La Junta de Castilla y León ha terminado recientemente la elaboración en formato digital de los Catálogos de los montes de Utilidad Pública de las nueve provincias de la Comunidad. Estos catálogos están disponibles para su consulta y libre descarga en la web de la Junta.
De los casi 4,9 millones de hectáreas de superficie forestal existente en Castilla y León, algo más de 2,4 son propiedad de alguna Administración Pública. De ellas, más de 1,8 millones (aproximadamente el 38 %) están declaradas de utilidad pública, encontrándose distribuidas en 3.533 montes.
Según el Anuario de Estadística Forestal del año 2017, en España hay un total de 11.359 montes de Utilidad Pública (MUP), con una superficie de 7,37 millones de hectáreas. La Comunidad de Castilla y León, con 1,8 millones de hectáreas, supone el 25 % de la superficie nacional y más del 30% del número de montes catalogados.
Las dos provincias con mayor número de montes, son León, con 991 MUP y una superficie de casi 600.000 hectáreas y Burgos, con 667 MUP y una superficie de 317.000 hectáreas. Unas cifras que aumentan de año en año; desde la fecha del anuario (2017) hasta la actualidad se han declarado 21 nuevos montes, aumentando la superficie catalogada en 7.666 hectáreas.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente gestiona esta inmensa superficie y se encarga de velar por su protección y conservación, en estrecha coordinación con las entidades locales propietarias, de conformidad con lo establecido en la Ley estatal 43/2003, de Montes, y en la Ley autonómica, 3/2009, de Montes de Castilla y León.
Concretamente, la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal, ha elaborado unos libros de los diferentes Catálogos con el fin de proporcionar la mayor difusión y conocimiento. El trabajo se culminó a principios de este año. En estos textos figuran los datos principales de los montes: superficies, pertenencia, ubicación, límites, etc, junto con un plano sobre ortofoto para su mejor localización. Se trata de libros resúmenes, pues los auténticos catálogos de MUP son libros registro de carácter administrativo donde constan todos los hechos que supongan una alteración del MUP, son mucho más extensos y se formalizan en dicha Dirección General.
Más de 500 páginas para hablar de la importancia que están ganando en las últimas décadas los productos forestales no maderables (PFNMs) en la UE y en España, debido principalmente a la relevancia que tienen para el desarrollo rural como potenciales generadores de empleo y como fuentes de productos ecológicos con alto valor añadido.
El Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) acaba de publicar esta monografía (que ha sido coordinada por Mariola Sánchez-González, Rafael Calama y José Antonio Bonet), con la que se pretende compilar los últimos avances científico-técnicos en el conocimiento y gestión de los PFNMs en España, intentando trazar el conjunto de la cadena de valor.
De la mano de 58 autores, esta monografía se centra de forma individual en los siguientes PFNMs: castaña, corcho, miel, plantas aromáticas y medicinales (PAM), piñón, resina, setas y trufas. De cada uno de ellos se analiza su importancia histórica y económica, se define su cadena de valor y se describe su ecología, gestión aplicada e industria asociada. Además, se analiza su cadena de valor y se identifican las acciones necesarias para mejorar su resilencia y afrontar los retos del futuro. Por otra parte, y de forma con-junta se analizan los aspectos económicos, el marco organizativo y regulador, y se presentan casos de éxito de innovación. Otros PFNMs son analizados de forma más breve.
La publicación está a la venta en la librería del BOE.
El director adjunto del Departamento de Silvicultura de la FAO, Ewald Rametsteiner, se ha referido recientemente al papel que ha de representar la gestión de los bosques en la reconstrucción tras la pandemia COVID-19, aún en expansión en muchos lugares del mundo. Precisamente en muchos de esos territorios, los bosques suponen tradicionalmente la única fuente de recursos de las personas que habitan en su entorno.
