El manifiesto “Sumar complicidades” busca el apoyo de la sociedad, en general, y del sector forestal en particular, en defensa de los Montes de Utilidad Pública. Defiende su gestión forestal sostenible y el desarrollo de los pueblos directamente relacionados con ellos a partir del aprovechamiento de sus recursos naturales y el pago por los servicios ambientales que prestan. Este manifiesto se puede firmar enviando los datos al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
La iniciativa surgió de la Vocalía Forestal de la Asociación de Municipios de Montaña esMontañas, que organizó una mesa participativa con más de cincuenta entidades del mundo rural durante la celebración del Día Internacional de las Montañas 2022 celebrado en Orea y Orihuela del Tremedal.
Los objetivos del documento son: reivindicar la importancia de la figura de los Montes de Utilidad Pública (MUP); la necesidad de su gestión forestal sostenible como garantía de su conservación, de la obtención de productos naturales y renovables y de los servicios ecosistémicos que prestan; y su papel fundamental, a través de la bioeconomía, para el mantenimiento de los pueblos directamente relacionados con ellos.
El documento comienza con una descripción del contexto: reconoce la importancia de los MUP como primera figura de protección de bosques de España. Señala cómo su gestión sostenible, “desde hace más de un siglo”, ha creado bosques que proporcionan servicios ecosistémicos “esenciales” para la sociedad de hoy, como evitar la desertificación, regular el ciclo hidrológico y preservar la fertilidad de las tierras agrícolas, servir de “amortiguadores de los excesos climáticos”, y constituyen el mayor foco de biodiversidad terrestre, además de “lugar cada vez más reclamado para el esparcimiento, ocio y salud”.
Destacan su papel mitigador del cambio climático que “no solo pasa por crear nuevos bosques sino por gestionar los actuales en su papel como sumideros de carbono, como sustitutivos de otros materiales más contaminantes y con mayor huella de carbono”.
Los MUP “han contribuido a la generación de empleo fijando población en el pasado” y ofrecen un enorme potencial de bioeconomía al “ser fuente de recursos naturales renovables y reciclables, en especial la madera, pero también otros recursos como la resina, el corcho, la caza, la pesca, los hongos, las setas, las plantas aromáticas y demás productos no maderables”.
Destacan “el papel fundamental de la ganadería extensiva en los ámbitos social y ambiental, en particular por su contribución a la prevención de los incendios en los territorios forestales y fuente de alimentación en sentido nutricional y climático, esencial para una soberanía alimentaria”.
Por todo ello considera el documento que “en el contexto de la gestión adaptativa”, la gestión realizada en los MUP “debe servir de punto de partida a los nuevos modelos de conservación y ordenación sostenible de los bosques”.
Situación de los MUP y peligros
Sin embargo, a pesar de los servicios prestados por los MUP, sobe ellos se ciernen algunos problemas burocráticos, sociales y políticos que dificultan su correcta gestión sostenible. En primer lugar, el desconocimiento “social y político” que existe sobre ellos, fruto de una “visión distorsionada de la gestión forestal sostenible, de los profundos vínculos de bosques y población rural y de sus múltiples beneficios, debido a una dramática pérdida de las raíces rurales de nuestra sociedad”.
Señala la incapacidad de las administraciones autonómicas, responsables de la gestión de los MUP, para obtener recursos financieros y personal suficiente para “abordar de forma plena la gestión forestal de los montes españoles y, en particular, la de los bosques incluidos en el Catálogo de MUP”.
Identifica el manifiesto una coincidencia muy significativa entre dos mapas: el despoblamiento y el mapa forestal. “Ambos se solapan en un alto porcentaje, debido a la pérdida de oportunidades en estos pequeños pueblos forestales de montaña y a la falta de reconocimiento y compensación económica por los servicios que han prestado y prestan”.
Y denuncia tres cuestiones diferentes pero relacionadas. Por un lado, más del 70 % de la superficie protegida terrestre en España es forestal lo que le “somete” a limitaciones y regulación de usos que, en ocasiones, “conllevan pérdidas significativas en biodiversidad, colapso de biomasa y perjuicio en las rentas de la propiedad, coartando la posibilidad de generar oportunidades en aquellos lugares más castigados por el despoblamiento y el desequilibrio territorial”.
Por otro lado, los fondos europeos son la principal fuente de financiación de los montes, lo que consideran “manifiestamente insuficiente para asegurar la cohesión territorial y abordar el reto demográfico interior”, ya que tan solo reciben aproximadamente el 3 % de la PAC en España.
