En lo que va de año, hasta el 8 de septiembre, se han registrado 9.483 incendios en España, con 74.610 hectáreas afectadas por el fuego, de ellas más de 24.000 de superficie arbolada, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Estos datos sitúan a 2019 como uno de los años con más extensión quemada de la última década.
El descenso de las precipitaciones y la incidencia del cambio climático agravan la propagación de los incendios y su voracidad. A esta circunstancia se añaden viejos problemas estructurales derivados de la escaso valor que se da al patrimonio que representan nuestros montes y terrenos forestales por parte de los gobiernos, estatal y autonómicos, que obvian la importancia de una adecuada ordenación de nuestros montes que posibilite una planificación adecuada y un mayor y mejor aprovechamiento ligado a su conservación. Una buena gestión forestal facilitaría una mayor sostenibilidad ecológica, económica y social de las actividades forestales.
Esta falta de consideración ha supuesto una política forestal errática o inexistente que se refleja en una progresiva reducción de la inversión, empezando por las políticas de prevención. Cuando afirmamos que los incendios se empiezan a apagar en invierno queremos poner de relieve que en este periodo se deben desarrollar muchas tareas silvícolas.
Esta actividad, además de evitar significativamente los riesgos de incendios facilitaría aumentar los aprovechamientos, no solo de biomasa y productos forestales, sino también de otras muchas actividades. Por eso, es una irresponsabilidad no fomentar esta posibilidad de beneficios económicos ubicados en el ámbito rural que ayudaría a evitar el abandono de muchas zonas de nuestra “España vaciada”, abandono que, a su vez, también representa un factor potenciador de los incendios forestales.
Los presupuestos sobre prevención son mucho más bajos que los dedicados a la extinción. Más grave aún si tenemos en cuenta que se considera prevención actividades como hacer cortafuegos, áreas de defensa o la apertura de pistas forestales para la evacuación, etc.
Para CCOO, si las consecuencias de los casi 9.500 incendios que se han producido en este año 2019 no han sido más perjudiciales, se debe a la demostrada profesionalidad de los componentes de los operativos contra incendios. Operativos que han sido objeto de drásticas reducciones presupuestarias a raíz de la crisis económica y que han visto mermadas sus condiciones laborales, que aún no han recuperado.
A esto hay que añadir que existen tantos modelos de operativos como comunidades autónomas, con enormes diferencias entre ellos que se reflejan en distintas formas de organizarse con respecto a los modelos, actividades, políticas de prevención de riesgos laborales, condiciones salariales y económicas de los profesionales que intervienen en primera línea en la lucha contra los incendios.
Estas situaciones se han visto recogidas en el Catálogo de Medios de Extinción Forestal que presentó CCOO en el pasado mes de julio, en el que se pone de manifiesto que nos encontramos ante un complejo entramado de medios y grupos humanos organizados de maneras distintas. Cada autonomía tiene su propio modelo en virtud de las competencias asumidas en defensa del medio natural, lo que dificulta conocerlos y compararlos.
Nos encontramos ante un mapa autonómico que a su vez define un puzle de modelos de extinción tan variados como desconocidos que en nuestra opinión representa un problema para determinar la suficiencia de los recursos humanos y técnicos, así como su seguridad, eficacia y eficiencia a la hora de extinguir los incendios.
CCOO considera necesario homogeneizar modelos de operativos y cohesionar las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores de todo el Estado. Por ello, seguimos reclamando un Estatuto Básico de Bomberos Forestales para facilitar un reconocimiento de su actividad tanto desde el punto de vista de su profesionalidad, de sus funciones, de los riesgos a los que se enfrentan, de la formación básica y adecuada que necesitan, el derecho a un empleo digno y estable y a una retribución justa que disminuya o elimine las enormes diferencias económicas que perciben, dependiendo de dónde y quién les contrate.
Asimismo, es necesario mejorar la coordinación entre los distintos colectivos profesionales, los procedimientos de intervención entre comunidades limítrofes, los sistemas de comunicaciones y las medidas de seguridad para todos aquellos que intervienen en la emergencia.
En definitiva, corregir las graves deficiencias en la lucha contra los incendios forestales exige aunar prevención, extinción y restauración. Para CCOO, esto pasa también por contar con un operativo contra incendios con personal público y unas condiciones dignas de empleo.
Comunicado de CCOO de 17 de septiembre de 2019
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