La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL) solicita la incorporación del sector forestal al ámbito de actuación del Pacto por la Reconstrucción en Castilla y León por su enorme potencial para la generación de riqueza y empleo en las áreas rurales de la región y para responder, además, a lo dispuesto en el Pacto Verde Europeo y en las futuras Estrategias de Biodiversidad y Forestal de la Unión Europea.
“Desde la MIMCyL queremos manifestar nuestra decepción ante el Pacto de Reconstrucción firmado por los principales grupos políticos de nuestra comunidad el pasado 17 de junio por la total omisión de medidas específicas para el sector forestal”, explica la asociación.
Castilla y León es una de las regiones forestales más importantes de toda Europa (el 51% de la superficie es forestal). Acumula 150 Mm3 de madera y es la segunda región más importante a nivel nacional.
Las masas forestales en Castilla y León se aprovechan por debajo de su capacidad. Se corta el 30% del crecimiento (por debajo de la media española, 37%, y del promedio europeo 65%). La puesta en producción de estos recursos puede ser palanca de desarrollo de la región.
El sector forestal emplea a más de 16.000 personas en la región y su industria tiene una gran relevancia en el ámbito nacional, aportando el 14% de la producción total. Los productos de madera transformados en la región pueden ser clave en el nuevo desarrollo económico basado en el gran Pacto Verde Europeo (EU Green Deal), generando una oportunidad estratégica única
Más del 95% de la actividad del sector se concentra en poblaciones de menos de 3.000 habitantes y gran parte de la fiscalidad asociada a ella retorna a la comunidad. El desarrollo del sector es una oportunidad para la generación de empleo y fijar población en el entorno rural. Por ello, se plantean estratégicos los sectores que gestionen los recursos locales, más aún en entornos rurales en los que se pretende fijar población.
Además, la gestión forestal sostenible de nuestros bosques permite el mantenimiento de la masa forestal, promoviendo su adecuada salubridad y limpieza y evitando problemas de incendios y plagas. Los bosques son los principales sumideros de CO2 que existen y de su conservación depende la sostenibilidad medioambiental y el cuidado del entorno rural.
“Estamos convencidos de que desarrollar un sector sostenible con tantas posibilidades como el forestal es una oportunidad estratégica para que nuestra comunidad autónoma afiance la recuperación económica y social tras la pandemia sufrida; de no hacerlo, podría desaparecer gran parte de la actividad asociada al sector”, sostiene la MIMCyL en un comunicado de prensa.
La Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León (MIMCyL), es la asociación que representa los intereses del sector de la madera en Castilla y León. Agrupa a las asociaciones empresariales más representativas del sector con presencia en Castilla y León: la Asociación Nacional de Fabricantes de Tablero (ANFTA), la Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO), la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón (ASPAPEL), la Asociación Española para la Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM), la Confederación de empresarios de la Madera de Castilla y León (CEMCAL), la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE) y la Federación Española de Industrias de la Madera (FEIM).
• La Estrategia de Biodiversidad de la UE recoge entre sus medidas la plantación de al menos 3.000 millones de árboles en territorio europeo para 2030
• El MITECO pone en valor así la experiencia española en la conservación y gestión forestal sostenible, pero también el compromiso de España con la recuperación verde
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico liderará los trabajos para desarrollar las directrices comunes de la Unión Europea para la puesta en práctica de las actuaciones de reforestación establecidas en la Estrategia de Biodiversidad para 2030. Dicha estrategia, adoptada por la Comisión Europea el pasado 20 de mayo, recoge la necesidad de aumentar la cantidad, calidad, resiliencia y estado de conservación de los bosques en la Unión Europea con la plantación de al menos 3.000 millones de árboles para el año 2030.