La reducción del compromiso con una producción y comercialización de la madera legal y sostenible y la deforestación son algunos de los peligros de una recuperación socioeconómica que no tenga en cuenta a los bosques como parte de la solución. A continuación reproducimos el artículo de opinión de Ewald Rametsteiner, cuya versión original (en inglés) puede consultarse aquí:
A medida que la COVID-19 continúa extendiéndose por todo el mundo, los bosques y las comunidades forestales están sintiendo la presión. Los bosques ya son una fuente de alimentos, ingresos, combustible y refugio para cientos de millones de personas en todo el mundo. Y cuando los tiempos son difíciles, muchas más personas en las zonas rurales acuden a los supermercados de la naturaleza. Lo hacen para satisfacer sus necesidades básicas y para crear ingresos alternativos, como buscar alimentos silvestres y recoger combustible para cocinar.
Esto es particularmente relevante ahora, cuando las perturbaciones del mercado debidas a la COVID-19 están afectando a los medios de vida de unos 45 millones de personas empleadas por pequeñas y medianas empresas forestales en todo el mundo. Estas empresas constituyen alrededor del 80-90 por ciento de los negocios forestales, tanto formales como informales. Se están perdiendo empleos e ingresos, mientras que al mismo tiempo los jóvenes están regresando a las zonas rurales desde las ciudades.
A medida que los países se centran en la recuperación de la pandemia, existe el peligro de que reduzcan su compromiso con la producción maderera legal y sostenible, lo que podría anular los logros obtenidos con tanto esfuerzo a nivel nacional e internacional. Sin una aplicación vigilante de la ley, se producirá un aumento de las actividades ilegales y las prácticas fraudulentas en el sector maderero, un incremento de los conflictos de tenencia y el debilitamiento de las actividades de vigilancia independiente sobre el terreno.
Es evidente que debemos adoptar medidas para impedir que COVID-19 invierta décadas de los progresos lentos pero duramente conseguidos en la reducción de la deforestación y el impulso de la producción y el comercio sostenibles de productos forestales. El aumento de las tasas de deforestación sería un grave revés para los esfuerzos por cumplir los objetivos de emisiones, que ya están muy atrasados.
Lo que es más importante, debemos reconocer que los bosques son parte de la solución. Bien gestionados, los bosques son una fuente de prosperidad económica y desarrollo sostenible y tienen un papel clave que desempeñar en la recuperación social y económica tras la pandemia COVID-19.
Propuestas de FAO a los decisores políticos
Así pues, ¿cómo podemos reconstruir mejor, tanto con y para los bosques sostenibles? Los representantes de los gobiernos y los responsables de la silvicultura de todo el mundo se reúnen virtualmente esta semana [por la semana del 22 de junio de 2020] para responder a esta pregunta durante el seminario web de la Semana Forestal COVID-19, 'Reconstruir mejor: COVID-19 contribuciones del sector forestal para la recuperación de la pandemia', organizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Y algunos pasos ya están claros.
La comunidad internacional y los gobiernos deben reconocer el papel fundamental de los bosques para asegurar los medios de subsistencia, en particular para muchas de las personas más pobres del mundo. Deben garantizar que se respeten los derechos de las comunidades vulnerables. Al mismo tiempo, es preciso salvaguardar los progresos realizados en la consecución de los objetivos relativos al cambio climático y al desarrollo mundial.
Debemos apoyar a las comunidades que dependen de los bosques para que se protejan y se hagan más resistentes. Una forma concreta de hacerlo es proporcionar a las comunidades locales medidas de asistencia que paguen a los trabajadores jóvenes y desempleados para restaurar los ecosistemas degradados en la comunidad y sus alrededores, por ejemplo, mediante la plantación de árboles. Esto no sólo ayudaría a recuperar las tierras productivas, sino que, si se ejecuta correctamente y a escala, también se restauraría la biodiversidad y se crearía un almacenamiento de carbono en los suelos.
Debemos mantener el impulso en el apoyo a la ordenación forestal comunitaria y a las pequeñas empresas emprendedoras que proporcionan productos legales y sostenibles. Hacerlo es una solución estratégicamente sólida y sostenible. Esto implica el apoyo a un mejor acceso a los mercados. También implica protegerlos contra la afluencia de productos ilegales en el mercado y mantener la aplicación de los reglamentos acordados internacionalmente sobre la madera talada legalmente.
