Los bosques, como medio de subsistencia de cientos de millones de personas y suministradores de bienes y servicios ambientales indispensables para la vida, son el centro de la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre organizado por las Naciones Unidas. Su objetivo es concienciar acerca del valor de la fauna y la flora salvajes. La fecha elegida es el aniversario de la aprobación en 1973 de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres CITES.

La intención del lema elegido este año por la ONU es mostrar la relación entre el estado de los bosques y los millones de personas a los que aportan su subsistencia y dependen directamente de ellos. La celebración presta especial atención a los conocimientos tradicionales de las comunidades que han gestionado los ecosistemas forestales y su vida silvestre durante siglos.

Señala la ONU que “los servicios del ecosistema y los recursos que proporcionan los bosques y los terrenos boscosos, desde el filtrado y el almacenamiento de agua dulce para garantizar la fertilidad de los suelos o para regular el clima, son esenciales para la economía mundial y para las personas en todo el mundo”.

En concreto, más de 800 millones de personas viven de los bosques tropicales y sabanas en países en desarrollo, indica la ONU, aunque la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, eleva a algo más de 1.000 millones las personas que dependen directamente de los bosques para su alimentación, abrigo, energía e ingresos, en todo el mundo. Por ello, la ONU reconoce el papel de las poblaciones locales rurales en la conservación de los bosques y la relación “particularmente estrecha”, que mantienen.

“Dependen de ellos para satisfacer sus necesidades esenciales, desde alimentos y refugio hasta energía y medicamentos, pero también mantienen una fuerte relación personal, cultural y espiritual con esos entornos. Los pueblos indígenas y las comunidades locales son asimismo los custodios históricos de las reservas más importantes de diversidad biológica, incluidos los bosques”, señala la ONU.

Para Eduardo Rojas Briales, decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y exsubdirector general de la FAO de 2010 a 2015, “es importante recordar y preservar el conocimiento tradicional en la gestión sostenible de los recursos que atesoran las poblaciones locales y que puede ser clave en el futuro además de su interés cultural”.

Y señala una de las claves que puede conseguir una implicación de la población local en la gestión sostenible de los recursos forestales. “Si la población local dispone de unas condiciones de tenencia claras y ecuánimes se puede convertir en una aliada de la conservación del recurso, tal y como ocurre en nuestro país con las cofradías de pesca de bajura, dado que son ellos los primeros interesados en perpetuar este recurso que, no lo olvidemos, es renovable. En el caso de contaminación o cualquier otro perjuicio que se pudiera producirse, es la población local la primera en denunciarlo”.

Sin embargo, aunque los datos del último informe de la FAO sobre “El Estado de los Bosques en el Mundo 2020” señala que se frena el ritmo de deforestación con respecto a la primera década de este siglo, indica que los problemas que afectan a los bosques y a su biodiversidad son: la deforestación para usos agrícolas y ganaderos, principalmente, y el cambio climático, que crea las condiciones perfectas para que los incendios sean cada vez de mayor tamaño y más virulentos.

La gestión forestal genera cierto consenso como una de las herramientas que limite los efectos negativos del cambio climático y ayude a la prevención y a la extinción de incendios forestales. Para Eduardo Rojas, “se ha ido entendiendo que, a grandes escalas, es imposible mantener los bosques únicamente con medidas de protección estática, por los grandes recursos que exige o la necesidad de desplazar importantes poblaciones con todos los problemas que ello ocasiona. De hecho, está demostrado que los bosques gestionados por la población local, indígena o no, están mejor conservadas y tienen menor conflictividad (como incendios) que las zonas oficialmente protegidas”.

Según los datos de la FAO: los boques albergan más del 80 % de las especies terrestres del planeta. Solo en árboles se calcula que hay más de 60.000 especies en los bosques. Su enorme riqueza biológica es una de las razones que ha llevado al Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas PNUMA a promover la protección del 30 % del planeta para 2030. La propuesta se debatirá en la próxima Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) que se celebrará en mayo de este año.

La propuesta ha provocado la reacción en contra de más de 150 ong ambientales y humanitarias al entender que la protección de la naturaleza como espacios naturales protegidos ajenos a la presencia del ser humano “podría derivar en graves violaciones de los derechos humanos y causar un daño social irreversible a algunas de las personas más pobres del mundo”.