España cuenta con una larga experiencia y trayectoria en las actuaciones de plantación a gran escala para combatir la desertificación, así como en la reforestación tras el paso de incendios forestales, por lo que se ha comprometido a apoyar a la Comisión Europea en esta materia. Estas directrices sobre reforestación se desarrollarán de acuerdo con principios favorables para la biodiversidad y para el mantenimiento de la resiliencia de los ecosistemas forestales y abordarán, en particular, la necesaria adaptación a las condiciones climáticas futuras.
El MITECO pone en valor así la experiencia española en la conservación y gestión forestal sostenible, pero también el compromiso de España con la recuperación verde. Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la gestión sostenible de las superficies forestales, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica constituye uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 con el que nuestro país se encuentra firmemente comprometido.
Pese a albergar una buena parte de la vida sobre la tierra, ejercer un rol fundamental en el secuestro y almacenamiento de carbono, mantener saludables el aire, el suelo y el agua, y suministrar alimentos y refugio, la situación de los ecosistemas forestales en Europa es motivo de preocupación, de acuerdo con los diferentes informes sobre el estado de conservación de la naturaleza y la biodiversidad de los bosques en Europa.
En este sentido, la Estrategia de Biodiversidad de la UE reconoce el papel multifuncional de los bosques y de los ecosistemas forestales para el logro de las políticas y objetivos de conservación de la naturaleza y biodiversidad de la UE, para la mitigación y adaptación climática, así como para la salud y el bienestar de todos los ciudadanos, y para el desarrollo socioeconómico a largo plazo de Europa.
Los bosques constituyen un elemento esencial para la protección del medio ambiente, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los servicios ecosistémicos y el desarrollo social y económico, con especial incidencia en las zonas rurales
La Red de Biorregiones se ha presentado este pasado 13 de marzo en Bilbao ante más de 100 asistentes nacionales e internacionales, con representantes de la Comisión Europea, y de personas que lideran en Europa la bioeconomía, de regiones punteras en este campo.
Se trata de una entidad promovida desde el European Forest Institute (EFI) para dinamizar la transición hacia la bioeconomía, que por el momento cuenta entre sus miembros fundacionales con las regiones de Euskadi, Karelia del Norte (Finlandia) y Renania del Norte-Westfalia (Alemania), todas ellas punteras en bioeconomía. Esta nueva red conecta regiones con visión de futuro en toda Europa trabajando juntas para dinamizar su potencial regional y promover la bioeconomía circular forestal. Ya se han adherido tres regiones: Karelia del Norte (Finlandia), Renania del Norte-Westfalia (Alemania) y Euskadi, como regiones pioneras con la secretaría en poder de EFI. El director de Cesefor, Pablo Sabín, acudió en representación de esta fundación al evento de inauguración de esta red.
En el transcurso de ese acto inaugural, el director de EFI, Marc Palahí, explicó que “las regiones constituyen el primer nivel para conectar a líderes relevantes, rurales o de urbes, responsables de la producción y de industrias primarias, de centros de innovación e instituciones políticas. Según Palahí, “todos son necesarios para una bioeconomía exitosa y sostenible. Las regiones son la clave para desbloquear el potencial de la bioeconomía y por ello el lanzamiento de esta iniciativa es muy relevante para EFI, ya que favorece la colaboración científica entre regiones para llevar la bioeconomía a la acción en Europa”. Por su parte, el lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo Urkullu, destacó la importancia de un modelo económico basado en el uso de recursos de naturaleza biológica. En Euskadi, según Iñigo Urkullu, se dispone de los recursos naturales y las capacidades tecnológicas necesarias para explorar nuevas oportunidades de un modelo de producción respetuoso con “Ama Lurra”. “Trabajamos para mejorar y aumentar el uso de los recursos renovables para hacer frente a los retos mundiales y, también, locales. Trabajamos desde la convicción de que la transformación ecológica y energética supone también una oportunidad para nuestro futuro.”, señaló. Así, ha apostado por la transformación de la realidad actual que lleve a una Euskadi más competitiva y sostenible, “mucho más abierta al mundo”.
