El Plan Forestal de Galicia PFG se presentará en breve en el Parlamento Gallego y se aprobará en el primer semestre del año, si se cumplen los planes de la Consejería de Medio Rural. Prevé una inversión de 4.900 millones de euros hasta el año 2040, de los que unos 4.000 millones serán fondos públicos y aumentar la producción anual de madera un 33 %.
Conscientes del potencial forestal de Galicia, no en vano es la principal región forestal del país, el PFG tiene previsto aumentar los aprovechamientos de madera de 9 a 12 millones de metros cúbicos al año para 2040, es decir un incremento del 33 %, “el objetivo es movilizar los recursos madereros que permitan atender las demandas de la industria en relación a la madera y a la biomasa”, dice la Consejería de Medio Rural.
Pretende el PFG alcanzar 425.000 hectáreas de frondosas. En concreto, “se plantarán 16.000 ha de castaño, tanto para la producción de castaña como para la generación de madera” y se actuará en otras 8.000 hectáreas para recuperar sotos tradicionales.
La superficie de eucalipto se pretende reducir un 5 % de aquí a 2040. Más concretamente, se transformarán 20.000 hectáreas de eucaliptos a masas arbóreas de otras especies. Del resto de eucaliptares se pretende mejorar su aprovechamiento y productividad, “se reforzará el control de las nuevas plantaciones, se potenciará la silvicultura y se reducirá la combustibilidad de las masas mediante su gestión”.
Sobre las coníferas, especialmente el pino, “se fomentarán las repoblaciones de alta calidad genética”. El centro de investigación de Lourizán ha identificado material genético resistente al nematodo del pino. Se pretende aumentar la superficie de coníferas en 20.000 ha.
Aumentar la producción necesitará de una buena coordinación entre los distintos actores forestales (propietarios, administración e industria), así como disponer de documentos técnicos de gestión, para lo que se pretende alcanzar 850.000 ha ordenadas o bajo instrumentos técnicos de gestión forestal sostenible.
Continuará el plan de recuperación de tierras agrarias abandonadas con la creación de los polígonos agroforestales, hasta alcanzar las 150.000 ha en un millar de aldeas modelo.
Lucha contra los incendios forestales
Como ya informamos recientemente, en la primera mitad de esta legislatura está previsto disponer también de la nueva Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales. Supondrá la reorganización de los distritos, así como de sus recursos e instalaciones, desde las bases de medios aéreos a los almacenes o puntos de vigilancia. Además, incidirá en la especialización de agentes medioambientales en investigación de causas.
Se creará el Centro Integral para la Lucha contra el Fuego en el municipio de Toén. Sus objetivos serán la formación continua del personal del Servicio de prevención y defensa contra los incendios forestales, concienciar a la sociedad sobre el uso del fuego y el peligro y gravedad de los incendios forestales y desarrollar análisis e investigación sobre el comportamiento de los incendios forestales.
El borrador incide en algunas de las actuaciones que ya desarrolla la Xunta en colaboración con las entidades y administraciones locales, como: el convenio para la gestión de las franjas secundarias; la elaboración y actualización de los planes municipales de prevención y defensa contra los incendios forestales; el refuerzo de las brigadas de prevención y extinción o la integración de los convenios para la limpieza de márgenes de pistas municipales.
Según el consejero de Medio Rural, José González, el PFG atiende 92 recomendaciones parlamentarias de las 123 recibidas, “las restantes recomendaciones que implican a la Consellería están incluidas en el borrador de la Ley de recuperación de la tierra agraria de Galicia, que iniciará próximamente su tramitación en la Cámara”.
El PFG recoge también un centenar de directrices de revisión del Plan Forestal, que estableció el grupo de trabajo creado en 2015 dentro del Consejo Forestal de Galicia. Para el consejero esto es el resultado del trabajo colectivo y de consenso “de las asociaciones vinculadas con el sector forestal y con el medio natural, de los propietarios y de las industrias forestales, de los colegios profesionales y de las universidades -entre otros- para impulsar codo a codo la cadena monte-industria en Galicia”.
