The acceptance of this new Biodiversity Strategy is a very satisfactory happening, as it is an announcement of the next Forestry Strategy. The beginning of both strategies should derive from scientific knowledge and contemplation of the dynamics of forest in the long run.
The transformation of ecosystems due to human actions is profound and the use of European forests has a history that is millennia-old. The laws protecting these resources the last few decades, however, have seen an unprecedented recuperation of the vegetation. The sustainable exploitation of our forestry systems provides us capital not only because of the material good it contributes us, but also because it provides a guarantee of its perseverance and of maintaining the multiple services derived from its ecosystems, amongst them the conservation of biodiversity.
Forestry is intrinsically sustainable, it can act with a lower degree of global effect on the environment and allow to maximize the utility of the forest for each society decides to conserve. This, however, should be done in a framework that considers various temporal and spatial scales, one that gathers the different types of ecosystems of distinct types of forests, that does not forget to include that human society has had a role in determining its composition, structure and dynamism and that cannot be withdrawn without putting in question the system, like what is shown by the large wildfires aggravated by the abandonment of the countryside.
Forest ecosystems and the organized exploitation of its productive potential can mitigate the climate crisis and the economic damage associated, through the fixation of carbon in the forest or in products with long lifespans, the supply of environmentally friendly products and clean energy that feeds a circular bioeconomy, while helping combat the rural demographic challenge by connecting the local population with the forests and the potential of economic growth that it implies. The management of forests, as well, helps to avoid catastrophes like forest fires, that present a grave environmental and societal problem. Public funds for the prevention of wildfires, management plans and an increase in the forest area under management are all equally necessary. Obviously, they should be compatible with preserving biodiversity through sustained forest management based in ecology that extends to the forest surface, not only banning the exploitation in protected areas or reserves of old-growth forest ecosystems.
The discussion should not be planted in terms of should local forest be exploited yes or no (in which case there would need to be a substitute for these resources with an importance on third party countries or non-renewable resources): the issue is to provide a multifunctional forest that, in each concrete context, optimizes the services derived from these ecosystems which are relied upon by the land owners and population linked to these systems, as well as society as a whole.
To conclude, we want to restate our petition to not leave out the value of forestry sciences and that they should not undervalue the knowledge compiled during centuries of application together with the great advances that have taken place in the last few decades about how forest ecosystems function and their relation with human practices. This advancement in the knowledge and the capacity to monitor, predict and direct actively the processes and dynamism of forest ecosystems for its better management allows the guarantee of the services that the ecosystems give to the society so that they are sustainable in the long run.
We understand that this is the framework that should inspire the creation of the announced Forestry Strategy from an integrative perspective.
El 14 de enero de 2020 el Gobierno andaluz acordó la renovación del PFA al considerar que su aplicación no era la adecuada en los últimos años. El borrador de “la adecuación del PFA” se encuentra en la fase de consulta a organismos y personas interesadas, lo que dará lugar a un Documento de Alcance que se someterá a un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Una vez supere estos trámites se someterá a información pública. Esta misma semana, la Plataforma por los Montes de Andalucía, solicitaba en el Parlamento Andaluz que el PFA se tramitase “con carácter urgente”, con la mayor participación social posible.
Fija los objetivos de esta adecuación en: – Evaluar las actuaciones contempladas en los últimos años de vigencia del Plan. – Adecuar las políticas públicas de gestión del medio natural a los nuevos retos existentes en un escenario de cambio global. – Proponer la necesaria adaptación y revisión de la legislación forestal andaluza.
Considera el ejecutivo andaluz que, transcurridos 30 años desde su aprobación, el PFA requiere “revisar sus criterios y directrices”, más teniendo en cuenta los cambios sociales, la despoblación rural y los efectos del calentamiento global “que afecta al decaimiento de los bosques, o la aparición y consolidación de plagas y enfermedades forestales; una nueva situación que hará que en muchos casos sea necesario realizar una adecuación de especies e, incluso, de ecosistemas potenciales como herramientas para la adaptación al cambio climático”.