La bioeconomía en cifras
La bioeconomía en Europa emplea ya a más de 18,6 millones de personas y factura 2,3 billones de euros, lo que supone el 9% del conjunto de la economía europea. La transición hacia este modelo económico es una realidad clara en países como Finlandia o Alemania, y Euskadi también debe y puede caminar en esa dirección. En Euskadi, el recurso natural más extendido y empleado para la transformación y generación de bioeconomía es la madera. Cuenta con una superficie forestal arbolada del 55%, muy por encima de la media europea (40%). El evento ha supuesto un punto de partida para lanzar acciones prácticas y cooperación en una transformación hacia una bioeconomía circular basada en los bosques, y durante el mismo se ha puesto de manifiesto la urgencia de contar con alternativas a productos con alto contenido de carbono, intensivos en el uso de energía y no renovables como los plásticos, hormigón o acero ante la crisis climática, donde los países están bajo una presión creciente para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y encontrar soluciones reales para la neutralidad del carbono.
Está previsto que la Red de Biorregiones sea una entidad abierta para la incorporación de otras regiones y, de hecho, algunas de ellas han asistido al lanzamiento en Bilbao para obtener más información.
Indefinición, inseguridad jurídica y silencio administrativo en el sector forestal para continuar con actividades esenciales
Los Colegios de Ingenieros de Montes y de Ingenieros Técnicos Forestales han emitido un comunicado conjunto ante lo que consideran una situación de “clara inseguridad jurídica a la hora de desarrollar su actividad diaria las empresas y profesionales del sector por el RD 10/2020, al no considerar expresamente como actividad esencial toda la actividad forestal”. Diversos incidentes el primer día de suspensión de actividad han provocado confusión e indefensión por los diferentes criterios de interpretación de la norma por cada administración pública y autoridad. Sin embargo, el martes, por silencio administrativo, la actividad se ha desarrollado con normalidad en comunidades como Galicia, cuando el lunes fueron apercibidas varias empresas de que serían sancionadas si continuaban con su actividad.
Consideran los Colegios profesionales que el texto definitivo del RD “es un texto ambiguo que se presta a distintas interpretaciones y da lugar a confusión”. Como ya informamos el lunes, ese texto ha dado lugar a diferentes interpretaciones en cada comunidad autónoma, desde la suspensión de toda obra forestal a permitir distintos tipos de aprovechamientos al considerar que forman parte de algunas de las cadenas de producción definidas expresamente como esenciales por parte del Gobierno.
Por ejemplo, mientras que en Andalucía y Murcia toda obra forestal está parada por motivos de “seguridad de los trabajadores”, en Galicia la Conselleria de Medio Rural de la Xunta considera que los trabajos selvícolas con carácter preventivo están permitidos y recogidos en el punto 7 del RD 10/2020.
Ambos colegios se muestran especialmente preocupados por el daño al tejido productivo forestal durante el estado de alarma “sin perjuicio de adoptar cuantas medidas protectoras requiera su desarrollo para la salvaguarda de la salud pública”.
Galicia principal productora de madera de España
Precisamente en Galicia, la Federación Empresarial de Aserraderos y Rematantes de Madera de Galicia (Fearmaga), nos ha confirmado cómo el lunes distintos efectivos de la Guardia Civil se acercaron a rematantes en el monte y a diferentes aserraderos para avisarles de que si el martes trabajaban se enfrentarían a una sanción, siguiendo las disposiciones del RD 10/2020. Ante esta situación, FEARMAGA envió por escrito a la Delegación del Gobierno solicitando una aclaración oficial y facilitando una argumentación de cuáles eran las actividades esenciales del sector forestal que deberían mantenerse abiertas; su inclusión, aunque no explícitamente, en distintos puntos del RD; su importancia dentro de la cadena de suministros esenciales y el perjuicio que el cierre de esta actividad podría acarrear para sectores fundamentales en el estado de alarma, como son la producción de alimentos, el transporte, la fabricación de productos sanitarios o el suministro de energía.