Los países europeos renuevan su compromiso para promover la sostenibilidad en la agricultura, eliminando la deforestación en relación con los productos agrícolas y trabajando en asociación con los países consumidores y productores y con todos los actores a lo largo de las cadenas de suministro
Asimismo, mediante este partenariado los países unen esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Plan Estratégico de las Naciones Unidas sobre los Bosques
España, al sumarse a esta Declaración de Ambición 2025, continuará trabajando para apoyar y mejorar la coherencia de las políticas y acciones sobre clima, bosques, biodiversidad, salud, agricultura, comercio y cooperación para el desarrollo
13 de enero de 2021 – España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha suscrito, junto a otros ocho países europeos, la Declaración de Ambición para 2025 del Partenariado de la Declaración de Ámsterdam para reforzar la cooperación contra la deforestación. A los siete países europeos que ya integraban este partenariado se suman ahora Bélgica y España, con la firma de la Declaración de Ambición para 2025, renovando así el compromiso de eliminar la deforestación en relación con los productos agrícolas para 2025.
Con esta Declaración de Ambición 2025 los nueve países europeos firmantes –Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Reino Unido, Bélgica y España- refuerzan su compromiso para promover la sostenibilidad en la agricultura, eliminando la deforestación en relación con los productos agrícolas y trabajando en asociación con los países consumidores y productores y con todos los actores a lo largo de las cadenas de suministro para dicho fin.
El Partenariado de la Declaración de Ámsterdam fue establecido en 2015 por varios países europeos con el objetivo de promover la eliminación de la deforestación en las cadenas de suministro de productos básicos agrícolas a países europeos, trabajando en asociación con los países consumidores y productores y con todos los actores a lo largo de la cadena de suministro, con el fin de lograr suministros agrícolas sostenibles y libres de deforestación. Este Partenariado también une esfuerzos para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y del Plan Estratégico de las Naciones Unidas sobre los Bosques.
MANTENER LOS BOSQUES Y SUS ECOSISTEMAS
Asumen, además, el compromiso de tomar medidas en dicho ámbito y promover y apoyar de manera colectiva acciones ambiciosas a nivel europeo para lograr suministros agrícolas sostenibles y libres de deforestación, contribuyendo a mantener los bosques y sus ecosistemas a nivel mundial.
El Gobierno de España, que comparte los principios de reducción de la deforestación mundial por los impactos que genera en la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, de promoción de la sostenibilidad en origen y de consecución de cadenas de suministro libres de deforestación, afianza de esta manera su compromiso en la lucha contra la deforestación.
A través del Partenariado de Ámsterdam, España trabajará para emprender acciones ambiciosas con el objetivo de hacer crecer el mercado europeo de productos básicos sostenibles.
Los productos agrícolas producidos de manera sostenible y el mantenimiento de los ecosistemas forestales desempeñan un papel vital para lograr una recuperación inclusiva y sostenible y para respaldar los medios de vida, al tiempo que se cumplen los objetivos compartidos de lucha contra el cambio climático y de conservación de la biodiversidad.
España, al sumarse a esta Declaración de Ambición 2025, continuará trabajando para apoyar y mejorar la coherencia de las políticas y acciones sobre clima, bosques, biodiversidad, salud, agricultura, comercio y cooperación para el desarrollo.
The acceptance of this new Biodiversity Strategy is a very satisfactory happening, as it is an announcement of the next Forestry Strategy. The beginning of both strategies should derive from scientific knowledge and contemplation of the dynamics of forest in the long run.
The transformation of ecosystems due to human actions is profound and the use of European forests has a history that is millennia-old. The laws protecting these resources the last few decades, however, have seen an unprecedented recuperation of the vegetation. The sustainable exploitation of our forestry systems provides us capital not only because of the material good it contributes us, but also because it provides a guarantee of its perseverance and of maintaining the multiple services derived from its ecosystems, amongst them the conservation of biodiversity.
Forestry is intrinsically sustainable, it can act with a lower degree of global effect on the environment and allow to maximize the utility of the forest for each society decides to conserve. This, however, should be done in a framework that considers various temporal and spatial scales, one that gathers the different types of ecosystems of distinct types of forests, that does not forget to include that human society has had a role in determining its composition, structure and dynamism and that cannot be withdrawn without putting in question the system, like what is shown by the large wildfires aggravated by the abandonment of the countryside.
