El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha puesto en información pública hasta el 4 de noviembre de 2022 un paquete de medidas para mejorar la planificación y gestión de los bosques. Se trata de la Estrategia Forestal Española Horizonte 2050, el Plan Forestal Español y las directrices básicas comunes de gestión forestal sostenible, iniciativas orientadas a actualizar de forma integral la planificación forestal española.
Esta revisión integral de la planificación forestal estratégica española se encuentra incluido dentro del paquete de reformas asociado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Fernando Rodríguez López; Profesor de Economía del Medioambiente, Universidad de Salamanca
La transformación de bosques en cultivos, la desaparición de hábitats por ocupación del territorio y el agotamiento de acuíferos por sobreexplotación disminuyen nuestra capacidad para satisfacer necesidades y, por tanto, nuestro bienestar. A pesar de ello, el deterioro ambiental aún no está integrado en el principal índice que mide el bienestar material de los países: el producto interior bruto (PIB).
El mayor problema siempre ha sido la unidad de medida: el PIB se mide en términos monetarios (euros, dólares, etc.), pero la pérdida de recursos ambientales se produce en hectáreas de bosque desaparecidas, especies malogradas o hectómetros cúbicos de agua perdidos.
Puesto que con el deterioro del medio ambiente perdemos riqueza y bienestar, ¿cómo podemos incorporarlo en los indicadores económicos?
¿Qué mide el PIB?
El producto interior bruto contabiliza el valor de todos los bienes y servicios finales que produce una economía (un país o una región) en un año. Por ejemplo, fue de 1,2 billones de euros en España en 2021. El PIB es un buen indicador para conocer la evolución del sector productivo de un país y, como tal, un buen elemento de diagnóstico de problemas económicos.
También es habitual aceptarlo naturalmente como medida del bienestar material: si el país produce más, puesto que la renta sigue un flujo circular, también habrá más renta disponible para adquirir bienes y servicios con los que satisfacer necesidades.
Sin embargo, siempre se recuerda a los estudiantes en los cursos de introducción a la economía que la relación entre PIB y bienestar material no debe ser tomada al pie de la letra. Por un lado, el reparto de renta no es igual para todos. Por otro lado, el bienestar de una sociedad no sólo proviene del consumo individual, sino también de bienes y servicios compartidos y solidarios.
En cualquier caso, estos argumentos no invalidan el hecho de que el PIB recoge producción y renta generada, lo que mantiene su vinculación con el bienestar material, aunque sea con matices.
¿Cuánto nos cuesta el deterioro ambiental?
Como las unidades de medida de pérdidas ambientales no son fáciles de integrar, lo que se ha venido haciendo hasta ahora es considerarlas como información adicional, en forma de cuentas satélite acompañando a las cifras de PIB. Presentar los daños a la naturaleza mediante cuentas satélite es claramente mejor que no proporcionar información alguna, pero es una forma un tanto limitada de hacerlo.
Cuando en 1997 comenzó a asentarse un nuevo paradigma de valoración económica de los servicios ecosistémicos con los trabajos del economista Robert Costanza y la bióloga Gretchen Daily, se abrió también un nuevo escenario que permitiría medir en euros del deterioro ambiental debido a actividades humanas o a catástrofes, y, con ello, de la correspondiente pérdida de bienestar asociada.
La consolidación de métodos de valoración y sistemáticas de servicios ecosistémicos, la creciente disponibilidad de información sobre su valor y, sobre todo, la aparición de varias iniciativas institucionales y gubernamentales en esta línea, llevarán a que en los próximos años podamos contar con estimaciones en unidades monetarias (euros, dólares…) de nuestro impacto positivo o negativo sobre la naturaleza. Estas matizarán la información que podemos obtener del PIB como medida del bienestar de forma mucho más efectiva que las cuentas satélite medioambientales.
El valor del capital natural
La manera de hacerlo más similar a como se calcula el PIB sería estimando el valor total de los servicios ecosistémicos generados en el país por la naturaleza en un año, es decir, el valor de los servicios ecosistémicos de aprovisionamiento, de regulación y culturales.