La Plataforma por el Monte Andaluz, que reúne a casi una treintena de asociaciones sociales y políticas, considera también que “el PFA no se está cumpliendo, ni siquiera en los montes públicos, que deberían ser un referente de obligado cumplimiento”. Joaquín Vega, portavoz de la plataforma, considera que “el PFA duerme en un cajón, es imposible comprobar su grado de cumplimiento y es imprescindible su renovación para enfrentarse a los nuevos retos sociales y ambientales que afectan a los terrenos forestales”. De ahí que esta semana haya enviado una propuesta al Parlamento Andaluz con la intención de tramitar «por la vía urgente» la adecuación del PFA. Pero la tramitación de cualquier plan estratégico tiene marcada por ley sus plazos y procedimiento para garantizar su legalidad y la participación pública.
El Gobierno andaluz afirma que las revisiones del PFA “solo se han ejecutado de forma parcial en sus primeros 30 años de vida. Únicamente se han aprobado tres revisiones del documento original para los periodos 1997-2001, 2003-2007 y 2010-2015, existiendo, por tanto, amplios intervalos de tiempo en los que no existía adecuación en vigor que adaptara dicho plan a la realidad forestal del momento”.
Según la plataforma,la Junta ha dejado de invertir en los terrenos forestales 1.300 millones de euros en estos treinta años de vigencia del PFA, desde que se aprobó en 1989. “En el primer decenio se detectó una clara disminución de las inversiones, concretada en falta de medios materiales y recursos humanos suficientes”, afirma en un comunicado.
Sin embargo, considera que los primeros años de ejecución del PFA fueron “un éxito en cuanto a aspectos cualitativos, al incorporar un modelo de gestión distinto radicalmente del anterior, puesto que priorizaba la conservación de la naturaleza, con una visión mucho más ecológica del patrimonio forestal y no solo mercantilista”.
La oportunidad que se presenta ahora con los fondos europeos Next Generation de recuperación económica post-Covid, orientados a una recuperación verde, comenta Joaquín Vega “debe aprovecharla el Gobierno andaluz para dotar al PFA del presupuesto necesario para desarrollar políticas forestales que reviertan la situación que ya tenemos de pérdida de suelo fértil, desertificación, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos y aguas y cambios en las áreas de distribución de muchas especies vegetales y animales”.
El Gobierno andaluz reconoce el valor de las actuaciones en el medio natural como herramienta para generar economía y mantener la población. Considera necesario “incorporar nuevos instrumentos de apoyo a las zonas rurales en el ámbito forestal, encaminados a la prevención de incendios forestales, la deforestación, la reforestación y la reconversión forestal, la ordenación y la gestión de los bosques”. Coincide con la plataforma en la necesidad de “la forestación de las tierras agrarias marginales y al establecimiento y renovación de sistemas agroforestales”.
Sin embargo, la lectura que hace el Gobierno andaluz de la realidad forestal andaluza y, por extensión, del medio rural, incide también en “el mantenimiento de los bosques como parte integral de los sistemas de producción ganadera extensiva, así como la formación y la promoción del espíritu empresarial”. Para el ejecutivo “los entes locales y las distintas administraciones regionales pueden fomentar considerablemente la explotación económica de los recursos forestales locales y su transición hacia la bioeconomía”.
Considera que “las actividades forestales han sido fundamentales en el desarrollo de la civilización moderna. El monte mediterráneo andaluz sigue siendo fuente insustituible de un gran número de materias primas, productos y bienes de consumo cuyo apoyo y fomento debe acrecentar una traducción económica en valores de mercado”.
Por su parte, la plataforma pone el acento en la gestión pública y especialmente en la compra de fincas “de alto valor ecológico, que la Junta de Andalucía se comprometió a hacer en el PFA y que en estos primeros treinta años no realizó”, comenta Joaquín. “Pensamos que así se consiguen los objetivos de crear empleo en el monte andaluz, porque el monte debe aportar también valor económico, no solo ecológico, a través de la restauración de ecosistemas, los trabajos selvícolas o la apicultura, por ejemplo”, subraya Joaquín Vega.
“Las actividades forestales han sido fundamentales en el desarrollo de la civilización moderna. El monte mediterráneo andaluz sigue siendo fuente insustituible de un gran número de materias primas, productos y bienes de consumo cuyo apoyo y fomento debe acrecentar una traducción económica en valores de mercado”.
El borrador fija los fines generales y objetivos específicos del PFA
El borrador del PFA sometido a consulta establece en el punto 3.1 sus fines generales:
El aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y económicosde Andalucía bajo el principio de sostenibilidad; • la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente; • la modernización, la planificación y el desarrollo integral del medio rural.