Forest ecosystems and the organized exploitation of its productive potential can mitigate the climate crisis and the economic damage associated, through the fixation of carbon in the forest or in products with long lifespans, the supply of environmentally friendly products and clean energy that feeds a circular bioeconomy, while helping combat the rural demographic challenge by connecting the local population with the forests and the potential of economic growth that it implies. The management of forests, as well, helps to avoid catastrophes like forest fires, that present a grave environmental and societal problem. Public funds for the prevention of wildfires, management plans and an increase in the forest area under management are all equally necessary. Obviously, they should be compatible with preserving biodiversity through sustained forest management based in ecology that extends to the forest surface, not only banning the exploitation in protected areas or reserves of old-growth forest ecosystems.
The discussion should not be planted in terms of should local forest be exploited yes or no (in which case there would need to be a substitute for these resources with an importance on third party countries or non-renewable resources): the issue is to provide a multifunctional forest that, in each concrete context, optimizes the services derived from these ecosystems which are relied upon by the land owners and population linked to these systems, as well as society as a whole.
To conclude, we want to restate our petition to not leave out the value of forestry sciences and that they should not undervalue the knowledge compiled during centuries of application together with the great advances that have taken place in the last few decades about how forest ecosystems function and their relation with human practices. This advancement in the knowledge and the capacity to monitor, predict and direct actively the processes and dynamism of forest ecosystems for its better management allows the guarantee of the services that the ecosystems give to the society so that they are sustainable in the long run.
We understand that this is the framework that should inspire the creation of the announced Forestry Strategy from an integrative perspective.
Pacto Verde, Green Deal, Infraestructuras Verdes. El verde es el color de moda del nuevo pantone político de la Unión Europea desde que la preside Ursula Gertrud von der Leyen, una alemana dispuesta a luchar contra el nuevo enemigo que amenaza al todavía planeta azul: el cambio climático.
Para establecer este nuevo orden mundial contamos con el llamado Pacto Verde o Green Deal, un galeón cargado con miles de millones de euros para cambiar los sistemas energéticos, la producción agrícola e industrial y la movilidad de las personas.
La música suena muy bien, pero el libreto está incompleto. Al analizar los documentos que se han ido generando en esta lucha contra el eje del mal climático abundan las referencias a la nueva energía, vestida de verde para la ocasión. De los bosques, esos si verdaderamente verdes, o de la remediación de los daños provocados por el cambio climático nada de nada, o bueno, poco de poco por aquello del que dirán.
El arma más poderosa de esta guerra euroclimática va a ser la disminución de los gases de efecto invernadero producidos por la combustión del petróleo y del carbón y su sustitución por otras energías alternativas menos contaminantes. Para ello se cuenta con la participación de importantes fondos de inversión y de grandes empresas energéticas que han apostado por esta nueva energía limpia, algunas de ellas las mismas que antaño lo eran de la sucia y que han puesto en marcha su potente maquinaria mediática para mostrar su lado más eólico y fotovoltaico; hay muchos millones en juego.
Sin embargo hay un importante foco emisor de gases de efecto invernadero que ha sido ignorado en el Green Deal: el producido por los incendios forestales, cada día más frecuentes en las zonas donde no lo eran y más devastadores en las zonas en donde eran más frecuentes. Unos incendios que avanzan por Europa, precisamente gracias al cambio climático que se pretende mitigar y que en 2019 quemaron más de 400.000 eurohectáreas, lo que supone aproximadamente una emisión a la atmósfera de unas 15 toneladas de CO2, las mismas que salen del tubo de escape de 4.000.000 coches en un año o de la mayor central térmica de carbón de España en dos años (la de As Pontes en A Coruña).
Aun así, y como los bosques no tienen potentes lobbies, no se contempla ninguna medida para luchar contra estos incendios aun a pesar de que pueden ser un problema mayor en los próximos años en el centro y norte de Europa, como así reconoce el Informe Anual sobre Incendios Forestales en Europa, Oriente Próximo y África del Norte presentado el pasado 30 de octubre por la Comisión Europea. Por poner algunos ejemplos, en países como Alemania o Noruega la superficie quemada creció en 2019 respecto a 2018 un 528% y un 345% respectivamente.
Una posible remediación sería la potenciación de la biomasa como energía alternativa: retirando combustible de los montes arden menos. Además su explotación generaría riqueza en zonas forestales normalmente desfavorecidas y despobladas ya que mientras que una planta de biomasa de unos 40 megavatios crea entre 55 y 100 empleos directos e indirectos, una fotovoltaica crea de 1 a 4 empleos. Por el contrario los costes de inversión de las plantas de biomasa son superiores al resto de las renovables y requieren un apoyo financiero a largo plazo. Ahora entendemos porque los fondos de inversión prefieren las fotovoltaicas.
