novedades, destaca la creación del Mecanismo Nacional de Respuesta en Emergencias, basado en el modelo europeo, que permitirá movilizar los recursos del sistema entre comunidades autónomas en situaciones que no hayan sido declaradas de interés nacional.
Además, crea un Comité Estatal y de Coordinación (CECOD) específico para actuaciones en el extranjero que integrará a representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Defensa, así como del Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno.
El Plan define el marco orgánico-funcional, los mecanismos de movilización de recursos y el esquema de coordinación de las administraciones públicas en las emergencias de interés nacional. Marca los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para prestar asistencia y apoyo a otras administraciones públicas en las emergencias.
Establece el apoyo del Sistema Nacional de Protección Civil a otros Sistemas Nacionales en supuestos de graves crisis que requieran su aportación de medios y organización. Y marca los procedimientos de activación para prestar asistencia a otros países. Esto permitirá prestar asistencia a otros países, a través del marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, o a través de instrumentos de cooperación internacional bilaterales.
Y establece también las funciones de los órganos estatales centrales y territoriales competentes en materia de protección civil y emergencias.
Los principales órganos competentes en el PLEGEM son:
– En el nivel central, el Ministerio del Interior y el Comité Estatal de Coordinación y Dirección (órgano de participación y coordinación de las administraciones públicas y organismos implicados). – En el nivel territorial, los Comités de Dirección, las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno.
– En el Ministerio del Interior, son órganos competentes el titular del Departamento, la Subsecretaria y el Director General de Protección Civil y Emergencias.
El MITECO cuenta con 6.805 millones de euros procedentes del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea como parte de su presupuesto de 2021
Las partidas destinadas a energía experimentarán un incremento de 5.300 millones de euros para impulsar la transición energética, la eficiencia y la movilidad sostenible
Una dotación de 1.415 millones de euros procedente del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea elevará el presupuesto en medio ambiente
Los fondos de recuperación destinarán 2.500 millones de euros al reto demográfico
El presupuesto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) alcanzará en 2021 los 12.307 millones de euros, de los cuales 6.805 millones proceden del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea.
La partida del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2021 correspondiente al MITECO se incrementa un 132% respecto a las cuentas actuales, con el objetivo de la impulsar la transición ecológica sólida e inclusiva, reactivar la actividad económica e industrial del país en base a un modelo sostenible y respetuoso con los límites del planeta, dar un impulso masivo a las energías renovables, la eficiencia y la movilidad sostenible, restaurar y proteger la biodiversidad, impulsar la economía circular, y garantizar la cohesión social y la igualdad de oportunidades en todo el territorio, entre otros.
Sin las dotaciones europeas, el presupuesto del MITECO asciende a un total de 5.502 millones de euros, un incremento del 4% respecto al presupuesto actual.
El presupuesto experimenta, en definitiva, un incremento histórico, que permitirá avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que nos lleve a alcanzar la neutralidad climática en 2050 creando empleo y prosperidad respetuosos con el planeta.
IMPULSO A LAS RENOVABLES Y EFICIENCIA ENERGÉTICA
La partida más importante de gasto corresponde a la transición energética justa e inclusiva, que supone 9.774 millones de euros, de los que 5.390 millones corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En relación con estos fondos, 5.300 millones irán destinados al impulso de las energías renovables, la transición energética y la movilidad sostenible; mientras que los 90 millones restantes corresponden al Instituto de Transición Justa, orientados a dinamizar económicamente e identificar oportunidades y generar empleabilidad en las zonas afectadas por el cierre de centrales térmicas y nucleares. Se afianza, así, el compromiso con una transición energética justa e inclusiva.
En el desglose de los 5.300 millones de los fondos europeos destinados a la transición energética, 1.100 millones corresponden a medidas de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; 350 millones a actuaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en zonas en declive demográfico; 1.900 millones al desarrollo masivo de energías renovables, incluyendo renovables innovadoras como la eólica marina o el biogás, así como actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía o una estrategia específica para las islas; 750 millones a infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue del almacenamiento; 600 millones al hidrógeno verde como proyecto país; y 600 millones a renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado (AGE), especialmente en zonas vinculadas a reto demográfico.
El Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, contará con 422 millones de euros en el siguiente ejercicio de recursos nacionales. Por su parte, el presupuesto previsto para el Instituto para la Transición Justa (ITJ) es de 422 millones de euros, un 25,12% superior que el presupuesto prorrogado de 2019 para el Instituto de Reconversión Minera del Carbón. De esos 422 millones, 285 se destinarán al desarrollo económico de las comarcas mineras del carbón, correspondiendo 140 de ellos a prejubilaciones y bajas incentivadas. Cabe destacar que este es el primer presupuesto que incluye ayudas a municipios afectados por el cierre de centrales térmicas y nucleares. Además, el bono social térmico se dota de 109 millones de euros.
MEDIO AMBIENTE
El presupuesto del MITECO destinado a medio ambiente asciende a 2.452 millones incluyendo los fondos europeos, de los que 1.415 corresponden al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
De estos, 601 millones de euros irán destinados a implementar la conservación y restauración de ecosistemas marinos y terrestres y su biodiversidad, 500 millones a economía circular, 149 millones a preservación de los recursos hídricos, 144 millones a preservación del litoral y 21 millones a reforzar los recursos y capacidades en meteorología.
Estas partidas pretenden dar impulso a actuaciones de restauración ecológicas, incluyendo recuperación de ecosistemas, zonas afectadas por la minería y medidas de fomento de la conectividad y de reverdecimiento urbano. Las inversiones ambientales se centrarán también en la lucha contra los incendios, la gestión forestal sostenible y medidas de planificación y mejora de masas forestales.
El presupuesto del MITECO pone el énfasis en la conservación de la biodiversidad marina, con el impulso áreas marinas protegidas, programas de conservación de especies y hábitats marinos y mejora del conocimiento del patrimonio natural, a través de sistemas de seguimiento y gestión de conocimiento de la biodiversidad.
En agua destacan las actuaciones de depuración, saneamiento y reutilización de aguas residuales; actuaciones de conservación y restauración hidromorfológica; implantación de medidas de conservación y restauración en las reservas naturales fluviales; inversiones para mejorar la seguridad de las presas y los embalses; y actuaciones para mitigar el riesgo de inundación.
En la costa, las inversiones se concentran en actuaciones de adaptación al cambio climático, mediante la recuperación de zonas degradadas, lucha contra la erosión litoral y otras acciones de recuperación del dominio público marítimo terrestre.
RETO DEMOGRÁFICO
Las cuentas del MITECO dotan por primera vez de presupuesto propio a la Secretaría General de Reto Demográfico, que dispondrá de una asignación de 19 millones de euros para llevar a cabo actuaciones dirigidas a desarrollar y afianzar proyectos que movilicen inversión, innovación, empleo y emprendimiento en el territorio, en coordinación con los entes locales y Comunidades Autónomas.
Esta primera dotación presupuestaria para la Secretaría General de Reto Demográfico, incorporada a la estructura del MITECO desde el pasado mes de enero, consolida la apuesta del Gobierno por la creación de un área de la Administración General del Estado enfocada a la coordinación de las actuaciones públicas y al diseño de políticas específicas para afrontar el reto demográfico y luchar contra la despoblación.
El reto demográfico se aborda de forma transversal en los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que destina más de 2.500 millones, asignados a diferentes Departamentos del Gobierno. El objetivo de este importante montante es la reactivación económica en áreas afectadas por la despoblación, el acceso a los servicios en iguales condiciones que en el resto del territorio, la conectividad digital del medio rural y el impulso a la vivienda y desarrollo de la Agenda Urbana en las zonas prioritarias ante el reto demográfico. Además de esos 2.500 millones, el Instituto para la Transición Justa, dependiente del MITECO, prevé contar con un fondo propio de la UE de 85 millones en 2021 que tendrá impacto directo en reto demográfico.
Prácticamente todos los proyectos del Plan de Recuperación impactan en esta política, incluyendo un programa de rehabilitación energética y reto demográfico en municipios de menos de 5.000 habitantes con un presupuesto de 350 millones en 2021, la extensión de la banda ancha ultrarrápida y de cobertura de banda ancha en movilidad de 30 Mbps con un presupuesto de 878 millones en los próximos tres años, el desarrollo de sistemas de saneamiento y depuradoras en poblaciones de menos de 5.000 habitantes con un presupuesto de más de 100 millones, la renovación de edificios y propiedades de la AGE en el ámbito de modernización de las Administraciones Públicas que cuenta con 600 millones este año, así como otros planes relativos a sostenibilidad turística en zonas con riesgo demográfico, dinamización cultural del medio rural, desarrollo de la agenda urbana y rural en zonas despobladas o promoción de proyectos empresariales generadores de empleo joven.
