Un informe de la Xunta evalúa la evolución de las dos últimas campañas
La facturación conjunta de los subsectores principales de la cadena de valor forestal madera de Galicia ascendió en 2021 a 2.578 millones de euros. Esto supone un aumento respecto al 2020 de un 29 % y sitúa la cifra de facturación como máximo histórico de la serie desde 2006. A falta de datos finales del último año, se calcula que el 2022 se cerrará con alrededor de 2.800 millones de euros de facturación, lo que representa una nueva marca.
Así lo refleja un informe de la Axencia Galega da Industria Forestal -dependiente de la Consellería de Medio Rural- evaluado por el Consello da Xunta. En el documento, elaborado con la colaboración de la Universidad de Vigo, se indica también que las estimaciones que se pueden hacer con los datos de los primeros tres trimestres de 2022 apuntan hacia una facturación que podría alcanzar los 2.800 millones de euros.
Así, el estudio constata que, en general, los subsectores de la madera experimentaron grandes
incrementos en la producción, en las ventas y en la facturación desde mediados de 2020 y hasta
el tercer trimestre de 2022. Por lo tanto, se produjo más, se vendió más y a mejores precios. Por subsectores, el de la fabricación de tablero y pasta de papel fue el que alcanzó una mayor facturación en 2021, con un total de 1.115 millones de euros (un 25 % más que en
2020). Por volumen de facturación, le siguieron los de la segunda transformación de madera,
los rematantes, el serrado y la biomasa.
Con respecto a las exportaciones del sector gallego, se constata que luego de una reducción en el
año 2020, en gran parte por la pandemia, las cifras del mercado exterior en el año 2021 se volvieron a situar en altos niveles como los de años anteriores, con un valor que superó los 1.000 millones de euros, cifra que se prevé superar en 2022.
Aprovechamientos
En relación con las talas de madera en nuestra comunidad, el informe refleja que se mantienen constantes a lo largo de los últimos años. Así, en el período 2018-2021 se tramitaron declaraciones o autorizaciones de aprovechamientos en el entorno de los 10 millones de metros cúbicos anuales.
Esta tendencia se mantuvo estable en el año 2022, con 10,56 millones de metros cúbicos, lo que supuso un incremento del 2 % en relación con el ejercicio anterior. Galicia corta alrededor del 56% de la madera talada en España.
Agenda de la industria forestal-madera
La elaboración de este informe se enmarca en la Agenda de impulso de la industria forestal-madera, que contempla un presupuesto de 55,5 millones de euros y que prevé movilizar cerca de 140 millones de euros en el refuerzo de la competitividad y de la modernización de un sector clave en el ámbito rural de Galicia.
Este Plan asume los principios fundamentales del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y su visión a largo plazo de “Vivir en armonía con la naturaleza” adoptado en la COP15
Entre otras medidas, se implantará a partir de 2022 un Sistema nacional de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad en España
También se avanzará en la valoración económica de los servicios de los ecosistemas mediante el desarrollo e inclusión de un sistema de contabilidad nacional del capital natural
El Plan promueve el desarrollo e implantación de la infraestructura verde y la conectividad y restauración ecológicas. En conjunto, hasta 2030, se restaurará un 15% de los ecosistemas degradados
Al menos el 30% de las especies y hábitats que en la actualidad no presentan un estado favorable deberán alcanzar ese estado o mostrar una decidida tendencia positiva de aquí a 2030
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Plan estratégico estatal del patrimonio natural y de la biodiversidad a 2030 para promover la conservación, el uso sostenible y la restauración del patrimonio, los recursos naturales terrestres y marinos, la biodiversidad y la geodiversidad.
Este plan, que asume los principios fundamentales del Convenio de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica y su visión a largo plazo de “Vivir en armonía con la naturaleza” adoptado en la COP15, constituye una herramienta clave de planificación a la hora de definir objetivos y acciones para frenar el deterioro de nuestros ecosistemas, a desarrollar en la próxima década por la Administración General del Estado.
Adelanta así los compromisos de España en la materia en el ámbito internacional y de la Unión Europea, en especial los derivados del futuro Marco global sobre la biodiversidad para el periodo posterior a 2020 del citado Convenio, y de la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad 2030 “Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas”, adoptada por la Comisión Europea en mayo de 2020.
El Plan Estratégico cumple con lo establecido en la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad aprobada en 2007 y con el componente 4 (Conservación de la biodiversidad terrestre y marina) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Su desarrollo conllevará dos paquetes de inversiones de apoyo directo a cargo de este instrumento, con un primer presupuesto estimado a 2025 de 4 millones de euros.
LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y PRINCIPALES MEDIDAS
Entre las líneas de actuación prioritarias del Plan, se incluye la mejora el conocimiento sobre biodiversidad para la elaboración de estrategias y políticas eficaces de conservación, así como para su mayor consideración e integración en las políticas sectoriales.
Para ello, entre otras medidas, se implantará a partir de 2022 un Sistema nacional de generación, seguimiento y gobernanza del conocimiento sobre el patrimonio natural y la biodiversidad en España que permita la obtención de información y la evaluación continua del estado de conservación de la biodiversidad y la geodiversidad, de tal manera que en 2030 ninguna especie o tipo de hábitat de interés comunitario tendrá un estado de conservación desconocido.
También se avanzará en la valoración económica de los servicios de los ecosistemas de España, mediante el desarrollo e inclusión de un sistema de contabilidad nacional del capital natural.
Por otro lado, el Plan promueve el desarrollo e implantación de la infraestructura verde y la conectividad y restauración ecológicas, en línea con las distintas Estrategias aprobadas. En conjunto, hasta 2030, se restaurará un 15% de los ecosistemas degradados.
También avanza en la consideración de las interrelaciones entre el cambio climático y la biodiversidad, a través de políticas de mitigación y adaptación y de soluciones basadas en la naturaleza; refuerza la lucha contra la contaminación: acuática y terrestre, pero también lumínica, acústica y atmosférica.
En protección y conservación de la naturaleza, se marca el objetivo de que al menos el 30% de las especies y hábitats que en la actualidad no presentan un estado favorable alcancen ese estado o muestren una decidida tendencia positiva de aquí a 2030. Presta además una atención especial a la conservación de los polinizadores e impulsa acciones de prevención, alerta temprana, control y erradicación de especies exóticas invasoras.
El Plan también contempla la integración de la geodiversidad y el patrimonio geológico en políticas sectoriales en materia de conservación del patrimonio natural, especialmente el patrimonio geológico de España más amenazado o en riesgo de desaparición. Para ello, se elaborará un Plan Nacional para Conservación del Patrimonio Geológico y la Geodiversidad y se completará el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG).
En lo que respecta a espacios marinos protegidos, cabe señalar que se designarán nuevos espacios hasta alcanzar una protección del 30% de la superficie marina en 2030. Entre finales de 2023 y principios de 2024, se habrán declarado 8 nuevos espacios marinos protegidos Red Natura 2000.
Mantener y reforzar las acciones contra el delito ambiental es otra de las prioridades. También contribuir al crecimiento verde en España, favoreciendo la participación de todos los sectores de la sociedad e involucrando al sector privado y la sociedad civil; e intensificar acciones en materia de educación y comunicación sobre biodiversidad.
ESPAÑA, UN PAÍS CON GRAN DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y GEOLÓGICA: DIAGNÓSTICO Y AMENAZAS
El Plan Estratégico incluye un diagnóstico del patrimonio natural y la biodiversidad en España, uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea, y uno de los 25 enclaves con mayor biodiversidad del mundo. Alberga, según algunas estimaciones, más de 85.000 especies de animales, hongos y plantas. Esta cifra representa el 54% de las especies que habitan en Europa y cerca del 5% de las especies conocidas.
España es también uno de los Estados miembros de la Unión Europea en los que es posible encontrar mayores y más numerosas extensiones de territorio en un estado natural o seminatural. Alberga un total de 117 tipos de hábitats naturales de interés comunitario, lo que representa un 56% del total de los presentes en la UE.
La diversidad geológica del país también es muy variada, fruto de su evolución durante millones de años, que define los paisajes y ecosistemas que incluyen, junto a una gran variedad de ecosistemas terrestres, una muy destacada diversidad de tipos de humedales, así como una alta diversidad de ecosistemas marinos y costeros que incluyen zonas intermareales como playas, acantilados, sistemas dunares, marismas o estepas salinas.
España abarca cuatro regiones biogeográficas terrestres (Mediterránea, Atlántica, Alpina y Macaronésica) y tres regiones marinas (Atlántica, Macaronésica y Mediterránea). Esta diversidad biogeográfica ha favorecido el desarrollo de una gran diversidad de comunidades faunísticas y florísticas.
El Plan también identifica las principales presiones y amenazas sobre el patrimonio natural y la biodiversidad: cambios de uso del suelo, incendios forestales, sobreexplotación de recursos naturales, desertificación y degradación de las tierras, efectos del cambio climático, aumento de especies tóxicas invasoras, contaminación o comercio ilegal de fósiles y minerales.