Y, por último, “el peligroso abandono” de la ganadería extensiva, “tan necesaria en nuestros bosques”, entre otras cuestiones por “la imposición de un coeficiente de admisibilidad de pastos bajo arbolado, para la PAC, no adaptado a la realidad de nuestros bosques”.
Es necesario más personal público y financiación para su correcta gestión
Termina el documento con una serie de reclamaciones a las distintas administraciones públicas con alguna responsabilidad sobre los bosques, no solo los de UP.
La primera de ella es el reconocimiento del papel fundamental del Catálogo de Montes de Utilidad Pública para disponer ahora de algunos de los bosques mejor conservados de España, “y de las comunidades locales que los han custodiado”.
Por ello, reclaman que “se compense económicamente a la propiedad de los bosques por los servicios ecosistémicos que prestan”, como la fijación de carbono, la lucha contra la desertificación, la regulación hídrica, la conservación de la biodiversidad, etcétera. Solicitan “un sistema justo y trasparente de pago por los servicios ambientales que los bosques generan”, algo ya recogido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y previsto en la Ley 43/2003 de Montes, pero aún no resuelto.
Los incendios forestales y su relación con el abandono rural también han merecido atención. El documento solicita que “se considere claramente la relación directa que existe entre el abandono rural y la falta de gestión forestal, con los grandes incendios imparables”.
Relacionado con la gestión del territorio y la vegetación considera necesario que “se modifique y adapte a la realidad de España el coeficiente de admisibilidad de pastos, defendiendo ante las instancias de la Unión Europea que se requiere un enfoque particularizado para los montes del ámbito mediterráneo”.
La admisibilidad de pastos ha sido una de las grandes reclamaciones del sector ganadero desde que, en la anterior reforma de la PAC, quedaran excluidas de subvención los pastos bajo cubierta arbórea. Situación que las asociaciones ganaderas consideraban no se ajustaba a la realidad de los montes españoles donde pasta el ganado en extensivo.
Quiere que se realice un esfuerzo para contabilizar “de forma adecuada el papel de los bosques y su gestión sostenible en la mitigación del cambio climático, en particular de los ya existentes”.
Considera necesario que se haga una adaptación fiscal de los montes comunales dentro del Catálogo UP, “de conformidad con el articulo 75 y 78 Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales que establece que los bienes comunales no están sujetos a tributo alguno”. Por ello solicita que se dicte un Decreto que regule estos aprovechamientos y que incluya una exención de IVA de la venta de los aprovechamientos comunales, de forma que ese importe se destine a la bolsa del Fondo de Mejoras del Monte correspondiente.
La dificultad para desarrollar los planes de ordenación de montes aprobados, por falta de personal en la Administración Pública que controle las actuaciones, fue otra de las denuncias que hicieron distintos representantes municipales en aquella mesa redonda. De ahí que una de las reclamaciones que le hacen a las administraciones es que “doten a sus departamentos forestales de los suficientes recursos humanos y financieros que permitan la descentralización de los mismos en las Comarcas Forestales”.
Es esta cuestión un problema reconocido por distintas Administraciones Públicas que han tenido una tasa de reposición muy baja en los últimos años y en donde se acumulan trámites burocráticos mientras se atascan proyectos dinamizadores.
Participar en la gestión de sus montes, ese es el mensaje principal que quisieron lanzar los municipios de montaña. Por eso consideran necesario impulsar a las más de 2.000 comunidades que integran el Catálogo de Montes de Utilidad Pública, “para que sean protagonistas de la conservación de sus bosques, con una moderna y ágil política forestal que responda a los retos de futuro y al cumplimiento de los ODS 20-30”. Este impulso ayudará a generar “enonomía verde”, reequilibrio territorial, una gestión sostenible del territorio por la presencia humana y mantener los servicios ecosistémicos de los MUP.
En junio se debatirá en Europa el Pacto Rural Europeo, será una oportunidad para que el documento se presente en ese foro. Sus promotores quieren que lo haga con el mayor número posible de apoyos.
“No somos la España vacía, somos la España donante, dispuesta a compartir, pero seguimos sin voz, queremos tener voz para discutir nuestro futuro y necesitamos complicidad para seguir donando. Somos resilientes pero si no se valora todo lo que aportamos a la sociedad, al planeta, estaremos en la indigencia económica y tendremos que marchar todos. Y, sin pueblos, ni habrá paraíso, ni tendremos futuro”, concluyó Marta Corella, alcaldesa de Orea y promotora de la iniciativa.
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