El Plan Forestal de Galicia PFG se presentará en breve en el Parlamento Gallego y se aprobará en el primer semestre del año, si se cumplen los planes de la Consejería de Medio Rural. Prevé una inversión de 4.900 millones de euros hasta el año 2040, de los que unos 4.000 millones serán fondos públicos y aumentar la producción anual de madera un 33 %.

Conscientes del potencial forestal de Galicia, no en vano es la principal región forestal del país, el PFG tiene previsto aumentar los aprovechamientos de madera de 9 a 12 millones de metros cúbicos al año para 2040, es decir un incremento del 33 %, “el objetivo es movilizar los recursos madereros que permitan atender las demandas de la industria en relación a la madera y a la biomasa”, dice la Consejería de Medio Rural.

Pretende el PFG alcanzar 425.000 hectáreas de frondosas. En concreto, “se plantarán 16.000 ha de castaño, tanto para la producción de castaña como para la generación de madera” y se actuará en otras 8.000 hectáreas para recuperar sotos tradicionales.

La superficie de eucalipto se pretende reducir un 5 % de aquí a 2040. Más concretamente, se transformarán 20.000 hectáreas de eucaliptos a masas arbóreas de otras especies. Del resto de eucaliptares se pretende mejorar su aprovechamiento y productividad, “se reforzará el control de las nuevas plantaciones, se potenciará la silvicultura y se reducirá la combustibilidad de las masas mediante su gestión”.

Sobre las coníferas, especialmente el pino, “se fomentarán las repoblaciones de alta calidad genética”. El centro de investigación de Lourizán ha identificado material genético resistente al nematodo del pino. Se pretende aumentar la superficie de coníferas en 20.000 ha.

Aumentar la producción necesitará de una buena coordinación entre los distintos actores forestales (propietarios, administración e industria), así como disponer de documentos técnicos de gestión, para lo que se pretende alcanzar 850.000 ha ordenadas o bajo instrumentos técnicos de gestión forestal sostenible.

Continuará el plan de recuperación de tierras agrarias abandonadas con la creación de los polígonos agroforestales, hasta alcanzar las 150.000 ha en un millar de aldeas modelo.

Lucha contra los incendios forestales

Como ya informamos recientemente, en la primera mitad de esta legislatura está previsto disponer también de la nueva Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales. Supondrá la reorganización de los distritos, así como de sus recursos e instalaciones, desde las bases de medios aéreos a los almacenes o puntos de vigilancia. Además, incidirá en la especialización de agentes medioambientales en investigación de causas.

Se creará el Centro Integral para la Lucha contra el Fuego en el municipio de Toén. Sus objetivos serán la formación continua del personal del Servicio de prevención y defensa contra los incendios forestales, concienciar a la sociedad sobre el uso del fuego y el peligro y gravedad de los incendios forestales y desarrollar análisis e investigación sobre el comportamiento de los incendios forestales.

El borrador incide en algunas de las actuaciones que ya desarrolla la Xunta en colaboración con las entidades y administraciones locales, como: el convenio para la gestión de las franjas secundarias; la elaboración y actualización de los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales; el refuerzo de las brigadas de prevención y extinción o la integración de los convenios para la limpieza de márgenes de pistas municipales.

Según el consejero de Medio Rural, José González, el PFG atiende 92 recomendaciones parlamentarias de las 123 recibidas, “las restantes recomendaciones que implican a la Consellería están incluidas en el borrador de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia, que iniciará próximamente su tramitación en la Cámara”.

El PFG recoge también un centenar de directrices de revisión del Plan Forestal, que estableció el grupo de trabajo creado en 2015 dentro del Consejo Forestal de Galicia. Para el consejero esto es el resultado del trabajo colectivo y de consenso “de las asociaciones vinculadas con el sector forestal y con el medio natural, de los propietarios y de las industrias forestales, de los colegios profesionales y de las universidades -entre otros- para impulsar codo a codo la cadena monte-industria en Galicia”.