Podríamos llamar a esta variable producto del capital natural. Su variación de un año para otro indicaría una mayor o menor capacidad de disfrute de servicios ecosistémicos y, por consiguiente, un aumento o disminución del bienestar que obtenemos de la naturaleza.
Lógicamente, la destrucción de ecosistemas conduciría a un menor valor de los servicios ecosistémicos anuales y, por tanto, a un menor PCN. Las actuaciones de recuperación o restauración del capital natural lo aumentarían.
El análisis conjunto del PIB y el PCN permitiría concluir si el crecimiento económico del país se ha realizado de forma sostenible o si, por el contrario, se ha hecho a costa de perder capital natural y sacrificar, por tanto, un bienestar tan real como el que dan los bienes materiales pero que no pasa por el mercado.
Primeros pasos en la buena dirección
No es una utopía teórica, ni estamos tan lejos de lograrlo. En marzo de 2021 Naciones Unidas adaptó el Sistema de Contabilidad Económica y Ambiental vigente desde 2012 para basarlo en contabilidad de ecosistemas, orientado a contabilizar flujos de servicios de los ecosistemas y dejando abierta la puerta a su valoración monetaria.
Algunos países, como Canadá y Australia están ya adaptando sus sistemas de contabilidad nacional a este nuevo paradigma.
Más recientemente, además de con mayor visibilidad mediática, en abril de 2022 el Gobierno de Joe Biden anunció un Plan Estratégico sobre Estadísticas para Decisiones Económico-Ambientales con el objetivo de obtener “cuentas de capital natural” que midan los cambios en el valor económico de los recursos ambientales.
Todos ellos son pasos muy significativos en la buena dirección. ¿Nos acostumbraremos por fin a dejar de mirar al PIB como indicador directo del bienestar y a reivindicar el cálculo del PCN para tener una información más realista y útil?
o de la importancia de una política forestal más allá de la política
futuro. 2. adj. Que todavía no es pero va a ser.
Diccionario de la lengua española (Real Academia Española), 2021
Gabriel A. Gutiérrez Tejada
Presidente de la Asociación Forestal Andaluza
Giuseppe Aloisio
Director General de Política Forestal y Biodiversidad de la Junta de Andalucía
El filósofo australiano Roman Krznaric, en su obra The Good Ancestor, reivindica el pensamiento a largo plazo -y su principal derivada, la planificación- frente a las actuales frustrantes tendencias cortoplacistas, proponiendo conectar el ritmo de vida de hoy con los largos ciclos propios de la Naturaleza. En definitiva, se trata de recobrar el espíritu de lo que este autor ha venido a llamar el “pensamiento catedral”: los maestros de obras medievales, conscientes de sus limitaciones personales y vitales, proyectaban la construcción de las catedrales apoyándose inevitablemente en la idea de que otra generación terminaría el trabajo comenzado por la suya. No había otra posibilidad, si se quería llevar a buen puerto aquella grandiosa labor.
El manejo del monte, su gestión sosegada, comparte esta cualidad de la construcción de las catedrales. La vida profesional de un gestor forestal apenas alcanzará para atisbar los resultados de su acción sobre el territorio. En el caso de los responsables políticos las limitaciones se agudizan, pues los plazos de legislatura son insignificantes frente a los tiempos de la evolución forestal. Es necesario, pues, un compromiso de acción conjunta entre todos los actores implicados en la línea del tiempo, por mandato social. El desafío moderno del gobierno del monte nos enfrenta a retos a muy largo plazo como el alivio de los efectos del cambio climático, o el riesgo permanente de menoscabo de la biodiversidad, entre otros, que exigen políticas de largo recorrido.