El debate está servido. De hecho el Vicepresidente Frans Timmermans, que está a cargo del Pacto Verde Europeo, ha señalado que “la cuestión de los biocombustibles debe analizarse con mucho cuidado para determinar si no hace más daño que bien”. No deja de ser significativo que el Sr Timmermans sea Holandés, un país que junto a Irlanda y Bélgica han mostrado su rechazo a apoyar el uso de una energía que procede principalmente de unos bosques y de una agricultura leñosa que, mira por donde, son testimoniales en estos países.
El argumento dado por los países antibiomasa es que su combustión produce CO2, eso sí, antes la vegetación lo ha almacenado tanto en sus ramas como en el suelo por lo que su quema emite menos CO2 del secuestrado ya que parte de él se queda en el suelo. El problema además es que no hay grandes empresas de biomasa en los países centro europeos a diferencia de las fotovoltaícas o eólicas, únicamente los nórdicos, con Finlandia a la cabeza, utilizan de manera significativa esta energía alternativa. Así que sin potentes lobbies ni un apoyo decidido de la Comisión me temo que vamos a ver como se reducen las ayudas que podrían ir a este sector para así no adelgazar las que se puedan destinar a las fotovoltaicas o las eólicas.
De hecho en nuestro país ya se han tomado algunas decisiones a tal respecto. A partir de 2021 España tiene previsto subastar anualmente 1.500 MW de Eólica, 1.800 MW de Fotovoltáica, 100 MW de Termosolar y tan sólo 60 MW de biomasa, cantidad ridícula dado nuestro potencial y que en todo caso debería elevarse para absorber proyectos que están aún madurando dados los plazos necesarios para la ejecución de las inversiones. En todo caso parece que Ministerio para la Transición Ecológica no lo sea también del Reto Demográfico al no apoyar suficientemente a aquellas energías que más contribuyan a crear riqueza y empleo en las zonas más desfavorecidas y despobladas de nuestro país.
En esto de la lucha contra el cambio climático no obstante no todo es negativo, contamos con un gran aliado: los bosques. Se calcula que entre un 10 y un 15 por ciento de las emisiones producidas en Europa son absorbidas por sus bosques, -es lo que se llama secuestro de carbono-, por lo que a más bosques más almacenamiento. Pero esto ya está pasando. En los últimos 30 años los bosques en Europa han aumentado más de un 10% en superficie. No obstante como lo de poner más árboles suena muy ecológico y alternativo muchas iniciativas privadas están acogiéndose a la forestación como método para secuestrar CO2 y de paso dar una nota de color verde a sus empresas.
Porque no hacen falta más bosques sino conservar los que ya tenemos amenazados por los incendios, las plagas, las enfermedades y las mortandades y decaimientos masivos provocados por el mismo cambio climático que a su vez combaten. Pero conservar los bosques es caro y complejo de gestionar, mucho más que plantar un árbol para sacarse una foto y presumir de abanderado de la lucha contra el cambio climático, un árbol que, por cierto, tardará muchos años en secuestrar carbono mientras que los que si lo hacen desaparecen sin que ninguna de esas empresas ponga un euro para su mantenimiento.
Y cuando hablamos de secuestro de carbono no estaría de más recordar ese otro bosque que también se dedica a esto: los cultivos agrícolas y en particular los árboles frutales. España es el país con más superficie de frutales de Europa, más de cuatro millones de hectáreas entre olivares, almendros, cítricos, manzanos y otros, que secuestran entre un 8 y un 10 por ciento de la emisión de gases de efecto invernadero de nuestro país. Y si a esta superficie añadimos otros cuatro millones de hectáreas de dehesas dedicadas a la producción de bellota para el ganado el secuestro de carbono podría alcanzar entre el 12 y el 15% de las emisiones. Solo el olivar secuestra el 6% de las emisiones nacionales de CO2, según un estudio del Campus de Excelencia Internacional en Agroalimentación, y esta cantidad podría ser mayor con sistemas de cultivo adecuados, algo a considerar en los futuros eco-esquemas de la nueva Política Agrícola Comunitaria.