OSBO digital

21 Enero 2021

Pacto Verde, Green Deal, Infraestructuras Verdes. El verde es el color de moda del nuevo pantone político de la Unión Europea desde que la preside Ursula Gertrud von der Leyen, una alemana dispuesta a luchar contra el nuevo enemigo que amenaza al todavía planeta azul: el cambio climático.

Para establecer este nuevo orden mundial contamos con el llamado Pacto Verde o Green Deal, un galeón cargado con miles de millones de euros para cambiar los sistemas energéticos, la producción agrícola e industrial y la movilidad de las personas.

La música suena muy bien, pero el libreto está incompleto. Al analizar los documentos que se han ido generando en esta lucha contra el eje del mal climático abundan las referencias a la nueva energía, vestida de verde para la ocasión. De los bosques, esos si verdaderamente verdes, o de la remediación de los daños provocados por el cambio climático nada de nada, o bueno, poco de poco por aquello del que dirán.

El arma más poderosa de esta guerra euroclimática va a ser la disminución de los gases de efecto invernadero producidos por la combustión del petróleo y del carbón y su sustitución por otras energías alternativas menos contaminantes. Para ello se cuenta con la participación de importantes fondos de inversión y de grandes empresas energéticas que han apostado por esta nueva energía limpia, algunas de ellas las mismas que antaño lo eran de la sucia y que han puesto en marcha su potente maquinaria mediática para mostrar su lado más eólico y fotovoltaico; hay muchos millones en juego.

Sin embargo hay un importante foco emisor de gases de efecto invernadero que ha sido ignorado en el Green Deal: el producido por los incendios forestales, cada día más frecuentes en las zonas donde no lo eran y más devastadores en las zonas en donde eran más frecuentes. Unos incendios que avanzan por Europa, precisamente gracias al cambio climático que se pretende mitigar y que en 2019 quemaron más de 400.000 eurohectáreas, lo que supone aproximadamente una emisión a la atmósfera de unas 15 toneladas de CO₂, las mismas que salen del tubo de escape de 4.000.000 coches en un año o de la mayor central térmica de carbón de España en dos años (la de As Pontes en A Coruña).

Aun así, y como los bosques no tienen potentes lobbies, no se contempla ninguna medida  para luchar contra estos incendios aun a pesar de que pueden ser un problema mayor en los próximos años en el centro y norte de Europa, como así reconoce el Informe Anual sobre Incendios Forestales en Europa, Oriente Próximo y África del Norte presentado el pasado 30 de octubre por la Comisión Europea. Por poner algunos ejemplos, en países como Alemania o Noruega la superficie quemada creció en 2019 respecto a 2018 un 528% y un 345% respectivamente.

Una posible remediación sería la potenciación de la biomasa como energía alternativa: retirando combustible de los montes arden menos. Además su explotación generaría riqueza en zonas forestales normalmente desfavorecidas y despobladas ya que mientras que una planta de biomasa de unos 40 megavatios crea entre  55 y 100 empleos directos e indirectos, una fotovoltaica crea de 1 a 4 empleos. Por el contrario los costes de inversión de las plantas de biomasa son superiores al resto de las renovables y requieren un apoyo financiero a largo plazo. Ahora entendemos porque los fondos de inversión prefieren las fotovoltaicas.

El debate está servido. De hecho el Vicepresidente Frans Timmermans, que está a cargo del Pacto Verde Europeo, ha señalado que “la cuestión de los biocombustibles debe analizarse con mucho cuidado para determinar si no hace más daño que bien”. No deja de ser significativo que el Sr Timmermans sea Holandés, un país que junto a Irlanda y Bélgica han mostrado su rechazo a apoyar el uso de una energía que procede principalmente de unos bosques y de una agricultura leñosa que, mira por donde, son testimoniales en estos países.

El argumento dado por los países antibiomasa es que su combustión produce CO₂, eso sí, antes la vegetación lo ha almacenado tanto en sus ramas como en el suelo por lo que su quema emite menos CO₂ del secuestrado ya que parte de él se queda en el suelo. El problema además es que no hay grandes empresas de biomasa en los países centro europeos a diferencia de las fotovoltaícas o eólicas, únicamente los nórdicos, con Finlandia a la cabeza, utilizan de manera significativa esta energía alternativa. Así que sin potentes lobbies ni un apoyo decidido de la Comisión me temo que vamos a ver como se reducen las ayudas que podrían ir a este sector para así no adelgazar las que se puedan destinar a las fotovoltaicas o las eólicas.

