Castilla-La Mancha ha aprobado en el parlamento regional la nueva Ley de Montes que modifica la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y gestión forestal sostenible de Castilla-La Mancha. Promueve la gestión forestal sostenible, agiliza trámites para determinadas actuaciones, reconoce profesionales competentes para la realización de planes técnicos, considera al sector forestal clave en la lucha contra la despoblación rural y reconoce el valor de los servicios ambientales de los bosques. El consejero Escudero anuncia un seguro de responsabilidad penal para los profesionales de extinción de incendios.
El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha señalado “el compromiso de este Gobierno regional por fomentar una gestión sostenible y activa de nuestro territorio forestal, vinculada directamente con los compromisos de su conservación, pero también para vertebrar y dinamizar las áreas rurales en donde se ubica principalmente”.
Castilla-La Mancha tiene algo más de 3,6 millones de hectáreas de superficie forestal, lo que supone el 45 % del territorio regional. “Es claramente un territorio forestal y por ello decidimos mejorar la normativa regional para la gestión sostenible de nuestros montes y fortalecer el papel de los bosques en nuestro futuro desarrollo, incluso su conexión con la vida urbana a través del reconocimiento de los servicios ambientales que nos aportan estos ecosistemas. Una iniciativa pionera a nivel nacional y europeo que nos convierte en referencia en el sector, y que nos coloca a la vanguardia en cuanto a la gestión forestal sostenible en nuestros montes”.
Una de las novedades de la ley es el reconocimiento y valoración de los servicios de los ecosistemas forestales que “está unido a la Alianza por los Servicios de los Ecosistemas de Castilla-La Mancha y al impulso del fondo de externalidades, creado hace apenas un año”, asegura el consejero.
Principales novedades de la Ley de Montes
La ley se estructura en un único artículo, dos disposiciones transitorias y cuatro disposiciones finales. El artículo único regula varias modificaciones a la ley anterior “para dotar de mayor seguridad jurídica al texto”.
Entre ellas cabe destacar la determinación del profesional competente para la elaboración de los instrumentos de gestión forestal, “la posibilidad de establecer áreas de reserva a cualquier tipo de monte, independientemente de su titularidad, la mejora en la regulación de los cambios de uso forestal, las actividades de uso social y recreativo y el acceso a los montes, la flexibilidad en la aplicación del fondo de mejoras para que la inversión del fondo finalista se pueda adaptar de forma óptima a las necesidades de los montes de utilidad pública, así como la determinación de las condiciones de acceso, gestión y comercialización del fondo de externalidades para los servicios de los ecosistemas forestales”.
En este sentido, desarrolla aspectos concretos del fondo de externalidades creado por la Ley 2/2021 de 7 de mayo de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha. Precisamente, en el preámbulo de la ley, señala el grave problema que supone la despoblación rural en la región, “especialmente en montañas, sierras y bosques”.
Señala que 535 de los 919 municipios de Castilla-La Mancha tienen una densidad de menos de 8 habitantes por kilómetro cuadrado. En el 80 % de los municipios regionales vive el 15 % de la población. “Los montes pueden jugar un papel decisivo para realizar un racional y coherente desarrollo sostenible del medio rural. Se reconoce, asimismo, una fuerte vinculación de las poblaciones rurales hacia el uso y aprovechamiento doméstico de sus recursos forestales, que la administración regional debe fomentar y conservar, especialmente en los montes de su propiedad”.
La nueva ley facilita que los ayuntamientos, mancomunidades y otros propietarios se agrupen para sacar al mercado sus productos “y hagan más eficiente la gestión y más rentables los aprovechamientos conjuntos”. También se flexibilizan los aprovechamientos domésticos de pequeña cuantía de madera y leña, condicionando a una declaración responsable el poder ejecutar estas actividades. Además, se prevé la creación de la figura de cotos micológicos, que se desarrollará posteriormente de forma regulada.
Los incendios forestales uno de los mayores problemas ambientales
Reconoce la nueva ley que los incendios forestales son “uno de los mayores problemas medioambientales de la región, favorecidos por el cambio climático y la desertización regional, así como la disminución de la gestión forestal sostenible”.
En materia de prevención y gestión de incendios forestales, la nueva ley declara de interés general los trabajos recogidos en los planes de defensa y de emergencia por causa de incendios lo que supone la obligatoriedad de permitir labores preventivas. “Para ser más eficaces en la prevención y extinción de incendios forestales vamos a crear un seguro de responsabilidad penal para proteger a los profesionales de los servicios de extinción del Infocam, que se suma al de responsabilidad civil que ya tienen”, asegura el consejero.
La intención del Gobierno de Castilla-La Mancha es “avanzar en la implantación paulatina de los sistemas de certificación en nuestros bosques que acreditan la correcta gestión de los mismos”. Castilla-La Mancha tiene 104.720 hectáreas certificadas y se trabaja para alcanzar las 200.000 hectáreas a lo largo de 2023. Es la primera región de España en superficie forestal certificada de montes públicos bajo sistema FSC. Está previsto que próximamente se inicien los trabajos para la certificación de los pastos de los montes públicos de la Junta, “como herramienta de impulso a la ganadería extensiva”.
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