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
En su elaboración, este plan se ha sometido a consulta de las comunidades autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla en el ámbito de la Comisión Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Posteriormente, se ha aprobado en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Además, se ha impulsado especialmente la participación y consulta de la comunidad científica, los agentes económicos y sociales, y las organizaciones sin fines lucrativos que persiguen los objetivos de la ley, y ha sido informado por Consejo Estatal del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
El Consejo de Ministros ha aprobado la revisión de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 y del Plan Forestal Español 2022-2032, así como las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible previstas en la Ley de Montes
Este marco estratégico mejora la política forestal española a largo plazo y constituye el hito 64 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Los bosques bien gestionados son más resilientes al cambio climático y a amenazas como el abandono, los incendios y las enfermedades o plagas
El Consejo de Ministros ha aprobado tres documentos estratégicos propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que reforman la política forestal española a largo plazo con el principal objetivo de conseguir montes gestionados, es decir, bien conservados activamente, más resilientes frente al cambio climático, protegidos de las amenazas principales (abandono forestal, incendios, enfermedades y plagas) y que proporcionen los bienes y servicios ecosistémicos necesarios para nuestro bienestar y para hacer posible que la economía inicie una necesaria transición ecológica.
Con esta aprobación se cumple además el hito 64 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dentro de las reformas incluidas en el componente 4 dedicado a la conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. Para ello, se ha aprobado la revisión de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 y del Plan Forestal Español (PFE) 2022-2032, así como las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible previstas en la Ley de Montes.
ESTRATEGIA FORESTAL ESPAÑOLA HORIZONTE 2050
La Estrategia Forestal Española horizonte 2050 es el documento de referencia para establecer la política forestal española, en el que se recogen las necesidades, retos y orientaciones estratégicas que permitan reforzar la sostenibilidad de los montes, de manera que se visualice y refuerce la contribución de estos, sus producciones forestales y los sectores económicos y sociales vinculados a ellos, para su conservación, protección y uso sostenible.
La Estrategia apuesta decididamente por un modelo de gestión forestal activa, adaptativa y preventiva, recuperando la sostenibilidad ambiental, social y económica en el entorno rural y como palanca de la transición energética y lucha contra la despoblación.
PLAN FORESTAL ESPAÑOL 2022-2032
Por su parte, el Plan Forestal Español 2022-2032 es el instrumento de planificación a largo plazo de la política forestal española. Desarrolla la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050 durante el próximo decenio y será implementado por las comunidades autónomas mediante sus propios planes forestales autonómicos o instrumentos equivalentes de planificación estratégica, conforme a sus competencias en materia forestal.
En su conjunto, el PFE propone un total de 289 medidas, de las cuales 86 se han considerado como prioritarias de acuerdo con la visión, mensajes y objetivos generales de la política forestal española definidos en la Estrategia.
Tanto la Estrategia como el Plan se articulan en cinco Ejes de intervención:
Eje I: Conservación y mejora del patrimonio natural, la biodiversidad y la conectividad.
Eje II: Prevención y adaptación de los montes ante el cambio climático y otros riesgos.
Eje III: Bioeconomía forestal. Desarrollo y diversificación socioeconómica del sector forestal.
Eje IV: Desarrollo y mejora del conocimiento y la cultura forestal.
Eje V: Modelo de gobernanza forestal: marco normativo, administrativo e instrumental de la política forestal española.
DIRECTRICES BÁSICAS DE GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE
Por último, las Directrices Básicas Comunes de Gestión Forestal Sostenible aportan una referencia orientativa para la determinación de instrumentos de gestión forestal según la tipología de montes española, y la evaluación y seguimiento de la gestión aplicada, de conformidad con los criterios establecidos en resoluciones internacionales y convenios en los que España es parte.
Estas Directrices establecen el contenido mínimo de las instrucciones de ordenación y aprovechamiento de montes para garantizar su gestión sostenible. Además, se relacionan dos instrumentos que pueden incentivar la gestión forestal sostenible, como son la custodia del territorio y el contrato territorial.
El martes 7 de febrero de 2023 a las 9:30 h en el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, el Proyecto INBEC celebrará un Encuentro Empresarial sobre Bio-Economía Circular que contará con la participación de Francisco Lozano Winterhalder.
Francisco Lozano Winterhalder es experto en Sostenibilidad y Economía Circular y Profesor de ESADE. Asimismo, es miembro del Comité Asesor Español en Economía Circular, del Circular Economy Club, y del Grupo Internacional de Asesores para el Cambio Climático. Forma parte de la red de Educación Superior de Fundación Ellen MacArthur, los mejores especialistas en Economía Circular a nivel global. Colabora con la Oficina de Transición Energética (España).