De hecho  en nuestro país ya se han tomado algunas decisiones a tal respecto. A partir de 2021 España tiene previsto subastar anualmente 1.500 MW de Eólica, 1.800 MW de Fotovoltáica, 100 MW de Termosolar y tan sólo 60 MW de biomasa,  cantidad ridícula dado nuestro potencial y que en todo caso debería elevarse para absorber proyectos que están aún madurando dados los plazos necesarios para la ejecución de las inversiones. En todo caso parece que Ministerio para la Transición Ecológica no lo sea también del Reto Demográfico al no apoyar suficientemente a aquellas energías que más contribuyan a crear riqueza y empleo en las zonas más desfavorecidas y despobladas de nuestro país.

En esto de la lucha contra el cambio climático no obstante no todo es negativo, contamos con un gran aliado: los bosques. Se calcula que entre un 10 y un 15 por ciento de las emisiones producidas en Europa son absorbidas por sus bosques, -es lo que se llama secuestro de carbono-, por lo que a más bosques más almacenamiento. Pero esto ya está pasando. En los últimos 30 años los bosques en Europa han aumentado más de un 10% en superficie. No obstante como lo de poner más árboles suena muy ecológico y alternativo muchas iniciativas privadas están acogiéndose a la forestación como método para secuestrar CO₂ y de paso dar una nota de color verde a sus empresas.

Porque no hacen falta más bosques sino conservar los que ya tenemos amenazados por los incendios, las plagas, las enfermedades y las mortandades y decaimientos masivos provocados por el mismo cambio climático que a su vez combaten. Pero conservar los bosques es caro y complejo de gestionar, mucho más que plantar un árbol para sacarse una foto y presumir de abanderado de la lucha contra el cambio climático, un árbol que, por cierto, tardará muchos años en secuestrar carbono mientras que los que si lo hacen desaparecen sin que ninguna de esas empresas ponga un euro para su mantenimiento.

Y cuando hablamos de secuestro de carbono no estaría de más recordar ese otro bosque que también se dedica a esto: los cultivos agrícolas y en particular los árboles frutales. España es el país con más superficie de frutales de Europa, más de cuatro millones de hectáreas entre olivares, almendros, cítricos, manzanos y otros, que secuestran entre un 8 y un 10 por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero de nuestro país. Y si a esta superficie añadimos  otros cuatro millones de hectáreas de dehesas dedicadas a la producción de bellota para el ganado el secuestro de carbono podría alcanzar entre el 12 y el 15% de las emisiones. Solo el olivar secuestra el 6% de las emisiones nacionales de CO₂, según un estudio del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, y esta cantidad podría ser mayor con sistemas de cultivo adecuados, algo a considerar en los futuros eco-esquemas de la nueva Política Agrícola Comunitaria.

Pero como los lobbies agroforestales no pueden competir con los de la energía, es de temer que nuestros frutales seguirán secuestrando carbono sin poder pedir ningún rescate a tal respecto. Es cierto que tanto los bosques como los cultivos agrícolas cuentan ya con ayudas procedentes de distintos fondos europeos, pero estos no están relacionados directamente con el secuestro de carbono sino con la producción de bienes o la realización de prácticas compatibles con la conservación del medio ambiente. Dicho de otro modo, si la Unión Europea va a destinar fondos específicos a la disminución de carbono mediante la producción de energía sostenible debería dedicarse otro tanto al almacenamiento del mismo carbono.

Y como la lucha contra el cambio climático va a ser larga tendremos que irnos acostumbrando a sus efectos. Bueno, nos tendremos que acostumbrar sobre todo los países del sur porque mientras que en los del norte se prevé una suavización de las temperaturas y más lluvia, en el sur hará más calor, lloverá menos y torrencialmente y habrá sequías más prolongadas. En el peor de los escenarios, en la cuenca del Mediterráneo la lluvia podría reducirse hasta un 20% en algunas regiones, mientras que en los países nórdicos, aumentarían hasta un 15%. En cuanto a las temperaturas medias se contemplan escenarios de crecimiento de hasta  2’5 grados. Que suba tres graditos la temperatura media de Estocolmo no está mal para ellos, pero Córdoba con tres grados más puede ser la antesala del infierno.