Pero como los lobbies agroforestales no pueden competir con los de la energía, es de temer que nuestros frutales seguirán secuestrando carbono sin poder pedir ningún rescate a tal respecto. Es cierto que tanto los bosques como los cultivos agrícolas cuentan ya con ayudas procedentes de distintos fondos europeos, pero estos no están relacionados directamente con el secuestro de carbono sino con la producción de bienes o la realización de prácticas compatibles con la conservación del medio ambiente. Dicho de otro modo, si la Unión Europea va a destinar fondos específicos a la disminución de carbono mediante la producción de energía sostenible debería dedicarse otro tanto al almacenamiento del mismo carbono.
Y como la lucha contra el cambio climático va a ser larga tendremos que irnos acostumbrando a sus efectos. Bueno, nos tendremos que acostumbrar sobre todo los países del sur porque mientras que en los del norte se prevé una suavización de las temperaturas y más lluvia, en el sur hará más calor, lloverá menos y torrencialmente y habrá sequías más prolongadas. En el peor de los escenarios, en la cuenca del Mediterráneo la lluvia podría reducirse hasta un 20% en algunas regiones, mientras que en los países nórdicos, aumentarían hasta un 15%. En cuanto a las temperaturas medias se contemplan escenarios de crecimiento de hasta 2’5 grados. Que suba tres graditos la temperatura media de Estocolmo no está mal para ellos, pero Córdoba con tres grados más puede ser la antesala del infierno.
Por esta razón la batalla más importante para los países del sur de Europa en la lucha contra el cambio climático no va a ser la sustitución del modelo energético sino garantizar la seguridad hídrica y la supervivencia de nuestros cultivos y bosques y, por ende, de las regiones más desfavorecidas y despobladas. Pero para ello no se cuenta con presupuestos significativos en el ese Green Deal que va a llenar nuestro paisaje de esos nuevos bosques de paneles solares y aerogeneradores, eso sí, verdes.
Juan Carlos Costa Pérez
Ingeniero de Montes
Vocal del Comité de Expertos del Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Energía (ENVE) y del Green Deal Going Local del Comité de las Regiones
El 14 de enero de 2020 el Gobierno andaluz acordó la renovación del PFA al considerar que su aplicación no era la adecuada en los últimos años. El borrador de “la adecuación del PFA” se encuentra en la fase de consulta a organismos y personas interesadas, lo que dará lugar a un Documento de Alcance que se someterá a un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica. Una vez supere estos trámites se someterá a información pública. Esta misma semana, la Plataforma por los Montes de Andalucía, solicitaba en el Parlamento Andaluz que el PFA se tramitase “con carácter urgente”, con la mayor participación social posible.
Fija los objetivos de esta adecuación en: – Evaluar las actuaciones contempladas en los últimos años de vigencia del Plan. – Adecuar las políticas públicas de gestión del medio natural a los nuevos retos existentes en un escenario de cambio global. – Proponer la necesaria adaptación y revisión de la legislación forestal andaluza.
Considera el ejecutivo andaluz que, transcurridos 30 años desde su aprobación, el PFA requiere “revisar sus criterios y directrices”, más teniendo en cuenta los cambios sociales, la despoblación rural y los efectos del calentamiento global “que afecta al decaimiento de los bosques, o la aparición y consolidación de plagas y enfermedades forestales; una nueva situación que hará que en muchos casos sea necesario realizar una adecuación de especies e, incluso, de ecosistemas potenciales como herramientas para la adaptación al cambio climático”.
La Plataforma por el Monte Andaluz, que reúne a casi una treintena de asociaciones sociales y políticas, considera también que “el PFA no se está cumpliendo, ni siquiera en los montes públicos, que deberían ser un referente de obligado cumplimiento”. Joaquín Vega, portavoz de la plataforma, considera que “el PFA duerme en un cajón, es imposible comprobar su grado de cumplimiento y es imprescindible su renovación para enfrentarse a los nuevos retos sociales y ambientales que afectan a los terrenos forestales”. De ahí que esta semana haya enviado una propuesta al Parlamento Andaluz con la intención de tramitar «por la vía urgente» la adecuación del PFA. Pero la tramitación de cualquier plan estratégico tiene marcada por ley sus plazos y procedimiento para garantizar su legalidad y la participación pública.