En la carta dirigida a la presidenta del CBD las ong advierten que “hasta 300 millones de personas podrían verse afectadas a menos que haya una protección mucho más fuerte de los derechos de los pueblos indígenas y otros propietarios tradicionales de tierras y administradores del medioambiente”.

Eduardo Rojas se manifiesta en contra de esa propuesta y ese concepto de conservación de la naturaleza. “No debemos olvidar la resiliencia que aportan los bosques en momentos de crisis, por ejemplo, con el uso de ramón para el ganado en caso de sequías, o la venta de leñas en momentos sin ingresos, o la recogida de setas en momentos de gran crisis económica como sucedió en Rusia. Por ello, es importante diversificar las economías locales, que en el caso de la conservación estática dependen exclusivamente de empleos públicos y el turismo. Los empleos públicos son insuficientes en muchos países y el turismo puede colapsar en crisis como la actual de la COVID-19, generando una situación muy vulnerable para las comunidades locales”.

Informe de WWF sobre deforestación

El informe “Frentes de deforestación; causas y respuestas en un mundo cambiante”, de WWF, cifra en 43 millones de hectáreas en 13 años la deforestación en los puntos puntos críticos del planeta.

Estos puntos críticos de deforestación son los ya conocidos de la Amazonia, África Central, Mekong e Indonesia, más los nuevos frentes de Liberia, Costa de Marfil, Ghana y Madagascar en África y Guyana, Venezuela, la Selva Maya en México y Guatemala en América Latina.

Señala a la agricultura comercial como una de las causas más importantes de pérdida de bosques en el mundo, “con el fin de crear espacio para el ganado y los cultivos. Por regiones, en América Latina destaca la ganadería y la agricultura a gran escala (principalmente de soja); en Asia, las plantaciones para pulpa de papel y palma; y en África la principal responsable de la deforestación es la agricultura de subsistencia.

Las soluciones a la deforestación, en opinión de WWF, “deben ser integrales y adaptadas al contexto local y regional. Enfatiza que no hay un enfoque único ni un criterio universal, las respuestas más efectivas son aquellas que combinan múltiples soluciones”.

Y una de ellas apunta a la responsabilidad de los consumidores europeos para garantizarse que los productos agrícolas y ganaderos que consumen no provienen de la deforestación de bosques. Misión casi imposible. Por eso, solicitan a la Unión Europea una nueva ley que excluya de los mercados europeos a los productos relacionados con la deforestación.

Mientras tanto, solicita a los gobiernos que establezcan “políticas y legislación que aseguren que todos los bienes y productos forestales importados – y las finanzas relacionadas – estén libres de deforestación y conversión de ecosistemas, y respeten los derechos humanos”.

Precisamente la Asociación Española de la Industria y el Comercio de la Madera AEIM, (agentes y almacenistas importadores de madera), aprobó en su última reunión una modificación de sus Directrices de Diligencia Debida, en concreto referidas a la madera procedente de Angola. Se trata de recomendaciones a sus asociados en cumplimiento del Reglamento Europeo de la Madera EUTR, que establece la normativa por la que los importadores y agentes de madera se deben garantizar la procedencia legal de la misma.

En concreto, AEIM decidió elevar el riesgo/país de Angola, de considerable a elevado (rojo), “principalmente por la dificultad de acreditar el origen legal de la madera de dicho país, especialmente por lo que respecta al iroko”.

Frente a la duda del aprovechamiento sostenible y legal de productos forestales que vengan del exterior, siempre está la posibilidad de adquirir productos forestales procedentes de la gestión de los bosques españoles, es una forma de favorecer la gestión forestal y sus beneficios en la prevención y extinción de incendios, de crear bioeconomía que genere puestos de trabajo y evite la despoblación, además de adaptar los bosques a los efectos del cambio climático, hacerlos más resistentes y resilientes.

El informe “Frentes de deforestación; causas y respuestas en un mundo cambiante”, de WWF

wwf_frentesdeforestacion_resumen_enero2021.pdf

OSBO digital

08 Marzo 2021

Desde hace un año y medio el Fondo de Mejora, la principal financiación pública de la actividad forestal en Cantabria, y que por ley debe invertirse en la gestión de los montes públicos, se encuentra congelado por el Gobierno de Cantabria. Por otro lado, los presupuestos de la Comunidad para 2021 reducen la inversión directa en gestión forestal con respecto al año anterior y el Plan Forestal de Cantabria debería haberse renovado en 2019. Estos motivos han hecho que la Asociación Cántabra de Empresarios de la Madera y del Comercio del Mueble ACEMM, la Asociación Forestal de Cantabria ASFORCAN y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales de Cantabria COITF hayan puesto el grito en el cielo, consideran que peligran: el futuro de los bosques cántabros, los puestos de trabajo que la actividad forestal genera e ingresos “fundamentales” para los municipios que gestionan sus montes.