Estos tres objetivos, ya recogidos de forma previa en el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981, marcan las cuatro áreas clave de la adecuación del PFA:
1. El mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos de los montes en un entorno cambiante. 2. La adaptación al cambio climático y su mitigación. 3. La mejora de la gobernanza en materia de gestión forestal y el desarrollo rural sostenible. 4. El arraigo de población en el medio rural y la transición hacia la bioeconomía.
Tras el análisis de los objetivos específicos de la anterior adecuación del PFA, establecida con el horizonte de 2015, este nuevo borrador establece los objetivos con el horizonte 2030:
1. Controlar la erosión y desertificación y restaurar los ecosistemas naturales degradados.
2. Contribuir a la protección de los recursos hídricos continentales mediante la protección de zonas de recarga de acuíferos, la restauración forestal con fines hidrológicos y la restauración de ríos y riberas.
3. Promover la adaptación al cambio climático con el fin de mejorar la resistencia y resiliencia de los sistemas forestales.
4. Favorecer actuaciones de mitigación del cambio climático, apoyando la gestión sostenible de las masas forestales como sumideros de CO2.
5. Favorecer las funciones ecológicas de los sistemas forestales.
6. Contribuir a la mejora de la infraestructura verde y los procesos de conectividad ecológica mediante soluciones basadas en la naturaleza.
7. Defender el medio natural frente a incendios forestales, en especial mediante la adopción de medidas preventivas en zonas declaradas de alto riesgo y zonas de interfaz urbano-forestal y del refuerzo preventivo vinculado con el aprovechamiento sostenible de los montes, entre ellos el de biomasa forestal con fines energéticos.
Constata el borrador que las nuevas condiciones climáticas más exigentes para los ecosistemas forestales, en un escenario de abandono de la gestión y de las actividades económicas tradicionales en el medio natural, provocan una situación de máximo riesgo de grandes incendios forestales. Entre 1997 y 2006, el 60 % de la superficie forestal quemada en Andalucía se debió a grandes incendios.De 2008 a 2017 la superficie quemada por GIF asciende al 73 %, lo que indica “un aumento considerable del impacto de los grandes incendios”.
8. Defender el medio forestal frente a plagas, enfermedades, especies invasoras y otros agentes nocivos y en particular reducir la incidencia del decaimiento de bosques y dehesas.
9. Defender el patrimonio forestal y de vías pecuarias, como un sistema con capacidad de garantizar la defensa del interés general en la prestación de servicios ecosistémicos.
10. Mejorar la planificación forestal y cinegética como instrumento de gestión forestal sostenible, en un contexto de baja rentabilidad de las explotaciones forestales y agroforestales.
11. Garantizar el mantenimiento de los beneficios que los ecosistemas forestales proveen al bienestar humano promoviendo medios de compensación económica.
En este punto la Plataforma por los Montes Andaluces coincide en la necesidad de establecer contratos de colaboración con los propietarios privados, “una ayuda económica que sirva de incentivo para su gestión, ya que esos terrenos van a producir un beneficio social”, comenta Joaquín Vega.
12. Incrementar el valor añadido de los recursos forestales renovables y la promoción del tejido industrial y comercial andaluz de productos forestales y en particular implementar la bioeconomía circular.
13. Promover un uso público social, recreativo y cultural basado sin riesgos para la conservación del medio natural.
14. Favorecer el compromiso de la sociedad andaluza en la conservación y recuperación del medio natural forestal y el conocimiento acerca de los sistemas de gestión forestal sostenible y de los servicios ecosistémicos que prestan las áreas forestales.
15. Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades rurales favoreciendo su progreso mediante una adecuada política de desarrollo y gestión de los recursos forestales de los montes públicos.
16. Desarrollar la investigación e innovación tecnológica para la adaptación al cambio climático en el ámbito forestal, y establecer mecanismos de transferencia del conocimiento.
17. Reforzar el papel institucional del sector forestal de Andalucía entre diferentes administraciones públicas e instituciones en el ámbito autonómico, nacional e internacional.
El borrador concreta estas líneas estratégicas en ocho programas operativos en los que detalla algunas de las principales actuaciones que desarrollará. No establece un marco de inversiones para desarrollar estos programas y líneas de actuación, aunque anuncia que desglosará esta inversión por anualidades “para facilitar el seguimiento del cumplimiento de las previsiones”.