“Somos un eslabón en esa cadena, si se rompe uno de los eslabones el resto de la cadena sufre las consecuencias. Estamos encerrados en casa y no podemos estar sin calefacción, sin fabricación de papel, sin embalajes”, nos explica Ana Oróns, secretaria general de Fearmaga. Toda la semana anterior a la publicación del RD, “en previsión de que sucediese algo parecido a lo que había pasado en Italia”, Fearmaga se reunió con los responsables autonómicos para que le hicieran llegar al Ministerio de Industria las características del sector forestal gallego, su organización, las actividades esenciales que a su juicio deberían seguir trabajando y cuáles podían considerarse no necesarias: “la explotación forestal para producción de pasta de papel con todos los usos que son ahora imprescindibles y para suministrar madera a los aserraderos que elaboran los palets para transporte, los envases y embalajes, madera para ataúdes e incluso insumos para ganadería. Y por último, leña y pellets para viviendas, granjas e incluso hospitales que cambiaron las calderas de combustible fósil por calderas de biomasa”, comenta Ana Oróns.
No ha habido contestación oficial. “Lo que sí ha cambiado es la actitud en la visita de las fuerzas de seguridad del Estado, que se han limitado a informar de la situación y a comprobar la actividad de la empresa. Entendemos que estamos ante un silencio administrativo. Así que la actividad ha continuado con normalidad durante el martes”, explica Ana Oróns.
En su opinión, “una Orden Ministerial habría aclarado la situación y no habría dejado la posibilidad de interpretación por cada administración o autoridad, con la consiguiente inseguridad jurídica que esto provoca”.
Aclaraciones ministeriales e interpretaciones del sector
Los colegios profesionales de Ingenieros Técnicos Forestales y e Ingenieros de Montes solicitaron el lunes una aclaración del Ministerio para la Transición Ecológica, que aún no ha llegado, sobre qué actividades se consideran esenciales y cuáles no. No es el caso del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación o el de Industria que hicieron esa aclaración el mismo lunes, por iniciativa propia, sobre la actividad empresarial y profesional en sus respectivos sectores.
Ante esta situación de dudas los dos colegios profesionales entienden dos cuestiones básicas: que el ámbito de aplicación del RD no es para personas por cuenta propia, al decir expresamente en su artículo 1 “..se aplicará a todas las personas trabajadoras por cuenta ajena …”; y dos, tampoco es aplicable para personas que trabajen por cuenta ajena en los sectores que se consideran esenciales o aquellas que realicen su actividad mediante teletrabajo.
Para ambos colegios son actividades esenciales las que realizan “las empresas de servicio forestal de producción maderera y las de su transformación para uso energético, papelero, alimentario o anexas, así como las que llevan a cabo labores en el monte destinadas a la prevención o extinción de incendios forestales”.
Dice el Anexo 1 del RD 10/2020 que son actividades esenciales las que realicen las actividades que deban continuar desarrollándose al amparo de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma.
En este sentido, el artículo 17, que hace referencia a la “garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo y gas natural”, entienden ambos colegios que ampara “a las plantas de biomasa de uso energético y, por tanto, a la cadena de suministro relacionada con estas”.
Los apartados 2 y 4 del anexo del RD 10/2020, referidos a “actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios…” y las “que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios sanitarios y hospitalarios…”, entienden ambos colegios que permiten la actividad relacionada con “la cadena de producción de pasta de celulosa, (p. ej papel, cartón, embalajes, mascarillas, papel higiénico etc.) e industrias de primera transformación, como las de palets, embalajes de madera de uso alimentario, ataúdes y biocombustibles como astilla de madera y pellet”.