“El Fondo de Mejora es un dinero que pertenece a los municipios forestales y que por ley debe invertirse en la mejora del monte, es decir, repoblaciones, infraestructuras, trabajos selvícolas, actividades básicas que permiten al monte regenerarse, mantener una actividad esencial para la economía rural y de muchas otras actividades industriales, generar empleo y mantener la población rural, además de conseguir productos naturales, ecológicos y renovables. No soy capaz de entender cómo se puede tomar la decisión de paralizar este fondo y perjudicar a un sector tan importante en Cantabria como es el forestal”, comenta Itxaso Sáiz, presidenta de ACEMM.

El Fondo de Mejora se nutre del 15 % del valor de los aprovechamientos forestales o de los rendimientos obtenidos por ocupaciones u otras actividades desarrolladas en el monte público. Es obligatorio que se reinvierta íntegramente en la mejora y conservación del monte. Desde verano de 2019 este fondo se encuentra “congelado”, es decir, no se reinvierte en el monte del que se ha obtenido el aprovechamiento.

En Cantabria, el 71,8 % de los montes son de titularidad pública. De ellos, el 99,94 % es de entidades locales, que tienen en su aprovechamiento una fuente importante de ingresos con los que sufragan obras y servicios municipales. Es decir, no utilizar el Fondo de Mejoras afecta al 71,8 % de la superficie forestal cántabra, 261.132 hectáreas de las 363.793 ha que ocupa la superficie forestal.

“Las empresas forestales se dieron cuenta cuando se les devolvía el pago de las tasas por los aprovechamientos de los montes públicos. Después de mucho insistir, conseguimos que se aceptasen esos pagos y terminar algunas obras que estaban pendientes, pero el fondo se congeló, ese dinero allí se quedó y, desde entonces, no se invierte en los montes públicos en Cantabria”, asegura Itxaso.

“El problema es que, si no hay una reposición de los árboles cortados, como por ejemplo el pino radiata, nos vamos a quedar sin madera de calidad para aprovechar en los próximos años”.

La situación de parálisis empieza a notarse en las empresas de obras y servicios forestales, “se están marchando a trabajar a Asturias y a Galicia, donde hay trabajo y las condiciones permiten mantener la actividad. Evidentemente, eso es un perjuicio para el empleo en Cantabria, porque al final se contrata personal de estas comunidades, es más fácil trasladar la maquinaria que trasladar a todo el personal”, asegura Itxaso Sáiz. Deslocalización regional.

“No sé si esto es decisión política, dejadez o incapacidad para solucionar un problema creado por el propio Gobierno de Cantabria. Si quieren cambiar las condiciones por las que se desarrolla esta inversión podría haber elaborado el nuevo decreto mientras se mantiene la actividad que, por otro lado, controla y supervisa desde siempre la propia administración pública autonómica. No sabemos cuánto tiempo van a tardar en elaborar ese nuevo decreto, sabemos que en otras comunidades autónomas han sido años”, afirma la presidenta de ACEMM.

No ha sido posible confirmar con la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente el tiempo que estiman será necesario para aprobar ese decreto.

Según las tres asociaciones, este fondo de mejoras es “la única inversión que se destinaba en Cantabria al mantenimiento de la superficie arbolada y de sus infraestructuras”. Si no es la única, sí que es la más importante, a tenor de lo que prevén invertir los presupuestos en gestión forestal.

Según la presidenta de ACEMM, en conversaciones con la Consejería les han comentado que el Fondo de Mejoras retenido hasta el momento asciende aproximadamente a dos millones de euros. Es más dinero que la inversión directa en gestión forestal que recogen los presupuestos de Cantabria, que asciende a 775.000 euros en las partidas de: restauración de bosques; tratamientos selvícolas y ordenación de montes y en la de mejoras en infraestructuras viarias forestales.