El borrador fija una vigencia 10 años para esta adecuación y la realización de una revisión intermedia a los cinco años de su aprobación. Además, establece un seguimiento anual a través de las “Memorias anuales del Plan Forestal de Andalucía”. Recogerán información sobre el ritmo con el que se avanza en la ejecución de las medidas establecidas en cada una de las líneas de actuación de cada Programa Operativo. “Las memorias incluirán indicadores con el fin de dar cumplimiento de los nuevos objetivos planteados”.
Acaba de publicarse el informe El sector forestal en Castilla y León, promovido por el Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES), y en cuya redacción han trabajado varios integrantes del equipo de Cesefor. El estudio, que sido presentado esta semana, pretende "contribuir a la promoción del uso de los recursos forestales como sector clave para impulsar la actividad económica, generar empleo y fomentar el desarrollo económico y social del medio rural", según se ha señalado desde el CES, conscientes de que su contribución a la fijación de población en zonas desfavorecidas y periféricas, y especialmente en terrenos de montaña, "es única e insustituible y constituye un elemento esencial para el equilibrio territorial de Castilla y León".
Según los datos ofrecidos en este informe, desarrollado tomando como base un documento técnico elaborado por Cesefor, el 46% de la industria de la madera se ubica en zonas rurales de menos de 2.000 habitantes frente al 26% situada en localidades de más de 10.000, lo que demuestra el carácter marcadamente rural de esta actividad y su importancia en el desarrollo económico, en la generación de empleo y la fijación de población.
De este modo, el CES establece una serie de propuestas y recomendaciones como mejorar la coordinación entre consejerías en cuestiones que afectan al sector forestal, particularmente en materia de medioambiente, agricultura, ganadería e industria, así como intensificar la colaboración con las confederaciones hidrográficas para restaurar la vegetación de ribera y apoyar el cultivo del chopo, pero también en la restauración de las cabeceras de cuenca y en el deslinde y gestión de las riberas de dominio público.
Por otro lado, el Consejo Económico y Social de Castilla y León destaca en el informe la aportación de Cesefor al estudio, en especial su papel como "institución dedicada a la promoción del sector, mediante la innovación y la investigación, con fortalezas en ciencia forestal y transformación industrial de la madera".
Diversos colectivos han planteado la posibilidad de que desde la Administración General del Estado se impulse ante las Cortes Generales un proyecto de Ley que regule con alcance básico las funciones y actividades de los agentes forestales y medioambientales
El MITECO considera que, antes de acometer el proceso de elaboración normativo que en su caso corresponda, es conveniente avanzar en un trámite de consulta previa sobre la necesidad, conveniencia, contingencia y oportunidad de configurar un marco básico común
El plazo para recibir aportaciones estará abierto hasta el 18 de enero de 2021
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha abierto el proceso de consulta pública previa sobre la necesidad, conveniencia, contingencia y oportunidad de configurar en España un marco básico común regulador a través de una ley básica de agentes forestales y medioambientales. El plazo para recibir aportaciones estará abierto hasta el 18 de enero de 2021.
Diversos colectivos han planteado la posibilidad de que desde la Administración General del Estado (AGE) se impulse ante las Cortes Generales un proyecto de ley que establezca un régimen jurídico básico para todos los Cuerpos y Escalas de Agentes Forestales y Medioambientales y un marco jurídico adecuado para el desempeño de sus labores de policía, custodia y vigilancia de los bienes jurídicos de naturaleza forestal y ambiental, de funciones técnicas de apoyo a la gestión del medio ambiente y de funciones de auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural, con la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil.
Hay que tener en cuenta que las diferentes Comunidades Autónomas han regulado y desarrollado dos figuras de apoyo a la gestión del medio ambiente. Por un lado, la de agente forestal y, por otro, la de agente medioambiental. Ambas establecen sus propios cuerpos y escalas, según los diferentes casos, con sus correspondientes denominaciones y funciones, lo que resulta en una variada gama de formatos. Igualmente, la AGE cuenta por su parte con la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Por todo ello, el MITECO ha considerado que, antes de acometer el proceso de elaboración normativo que en su caso corresponda, es conveniente avanzar en un trámite de consulta previa sobre la necesidad, conveniencia, contingencia y oportunidad de configurar un marco básico común regulador de una ley básica de agentes forestales y medioambientales.
a) ¿Qué razones de necesidad y oportunidad considera que existen en España para plantear el establecimiento de una norma básica común de agentes forestales y medioambientales teniendo en cuenta las competencias autonómicas y la normativa ya existente?