Pero a la planificación debe seguir, inexorablemente, la acción decidida y permanente. Sin esta, los proyectos se quedan en aspiraciones vanas. Sugería el Nobel Thomas Mann: “Pensad como hombres de acción. Actuad como hombres que piensan”. El pensamiento forestal debe construirse, como el pensamiento catedral, sustentado en firmes convicciones de perdurabilidad, sin miedo a la experimentación, basándose en los resultados de la investigación y la experiencia acumulada por la gestión histórica. Y debe dar a luz, a renglón seguido, a la acción forestal continuada, hija legítima y necesaria para la conquista de los objetivos perseguidos.
En 1975, comisionado por el Instituto para la Conservación de la Naturaleza, el ingeniero de montes Manuel Camarero Quirós, del Servicio Provincial de Cádiz, redactó el informe de valoración de las fincas que pasarían a conformar el monte de utilidad pública “Sierra de Líjar”, en el término de Algodonales. En su propuesta de forma futura de explotación, consignó “monte alto de pinsapos en mezcla con las frondosas actuales regeneradas”, por pertenecer al ámbito “del ecosistema del abeto pinsapo” donde solo resistía un único ejemplar de esta especie. Casi 50 años después, un equipo de la actual administración forestal andaluza se afana en la recuperación de aquella población ancestral de pinsapos, donde ahora medran por fin más de tres mil ejemplares de distintas edades, algunos produciendo semilla ya. En el futuro, nuevos ímpetus habrán de tomar necesariamente el relevo de este trabajo, en lo que será la culminación de la propuesta del señor Camarero, tal vez un siglo después. Un ejemplo nada más, entre muchos, de la necesidad de establecer una cadena de cooperación en el manejo del monte, que no admite bandazos ni en el espacio ni en el tiempo.
La política forestal en Andalucía, España o en el conjunto de Europa, debe mirar más allá de limitaciones legislativas, siempre finitas, y proyectarse hacia el futuro con espíritu perdurable, contribuyendo con su actividad al desarrollo inmediato de las comunidades rurales y al beneficio colateral del conjunto de la sociedad, conservando y mejorando los montes -andaluces, españoles, europeos- y su permanente y renovable potencial ecológico, económico y cultural.
Decía recientemente Nicolás de Benito Ontañón, otro ilustre forestal andaluz, al ser distinguido en Madrid por una trayectoria profesional de indudable servicio público, que “había trabajado durante más de cuarenta años para que la gente pudiera vivir del monte”. Serán necesarios otros cuarenta, y cuarenta más, para que su labor -la de todos, al cabo- se proyecte hacia el futuro del mismo modo que hubo esta de apoyarse en la de generaciones anteriores.
La ordenación de los usos humanos del territorio, muy especialmente en aquellas regiones de marcado carácter forestal como la andaluza, deben incorporar el manejo del monte y sus consecuencias en la médula de la acción política, considerada esta en su sentido más amplio. Para ello, deberá dotarse de los necesarios cuadros humanos -científicos, técnicos, prácticos y políticos- y presupuestos materiales suficientes -públicos y privados-, pues la obra es inmensa. Y contar con los habitantes del propio monte será, esta vez sí, la clave del éxito de una empresa titánica sin los cuales nacería muerta, una vez más. Propietarios, empresarios, trabajadores especializados y, en general, usufructuarios del monte deben ser los nuevos protagonistas del resurgir de la gestión forestal, auxiliados por una administración experimentada, solvente, dispuesta al servicio público, que desbroce el sendero burocrático y promueva las bases de un tejido empresarial forestal sólido y no obstaculice la consolidación de la necesaria industria forestal.
Otras industrias están redescubriendo las materias primas procedentes del monte. Madera, resina, corcho y otras cortezas, leñas, biomasa y un largo etcétera, se hacen indispensables en otros sectores como el de la construcción, la aeronáutica o la energía. Esta demanda constituye un nuevo motor de puesta en valor de nuestros mejores recursos naturales renovables. La selvicultura del siglo XXI no puede permanecer ajena a estos nuevos requerimientos de la sociedad del futuro. Así, las propias ciudades se constituirán en espacios neoforestales y las nuevas viviendas y otras construcciones basadas en soluciones naturales prolongarán, entre otras, la capacidad fijadora de los bosques vivos.
