La Facultad de Biología de la UB acoge el congreso fundacional de SIBECOL, la primera sociedad científica de expertos en ecología de la península ibérica
Este jueves ha sido aprobado el Plan de Acción para la tórtola europea ( Streptopelia turtur). Esta plan ha sido apoyado por el gobierno español, y es que su población se ha visto reducida drásticamente desde 1998, hasta llegar al punto de que hace solo dos años y medio fue incluida en la Lista Roja de Especies Amenazadas con la categoría de vulnerable.
La Sociedad Ornitológica española estimo que el año pasado se abatieron 700.000 ejemplares doblando casi a los ejemplares abatido en 2009.Esperemos que la población se recupere cuanto antes para poder volver a disfrutar de esos preciosos lances que nos presenta la tórtola.
A la izq. Trump y Macron plantando el roble, a la dcha. la mancha amarilla de césped donde debería estar el árbol
Los medios de comunicación se han hecho eco de la plantación de un roble por Macron y Trump en la Casa Blanca y cómo fue que, cuatro días después, el roble había desaparecido.
Y la razón es que el roble había entrado sin pasaporte fitosanitario en Estados Unidos. El sitio web de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU explica que las plantas extranjeras "destinadas al cultivo (propagativas) requieren un certificado fitosanitario extranjero", es decir el pasaporte fitosanitario, antes de ingresar al país; por lo que, consecuentemente, el roble fue retirado.
El pasaporte fitosanitario es la herramienta internacional usada para garantizar que la planta viva que viaja de un país a otro esté sana y libre de patógenos que puedan poner en peligro a las plantas del país receptor.
Parece que el árbol estará en cuarentena y luego volverá a ser plantado.
Nuestra enhorabuena a la seriedad y rigor con que en Estaos Unidos se toman la normativa fitosanitaria, todo un ejemplo para otros países, entre otros el nuestro.
Representantes de los sectores agropecuario, forestal y minero entre otros, acaban de formar en Galicia una Plataforma en busca de un marco legislativo que profundice en la compatibilización de sus actividades con la protección del medio. La iniciativa surge de la preocupación por la proliferación de políticas de protección ambiental que no están teniendo en cuenta las posibilidades de los distintos sectores productivos de desarrollar su actividad de manera compatible con la protección ambiental, sectores que generan empleo y riqueza, factores indispensables para combatir el abandono del rural y garantizar una protección real del medio.
Los sectores productivos del rural advierten de que se está tejiendo una ‘tela de araña’ de legislación medioambiental que limita innecesariamente todo tipo de actividades, lo que acaba siendo contraproducente para la protección del medio: a menos actividad, menos población rural, menor gestión humana del territorio y más riesgo de incendios catastróficos que destruyen aquello que se pretende proteger, como se ha comprobado recientemente en Galicia y Portugal.
Con esta iniciativa, a favor del desarrollo sostenible, los impulsores de las actividades económicas del rural aspiran a garantizar una protección real del patrimonio natural. Para ello, entienden fundamental que exista una masa crítica suficiente de población en el rural que gestione el territorio de forma productiva y sostenible.
Esta masa crítica no se conseguirá sin la suma de todos los sectores de actividad que generan valor y empleo en el medio rural. Y tampoco será posible si la política de conservación continúa basándose únicamente en la prohibición de labores que constituyen el medio de vida de los habitantes rurales.
Es también necesario tener en cuenta las posibilidades de compatibilización de la actividad económica y de protección del medio que ofrecen los principios de la gestión sostenible, la certificación medioambiental y la aplicación de las distintas normativas sectoriales de prevención y corrección de impactos medioambientales, entre otras.
En defensa del rural, su riqueza y la biodiversidad
Los sectores representados en la Plataforma Intersectorial defienden el carácter sostenible de la gestión forestal y agropecuaria, así como del aprovechamiento de los recursos mineros. Se trata de “piezas claves de desarrollo y fuente de empleo cualificado y de calidad en el medio rural”, de acuerdo con uno de los retos y objetivo estratégico de la Unión Europea: evitar la despoblación de grandes áreas rurales, con la pérdida de riqueza y biodiversidad que esto representa.
Los cuatro sectores involucrados proporcionan en Galicia (en donde arranca la iniciativa), más de 68.600 puestos de trabajo directos y unos 147.300 indirectos, con un valor de exportaciones de unos 2.161 millones de euros, y representan el 7,1 % del PIB gallego. Además de proporcionar las materias primas para la construcción, la industria y la alimentación.
La Plataforma trabajará de forma conjunta por la compatibilización de las actividades económicas del rural y la protección del medio ambiente, y está integrada por diversas asociaciones, clústeres y otras entidades representativas.
En ella que figuran, del sector agropecuario, Unións Agrarias-UPA. El sector forestal está representado por la Asociación de Empresarios da Primeira Transformación da Madeira de Lugo, la Asociación Forestal de Galicia (AFG), la Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA), la Asociación de Viveiros Forestais de Galicia (VIFOGA), el Clúster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD), la Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Madera de Galicia y la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE). Por parte del sector minero, forman parte del grupo la Cámara Oficial Mineira de Galicia, el Clúster da Pizarra de Galicia, el Clúster del Granito, la Asociación Galega de Áridos (ARIGAL) y la Confederación Española de Industrias Extractivas de Rocas y Minerales Industriales (COMINROC).