El Gobierno andaluz afirma que las revisiones del PFA “solo se han ejecutado de forma parcial en sus primeros 30 años de vida. Únicamente se han aprobado tres revisiones del documento original para los periodos 1997-2001, 2003-2007 y 2010-2015, existiendo, por tanto, amplios intervalos de tiempo en los que no existía adecuación en vigor que adaptara dicho plan a la realidad forestal del momento”.
Según la plataforma,la Junta ha dejado de invertir en los terrenos forestales 1.300 millones de euros en estos treinta años de vigencia del PFA, desde que se aprobó en 1989. “En el primer decenio se detectó una clara disminución de las inversiones, concretada en falta de medios materiales y recursos humanos suficientes”, afirma en un comunicado.
Sin embargo, considera que los primeros años de ejecución del PFA fueron “un éxito en cuanto a aspectos cualitativos, al incorporar un modelo de gestión distinto radicalmente del anterior, puesto que priorizaba la conservación de la naturaleza, con una visión mucho más ecológica del patrimonio forestal y no solo mercantilista”.
La oportunidad que se presenta ahora con los fondos europeos Next Generation de recuperación económica post-Covid, orientados a una recuperación verde, comenta Joaquín Vega “debe aprovecharla el Gobierno andaluz para dotar al PFA del presupuesto necesario para desarrollar políticas forestales que reviertan la situación que ya tenemos de pérdida de suelo fértil, desertificación, pérdida de biodiversidad, contaminación de suelos y aguas y cambios en las áreas de distribución de muchas especies vegetales y animales”.
El Gobierno andaluz reconoce el valor de las actuaciones en el medio natural como herramienta para generar economía y mantener la población. Considera necesario “incorporar nuevos instrumentos de apoyo a las zonas rurales en el ámbito forestal, encaminados a la prevención de incendios forestales, la deforestación, la reforestación y la reconversión forestal, la ordenación y la gestión de los bosques”. Coincide con la plataforma en la necesidad de “la forestación de las tierras agrarias marginales y al establecimiento y renovación de sistemas agroforestales”.
Sin embargo, la lectura que hace el Gobierno andaluz de la realidad forestal andaluza y, por extensión, del medio rural, incide también en “el mantenimiento de los bosques como parte integral de los sistemas de producción ganadera extensiva, así como la formación y la promoción del espíritu empresarial”. Para el ejecutivo “los entes locales y las distintas administraciones regionales pueden fomentar considerablemente la explotación económica de los recursos forestales locales y su transición hacia la bioeconomía”.
Considera que “las actividades forestales han sido fundamentales en el desarrollo de la civilización moderna. El monte mediterráneo andaluz sigue siendo fuente insustituible de un gran número de materias primas, productos y bienes de consumo cuyo apoyo y fomento debe acrecentar una traducción económica en valores de mercado”.
Por su parte, la plataforma pone el acento en la gestión pública y especialmente en la compra de fincas “de alto valor ecológico, que la Junta de Andalucía se comprometió a hacer en el PFA y que en estos primeros treinta años no realizó”, comenta Joaquín. “Pensamos que así se consiguen los objetivos de crear empleo en el monte andaluz, porque el monte debe aportar también valor económico, no solo ecológico, a través de la restauración de ecosistemas, los trabajos selvícolas o la apicultura, por ejemplo”, subraya Joaquín Vega.
“Las actividades forestales han sido fundamentales en el desarrollo de la civilización moderna. El monte mediterráneo andaluz sigue siendo fuente insustituible de un gran número de materias primas, productos y bienes de consumo cuyo apoyo y fomento debe acrecentar una traducción económica en valores de mercado”.
El borrador fija los fines generales y objetivos específicos del PFA
El borrador del PFA sometido a consulta establece en el punto 3.1 sus fines generales:
El aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y económicosde Andalucía bajo el principio de sostenibilidad; • la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente; • la modernización, la planificación y el desarrollo integral del medio rural.
Estos tres objetivos, ya recogidos de forma previa en el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía de 1981, marcan las cuatro áreas clave de la adecuación del PFA:
1. El mantenimiento de las funciones y servicios ecosistémicos de los montes en un entorno cambiante. 2. La adaptación al cambio climático y su mitigación. 3. La mejora de la gobernanza en materia de gestión forestal y el desarrollo rural sostenible. 4. El arraigo de población en el medio rural y la transición hacia la bioeconomía.