Presupuestos de Cantabria para 2021

Para las tres asociaciones forestales los presupuestos de Cantabria para 2021 “son una oportunidad perdida para crear un tejido empresarial ligado al monte”. El Gobierno de Cantabria los presenta como “la potenciación del bienestar, la cohesión social y territorial de la población cántabra y la inversión productiva”.

Sin embargo, las dos asociaciones y el colegio profesional, lamentan que, “una vez más”, no se atiendan en los presupuestos las demandas que el sector reclama “desde hace años”. Consideran necesario que “la Administración Regional promueva la inversión en gestión forestal sostenible de modo que se asegure que los montes sigan suministrando bienes y servicios a la sociedad”.

Una de las propuestas que hacen a los presupuestos es que haga desgravaciones fiscales en la parte autonómica del IRPF para los selvicultores que inviertan en gestión forestal sostenible, “es la forma adecuada de desarrollar todo el potencial de nuestros bosques y frenar su abandono, que propicia incendios, plagas y otros problemas”. En su opinión, “una bonificación en la cuota del IRPF crearía puestos de trabajo y la disminución de gastos por prestación de desempleo, a lo que se sumaría el ahorro en extinción de incendios”.

Los presupuestos regionales recogen en su planteamiento las premisas de la Comisión Europea para los fondos de recuperación poscovid: transformación digital, cohesión económica, territorial y social, igualdad de género y economía más verde y sostenible. Pero, en la práctica, las partidas destinadas a gestión forestal se han visto reducidas con respecto a lo aprobado en el presupuesto de 2020.

El presupuesto total de la Consejería para 2021 es de 143.520.433 euros. Y se desglosa de la siguiente manera en sus partidas principales:

Presupuestos de Cantabria 2021, Consejería de de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente

En el Programa 456C, relativo a “Protección del medio Natural y aprovechamientos forestales” se puede comprobar la inversión real en materia forestal que destina la Consejería.

En el Capítulo 7 de transferencia de capital se mantienen las inversiones con respecto a 2020. Dentro de las ayudas a entidades privadas, aunque no están desglosadas en los presupuestos de 2021, sí lo estaban en los presupuestos de 2020 de la siguiente manera:

– primas a anteriores expedientes de forestación 10.000 €
– Mejora y aprovechamiento de los montes: 100.000 €
– Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales 100.000 €
– Ayuda para maquinaria forestal 100.000 €

Por su parte, en el Capítulo 6, relativo a inversiones reales, los presupuestos se han visto disminuidos con respecto a los de 2020, excepto en el Plan Estratégico de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales PEPLIF que aumenta su partida un 16,68 %.

Capítulo 6 Inversiones reales de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Hay que analizar las actividades que el propio presupuesto contempla en cada una de las partidas de inversión real para evaluar cuál es la inversión en gestión forestal en Cantabria.

Dentro de la partida de “Restauración de bosques” se incluyen una gran cantidad de trabajos desde “reforestación en montes de titularidad pública, tanto en zonas afectadas por incendios o cortas a hecho, como en zonas cubiertas de matorral en fase de regresión del bosque” a restauración hidrológico-forestal y estabilización de laderas, plantaciones complementarias, reposición de marras, desbroces de matorral competidor, cierres perimetrales, cultivo de viveros para producción de planta forestal y actuaciones de restauración derivadas del PEPLIF. Todo ello con 275.000 €.

En la partida de “Tratamientos silvícolas y ordenación de montes” el objetivo es “mejorar el estado vegetativo de las masas forestales. Comprenden labores de desbroces, podas, clareos, abonado de repoblaciones, tratamientos de enfermedades, plagas forestales, red de seguimiento de daños, etc”.

En el apartado de ordenación de montes, incluye la redacción y revisión periódica de los planes de ordenación y de los recursos forestales (PORF), así como la ejecución y seguimiento de inventarios. Pero también deberá ser suficiente ese presupuesto para la “defensa y consolidación de la propiedad forestal pública”, que comprende deslindes, amojonamientos, revisiones de servidumbre y desafectación, descatalogación y rectificación del Catálogo y certificación forestal.

En esta partida también se contemplan tratamientos silvícolas y ordenación de montes derivadas del PEPLIF.

Si a estas dos partidas sumamos la destinada a Mejoras en infraestructuras viarias forestales, la cantidad destinada a gestión forestal asciende a 775.000 euros. Comparados con los 14.473.636 € de inversión real que tiene la consejería para 2021 suponen el 5,35 % de la inversión.