Pero también debería incluirse en este apartado las actividades que desarrollan empresas forestales relacionadas con “la selvicultura generadora de servicios ambientales de regulación del ciclo hídrico o del efecto como sumidero de carbono de los bosques”. Consideran ambos colegios que está asociado “indubitadamente a la protección de la salud de las personas”, un hecho que no es subjetivo sino que se “ampara en el consenso de la comunidad científica internacional que reconoce el efecto beneficioso de la gestión forestal activa y sostenible para la salud humana”.
Extinción y prevención de incendios forestales
Foto BRIF Iglesuela
Con respecto a los incendios forestales, tanto en los trabajos que podríamos considerar preventivos como en los de extinción se consideran que son esenciales y que están explícitamente recogidas en el apartado 7 del anexo: “Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios…”. Para los ingenieros de montes y forestales “la selvicultura de masas forestales en sentido amplio y su aplicación específica en la ejecución de infraestructuras para la lucha contra incendios constituyen acciones que armonizan conceptualmente con los servicios de prevención y extinción de incendios”.
En el listado de actividades que consideran esenciales con carácter dudoso, siguiendo siempre lo dictaminado por el RD 10/2020, se encuentran las relacionadas con la producción de resinas y los aceites esenciales u otros que se utilizan para la fabricación de productos farmacéuticos de primera necesidad, recogidas en el anexo 1; así como “la producción y abastecimiento de alimentos propios del bosque como piñones, setas, hongos, bellotas, miel, plantas aromáticas”, recogidas en el anexo 2.
Y entre las que consideran que no son esenciales, según el anexo del RD 10/2020, enumeran las relacionadas con plantaciones, construcción, edificación, arreglo de caminos, jardinería y similares. Sin embargo, recuerdan que hay una gran cantidad de planta de especies de crecimiento rápido con destino a la producción de papel que “se van a malograr irremediablemente sin posibilidad de uso posterior”, lo que a su juicio contraviene “el espíritu de la norma que considera esencial la reactivación de la actividad económica una vez superada la crisis sanitaria”.
La operación Quercus ha llevado a la apertura de diversas investigaciones por tráfico de especies protegidas, falsedad documental o contrabando, que han dado lugar a la detención o investigación de un total de 71 personas Para esta operación del Seprona de la Guardia Civil ha sido fundamental una herramienta, desarrollada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural, que permite realizar una primera identificación in situ de las especies de madera objeto de comercio Esto permite, en su caso, que los inspectores y autoridades activen la alerta temprana e inmovilicen la mercancía El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil, en coordinación con EUROPOL e INTERPOL, ha finalizado con éxito la operación Quercus, un operativo de alta intensidad destinado a combatir el tráfico ilegal de maderas. Se trata de la primera operación de estas características realizada en España, que ha sido posible gracias a la coordinación con las autoridades nacionales y autonómicas y que ha contado con una herramienta fundamental, una novedosa metodología para la identificación de las especies de madera objeto de tráfico.
La operación Quercus, desarrollada a finales del año 2019, ha resultado en diversas investigaciones por tráfico de especies maderables protegidas, falsedad documental o contrabando que han dado lugar a la detención o investigación de 71 personas. En total, se han realizado 608 actuaciones en diferentes comercios e instalaciones dedicadas a la importación y exportación de maderas, fabricación de muebles, aserraderos, fabricación y distribución de parquets, fabricación de instrumentos musicales o de palets de madera.
Asimismo, se han interpuesto 303 denuncias por diferentes infracciones, destacando 215 infracciones relativas a la comercialización de maderas, de las cuales 76 se debieron a la no presentación de declaración responsable a la que están obligados todos los importadores de madera, y otras 82 carecían de un sistema de diligencia debida para analizar y minimizar las oportunidades de importar madera ilegal.