Para ello, ningún camino será más eficaz que el recorrido juntos: profesionales del sector y gestores políticos; pero, también, otros grupos de interés forestal como los ecologistas, además del resto de sectores para los que el monte puede y debe ser fuente de materia prima y energía. Organizados, como en las clásicas estructuras que hicieron posible la construcción de Notre Dame en París, il Duomo en Florencia o la Mezquita-catedral en Córdoba, calzando las botas de próximas generaciones y superando viejas rencillas y enconados debates estériles, emulemos a esos viejos maestros de obras y construyamos juntos, como gremio de gremios, los paisajes forestales del futuro, el monte de los que están por venir.
Reunidas las organizaciones representantes de los selvicultores de España y considerando:
1. Que el 67% de la superficie forestal española es propiedad privada y que sus propietarios son responsables de gestionar más de 19 millones de hectáreas en nuestro país.
2. Que la falta de rentabilidad afecta a muchas explotaciones forestales y consecuentemente pone en riesgo su pervivencia para el futuro.
3. Que no existen incentivos y apoyos suficientes a la actividad forestal, ni tampoco una fiscalidad adecuada.
4. Que los largos turnos de producción someten a las explotaciones a abundantes riesgos (catástrofes naturales, incendios, plagas)
5. El bajo valor catastral y de mercado de las tierras rústicas y la situación de despoblación rural.
6. La difícil aplicación de los reglamentos europeos a la diversidad forestal de nuestros territorios y a la compatibilización de usos.
7. La falta de integración de las políticas agrícolas, ganaderas, forestales y las políticas territoriales y ambientales.
8. La falta de un registro actualizado e integrado de todas las explotaciones agrarias con tierras agrícolas, ganaderas y forestales.
9. La falta de un modelo adecuado para las agrupaciones forestales.
10. La necesidad de reforzar el asociacionismo y el reconocimiento de los selvicultores y de sus organizaciones.
11. La necesidad de comunicar a la sociedad y a las nuevas generaciones la cultura forestal.
12. La necesidad de movilizar los recursos forestales e incrementar la actividad forestal para prevenir incendios e incrementar el papel de los espacios forestales en la lucha contra el cambio climático.
13. El indiscutible papel de los terrenos forestales y de sus propietarios en asuntos de carácter estratégico a nivel europeo como el pacto verde, la transición a la bioeconomía, la economía circular, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra los incendios forestales, la soberanía energética y su transición a fuentes renovables.
Solicitamos al Gobierno de España:
1. Apoyo a la actividad forestal, como parte de la actividad agraria, que permita avanzar en su profesionalización, y una nueva Ley marco de Fomento de la Actividad Forestal, que promueva:
a. Una fiscalidad adaptada
b. Un marco de seguridad jurídico-económica.
c. Una contabilidad específica y adaptada, que cuantifique la provisión de servicios ecosistémicos.
d. Un nuevo modelo de sociedades con fiscalidad adecuada, que facilite la agrupación de explotaciones forestales, de manera sencilla, y que permita acceder al Registro de la Propiedad y actualizar el Catastro en áreas forestales.
e. Un nuevo marco de apoyos públicos al sector, que promueva el Contrato Territorial u otras figuras similares.
f. El fomento de líneas de crédito y de seguro específicas y adaptadas a las peculiaridades de la inversión forestal (largo plazo, amplios periodos de carencia, multifuncionalidad y riesgo)
g. Una simplificación y armonización de las normativas que afectan a la actividad forestal.