Para Javier Manrique, decano del COITF en Cantabria, “La situación es de lamentable abandono. No se invierte lo que se necesita ni en repoblaciones, ni tratamientos selvícolas, ni en sanidad forestal y muy poco en prevención de incendios porque el presupuesto que se destina al PEPLIF se destina a personal y material para extinción, ni siquiera en prevención”.

Inversión en incendios forestales

De nuevo hay que comprobar lo que dicen los presupuestos para 2021 en la partida del PEPLIF, la única que aumenta con respecto al año anterior.

Están recogidas numerosas actividades de prevención, pero también partidas costosas en material como el alquiler de vehículos todo terreno y autobombas, “el alquiler de medios aéreos (helicópteros para transporte de cuadrillas y lanzamiento de agua, aviones de carga en tierra o anfibios) o la construcción de helipuertos o aeródromos forestales para la ubicación de los medios aéreos y mantenimiento de las instalaciones”.

Además, incluye este presupuesto la compra de material para las cuadrillas de extinción y las autobombas, la puesta en marcha de centros operativos comarcales para defensa contra incendios forestales, la reparación y mantenimiento de las casetas de vigilancia y repetidores, y la construcción y mantenimiento de infraestructura hídrica (depósitos de gua para medios terrestres y aéreos). Además de los gastos avituallamiento de los combatientes durante la extinción, los de la intervención de vehículos autobomba o cuadrillas forestales ajenas a la Dirección General de Biodiversidad, así como los de la maquinaria pesada ajena contratada para la extinción.

Además de toda esta inversión en medios materiales están previstas medidas preventivas de selvicultura como “una red de áreas cortafuego, la diversificación específica de la masa para la creación de discontinuidades mediante la alteración de especies, la eliminación de biomasa forestal residual y “el aprovechamiento de cortafuegos por el ganado en régimen extensivo, previo cercado de las masas forestales colindantes”.

Contemplan el presupuesto de 2021 otras actuaciones preventivas como un programa de quemas controladas para la eliminación de matorral y obtención de pastos, otro programa de desbroces en zonas de matorral, el incremento de labores de vigilancia y la revisión y mantenimiento de pararrayos.

Se completan las medidas preventivas con la creación de brigadas de investigación de causas de incendios forestales, la implantación y mejora de la red de comunicaciones, la localización de puestos idóneos de vigilancia y programas de información, sensibilización, comunicación y educación ambiental.

Más en personal y material que en gestión

“Se invierte más en personal y material que en gestión. Mientras no se den cuenta de que la mejor manera de atajar los incendios forestales es con la gestión del territorio, con la creación de riqueza, no seremos capaces de reducirlos. En los lugares donde se corta madera de forma sostenible no hay incendios”, asegura Itxaso Sáiz.

“Puedo entender que la actividad forestal no sea prioritaria para el Gobierno de Cantabria, de ahí los presupuestos que han aprobado, pero es un error enorme desaprovechar todo su potencial. Lo que es imposible de entender es que se paralicen unos recursos como el Fondo de Mejoras que ya tienes y que no te suponen ningún gasto, todo lo contrario, favorecen la actividad económica en un momento tan crítico como el que vamos a vivir a causa de la pandemia”, afirma Itxaso.

Para Carlos Tejedor, presidente de ASFORCAN, el interés del Gobierno de Cantabria por la actividad forestal se demuestra en el escaso peso que han tenido los proyectos forestales en el programa de desarrollo regional en el periodo 2014-2020 de la Política Agrícola Comunitaria. “Mientras la recomendación nacional era que estos proyectos forestales supusieran al menos el 15 % de los programas de desarrollo rural, en Cantabria fueron solo del 7 %”.

Y señala otro problema añadido, “la ejecución de lo presupuestado es cada vez menor, las partidas disminuyen y además no se ejecutan totalmente”. Tanto Itxaso Sáiz como Carlos Tejedor se quejan de la dificultad de saber cuál es el porcentaje de ejecución de los presupuestos.
“El Plan Forestal de Cantabria debería haberse renovado en 2019; llevamos cinco años sin las ayudas para la renovación de la maquinaria forestal, cuando son fondos de la Unión Europea en su mayor parte; los presupuestos regionales reducen su inversión en gestión forestal y ahora se congela el Fondo de Mejora. Es evidente que no les interesan los bosques ni el sector forestal de Cantabria. No entendemos que se formen tantas mesas sectoriales para que, en la práctica, no haya una apuesta real”, asegura la presidenta de ACEMM.