El proyecto INBEC está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa de Cooperación INTERREG V A España – Portugal (POCTEP) 2014-2020 y el Instituto para la Competitividad es el beneficiario principal.
El Gobierno considera necesario actualizar la norma al contexto actual de cambio climático y fomentar la gestión forestal sostenible
El Consejo de Gobierno ha aprobado la formulación de una nueva Ley de Montes de Andalucía al considerar que, tras más de treinta años con el mismo texto legal vigente, es necesario su actualización para adaptarlo al contexto actual tanto en el ámbito legislativo como en el social y medioambiental.
Con la puesta en marcha de este nueva Ley de Montes de Andalucía, muy demandada por el sector, el Gobierno andaluz persigue fomentar la coordinación, cooperación y seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos y los agentes sociales y económicos implicados en materia forestal y hacer compatible la puesta en valor y rentabilidad de los recursos disponibles con su sostenibilidad, dando respuesta a las necesidades del sector y coherencia a la gestión de los montes en relación con las demandas de la sociedad en su conjunto.
La elaboración de la nueva Ley de Montes deberá regirse por la simplificación normativa, la multifuncionalidad de los terrenos forestales en el marco de la gestión forestal sostenible, la adaptación de la superficie forestal al cambio climático, la inclusión de estrategias de compensación voluntaria de emisiones, la prevención de los incendios forestales y la inclusión de las Zonas Estratégicas de Gestión (ZEG) como palanca de las nuevas ordenaciones de montes.
Con este nuevo texto normativo se pretende también el fomento de la colaboración público-privada en la gestión de los montes públicos, la potenciación de los incentivos a los propietarios forestales privados y la simplificación en la tramitación de los procedimientos administrativo, la conservación y restauración de la biodiversidad, el fomento de la formación y la capacitación forestal, el fomento del ecoturismo y del turismo de observación de la naturaleza, así como la dinamización de las instalaciones de uso público y otros aprovechamientos compatibles y sostenibles en los montes.
Estos principios son coherentes con las orientaciones y acuerdos aprobados a nivel internacional que tienen incidencia en la superficie forestal, entre los que destacan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el planeta. En este sentido, resultan de especial interés el ODS13 ('Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos') y el ODS15 ('Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad').
En esta línea, la nueva legislación forestal de Andalucía debe reforzar la contribución de los montes a la provisión de servicios de los ecosistemas imprescindibles para el desenvolvimiento de la sociedad, conjugando su conservación con la viabilidad del aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y su multifuncionalidad.
Por otro lado, debe consolidar el Catálogo de Montes de Andalucía como el instrumento de custodia y defensa del terreno forestal público andaluz, velando por la protección de todos los montes públicos en general y, en especial, de los terrenos forestales de propiedad de la Comunidad Autónoma, como patrimonio común de todas las personas que habitan la región.
Plan Forestal de Andalucía horizonte 2030
Asimismo, tal y como establece el acuerdo de 14 de enero de 2020 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la adecuación del Plan Forestal de Andalucía horizonte 2030, la adecuación de este Plan deberá servir de base para la revisión de la legislación forestal autonómica. Tras haber contado con un amplio proceso de participación social, la adecuación del Plan Forestal de Andalucía está en su última fase de elaboración, por lo que sus orientaciones podrán ser incorporadas en el proceso de la revisión de la normativa forestal.
Andalucía inicia su andadura en materia de política forestal con la aprobación el 7 de febrero de 1989 del Plan Forestal Andaluz y con la promulgación, tres años después, de la Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía. Esta Ley lleva tres décadas de vigencia, durante los cuales ha venido y sigue siendo el instrumento legislativo de máximo rango en esta Comunidad. El propio rodaje de la normativa forestal en Andalucía durante estos treinta años ha puesto de manifiesto las lógicas distorsiones derivadas de los cambios sociales propios de tres décadas.
El tiempo de aplicación de la ley es precisamente uno de los principales activos a la hora de plantear su actualización puesto que es posible identificar las principales disfunciones, carencias y oportunidades futuras. Además, tras la aprobación en 2003, de la Ley básica estatal de Montes, existen preceptos de la normativa andaluza que, sin entrar en contradicción abierta con la Ley estatal, se hace necesario aclarar o matizar para adaptarlos al contexto actual, tanto en el ámbito legislativo, como en sus aspectos social y medioambiental.