Por último, también debemos reconocer que los bosques con una biodiversidad reducida, un comercio insostenible de fauna y flora silvestres, una deforestación generalizada y la degradación del paisaje crean riesgos para la salud. De hecho, la mala gestión de los paisajes forestales y de las especies de fauna silvestre asociadas a ellos se ha asociado con la propagación de virus y otros patógenos que amenazan a los seres humanos, incluidos el virus del Ébola, el VIH/SIDA y el virus Zika. Por lo tanto, el mantenimiento de bosques sanos debe formar parte integrante de las estrategias para reducir el riesgo de futuras epidemias.
El Pacto de Reconstrucción firmado por los principales grupos políticos de Castilla y León el pasado 17 de junio fue recibida por las asociaciones forestales de la Comunidad como una noticia muy positiva y una medida muy necesaria para salir de la crisis provocada por la pandemia y el correspondiente estado de alarma decretado por el Gobierno de la nación. Sin embargo, el olvido de los partidos políticos hacia el sector forestal ha molestado a este sector, que el propio Ejecutivo regional reconoce como estratégico.
Desde la Federación de las Asociaciones Forestales de Castilla y León (FAFCYLE), insisten en que la reactivación de la economía y el desarrollo económico y sostenible de esta Comunidad, y más en estos difíciles momentos, “debe pasar necesariamente por el desarrollo del sector y los territorios rurales, y más concretamente por los forestales. De hecho, el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta considera el sector forestal como prioritario para la región, junto a la automoción y el agroalimentario” apuntan en un comunicado.
FAFCYLE señala que “olvidar al sector forestal es nuevamente una oportunidad perdida para poner una solución al despoblamiento rural, al desarrollo de la industria de la madera en la región y a la creación de empleo. Y una manera de mitigar los enormes problemas ligados al cambio climático, como la prevención de incendios forestales, la absorción de C02 o la regulación del ciclo hídrico, a la vez que es un escudo contra la destrucción de la biodiversidad en una comunidad autónoma muy rica en fauna y flora”.
Esta federación considera que el Gobierno regional no puede abandonar a emprendedores, propietarios y selvicultores de esta región tan forestal. Muy al contrario, precisan, “deberían tener el respaldo de la administración regional como cooperadores en la activación de la economía y desarrollo de la Comunidad, y recibir las ayudas que el monte necesita. El monte es patrimonio de todos. No lo podemos olvidar”.
Castilla y León es la Comunidad más forestal de España con unos recursos forestales enormemente valiosos. En la actualidad, cada 250 hectáreas de bosques de Castilla y León proporciona un puesto de trabajo en el sector forestal, cifra que podría triplicarse observando lo que ocurre en Europa, generando entre 8.000 y 15.000 mil puestos de trabajo en las áreas más despobladas de la Región. Además, por cada empleo en el monte hay cuatro puestos de trabajo en la industria de madera, según un estudio publicado por un relevante agente social en 2015, por lo que cabría plantearse entre unos 15.000 y 25.000 empleos en la industria de la Región con una inversión de 60 euros por hectárea y año en un escenario de 20 años.
La ubicación de esos puestos de trabajo se localizaría en las dehesas y pastos para la ganadería extensiva, la caza y la pesca, las actividades de ocio en la naturaleza, las cadenas de valor de productos no maderables, y finalmente, claro, la madera como producto de consumo.
FAFCYLE concluye su comunicado subrayando que “si la sociedad ha entendido que el modelo económico debe ser más sostenible, el paso siguiente es entender que es vital que ese desarrollo incluya el sector forestal. De no ser así las consecuencias para nuestro medio ambiente y para la calidad de vida de las personas serán muy negativas: incendios forestales, inundaciones y daños en las costas. Y el peligro de nuevas pandemias. Los beneficios, múltiples: activación de los pueblos, desarrollo turístico, fijación de C02, aire más limpio, más lluvias, mayor biodiversidad, menos temperaturas. Más vida. No podemos abandonar a nuestros bosques”.