Durante las inspecciones realizadas en dos empresas del sector de la madera situadas en el norte de España, pudieron localizarse maderas de las especies Palosanto (Bursera graveolens) y Granadillo (Dalbergia spp.), ilícitamente importadas provenientes de Brasil y del continente africano, por incumplir distintas regulaciones (reglamentos europeos y/o convenios internacionales) que regulan su tráfico. Algunas de estas especies se encuentran estrictamente protegidas por el Convenio sobre el Tráfico Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que regula su tráfico internacional por encontrarse en una situación de amenaza. Por ello se procedió a la inmovilización de las mismas, iniciándose investigaciones que se encuentran aún en curso.
Con esta operación se ha fortalecido la aplicación de la normativa europea en materia del Convenio CITES y del comercio de maderas, para evitar la comercialización de aquellas obtenidas ilegalmente o que no cumplen con los requisitos legales y garantizar su trazabilidad desde los países de origen.
PUNTO CALIENTE EN EL TRÁFICO ILEGAL DE MADERAS TROPICALES Por su situación geográfica, España es un punto caliente en el tráfico ilegal internacional de maderas tropicales. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) trabaja desde hace tiempo en el desarrollo de herramientas de identificación in situ de maderas incluidas en el Convenio CITES, para ayudar así a combatir las redes internacionales de traficantes. En este sentido, el MITECO, en colaboración con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, ha diseñado una metodología que permite la discriminación preliminar en el terreno, y por personal no especializado, de las especies de árboles de interés comercial por su madera y protegidas por el Convenio CITES. Este revolucionario sistema de identificación, desarrollado en el marco del Plan de Acción Español contra el Tráfico Ilegal y el Furtivismo Internacional de Especies Silvestres (Plan TIFIES), tiene como principales destinatarios a inspectores y autoridades de vigilancia, policiales y aduaneras, y permite clasificar muchas especies tropicales de madera que con las técnicas actuales no era posible reconocer in situ. La aplicación de este sistema en la operación Quercus ha servido para testar su efectividad y ha contribuido a aumentar la eficacia de las inspecciones realizadas.
UNA HERRAMIENTA REVOLUCIONARIA
Esta herramienta consiste en una Guía macroscópica de alerta temprana de maderas, en la que se recogen las características anatómicas y estructurales de la madera de las principales especies maderables protegidas por el convenio CITES, y se acompaña de un kit con útiles para obtener muestras de madera -que posteriormente serán remitidas a un laboratorio especializado que corrobore la identificación- y dos lupas (de 24 y 400 aumentos) acoplables a la cámara de los teléfonos móviles.
Este sistema permite a los agentes realizar una inspección y detección del fraude sobre el terreno, dotándoles de mayor seguridad en la compleja labor de identificación de maderas exóticas, propiciando que se active la alerta temprana y, por ejemplo, permita inmovilizar un cargamento de una especie de madera cuyo examen no se corresponde con la documentación aportada. Para el correcto manejo de esta nueva herramienta y como paso previo al desarrollo de la operación Quercus, en los últimos meses, el MITECO y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, con la colaboración del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han impartido cursos a 56 agentes del SEPRONA para la aplicación práctica de esta guía de anatomía macroscópica de madera.
EJEMPLO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Actualmente existen diferentes rutas en las que se concentra el tráfico ilícito de madera, siendo las regiones más afectadas por la tala ilegal Iberoamérica y África. En lo que respecta a las maderas protegidas por el Convenio CITES, su destino principal se sitúa en Asia, si bien una parte llega a Estados Unidos y a Europa. Sin embargo, la mayor parte del tráfico de maderas en el mundo se produce sobre especies no protegidas por convenios internacionales, aunque siguen siendo objeto de tráfico ilícito con destino a Europa o Estados Unidos. El desarrollo de este tipo de operaciones requiere un intercambio fluido de información, que permita conocer la trazabilidad de la madera en los países de origen para detectar las posibles irregularidades derivadas de su obtención ilegal. En el transcurso de la Operación Quercus, se han obtenido informaciones provenientes de países como Brasil, y se ha contado con la participación de Portugal, Italia y Rumanía, entre otros países europeos, a través de la iniciativa europea EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales) de Medio Ambiente.