Tras el análisis de los objetivos específicos de la anterior adecuación del PFA, establecida con el horizonte de 2015, este nuevo borrador establece los objetivos con el horizonte 2030:
1. Controlar la erosión y desertificación y restaurar los ecosistemas naturales degradados.
2. Contribuir a la protección de los recursos hídricos continentales mediante la protección de zonas de recarga de acuíferos, la restauración forestal con fines hidrológicos y la restauración de ríos y riberas.
3. Promover la adaptación al cambio climático con el fin de mejorar la resistencia y resiliencia de los sistemas forestales.
4. Favorecer actuaciones de mitigación del cambio climático, apoyando la gestión sostenible de las masas forestales como sumideros de CO2.
5. Favorecer las funciones ecológicas de los sistemas forestales.
6. Contribuir a la mejora de la infraestructura verde y los procesos de conectividad ecológica mediante soluciones basadas en la naturaleza.
7. Defender el medio natural frente a incendios forestales, en especial mediante la adopción de medidas preventivas en zonas declaradas de alto riesgo y zonas de interfaz urbano-forestal y del refuerzo preventivo vinculado con el aprovechamiento sostenible de los montes, entre ellos el de biomasa forestal con fines energéticos.
Constata el borrador que las nuevas condiciones climáticas más exigentes para los ecosistemas forestales, en un escenario de abandono de la gestión y de las actividades económicas tradicionales en el medio natural, provocan una situación de máximo riesgo de grandes incendios forestales. Entre 1997 y 2006, el 60 % de la superficie forestal quemada en Andalucía se debió a grandes incendios.De 2008 a 2017 la superficie quemada por GIF asciende al 73 %, lo que indica “un aumento considerable del impacto de los grandes incendios”.
8. Defender el medio forestal frente a plagas, enfermedades, especies invasoras y otros agentes nocivos y en particular reducir la incidencia del decaimiento de bosques y dehesas.
9. Defender el patrimonio forestal y de vías pecuarias, como un sistema con capacidad de garantizar la defensa del interés general en la prestación de servicios ecosistémicos.
10. Mejorar la planificación forestal y cinegética como instrumento de gestión forestal sostenible, en un contexto de baja rentabilidad de las explotaciones forestales y agroforestales.
11. Garantizar el mantenimiento de los beneficios que los ecosistemas forestales proveen al bienestar humano promoviendo medios de compensación económica.
En este punto la Plataforma por los Montes Andaluces coincide en la necesidad de establecer contratos de colaboración con los propietarios privados, “una ayuda económica que sirva de incentivo para su gestión, ya que esos terrenos van a producir un beneficio social”, comenta Joaquín Vega.
12. Incrementar el valor añadido de los recursos forestales renovables y la promoción del tejido industrial y comercial andaluz de productos forestales y en particular implementar la bioeconomía circular.
13. Promover un uso público social, recreativo y cultural basado sin riesgos para la conservación del medio natural.
14. Favorecer el compromiso de la sociedad andaluza en la conservación y recuperación del medio natural forestal y el conocimiento acerca de los sistemas de gestión forestal sostenible y de los servicios ecosistémicos que prestan las áreas forestales.
15. Facilitar la generación de condiciones socioeconómicas que eviten el desarraigo de las comunidades rurales favoreciendo su progreso mediante una adecuada política de desarrollo y gestión de los recursos forestales de los montes públicos.
16. Desarrollar la investigación e innovación tecnológica para la adaptación al cambio climático en el ámbito forestal, y establecer mecanismos de transferencia del conocimiento.
17. Reforzar el papel institucional del sector forestal de Andalucía entre diferentes administraciones públicas e instituciones en el ámbito autonómico, nacional e internacional.
El borrador concreta estas líneas estratégicas en ocho programas operativos en los que detalla algunas de las principales actuaciones que desarrollará. No establece un marco de inversiones para desarrollar estos programas y líneas de actuación, aunque anuncia que desglosará esta inversión por anualidades “para facilitar el seguimiento del cumplimiento de las previsiones”.
El borrador fija una vigencia 10 años para esta adecuación y la realización de una revisión intermedia a los cinco años de su aprobación. Además, establece un seguimiento anual a través de las “Memorias anuales del Plan Forestal de Andalucía”. Recogerán información sobre el ritmo con el que se avanza en la ejecución de las medidas establecidas en cada una de las líneas de actuación de cada Programa Operativo. “Las memorias incluirán indicadores con el fin de dar cumplimiento de los nuevos objetivos planteados”.