A la pregunta de por qué no le va a interesar al Gobierno de Cantabria potenciar el sector forestal su respuesta es clara, “porque no da tantos votos como otros sectores de la Consejería, solo hay que ver lo que destinan los presupuestos a cada sector. Las elecciones son cada cuatro años y el monte tiene un ritmo y un turno mayor. Pero, por el camino, perdemos oportunidades de desarrollo y la formación y especialización de los profesionales en la que hemos trabajado los últimos años”.

Para las tres asociaciones, ACEMM, COITF y ASFORCAN, “el sector forestal es economía circular, sostenible, sin impactos negativos en el medio ambiente, soporte de bioeconomía, garantía de servicios ambientales, de fijación de CO2, de desarrollo rural donde no llega ninguna otra actividad económica. Pocos sectores profesionales encajan tan bien con los planteamientos de la Comisión Europea para la recuperación pospandemia de economía verde y sostenible.

La duda está en lo que sucederá a partir de 2021 con el nuevo Marco Financiero Plurianual 2021-2027, es decir, los fondos FEDER, Fondo Social Europeo, Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) y FEADER. Hasta finales de 2021 no se conocerá qué sucederá con los fondos europeos básicos para el medio rural. “Desearía observar una reacción en el Gobierno de Cantabria y que contase con el sector forestal en la preparación de proyectos para ese periodo, pero visto lo visto, reconozco que no soy optimista”, asegura la presidenta de ACEMM.

Algunas cifras del sector forestal en Cantabria

Según los datos facilitados por ACEMM, ASFOCAN y COITF, la venta de madera de particulares y pequeñas entidades locales y ayuntamientos en Cantabria suponen unos ingresos directos de 12 millones de euros anuales. Mientras que la industria de la madera en Cantabria tiene una facturación anual por encima de los 300 millones de euros.

Es la actividad forestal, aseguran, “uno de los pilares en los que se apoya la sostenibilidad de nuestra economía en el medio rural”, con empresas muy variadas que incluyen I+D+i forestal, repoblación, silvicultura de mantenimiento, aprovechamientos forestales y recuperación y tratamiento de la biomasa forestal.

En un informe de ACEMM “Aproximación al impacto socioeconómico del sector forestal en Cantabria. Una apuesta de futuro para nuestro desarrollo rural”, las empresas forestales estimaban que la producción de madera en Cantabria debería aumentar un 20 % en los próximo cinco años para poder cubrir las necesidades de la industria forestal regional.

En este informe, las empresas han hecho un cálculo de los puestos de trabajo que generaría una apuesta por la repoblación y los tratamientos selvícolas en los montes cántabros, así como la inversión necesaria para llevarla a cabo en los próximos diez años.

En este periodo, proponen repoblar 10.000 ha de eucalipto, 14.000 ha de coníferas y 10.000 ha de regeneración natural de formaciones forestales autóctonas. Más del 10% de estas superficies estarían en los montes que tiene su gestión forestal certificada.

Estas acciones supondrían un presupuesto anual de 10.400.000 € y supondría repoblar anualmente:
– 1.000 ha/año de eucalipto, lo que supondría crear 100 empleos a tiempo completo al año.
– 1.400 ha/año de coníferas, que supondrían 140 empleos fijos al año.
– 1.000 ha/año masas naturales que crearían 30 empleos fijos anuales.

“Estas repoblaciones de forma mantenida en el tiempo exigen además tareas de limpieza, mantenimiento, reposición, y genera ingresos en forma de aprovechamientos madereros, caza, setas y explotación turística del territorio”, afirma el estudio de ACEMM, además de los servicios ambientales que proporcionaría como sumidero de carbono, regulación hídrica y creación de paisaje, entre otros.

Superficie forestal de Cantabria

Superficie de Cantabria (ha): 530.828,02.

Superficie forestal (ha): 363.793,37 (el 54,75 % de la superficie cántabra):
– Monte arbolado denso: 203.434, 63 ha.
– Monte arbolado ralo: 5.003,77 ha.
– Monte arbolado temporalmente sin cobertura: 2.228,45 ha.
– Monte desarbolado total: 153.126, 52 ha.