2. El reconocimiento del importante papel de los selvicultores en la provisión de servicios ecosistémicos, y en particular en la conservación, mantenimiento y mejora de la biodiversidad y el patrimonio natural, la adaptación al cambio climático y su mitigación, así como la provisión de agua, la regulación del ciclo hidrológico y las inundaciones y el control de la erosión y la desertificación. Y, por tanto:
a. Que la legislación básica forestal y de conservación de la naturaleza se simplifique e incentive la actividad selvícola en el manejo de los sistemas y ecosistemas forestales como herramienta imprescindible para la prevención de incendios y para la generalización de la gestión forestal sostenible.
b. Que se ponga en marcha una financiación pública adecuada de la actividad forestal activando el Fondo Forestal Nacional y que se habiliten mecanismos para la materialización de los pagos por servicios ambientales.
c. Que se ponga en marcha una comisión coparticipada entre las distintas Administraciones con competencias en el régimen de propiedad y los representantes de los propietarios forestales para esclarecer y depurar la titularidad de la propiedad forestal.
d. Que se articule un pacto nacional por los bosques que supere la visión y actuación cortoplacista y la óptica urbano centrista y que asegure la supervivencia y viabilidad económica de los montes.
3. Una campaña de comunicación relevante, de alcance nacional, que traslade a la sociedad la relevancia y el sentido de la gestión forestal sostenible, frene la pérdida de conocimiento y fomente la cultura forestal.
Solicitamos a la Junta de Castilla y León:
1. El reconocimiento de las organizaciones de propietarios forestales como agentes clave en el mantenimiento de un medio rural vivo y en la consecución de un paisaje rural resiliente incluyéndolos dentro de la Ley 13/2005, de 27 de diciembre, de medidas financieras de Castilla y León.
La creación de un censo de propietarios forestales, titulares de explotaciones, paralelo al de agricultores, sometidos a la normativa de representación profesional agraria.
2. Un pacto entre todos los partidos por el sector forestal, que lo sitúe en la agenda política.
3. La modificación de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León, para recuperar la integridad del concepto de lo agrario y reforzar los vínculos entre la actividad agrícola, la ganadera y la forestal en la Comunidad.
4. La puesta en marcha de una política de estructuras forestales, integrada en la de estructuras agrarias, orientada a diseñar el nuevo paisaje rural que se requiere, con discontinuidades y diversidad de usos, cubiertas y formaciones, que conduzca a:
a. La reordenación de las explotaciones forestales.
b. Un tamaño de explotaciones razonable.
c. La profesionalización y dinamización de la actividad forestal.
d. Completar el registro de explotaciones agrarias de Castilla y León, incorporando las forestales.
5. La puesta en marcha de una política de rentas forestales, que haga crecer la renta forestal, como parte de la renta agraria.
6. Un apoyo particular a la actividad ganadera extensiva, que considere la diversidad de las áreas agroforestales, por su valor para la prevención de incendios, y que atienda particularmente al mundo de la dehesa, a las zonas de media montaña, los puertos de montaña y la recuperación de la trashumancia
7. Una campaña de comunicación relevante, de alcance nacional, que traslade a la sociedad la relevancia y el sentido de la gestión forestal sostenible, frene la pérdida de conocimiento y fomente la cultura forestal, poniéndola en valor como seña de identidad autonómica de trayectoria secular.
8. Poner en valor la cultura forestal como seña de identidad autonómica de trayectoria secular, y crear un departamento de educación forestal para ayudar a mantenerla, extenderla e innovarla.
En Valladolid, a 19 de octubre de 2022 tras el I Congreso de la Propiedad Forestal
Os presentamos el sumario y revista completa on-line del número extraordinario (nº 150) que ha editado la revista Montes con motivo del 50 aniversario de la primera sesión del Comité Forestal de la FAO.
Se trata de un compendio de artículos sobre las experiencias y trabajos realizados por diferentes ingenieros de montes que han colaborado con la FAO en algún momento de su carrera profesional, en el extranjero, hilvanados a través de secciones como editorial, entrevista y artículos divulgativos, así como de unas páginas de “Decíamos ayer” sobre el VI Congreso Forestal Mundial, celebrado en Madrid en 1966.
No te pierdas esta visión sobre la contribución de los ingenieros de montes a una gran cooperación internacional adelantada a la globalización.