Por esta razón la batalla más importante para los países del sur de Europa en la lucha contra el cambio climático no va a ser la sustitución del modelo energético sino garantizar la seguridad hídrica y la supervivencia de nuestros cultivos y bosques y, por ende, de las regiones más desfavorecidas y despobladas. Pero para ello no se cuenta con presupuestos significativos en el ese Green Deal que va a llenar nuestro paisaje de esos nuevos bosques de paneles solares y aerogeneradores, eso sí, verdes.

Juan Carlos Costa Pérez

Ingeniero de Montes

Vocal del Comité de Expertos del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) y del Green Deal Going Local del Comité de las Regiones

Juan Carlos Costa Pérez

16 Enero 2021

The Spanish Society of Forest Sciences reiterates its position before the budget of a European Forestry Strategy.

In May of 2020, the European Union began its new Biodiversity Strategy for 2030 to “reintegrate nature into our lives”, framed by the largest challenges of the European Green Deal and the United Nations´ Sustainable Developmental Goals 2030 Agenda.

The acceptance of this new Biodiversity Strategy is a very satisfactory happening, as it is an announcement of the next Forestry Strategy. The beginning of both strategies should derive from scientific knowledge and contemplation of the dynamics of forest in the long run.

The transformation of ecosystems due to human actions is profound and the use of European forests has a history that is millennia-old. The laws protecting these resources the last few decades, however, have seen an unprecedented recuperation of the vegetation. The sustainable exploitation of our forestry systems provides us capital not only because of the material good it contributes us, but also because it provides a guarantee of its perseverance and of maintaining the multiple services derived from its ecosystems, amongst them the conservation of biodiversity.

Forestry is intrinsically sustainable, it can act with a lower degree of global effect on the environment and allow to maximize the utility of the forest for each society decides to conserve. This, however, should be done in a framework that considers various temporal and spatial scales, one that gathers the different types of ecosystems of distinct types of forests, that does not forget to include that human society has had a role in determining its composition, structure and dynamism and that cannot be withdrawn without putting in question the system, like what is shown by the large wildfires aggravated by the abandonment of the countryside.

Forest ecosystems and the organized exploitation of its productive potential can mitigate the climate crisis and the economic damage associated, through the fixation of carbon in the forest or in products with long lifespans, the supply of environmentally friendly products and clean energy that feeds a circular bioeconomy, while helping combat the rural demographic challenge by connecting the local population with the forests and the potential of economic growth that it implies. The management of forests, as well, helps to avoid catastrophes like forest fires, that present a grave environmental and societal problem. Public funds for the prevention of wildfires, management plans and an increase in the forest area under management are all equally necessary. Obviously, they should be compatible with preserving biodiversity through sustained forest management based in ecology that extends to the forest surface, not only banning the exploitation in protected areas or reserves of old-growth forest ecosystems.

The discussion should not be planted in terms of should local forest be exploited yes or no (in which case there would need to be a substitute for these resources with an importance on third party countries or non-renewable resources): the issue is to provide a multifunctional forest that, in each concrete context, optimizes the services derived from these ecosystems which are relied upon by the land owners and population linked to these systems, as well as society as a whole.

To conclude, we want to restate our petition to not leave out the value of forestry sciences and that they should not undervalue the knowledge compiled during centuries of application together with the great advances that have taken place in the last few decades about how forest ecosystems function and their relation with human practices. This advancement in the knowledge and the capacity to monitor, predict and direct actively the processes and dynamism of forest ecosystems for its better management allows the guarantee of the services that the ecosystems give to the society so that they are sustainable in the long run.

We understand that this is the framework that should inspire the creation of the announced Forestry Strategy from an integrative perspective.

SECF

14 Enero 2021