Titularidad de la superficie forestal:
– Montes públicos de la comunidad autónoma demaniales catalogados de Utilidad Pública (M.U.P.): 157,45 ha.
– Montes públicos de entidades locales demaniales catalogados de U.P. (M.U.P.): 42.893,86 ha.
– Montes públicos de entidades locales comunales catalogados de U.P. (M.U.P.): 218.238,14 ha.
– Montes de propiedad privada o desconocida sin datos de afección: 102.503,92 ha.

De OsBo Digital

Nota de Distrito Forestal.

Según nuestro estudio IIª Estimación de los Costes de la Gestión forestal en España, Cantabria debería invertir  5.796.000 € en Ordenación y tratamientos selvícolas  en los montes públicos anualmente, es decir 19 veces más de lo presupuestado.

OSBO digital

19 Febrero 2021

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM) y la Asociación Instituto de investigación y Desarrollo Rural Serranía Celtibérica (ISC) han firmado un acuerdo de colaboración por el que se comprometen a sumar esfuerzos para “aportar voz contrastada al debate público con respecto al reto demográfico y al desarrollo rural”. Ambas instituciones se han sumado a la solicitud realizada al Gobierno de España para que la Serranía Celtibérica sea declarada en situación de “catástrofe demográfica”.

Con este convenio, el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes se suma a la “Red de Investigación y Desarrollo para Zonas Escasamente Pobladas del Sur de Europa” REDN-SESPA. Esta Red, impulsada por el Instituto Serranía Celtibérica y el Instituto de Ingeniería de España, tiene la finalidad de asesorar y desarrollar estrategias ante la Unión Europea, y ante los Gobiernos de los países del Sur de Europa, en los planes correspondientes a los fondos estructurales y de cohesión.

Eduardo Rojas Briales, decano del COIM, enumera hoy en su cuenta de Twitter razones para apostar por la gestión forestal como una de las herramientas para luchar contra la despoblación en las zonas de montaña como la Serranía Celtibérica.

“El mapa de la despoblación coincide en más de un 80 % con el de las zonas más forestales de montaña. La despoblación es tan dramática que no se puede renunciar a ninguna aportación posible y más de recursos endógenos renovables, como los forestales.

Infra aprovechamos el potencial forestal de forma irresponsable, se aprovecha menos del 40 % del crecimiento anual de los bosques. La infragestión y el abandono rural es la causa subyacente del riesgo de megaincendios.

La demanda térmica dispersa -en los municipios de montaña- debe cubrirse con fuentes locales de energía como la biomasa.

El mejor ratio de emisiones CO2 por habitante de la Unión Europea lo tiene Suecia por uso activo de sus bosques, también energéticamente.

Luchar contra la despoblación también tiene como objetivo preservar patrimonio cultural e identidad siendo para ello claves las mal llamadas actividades primarias.

Repetir el modelo urbano viviendo en el medio rural despegado del territorio circundante es tremendamente absurdo”.

La Serranía Celtíbera reúne todas las características descritas por el decano del COIM: despoblación dramática, demanda dispersa de energía, infragestión en buena parte del territorio, pero dispone de riqueza forestal que puede generar productos naturales, ecológicos y renovables, además de puestos de trabajo y oportunidades de fijación de población.

La Serranía Celtíbera abarca 1.311 municipios en una superficie de 65.825 km², más del doble de Bélgica, repartidos entre las provincias de Teruel y Zaragoza en Aragón, Cuenca y Guadalajara, en Castilla-La Mancha; Burgos, Segovia y Soria, en Castilla y León, Castellón y Valencia, en la Comunidad Valenciana, y la Rioja.

En este territorio están censadas 460.613 personas, lo que supone una densidad de 6,99 habitantes por km². Según el COIM “estas cifras la convierten en el mayor desierto demográfico de toda la Unión Europea, junto con Laponia, que también tiene menos de 8 hab/km², pero debe su baja densidad de población a su climatología extrema”.

Solo cuatro municipios tienen más de 10.000 habitantes: Teruel, Soria, Cuenca y Calatayud. Pero tiene 669 municipios con menos de 101 habitantes. Si estos datos reflejan una dura la realidad, menos esperanzador es que en los últimos siete años esta región ha perdido 54.067 habitantes, la mayoría por defunciones. “Esta situación se prevé que se agrave por la falta de relevo generacional y la elevada tasa de envejecimiento (448,39 %). Unas cifras que auguran la “desaparición de la especie humana” en este territorio en el plazo de 10 años, perdiéndose con ello la memoria inmaterial colectiva”, asegura el COIM.