b) ¿Qué elementos considera que debería incluir tal escenario de coordinación, en particular en relación con las condiciones básicas de los cuerpos de la administración que regule y su modelo de organización común en el conjunto del territorio nacional?
c) ¿Qué funciones y ámbitos de actuación considera que deberían considerarse para los cuerpos de agentes forestales y medioambientales en el supuesto escenario de coordinación, considerando los colectivos ya existentes, los diversos ámbitos de la política ambiental, y las funciones y ámbitos de actuación ya previstos en normativas estatal y autonómicas, en particular la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes?
d) ¿Hasta qué nivel considera que deberían profundizar las determinaciones de la norma básica común en los diferentes elementos que se hayan identificado en las respuestas anteriores, teniendo en cuenta el contexto normativo y competencial actual?
Las cadenas de valor de la madera se han visto duramente afectadas por la pandemia de la COVID-19, pero no todos los efectos secundarios de la crisis han sido negativos para el sector, según un nuevo informe de políticas de la FAO.
El estudio Impactos de COVID-19 en las cadenas de valor de la madera y respuesta del sector forestal sintetiza los hallazgos de una encuesta mundial que se realizó sobre el impacto del brote de la enfermedad del coronavirus (COVID-19) en las cadenas de valor de la madera, y las medidas de recuperación del sector forestal. La encuesta recibió la respuesta de 237 partes interesadas registradas en la red de 'Madera Sostenible para un Mundo Sostenible' (SW4SW según sus iniciales en inglés), que representa a todos los segmentos de las cadenas de valor de la madera. La encuesta se realizó durante dos semanas (del 3 al 15 de junio de 2020) y los resultados que aquí se presentan cubren los impactos que se registraron durante el período de referencia (desde febrero a junio de 2020). Sobre la base de los resultados de la encuesta se formulan recomendaciones de políticas iniciales para los desafíos actuales y las perspectivas futuras que involucran a las cadenas de valor de la madera en el entorno posterior a la pandemia de la COVID-19.
Respondieron a la encuesta más de 200 interesados que representaban a todos los segmentos de las cadenas de valor de la madera, incluidos el sector privado, las organizaciones de productores forestales y agrícolas, los gobiernos y el mundo académico. Las respuestas procedían de casi todas las regiones, y la mayor participación correspondió a África.
"Las alteraciones en la producción y el comercio de productos forestales asociadas a la crisis de COVID-19 han puesto en peligro medios de vida esenciales e industrias forestales", señala Thais Linhares Juvenal, el oficial superior forestal de la FAO, quien añade: "Ofrecer a los países una imagen más clara de cómo los diferentes segmentos de las cadenas de valor de la madera han estado experimentando la pandemia les ayudará a integrar mejor las cadenas de valor de la madera sostenible en los programas de recuperación y estímulo de COVID-19".
Riesgos y oportunidades
Entre los efectos negativos de COVID-19 en las cadenas de valor de la madera se encuentran el cierre temporal de los puntos de venta y la reducción de los salarios, lo que afecta a los medios de vida. A los encuestados también les preocupaban los riesgos para la gobernanza forestal, incluidos la vigilancia y la aplicación de la ley, la ilegalidad y los derechos de tenencia, así como la disminución de los recursos financieros para aplicar la ordenación forestal sostenible.
Sin embargo, los encuestados creían que la respuesta a la pandemia de la COVID-19 podía tener algunos efectos positivos en la sostenibilidad del sector, como la mejora de las normas de salud y seguridad a lo largo de las cadenas de valor de la madera y la adopción de tecnologías digitales en las estrategias de recuperación. "El sector maderero puede salir de la crisis con normas sociales y operativas y medidas sociales más elevadas", se afirma en el informe.
Reconstruir mejor
En el informe se sugiere una serie de recomendaciones de política para hacer frente a las vulnerabilidades de las cadenas de valor de la madera y aprovechar las nuevas oportunidades para reducir la pobreza y aumentar la silvicultura sostenible. Entre ellas figuran la de hacer que las cadenas de valor de la madera formen parte de las estrategias y medidas de recuperación y la de promover el comercio y el consumo de productos madereros legales y sostenibles. En el informe también se recomienda apoyar a los pequeños propietarios, las comunidades y las pequeñas y medianas empresas forestales (PYMES) en las cadenas de valor proporcionando una financiación adecuada, así como incentivos para una mayor organización, incluida la integración horizontal y vertical.