OSBO digital

24 Febrero 2021

El sistema de certificación forestal PEFC ha sumado 124.010 hectáreas certificadas en gestión forestal sostenible, 6.363 nuevos selvicultores y gestores forestales se han adherido a la certificación y 76 empresas más han implantado la cadena de custodia para ofrecer garantías de sostenibilidad económica, ambiental y social.

Los datos y estadísticas de cierre de 2020 demuestran la implicación y el compromiso del sector forestal por continuar creciendo en responsabilidad, a pesar de la situación global de pandemia que ha sufrido el planeta y que se ha prolongado durante todo el año. La resiliencia de todos los agentes de los distintos eslabones de la cadena de valor forestal ha sido extraordinaria e imprescindible para continuar creando un mundo más sostenible y equilibrado en términos sociales, económicos y medioambientales.

Según los datos obtenidos, los selvicultores y gestores forestales han mostrado su compromiso con la certificación forestal PEFC, siendo ya un total de 41.870 adscritos que gestionan de manera sostenible 2.423.362 de hectáreas de superficie forestal en el territorio español. La COVID-19 ha revelado la necesidad de mantener los bosques cuidados y sanos para que puedan funcionar como sumideros de carbono, mejorando la calidad del aire y albergando la biodiversidad necesaria para asegurar la salud del planeta. En este impulso por preservar y gestionar de forma sostenible las masas forestales y siguiendo con las estrategias del Pacto Verde Europeo, las Comunidades Autónomas de Galicia, Aragón y Extremadura son las que más han crecido, alcanzando 73.679, 22.331 y 10.917 nuevas hectáreas, respectivamente, lo que supone un incremento neto del 40%, 21% y 11%, respectivamente, en cada una de ellas. Esto ha sido posible gracias, por un lado, al compromiso de estas CCAA y su apuesta por la certificación de sus montes, unido al esfuerzo de los propietarios y gestores forestales privados de cada una de estas regiones que ponen en valor la gestión activa de su territorio.  A estas tres autonomías se suman Castilla y León, Andalucía, Euskadi, Navarra y Asturias, las cuales también han visto incrementada su superficie forestal certificada, destacando, igualmente, Asturias y Euskadi en el aumento de sus propietarios y gestores comprometidos con la gestión forestal sostenible en un 5,5% y un 5,4%., respectivamente.

La industria, clave durante la pandemia

Por otro lado, la trazabilidad de la madera y los productos forestales procedentes de bosques gestionados de manera responsable se ha visto incentivada por las garantías de sostenibilidad que demanda la sociedad como consecuencia directa del impacto del Covid-19 en la conciencia medioambiental colectiva y a los que da respuesta el sistema PEFC. La industria forestal ha sido clave durante la pandemia y ha servido como sector esencial en la fabricación de productos de tejido no tejido como mascarillas, material sanitario, productos para la higiene personal, pantallas protectoras con soportes de madera, así como bienes necesarios para el consumo, mostrándose como un sector resiliente y comprometido.

Las empresas certificadas en cadena de custodia PEFC se han incrementado en un 5,2 % para sumar un total de 1.543 y ejemplo de ello son Editorial Planeta, Motorpress Ibérica, Hannun, Uniarte Doors, Grupo Ondunova o Gráficas Estella, entre otras. Los sectores que más han crecido porcentualmente durante este año han sido el de las gráficas, el de astillas, pellets y energía y el de pasta y papel, alcanzando un total de 230 (D12,7%), 58 (D7,4%) y 153 (D7%) de empresas certificadas, respectivamente, cifras que demuestran la necesidad de cuidar el medioambiente y crear una economía baja en carbono.

Así, la certificación PEFC ha resultado una herramienta útil para la mitigación del cambio climático e impulsora de una bioeconomía que mejora las condiciones de las personas y del medioambiente, ahora más necesario que nunca, para paliar y afrontar los retos de la pandemia y paliar los efectos de la devastadora crisis sanitaria y medioambiental que implica.

Fuente: 

PEFC España

PEFC

11 Febrero 2021